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jueves, 10 de marzo de 2016

“Ahora el Congreso es la escribanía de Griesa”, por Cristian Carrillo (para "Página 12" del 10-03-16)

El Frente para la Victoria se suma a la propuesta de la consulta popular sobre el acuerdo con los buitres


Por Cristian Carrillo

El bloque de diputados del Frente para la Victoria anunció ayer que defenderá el dictamen de minoría de su espacio durante la sesión de Diputados que se llevará a cabo el martes próximo y que se sumará al pedido de una consulta popular para que el pueblo defina qué tipo de acuerdo quiere con los fondos buitre. La decisión fue consensuada durante una reunión por la tarde y se comunicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la presidencia del bloque. Los diputados kirchneristas no se pronunciaron respecto de si darán quórum a la sesión de la Cámara baja para tratar el dictamen de mayoría que se aprobó anteayer con voto positivo del oficialismo y acompañamiento del Frente Renovador y el Bloque Justicialista.

“Es una de las emisiones más grandes de los últimos 20 años de un mercado emergente, y es todo para dárselo a los buitres”, había adelantado por la mañana el diputado Axel Kicillof, en referencia a los 12.000 millones de dólares que se tomará de deuda para pagarles a los fondos carroñeros por el litigio de la deuda en default. En declaraciones radiales, el ex ministro de Economía consideró que el acuerdo con el fondo NML, propiedad del magnate Paul Singer, “es vergonzoso, como la Enfiteusis de Rivadavia”, la ley que como garantía al empréstito nacional con la Baring Brothers terminó en la concentración de la propiedad de la tierra en el país.
El diputado sostuvo que el Congreso se transformó en la escribanía del juez Griesa, donde se está llevando a cabo un tratamiento súper express del proyecto del oficialismo redactado según los intereses de los fondos demandantes. Kicillof volvió a criticar que se les pague 235 millones de dólares a los abogados de los principales fondos buitre por los costos del litigio. “Es una cosa escandalosa”, agregó. Según detalló, el proyecto del macrismo abre las puertas a una nueva ola de juicios por parte del 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje, además de que el acuerdo solo contempla a la mitad del 7 por ciento de los holdouts. “Ese otro 3,5 no sabemos en qué situación está. Hay un riesgo con ese 3,5 por ciento y uno mayor con el 93. Tenemos la ley Cerrojo. Si uno del 93 dice que acepte una quita tan grande porque me prometieron que no iba a pagar más y ahora pagamos mucho más. Ese es un tema muy flojo y no hay un solo dictamen de abogados”, sostuvo.
Al respecto, afirmó que la propuesta del bloque del FpV es superadora y contempla pagar el equivalente a lo que abonó a quienes aceptaron el canje de 2005. Ese dictamen de minoría, según fue consensuado ayer, buscará defenderse en la sesión de Diputados. Además, se sumarán a la propuesta realizada por el PTS-Frente de Izquierda, que presentó Myriam Bregman, de hacer una consulta popular vinculante para que el pueblo sea el que finalmente acepte o rechace el acuerdo alcanzado con los buitres.

El dictamen de minoría del FpV plantea concluir el proceso de reestructuración “con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo”. En ese contexto, los términos y condiciones legales y financieros que se ofrezcan deberán respetar los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y declarados de Orden Público Nacional por el Congreso”. En términos concretos, la oferta podrá reconocer hasta el valor actualizado de la oferta de canje realizada en el año 2005, considerando la reinversión de los pagos de interés y capital recibidos por los bonistas. Según fuentes del bloque, esa propuesta implicaría un valor de unos 140 dólares por cada 100 dólares de valor nominal de las tenencias en default.

La oferta no podrá contemplar el pago de comisiones, honorarios, costas o ningún tipo de gasto administrativo, judicial y extrajudicial a favor de los holdouts. También se define que la entrada en vigencia de los acuerdos que eventualmente celebre el Ejecutivo en los términos establecidos en la presente ley estarán sujetos a dos condiciones precedentes: “El levantamiento de las órdenes judiciales pari passu, y la garantía por parte de los tribunales judiciales estadounidenses de que los holdouts que posean títulos elegibles y que no hubiesen aceptado esta nueva oferta, no podrán invocar en el futuro la cláusula pari passu. El dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación, que determine la inexistencia de riesgos legales por la entrada en vigencia de dichos acuerdos, por eventuales violaciones a los principios de equidad en relación con los bonistas reestructurados, tanto bajo la legislación y jurisdicción nacional, como bajo las legislaciones y jurisdicciones extranjeras que resulten aplicables”.

Por último, entre otros puntos, se exige que los tenedores de títulos defaulteados que deseen participar de la operación de reestructuración que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley renunciaran a todos los derechos y acciones que les correspondan en virtud de los referidos títulos. El dictamen de minoría no incluye la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, como prevé el proyecto oficialista y fue solicitado por los fondos buitre. Además, se solicitaría al Ministerio de Hacienda elevar de manera bimestral al Congreso el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294201-2016-03-10.html

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