El pretendido plan de Massa para no debatir en serio el nivel de precios ni el crecimiento económico, por Alejandro Robba (para "INFOnews" del 14-09-13)

Si bien es importante conocer las principales preocupaciones de la población a la hora de encarar una elección, cuando sólo se miran encuestas de opinión pero se carece de un proyecto político que brinde una brújula sobre cómo resolver esos problemas, se cae habitualmente en fórmulas mágicas con alto contenido de maquillaje y poca consistencia técnica.

Por:

Alejandro Robba

Así ha sucedido con un pretendido plan para bajar la tasa de inflación presentado por el candidato del Frente Renovador en la última semana. Generando una gran expectativa potenciada por la amplificación de los medios opositores al gobierno, Sergio Massa convocó a una conferencia de prensa donde, básicamente, el candidato a diputado bonaerense supone que los precios se pueden disciplinar con leyes, sin tener en cuenta los actores y las relaciones de producción y de poder que se esconden bajo ese concepto.
A su vez, si se enumera el plantel de asesores económicos del Frente Renovador y se analizan sus posturas previas a revistar en sus filas, se observa que existen varias posiciones encontradas entre visiones neoliberales, monetaristas y neodesarrollistas.
Algunas veces hablan unos y otras hablan otros, pero no se vislumbra la existencia de un proyecto político concreto y menos que sea el candidato Massa quien conduce a sus asesores.
En la típica puesta en escena a que nos tienen acostumbrados Mauricio Macri y el PRO, la idea del "equipo", de "técnicos por afuera de la política" enmascara tanto la falta de un plan consistente como la de un modelo de país alternativo. Existe entonces un alto pragmatismo propio de quien no tiene la responsabilidad de gobernar, combinado con medidas y propuestas de proyectos de ley que ya habían sido presentados por otros miembros de la oposición, por lo que resulta difícil descubrir qué es lo Renovador que tiene este Frente.
La propuesta se basa en tres ejes:
a) la presentación de proyectos de ley para reformar el Indec;
b) la creación de un Consejo de Inversión y Desarrollo Nacional donde participen representantes de los distintos ministerios para coordinar las medidas de política económica; y
c) la creación del área de Reducción de la Inflación en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La problemática del aumento de precios, sus causas, la relación entre precios, ganancia, renta y salarios; los reacomodamientos de precios relativos, y otras pujas propias de la economía real, están presentes en la bibliografía académica desde mucho antes de la aparición del que fuera considerado el primer libro clásico –La riqueza de las naciones– publicado en 1776 por Adam Smith.
Pretender bajar precios con un puñado de leyes es tan ingenuo como revelador de la falta de vocación política para meterse en serio en su resolución, teniendo –a su vez– más de 300 años de historia económica que ratifican la seriedad de los análisis y debates que se han venido planteando por décadas.
Inicialmente, se propone crear una Agencia Nacional de Estadísticas y Censos (ANEC) y que este organismo absorba al Indec. El objetivo es que este nuevo ente sea autárquico del poder político –la designación de su titular no dependería del Poder Ejecutivo–, y que a su vez tenga autonomía financiera. Luego, se lo decora con una comisión integrada por 12 diputados y 12 senadores para seguir de cerca las estadísticas oficiales.
Sin apelar a un clásico, el que señala que armar una comisión es justamente no querer resolver nada, cambiarle el nombre al Indec y burocratizar más el sistema estadístico nacional es desconocer que ya existe una fluida relación entre todos los organismos provinciales, que en el Indec se trabaja en más de 100 programas –además del IPC– y que ya está casi por salir a la luz el primer índice de precios nacional con el que contará nuestro país. Por otro lado, que no dependa del Poder Ejecutivo, ¿en qué asegura la supuesta transparencia y objetividad si ya sabemos el poder de lobby que tuvieron los consultores privados y las empresas que comercializaban datos hasta el año 2006? Retomaremos esta falsa idea neoliberal de independencia del poder político como puente a la dependencia de los poderes concentrados más adelante, cuando analicemos el rol de los bancos centrales.
A todo esto, afirmar que se puede controlar la inflación porque mejorarán las expectativas generadas por el nuevo ente, es desconocer por completo todo el proceso de impulso y difusión de los aumentos de costos y precios por toda la cadena de producción y comercialización. Sería algo así como querer bajar la fiebre con un termómetro nuevo.
Con respecto a la idea de la creación de un Consejo de Inversión y Desarrollo Nacional, se siguen solapando funciones y burocratizando organismos. Habría que avisarle al candidato Massa que, a partir de fines del año 2011, para abarcar los desafíos que conlleva la programación de largo plazo, se creó la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo en el ámbito del Ministerio de Economía que tiene idénticas funciones a las que explicita el proyecto de ley del Frente Renovador. Por lo tanto, así como la idea de reformular el Indec atrasa más de cinco años, la de crear un área de planificación económica atrasa por lo menos dos.
El punto es, entonces, que lo que no los convoca es justamente el tipo de modelo de desarrollo que plantea el gobierno nacional, donde no existe crecimiento a secas, sino crecimiento con inclusión, se explicitan metas de actividad y empleo y no de inflación, y donde el Estado es quien dirige ese proceso y no las corporaciones o los círculos de variados colores.
Si se tomaran el trabajo de analizar cómo han sido los procesos de los países que alcanzaron niveles más que aceptables de desarrollo en los últimos 50 años concluiría –si es que no se tienen prejuicios ideológicos– que ha sido el Estado el actor principal, sumando al sector privado con los mínimos consensos sectoriales necesarios.
Por último, la propuesta de una Defensoría del Pueblo antiinflación desconoce todas las funciones que tiene actualmente la Secretaría de Comercio Interior.
Así las cosas, en lugar de proponer nuevos organismos, sería más provechoso para un debate en serio –que no se quiere dar– que expliquen cuáles son sus planes para reducir la tasa de inflación. Y aquí es donde ya el marketing no puede ocultar la realidad y aparece la frase mágica: metas de inflación. Pero, ¿qué significa un esquema de metas de inflación?
Para adoptar un sistema de este tipo, lo primero que deberían proponer es revertir la reforma realizada en 2012 de la Carta Orgánica del Banco Central que, atinadamente, incluye hoy como objetivos, en el mismo nivel de prioridad, a la estabilidad monetaria (la inflación) junto con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Recordemos que antes de la actual reforma, con la Carta Orgánica del menemismo, el objetivo único y fundamental era preservar el valor de la moneda y para ello se recomienda la receta fondomonetarista de un esquema de metas. En este sentido, cuando la inflación sobrepasa un límite preestablecido, automáticamente se disparan ajustes monetarios, que apuntan a atacar esa suba en detrimento del crecimiento económico y la preservación de empleo. Detrás de este concepto existen dos ideas que se evaden semánticamente, la del ajuste y la de la independencia del Banco Central. Ambos conceptos van de la mano. Cuando se apela a una supuesta independencia del BCRA del poder político, es por todos conocido que ese tipo de anuncio es la contracara de la dependencia del organismo de las corporaciones financieras, como sucede en muchos países del mundo.
En particular se puede citar el caso de la Unión Europea, donde su banco central "independiente" –pero manejado implícitamente por Alemania– ha sido uno de los principales responsables de la actual e interminable crisis económica, política y social que afecta a esa región. Este argumento independentista es sostenido por el FMI y por las corrientes neoliberales que la defienden a capa y espada. Entonces, lo que debe hacer un banco central conducido bajo reglas de metas de inflación es subir la tasa de interés de corto plazo cuando los precios trepan. Este incremento de la tasa impacta de manera contractiva en el consumo y en la inversión, lo que a su vez repercute negativamente en el nivel de precios.
Según los economistas Asiain y Putero, "la justificación de esa regla parte de suponer que existe un nivel medio de crecimiento más allá del cual los precios se aceleran (la economía se recalienta) y por debajo del cual la actividad se deprime y el desempleo se expande. Las subas y bajas de la tasa de interés impulsadas por la autoridad monetaria desestimulan o estimulan la inversión y el consumo financiados con créditos, manteniéndolos en un nivel compatible con un suave crecimiento sin tensión de precios."
En términos simples, la inflación se desacelera mediante el ajuste o enfriamiento de la economía. Paralelamente, ese aumento de la tasa de interés dispara el ingreso de capitales extranjeros de corto plazo, lo que empuja a apreciar el tipo de cambio. Es decir, al final del recorrido la inflación pudo haber bajado pero al costo de un menor crecimiento, apreciación cambiaria y endeudamiento externo. Por esta razón, tampoco es consistente la idea expuesta por Sergio Massa de querer fijar paralelamente metas de inflación y de crecimiento, justamente porque actuar sobre la primera afecta negativamente a la segunda variable. Por lo tanto, si se fijan metas de inflación, el crecimiento pasa a ser su variable dependiente, justamente lo contrario al modelo actual de metas de crecimiento donde se soportan niveles de inflación más elevados bajo el objetivo de no afectar el desarrollo económico y el empleo.
Para concluir, conociendo al intendente de Tigre y a sus asesores, ya sabemos cuál de las metas va a prevalecer: las de inflación de la mano del retorno del Banco Central de los noventa. Aislar el problema inflacionario del resto de las variables macroeconómicas e intentar solucionarlo con leyes que sólo impulsan mayor burocracia estatal y solapamientos con muchas de las funciones actuales de organismos públicos y, al mismo tiempo, utilizar la política monetaria como único medio para disciplinar precios, habla a las claras de un desconocimiento total de cómo funciona y articula hoy el Estado nacional y sobre cuáles son las causas reales de la inflación, que no deben buscarse en la esfera monetaria sino en el ámbito de la economía real.
Por esta razón, el mejor plan antiinflacionario es sentar a todos los actores y avanzar en acuerdos de precios y salarios que garanticen, al mismo tiempo, metas de crecimiento, de inversión, de exportaciones, de empleo y mejoras distributivas y donde la política fiscal, monetaria, cambiaria y todo el herramental macroeconómico se dirija a apuntalar esos objetivos. Y acá no hay magia: o el proceso lo conduce el Estado bajo las reglas de la democracia o lo dirigen los intereses sectoriales o, lo que es peor, los círculos y quienes detentan el compás por el mango.

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