Lorenzetti: la última esperanza "no positiva", por Dante Augusto Palma (para Veintitrés del 14-12-12)

 NOTA DE MIRANDO HACIA ADENTRO: Si bien Palma escribe antes del fallo de Alfonso, las reflexiones del panelista de 678 conservan plena vigencia.



El último fallo de la “Cámara en lo Clarín y Comercial” que prorrogó la cautelar que favorece al grupo de Héctor Magnetto, tornó obsoleto el 7D si bien debe entenderse como un avance que todos los grupos (salvo Clarín) hayan presentado un plan de adecuación, esto es, hayan reconocido a la ley vigente y a la autoridad de aplicación que surge de ella. Pero la prórroga de la cautelar realizada por el recusado juez De las Carreras ha trabado el aspecto medular de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pues de mantenerse la posición dominante en el sistema de cable, las nuevas señales están condenadas a la invisibilidad. Ahora bien, a través del mecanismo del per saltum, el gobierno intentó que la Corte corrija el vergonzoso fallo que se burla del pedido que ésta misma había realizado cuando sucesivamente habló de “tiempos razonables” para las cautelares y luego, con menos ambigüedad, determinó que el 7D sería el plazo máximo para estas nuevas formas de la dilación. Pero resultaba evidente que por tratarse de un fallo de segunda instancia y de una cautelar, la iniciativa no prosperaría. Lo que queda, entonces, es esperar un inminente fallo sobre la cuestión de fondo, en manos del juez Alfonso y según cuál sea su decisión será apelada por el Grupo Clarín o por el Estado argentino. Así, todos los caminos llevan a la Corte, y a su Jefe: Ricardo Lorenzetti.

Pero Lorenzetti, a diferencia del resto de los jueces que conforman la Corte que reemplazó a la “Corte adicta” del menemismo, no ha ocultado, al menos extraoficialmente, su voluntad de realizar una carrera política. Incluso, uno de sus pares, el decano Carlos Fayt, declaró públicamente que vería con buenos ojos a un Lorenzetti presidente de la Nación. Además, como recordaba Horacio Verbitsky en su nota del domingo pasado, Wikileaks reveló que desde el “no positivo” de Cobos, se venía reuniendo en secreto un grupo integrado por empresarios, banqueros y referentes políticos como Ernesto Sanz y Alfonso Prat Gay, entre otros, con el fin de diseñar una estrategia “poskirchnerista”. De estas reuniones fue notificada la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, por boca de Gabriela Michetti y la información publicada por el sitio de Julian Assange da cuenta de que Lorenzetti era parte de esos encuentros y que incluso su nombre aparecía como compañero de fórmula en una eventual candidatura a presidente de Julio Cobos.

En este contexto, la decisión de la Corte se muestra más política que cualquier otra decisión que, en tanto tal, claro, siempre es política. Sin embargo, alcanza una instancia incómoda pues la Corte ya no podrá seguir con ese rodeo zigzagueante de ambigüedades que reparte flores y cuchillos para un lado y para el otro de manera tal de tener a ambos contendientes “a raya”.

Ahora bien, este aspecto coyuntural y, al fin de cuentas, hipotético (lo aclaro, como siempre, para que ningún abogado del Grupo Clarín pretenda realizarme una denuncia penal), se enmarca en discusiones estructurales y conceptuales acerca del rol de la justicia en su relación con el resto de los poderes. Sin duda, el control de constitucionalidad es una prerrogativa del poder judicial como forma de control sobre el poder legislativo en ese complejo intento de equilibrio que el modelo republicano construye dividiendo la soberanía en un sistema de contrapesos constantes. Porque, claro está, es posible que el poder legislativo sancione una ley que contradiga los principios de la Constitución y en tanto tal carezca de validez. Sin embargo, este mismo modelo es el que muchas veces transforma al poder judicial en aquel poder nunca refrendado por la voluntad popular que, sin embargo, acaba ejerciendo de hecho acciones legislativas y ejecutivas. En otras palabras, desde esta misma columna se ha mostrado en más de una ocasión el carácter contramayoritario del poder judicial, heredero de esa prosapia antidemocrática con que la constitución estadounidense trató de poner límites a los vaivenes de la voluntad popular. En esta línea tampoco se puede olvidar esa interesante distinción que el jurista Arturo Sampay realizara mostrando el modo en que el Estado de Derecho liberal-burgués separaba el Estado (como representativo del pueblo) del Derecho, para garantizar que el modelo esté exento de cualquier intento de modificación vía los representantes populares de turno. Pero en muchos casos el poder judicial no opera simplemente como un espacio de resistencia ante las pretensiones presuntamente populistas sino que compele a la realización de políticas activas. En esta línea tómese el ejemplo de los diferentes fallos que obligan al ANSES a actualizar las jubilaciones. La discusión es muy interesante y prometo abordarla en próximas columnas, pero la decisión de las diferentes cámaras y de la propia Corte Suprema, evidentemente altera, para bien o para mal, las políticas de un gobierno. En este caso, con buen tino, el titular de ANSES mostró con números claros que generalizar, por ejemplo, el fallo Badaro, no sólo quebraría en pocos años el sistema previsional sino que afectaría decisiones ejecutivas plasmadas en políticas tales como

a) la cobertura que ya incluye a más del 95% de aquellos hombres y mujeres en edad de jubilarse;

b) el achicamiento de la pirámide a través de una política de mayor aumento de las jubilaciones mínimas y

c) el conjunto de políticas sociales como los planes CONECTAR, PROCREAR o la AUH.

Insisto con esto: no se valora aquí si las políticas del gobierno son buenas o no sino simplemente lo que se busca es mostrar que las decisiones del poder Judicial no se abocan simplemente a “limitar” una acción que vulnere derechos individuales sino que en muchos casos obliga a políticas activas, algo que, en principio, debiera ser potestad del poder Ejecutivo o del Legislativo. Para tomar un caso menos controvertido, recuérdese por ejemplo el fallo de la Corte que obliga al Estado a ocuparse del saneamiento del Riachuelo. Nadie en su sano juicio puede oponerse a esa decisión pero si lo que está en juego es la discusión en torno a la división de poderes no sería descabellado afirmar que puede que el poder judicial se esté tomando una atribución que no le compete.

             En esta línea, creo que hace falta resaltar varias cosas. Desde el punto de vista coyuntural de la historia reciente de la Argentina, parece que ha llegado la hora de desnudar, de una vez por todas, el entramado que vincula a varios jueces con los poderes económicos y el grupo de familias con doble apellido que ha sobrevivido en posición dominante a todos los gobiernos. Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, no sería mala idea comenzar una larga discusión acerca del rol de los jueces y el modo en que el sistema republicano sacraliza al único poder que nunca se expone a la voluntad popular como sí ocurre en el 90% de los Estados que conforman los Estados Unidos por ejemplo.

Es esta misma sacralidad aristocrática la que justamente transforma a un juez en un candidato ideal para la oposición. Porque todos los demás están embarrados: los políticos de la oposición no pueden ser buenos candidatos porque ellos mismos promueven un discurso antipolítico; los periodistas opositores están en su momento de credibilidad más baja y prefieren ocupar su clásico espacio de lobby y presión desde la presunta neutralidad frente a las facciones políticas que eventualmente pueden llegar a ubicar a un militante en el “puesto menor” de Presidente. Lo que queda es un representante de la impoluta justicia. Un hombre de leyes que en tanto tal parezca sólo un técnico, un sujeto que no interpreta ni hace política sino que sólo actúa como marca la ley. Porque en el relato opositor, perdida la posibilidad de un triunfo en las urnas, lo único que queda es una ayuda de la biología (como sucede en Venezuela), la presión mediática o la última trinchera del statu quo: la justicia.

¿Se imagina qué buen candidato opositor sería el jefe de la Corte Ricardo Lorenzetti si le diese un voto no positivo a la ley de Medios que afecta a Clarín? ¿Acaso las fuerzas opositoras no encontrarían en él al hombre que pudiera aparecer por encima de las luchas de facciones como defensor de la nueva biblia republicana, la Constitución? ¡Quién lo diría! Quizás está naciendo un nuevo Cobos y nosotros no nos habíamos dado cuenta.

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