Imagen: Dalel de Haro. Red de Apoyo Comunidades en Conflicto
En un paso más de la estrategia de política comunicacional del Gobierno la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló con motivo de la represión violenta en el sur que culminó con la muerte de un mapuche. El propósito central de la alocución fue insistir en la idea del enemigo interno que, según el oficialismo, surge como una amenaza para la sociedad argentina. Tras expresar su pésame a la familia del joven asesinado la funcionaria justificó -amparándose en la ley- el accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo. Es la misma postura que mantuvo desde agosto pasado respecto de la acción de la Gendarmería que culminó con la muerte de Santiago Maldonado. Se trata, afirmó, "de grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la constitución, nuestros símbolos, que se consideran como poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a todos". En síntesis, una amenaza para la Nación.
No hubo ninguna explicación acerca de la actuación de la Prefectura Naval en este caso. Tampoco hay pruebas de lo que se afirma cuando, por ejemplo, se asegura que se trata de "grupos violentos" que "han tomado a la violencia como la forma de acción política". Para Bullrich lo realizado por las fuerzas a su cargo fue "una acción legal y legítima". Ninguna referencia a que la muerte de Rafael Nahuel se produjo como resultado de un disparo que recibió en su espalda.
Las expresiones de la Ministra resultaron más parecidas a una amenaza que intenta intimidar a quienes protestan que al propósito de ofrecer explicaciones a la ciudadanía ante la represión ejercida. Una vez más el Gobierno recurre al argumento del "diálogo" mientras sus acciones -en lo social, en lo político y ahora en la actuación de las fuerzas de seguridad- contradigan fácticamente ese relato.
Hablando en nombre del gobierno Bullrich expone argumentos para darle legitimidad discursiva a la acción represiva que puede llegar a matar por la espalda a los que reclaman o encarcelar sin pruebas a quienes protestan en las calles. Es el mismo recurso que permite justificar simultáneamente la inacción del oficialismo respecto de los atropellos cometidos también en el sur -pero no solo allí- por actores privados que se apropian de tierras, clausuran accesos, avanzan en explotaciones ilegales y desoyen los mandatos del Poder Judicial.
Aún admitiendo que pueda existir un reducido grupo de personas con alguna vinculación con las comunidades originarias y a quienes se acusa de acciones violentas, es poco creíble la pretensión oficial de adjudicar esa metodología al conjunto de los mapuches que, aún reclamando por sus derechos, conviven pacíficamente con el resto de los argentinos que habitan en el territorio. Al margen de ello el Gobierno no ha presentado hasta el momento pruebas fehacientes de lo que sostiene, salvo que viejas armas de caza prácticamente en desuso o herramientas de trabajo puedan ser consideradas como peligroso arsenal de guerra.
Como parte de su estrategia política y frente a sus propios errores el Gobierno necesita victimizarse construyendo un enemigo interno que justifique el avance de las acciones represivas. Y en este capítulo todos los que "ponen palos en la rueda" son enemigos. Todos los que opinan diferente entran en esta categoría. Porque reclaman tierras o porque exigen libertad de expresión.
Cuando ya no rinde el argumento de la "pesada herencia" bien vale apostar a la existencia de un enemigo interno que permita seguir evitando que se hable de lo que hay que hablar: la realidad que viven los argentinos y las argentinas como consecuencia de las decisiones políticas y económicas de Cambiemos.
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