23 DE MAYO, 2020
Para qué sirve el impuesto a las grandes fortunas
El pasado viernes la economía entró en “default técnico”, una mera formalidad ya que el verdadero default comenzó a fines de marzo y principios de abril de 2018, cuando los mercados financieros le cerraron el grifo al corto y desaforado ciclo de reendeudamiento macrista. La historia inmediata fue el infausto regreso al FMI y su mega préstamo para cubrir la salida de los capitales especulativos que habían ingresado en masa para aprovechar uno de los diferenciales de tasa más altos del mundo, las oscuras golondrinas que nunca hicieron el verano.
La deuda nueva superó en sólo dos años más de 100 mil de millones de dólares que no sirvieron para nada y que se remitieron y remitirán engrosados. No quedaron obras, no quedó acumulación de capital físico, sólo quedó la deuda y la fiesta del capital financiero. El objetivo fue el gran negocio de corto plazo de este capital, pero especialmente el logro geopolítico de resubordinar la economía al dictado de los acreedores, el regreso a la normalidad tras la anomalía kirchnerista.
El justificativo para el reendeudamiento y la resubordinación, repetido a coro por todos los economistas profesionales, fue la zoncera del gradualismo, aquello de que los dólares eran necesarios para financiar gastos en pesos, como si para pagar, por ejemplo, salarios públicos, fuesen necesarios dólares. Dicho de otra manera y para que no queden dudas, como si para financiar el IFE y la ATP (el ingreso familiar de emergencia y el programa de apoyo al trabajo y la producción) primero hubiese que pedir un préstamo en dólares o, digámoslo ya, recaudar impuestos a las grandes fortunas.
Relacionar el endeudamiento externo, es decir en moneda extranjera, con las políticas fiscales de transferencias para mitigar los efectos del aislamiento social y, luego, ambas cuestiones con el proyecto de cobrar un impuesto “extraordinario” a las grandes fortunas no persigue el objetivo de tratar todas las cuestiones de actualidad en un único artículo, sino intentar que usted lector se haga la siguiente pregunta: ¿cómo se financian los gastos del Estado?
Tómese su tiempo.
¿Ya tiene la respuesta?
Este artículo presume que existe una altísima probabilidad que su respuesta esté mal. Los gastos del Estado no se financian ni cobrando impuestos ni tomando préstamos.
No podrían financiarse con impuestos por una razón lógica y temporal: el gasto antecede al impuesto. Esto se entiende mejor recurriendo a una ficción histórica. Suponga el lector que un Estado comienza a funcionar desde cero. ¿Si el Estado no gasta, con qué moneda se pagarán los impuestos? Recurramos a otra ficción: Supongamos que cuando comienza a funcionar el Estado le regala a todos sus habitantes una cantidad de dinero equivalente al total de bienes que existen en la economía y que luego de ello comienza a recaudar impuestos y que, todos los años consigue un superávit fiscal. El resultado es evidente: la economía se quedará sin dinero.
Dejemos la ficción histórica y vayamos a “la realidad”. Se habla de cómo pagar el costo extra de la pandemia y se dice que una forma será el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. No se advierte en cambio que los gastos ya comenzaron a financiarse y el impuesto a las grandes fortunas es sólo un proyecto. Dicho de otra manera, cuando el déficit fiscal provocado por las mayores transferencias aparezca en el balance ya habrá sido financiado. ¡Eureka! el Estado no funciona como una empresa o como “la economía de una familia”. No existe cosa tal como las “finanzas sanas”.
¿Cómo se financiaron los gastos extraordinarios del IFE y la ATP? Pues con emisión monetaria. Esa emisión evitó el desplome aun mayor de la economía y, otro detalle, hubo deflación en los precios mayoristas. Parece que eso de que “la emisión genera inflación” no estaría funcionando muy bien.
¿Lo dicho significa que el Estado puede gastar hasta el infinito sin consecuencias y que no se necesita cobrar impuestos? Por supuesto que no. El objetivo del gasto debe ser llegar al pleno empleo de los recursos productivos para garantizar el crecimiento y posterior expansión, pero no excederse porque entonces sí aparecen cuestiones como la inflación y la tensión en la puja distributiva. Pero la función de los impuestos es otra, sacar de circulación una parte del dinero del gasto, quemarlo, garantizando a la vez que exista demanda de dinero, pues nadie demandaría pesos si no fuesen necesarios para pagar impuestos. Al hacerlo el Estado puede elegir la función que cumplirán esos impuestos. Puede decidir que los usará para incentivar o desincentivar determinados comportamientos, por ejemplo el impuesto a los cigarrillos, para desdoblar tipos de cambio, como en el caso de las retenciones a las exportaciones. También puede usarlos para redistribuir el ingreso, como sería el caso de un impuesto a las ganancias muy progresivo, o simplemente tomar la decisión mirando la facilidad, simplicidad y seguridad en la recaudación, como es el caso del IVA o el impuesto al cheque. Pero en todos los casos, la función de estos impuestos no es financiar nada. Cuando el impuesto se cobra, el gasto ya fue financiado.
En este sentido un impuesto a las grandes fortunas por única vez es un acto de justicia que restaría a la renta disponible de los sectores más ricos de la sociedad, los mismos que se beneficiaron de las bajas de salarios, la súper renta financiera y la dolarización de los excedentes bajo el régimen macrista. Nótese que el impuesto siempre se aplica sobre un flujo, el ingreso, aunque se diga que se aplica sobre un stock, la riqueza, ya que los más ricos no venden activos para pagar los tributos. Luego, en términos macroeconómicos es mejor que se reduzca el ingreso disponible de los sectores de mayores ingresos, algo que tiene escaso efecto en el Consumo y la Demanda agregada, a que se les reste a los trabajadores, lo que sí tiene impacto en la demanda y el nivel de actividad. Lo expresado no aborda lo que significa en el tiempo la construcción de sociedades más igualitarias, pero un cambio de tendencia en el reparto del excedente no se consigue con un impuesto por única vez, sino con uno permanente. No obstante, conseguir un impuesto permanente a las grandes fortunas reflejaría un verdadero cambio de fuerzas en la lucha de clases. No debe olvidarse que sobre quienes recae la carga impositiva expresa siempre las relaciones de poder al interior de la sociedad.
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