Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
La crónica del relato tiene sus orígenes en el año 1964, con el decreto Nº 2581 del presidente Arturo Illia, que en los considerandos del mismo detallaba: “VISTO La necesidad de dictar medidas tendientes a evitar el distorsionamiento del mercado de divisas y consecuencialmente del valor de nuestra moneda, provocado por factores ajenos al libre juego de la oferta y la demanda”…..
Artículo 1°. — A partir de la fecha, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente (https://bit.ly/2n8lbp6)
Al parecer, algo en la economía no se desempeñaba de manera correcta, entre otras cosas porque “… durante la época justamente de Pinedo, Alsogaray, Mendez Delfino y Martínez de Hoz (¿les suenan los nombres?), en nombre de la libertad económica no se aplicaron desde el Banco Central las disposiciones y normas que existen para la vigilancia de los créditos que otorgan los bancos” según el diario La Nación. Esta elusión de las reglas llevaron a un aumento desmesurado de deuda externa, vencimientos concentrados en los siguientes 24 meses, necesidad de divisas, lo que obligó al gobierno de la época a lo que el mismo diario tituló en el año 2002 como “La primer pesificación Argentina” para los que se notificación de la existencia de la grieta en 2015 (https://bit.ly/2nSeszS).
Más de medio siglo después, la mayoría de las medidas económicas del establishment son exactamente las mismas, y en nombre de las mismas libertades económicas se busca obtener beneficios extraordinarios, solo que los considerandos comenzaron a ser mucho más graciosos. Las necesidades de ingresos en moneda extranjera es un debate económico de larga data, llamado Stop and Go (Pare-siga, o la restricción externa) en principio durante la primera presidencia de Yrigoyen ante la dificultad de los agricultores, el presidente envió un proyecto de ley en el año 1916 que establecía retenciones del 5% a las exportaciones, y que fue rechazado.
Para los años veinte Bunge y Born, Dreyfus, Weil Hnos, General Mercantil Co. controlaban el 70% de los embarques de trigo, el 73% de los maíz y el 90% de los lino[1] y manejaban, por ende, las necesidades de divisas externas. La concentración de las exportaciones en pocas manos se mantuvo y fue una correa de transmisión de negocios ante variaciones en el tipo de cambio en un país con dependencia extrema del dólar, reforzada, ante los variados modelos de endeudamiento de los diferentes gobiernos liberales.
El primero en derogar la obligatoriedad de liquidar los dólares de las exportaciones en BCRA fue Domingo Felipe Caballo, un mes después de haber asumido como Ministro de Economía de Carlos Menem, a través del Decreto 530/1991, cuyos primer artículo decia:
Artículo. 1° – Déjase sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos que fuera dispuesta por el art. 1° del dec. 2581 del 10 de abril de 1964.
El 5 de diciembre del 2001, ante el caos imperante, a través del decreto Nº1.606 se restableció la vigencia del decreto de Presidente Illia, mismo decreto que 28 años después, o 55 años en total, el presidente Mauricio Macri eliminó, ya que a partir del 2015 el ESTADO NACIONAL estableció nuevas normas cambiarias, redefinió su ordenamiento y liberó el mercado en cuanto a las restricciones imperantes.
O sea, con el decreto 893/2017 se dejó nuevamente sin efecto la liquidación de divisas en BCRA, pero esta vez se la extendió a 3.650 días, es decir 10 años, según la Resolución 47 – E/2017. Las causas, o la justificación del gobierno macrista, aunque usted no lo crea es la siguiente: “a los fines ampliar y mejorar la capacidad de financiamiento de los exportadores en particular en aquellos proyectos de inversión de largo plazo”.
La locura de permitir a los exportadores no ingresar las divisas duró poco, aunque los negocios dejaron mucho. En el 2018 ya se tuvo que recurrir al FMI por falta de divisas y para poder fugar las que habían ingresado, porque los exportadores no tenían la obligación de liquidarlas en BCRA, así es que, de aquí en más, las disposiciones tenían que justificar lo injustificable.
Los considerandos del decreto 609 parecen redactados por funcionarios ajenos a la administración actual, y como en todos los sucesos económicos los culpables se encuentran fuera del gabinete. La economía argentina, según los considerandos, fue afectada simultáneamente por una disminución en su capacidad exportadora, consecuencia del impacto adverso de fenómenos climáticos sobre su producción agropecuaria, y por una reversión en los flujos internacionales de capitales producto de medidas exógenas de política monetaria, que ocasionaron una imprevista devaluación del tipo de cambio nominal frente al dólar estadounidense
DNU 609/2019 1 de septiembre 2019 en su primer artículo dice:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
El BANCO CENTRAL, conforme lo previsto en su Carta Orgánica, establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado, y esto lo realizó el banco a través de dos circulares, A 6363 y A 6770, esta última determina en forma muy enredada y desordenada lo siguiente:
– Las exportaciones que se realizaron antes del 2 de septiembre 2019 que se encuentren pendientes de cobro, deberán ingresarse y ser liquidadas en mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior o en el país.
– La primera, un poco más compleja, dice que los cobros de exportaciones de bienes correspondientes a permisos de embarque, oficializados a partir del 02.09.19, deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios dentro de los siguientes plazos máximos:
1) Los productos que corresponden al primer cuadro de la Resolución 57/2016, (cereales, oleaginosos, harina y aceite de soja, harina de girasol, minerales, oro, plata, piedras preciosas, petróleo y derivados, gas natural, vehículos y obras de arte) para estos 15 días corridos y para los demás, los que no son estos bienes, 180 días.
Bien, hasta este párrafo no parecía haber nada raro, pero el siguiente dice: “Independientemente de los plazos máximos precedentes, los cobros de exportaciones deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro”.
El mercado agrícola creyó que esto era una confusión, porque a su entender esta era una medida similar a la implementada por el gobierno kirchnerista, lo que obligó al BCRA a sacar una gacetilla del BCRA referida a la comunicación “A” 6770, que no decía lo mismo que la norma.
Básicamente, lo que dicen es que la obligación de ingresar divisas en un plazo de hasta 15 días corridos de liquidada una operación de comercio exterior no implica cambio alguno para las compañías agroindustriales argentinas integradas en la Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), dado que dicho plazo es habitual en la actualidad para poder así generar los recursos necesario para originar mercadería (compra de granos a los productores), por lo que si el presidente del BCRA no aclara, nadie va a liquidar nada, como en realidad sucedió.
Cuando la medida se publicó el diario Clarín entendió, según sus propios especialistas, que se estaba hablando de veintiséis millones de toneladas de soja, que son un poco menos de la mitad de las 55 millones de toneladas que se cosecharon entre 2018 y este año y equivalen a US$ 9.000 millones. Como vocero de las agroexportadores, el periódico entendió que un problema político (¿¿??) generó un problema financiero; no importa liquidar las divisas, ni de donde salen.
¿Qué sucedió en realidad desde que se implementó la medida el 1 de septiembre? Según los datos de los exportadores, hasta septiembre incluido se habían liquidado U$S 17.332 millones, es decir un 0.9% más que 2018/2019, cuando la sequía hizo que se produjeran 35 millones de toneladas menos que este año. Si bien las liquidaciones en septiembre fueron mayores en 59%, en el acumulado del año casi no hubo diferencia con el año de sequía.
Estas operaciones dan un promedio de 95 millones diarios que ingresan al BCRA, ya que en el mes entraron U$S 2.093 millones, pero en reservas se fueron, desde el 5 de septiembre al 27 del mismo mes, U$S 2.381 millones y U$S 18.846 millones desde el 1 de agosto, como muestra el gráfico. Pero desde abril, cuando habían U$S 77.481, se esfumaron U$S 28.543 contra una liquidación de exportaciones de U$S 148 millones más que en el 2018. Este drenaje de dólares supera la “fuga” de 2013, cuando el “cepo” cambiario de Cristina Fernández de Kirchner A lo largo de aquel año los activos disminuyeron U$S 12.691 millones (-29,3%), pasando de USD 43.290 millones a USD 30.599 millones.
Para detectar una salida de divisas de magnitudes similares a la presente hay que regresar al 2001, cuando se registró la perdida más grande de reservas en términos porcentuales, en el último año del régimen de convertibilidad, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Los activos internacionales del BCRA descendieron U$S 19.002 millones (55,5%), desde los U$S 34.234 millones del cierre de 2000 a los USD 15.232 millones del 31 de diciembre de 2001.
El Tábano Economista en base a datos BCRA
Dentro del retroceso de los activos internacionales que el país no parecería necesitar, se encuentran los depósitos privados en dólares, que en la actualidad se contabilizan como reservas en un 36%. Desde las PASO se fueron del sistema por la no renovación de los plazos U$S 11.143 millones, un 34.3%
La semana pasada el INDEC informó que los activos de particulares y empresas argentinas fuera del sistema financiero local llegaron a la suma récord de U$S 304.597 millones en el segundo trimestre del año, es decir, antes de la reciente salida de depósitos posterior a las primarias.
Este monto, es igual al PBI y es comparable al total de la deuda pública –en dólares y pesos–,alcanzó los U$S 307.570 millones en agosto pasado. En diez años los fondos fuera del sistema –a los que vulgarmente se los identifica como “fuga de capitales” –, se duplicaron desde los USD 146.323 millones de 2009 para superar los 304.000 millones de dólares en junio pasado.
El gobierno del presidente Macri, así como los anteriores gobiernos liberales, juegan con el relato de la inexistencia de los vaivenes y las necesidades de divisas en el sector externo. Pero, inevitablemente, incrementa la deuda externa para poder sacar los dólares que el país aparentemente no necesita. Todas las medidas, desde el blanqueo, Lebac, FMI, han sido para transferir divisas al exterior, porque los capitales no se fugan de un país como si fuera de una cárcel, lo sacan los evasores.
[1] Rapaport, M. (2000). Historia Económica, política y social de la Argentina. Ariel,pág. 160.
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