El presidente Alberto Fernández y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Desmantelan una jugada del gobierno de Cambiemos
El ex presidente pretendía que el programa quedara bajo el control del Poder Judicial. Este jueves se publicó el nuevo decreto presidencial.
Por Raúl Kollmann
El Poder Ejecutivo publicó este jueves el anunciado decreto por el cual se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri apenas 12 días antes de dejar la Casa Rosada y por el cual se transfería el Programa de Protección de Testigos a la justicia. Ya en ese momento quedaba claro que Macri no quería que los testigos protegidos quedaran bajo la órbita del nuevo gobierno, sobre todo porque intentaba evitar que salieran a la luz --como están saliendo-- las insólitas maniobras que se hicieron con los que aceptaron declarar contra los funcionarios de la época de Cristina Kirchner. En verdad, la transferencia del programa nunca se concretó porque tampoco la justicia lo quiso, dado que implica hacerse cargo de testigos protegidos complejos, como ya se vió con Leonardo Fariña, José López, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele.
Con el decreto de este jueves, el programa queda bajo el control de la ministra de Justicia Marcela Losardo y más precisamente a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal. El nombre del nuevo responsable del programa será dado a conocer antes del fin de semana.
La jugarreta de Macri y su ministro Germán Garavano fue sacarle al Poder Ejecutivo el control sobre lo hecho con los testigos protegidos. Las maniobras de Centeno son conocidas: dijo que quemó los cuadernos en una parrilla y a fin de año los cuadernos aparecieron intactos. Respecto de Fariña quedó en claro que le guionaron la declaración en la causa de la obra pública desde la Agencia Federal de Inteligencia y Vandenbroele fue protagonista de la sorpresa de las últimas semanas cuando se descubrió que el Ejecutivo le financió el establecimiento de un hotel en Mendoza, aunque el arrepentido sostuvo ayer --difícil de ver la diferencia-- que no fue un hotel sino una posada. José López declaró en el juicio por los dólares que tiró en un convento que ese dinero se lo había entregado un secretario de CFK, pero en el juicio se demostró que él fue acumulando los nueve millones de dólares, casi seguro provenientes de coimas.
El 28 de noviembre pasado, 12 días antes de irse de la Rosada, Macri firmó aquel DNU transfiriendo el programa al aparato judicial y poniendo al frente de él al presidente de la Cámara de Casación. En ese momento, cinco magistrados --Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Ana María Figueroa y Javier Carbajo-- le dirigieron una carta al entonces titular de la Casación, Carlos Mahiques --hombre de confianza de Cambiemos--, pronunciándose en contra de la transferencia del programa. Los jueces dijeron que no existía ni necesidad ni urgencia para dictar el decreto y que el Poder Ejecutivo no podía arrogarse facultades del Legislativo. Esa oposición hizo que, en realidad, el pase nunca se concretara y todo iba a ser ahora más difícil porque la actual presidenta de la Casación es Angela Ledesma, una de las firmantes de la carta opuesta a la transferencia.
Cuando se conoció aquel DNU del 28 de noviembre, el virtual presidente Alberto Fernández adelantó que anularía el decreto después de asumir. Y ese anunció se concreta este jueves. Es que los testigos protegidos no fueron prioritariamente hombres del narcotráfico que revelaban la trama de las drogas en la Argentina ni integrantes de grandes bandas de delincuentes que apuntaban a los jefes de las organizaciones. El programa lo utilizó el aparato judicial-político-mediático, alineado con Cambiemos, casi pura y exclusivamente para perseguir opositores.
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