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lunes, 26 de noviembre de 2012

La denuncia completa del Grupo Clarín contra periodistas que piensan distinto, por INFOnews del 26-11-12



Accedé a la demanda penal que presentó el grupo mediático contra Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente por opiniones vertidas en medios de comunicación.

Leé la presentación entera.

Por:
INFOnews

El abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, presentó una demanda penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, por considerar que sus opiniones constituyen el delito de “coacción agraviada” y que responden a un accionar “del Gobierno Nacional”.


En la curiosa presentación judicial que los abogados del holding mediático realizaron el pasado jueves ante el juez Luis Rodríguez, pueden leerse frases como las siguientes:
“En razón de los hechos que se detallarán en el capítulo siguiente, vengo a promover denuncia criminal contra los instigadores y determinadotes del delito de incitación a la violencia colectiva (Código Penal, en adelante CP; 212) en perjuicio tanto de Grupo Clarín como de sus directivos en particular, que se verifica con claridad a partir de los dichos (de) distintos periodistas y funcionarios (…)
La individualización de los verdaderos ideólogos de la maniobra denunciada, surgirá de la actuación de la Justicia. Seguramente al interrogarse a los propaladores de los mensajes que incentivan a la violencia contra el Grupo Clarín, se podrá determinar a qué interés responden. Pero no cabe ninguna duda en atención al origen o función que desempeñan, que el Gobierno Nacional se encuentra detrás de este accionar.
Adicionalmente, estimo que los hechos denunciados podrán encuadrar en la figura de coacción agravada prevista y penada por el CP; 149 bis, segundo apartado” (en “Hechos”).
En mérito a lo expuesto, a V.S. solicito:
a. Tenga por presentada la presente denuncia penal y por constituido el domicilio.
b. Se me cite a ratificar la presente denuncia, ocasión en la que aportaré los artículos periodísticos detallados precedentemente; oportunamente se instruya sumario y se profundice la investigación (arts. 93 y ss del C.P.P.N). Tenga V.S. presente lo manifestado y provea de conformidad que, SERÁ JUSTICIA. (en “Petitorio”).

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Un Importante Legado de la Gestión 2002-2010, por Juan Pablo Nicolini (para “Foro Económico” del 25-11-12)




Arriba : La foto no figura en la publicación original. No se si le gustaría al autor de la nota, pero me pareció apropiada [Mirando hacia adentro]

El ingreso real por habitante de los argentinos fue, en 2005, prácticamente el mismo que el de 1975. Durante esas tres décadas, el ingreso promedio en Estados Unidos casi se duplicó. En Corea del Sur se multiplicó por ocho y nuestros vecinos chilenos lo multiplicaron por tres. Hay muy pocos países a los que les haya ido tan mal como a nosotros en esas tres décadas.
Pero eso no es todo: mientras en 1975 el veinte por ciento más pobre de la Argentina era dueño de aproximadamente el tres por ciento del ingreso total, en 2005 apenas superaba el uno y medio por ciento. Sí,  no te equivocaste al hacer las cuentas: el ingreso promedio del 20% mas pobre de los argentino es la mitad de lo que fue en 1975.
Con estos dos párrafos empecé una entrada en este blog en Octubre del 2010, titulada
Nos preocupa el fin? O sólo importa la herramienta?
 La entrada continuaba: Esta realidad constituye la mayor estafa que los que tuvimos la fortuna de nacer en hogares favorecidos en las dos ultimas generaciones – me incluyo en la segunda – hemos cometido contra los más desfavorecidos.
Hoy quiero profundizar sobre esta autocrítica, hacer unas cuentas muy simples con datos nuevos y resumir algunos resultados de un paper reciente de Nora Lustig y Carola Pessino, que analiza el efecto de las políticas sociales sobre la distribución del ingreso en Argentina. Pueden bajar el artículo de la página de la UCema
Vayamos primero a la autocrítica. Desde principios de los setenta, la dirigencia (intelectual, política, empresarial, académica, religiosa, militar, periodística,…..) que manejo este país lo ha (hemos) hecho francamente mal. Los resultados económicos más obvios, están resumidos en los dos primeros párrafos. Ya hace mas de 5 décadas que habito este planeta, y nunca he visto un profesor, presidente, ministro, gerente, rector de universidad, obispo, rabino, coronel o director de edición que pertenezca al 20% más pobre de los argentinos.
Cuando un equipo de futbol anda mal, se va el técnico, el presidente es cuestionado, se puede hacer una purga en el vestuario, pero nadie le hecha la culpa al utilero o a los que riegan la cancha.
Y el 80% más rico de los argentinos no la paso tan mal económicamente hablando, por lo menos nuestro ingreso promedio no cayó en esas fatídicas 3 décadas. Pero nuestra brutal inhabilidad de encontrar un rumbo sustentable pulverizo el nivel de vida de los utileros y de los regadores.
¿A qué viene toda esta perorata? Quiero argumentar que el diseño de una política social en la Argentina, que mejore de manera sustentable y sistemática el nivel de vida de los más desfavorecidos no es una posición ideológica natural de la izquierda, a la cual yo suscribo desde siempre. Es una deuda moral que la dirigencia argentina tiene con los más desfavorecidos.
Insisto: puedo entender a la derecha coreana o a la derecha chilena, cuando argumenta que la política social es un subsidio a la pobreza. No comparto para nada su visión, pero entiendo la lógica: argumentan que la creación de oportunidades en una economía donde el salario real sube a través del tiempo, donde los mercados de crédito permiten estructuras de movilidad social basadas en el esfuerzo personal, hay políticas de redistribución del ingreso que son contraproducentes. Sobre este tema hay mucho debate teórico y, cada vez más, excelente trabajo empírico. Y estamos aprendiendo mucho.
Pero cuando el segmento más pobre de la población ve su nivel de vida dividido en dos a lo largo de 3 décadas, el debate ideológico se desdibuja y una amplia y eficiente política social se transforma en un – magro sin duda – resarcimiento por el daño infligido. En un sentido, es tan necesario para los que reciben como para que los nos toca dar, pues es, también y fundamentalmente, un símbolo concreto de nuestra incompetencia. Y sobre el reconocimiento explícito de esa incompetencia, quizás, aprenderemos la lección y construyamos un medio para resolver nuestras diferencias – que obviamente las tenemos y muchas – sin que los más  pobres sean el daño colateral de ellas.
 Desde esta visión, la gestión de gobierno que se inicia en el 2002 ha dado importantes pasos hacia adelante. Mas allá del discurso reinante sobre el tema y de muchas otras características de esta gestión, que no me gustan nada, los números del trabajo de Lustig-Pessino son muy alentadores.
En primer lugar, el gasto social paso del 7,3% en 2003 al 11,8% en el 2009. En particular, el gasto en educación pasó del 3,4% al 5,6% y el gasto en salud básica, del 1,9% al 2,6%. Por otro lado, el trabajo muestra que este gasto ha sido progresivo en términos absolutos, lo cual quiere decir que el monto recibido por lo más pobres es mayor que el monto recibido por los más ricos (con la excepción de la educación terciaria, que es un tema al cual volveré en algún otro momento).
Lo interesante del trabajo es que usa la encuesta permanente de hogares para medir el impacto de los distintos planes sociales. Los detalles los puede ver allí, hay muchos muy interesantes. Voy a concentrarme en la evolución de la pobreza (definida como todos aquellos argentinos que viven con menos de 4 dólares por día) y la pobreza extrema (menos de 2,5 dólares por día).
El 38,2% de los argentinos era pobre en el 2003, bajó al 18,8% en el 2006 y al 14,4% en el 2009. Los números para la extrema pobreza fueron, respectivamente, 23,2%, 9,7% y 5,5%. Una primera mirada crítica inmediatamente reconoce que una parte importante de la reducción de la pobreza tuvo que ver con la fuerte recuperación económica que sobrevino a la crisis del 2001 y la fuerte suba de los precios de los bienes exportables.
Lo interesante del trabajo es que puede medir la diferencia entre el efecto del “mercado”, o sea la creación de fuentes de trabajo y la mejora en los salarios reales, de las políticas sociales, pues puede medir cuanta pobreza habría si los hogares no estuvieran recibiendo los ingresos derivados de ellas. Y muestran que efectivamente, la mejoría entre 2003 y 2006 se debe fundamentalmente a los efectos de mercado. Pero la diferencia entre 2006 y 2009, se debe fundamentalmente a las políticas sociales. En particular, la reducción de la pobreza de 18,8% – 14,4% = 4.4% se atribuye en 0,8% a los efectos del mercado y el resto, 3,6%, a las políticas sociales.
Para la pobreza extrema, la diferencia entre 9,7% – 5,5% = 4,2%, se atribuye en un 0,5% de efectos de mercado y de un 3,7% a las políticas sociales.
En resumen, un millón y medio de argentinos dejo de ser pobre y otro millón y medio dejo de ser extremadamente pobre entre el 2006 y el 2009. Eso, gracias a nuestras políticas sociales. Seguro que se podría haber hecho mejor, eso pasa con cualquier política pública cuando las evaluamos sin la necedad de la ideología. Pero hoy quiero festejar por esos 3 millones de argentinos.
Ojalá esta primera cuota en nuestra hipoteca moral se transforme en política de estado, ojalá podamos evaluarla seriamente, como han hecho Nora y Carola esta vez, como hacen muchos otros (busquen las entradas de Guillermo Cruces o de Martin González Rosada en este mismo blog), ojalá podamos mejorarla y sentir que estamos pagando la deuda.


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Obligado, la soberanía y los cipayos, por Alberto Lettieri (para “Miradas al Sur” del 25-11-12)




Miradas al Sur. Año 5. Edición número 236. Domingo 25 de noviembre de 2012
Por 
Alberto Lettieri. Historiador


El 17 de noviembre de 1845 una fabulosa flota anglo-francesa compuesta por varias decenas de buques a vapor y 113 poderosos cañones, partió de Montevideo con la misión de apoderarse del río Paraná e imponer la libre navegación. La acompañaban más de un centenar de navíos comerciales cargados de mercancías.
Anoticiado de la expedición, el gobernador Juan Manuel de Rosas encargó al coronel Lucio V. Mansilla la defensa del territorio nacional. Mansilla escogió un estrecho paso, a la altura de la localidad de Vuelta de Obligado, para montar una batería, al tiempo que colocó una serie de botes encadenados sobre el río, para impedir el tránsito de los atacantes. Apenas se contaba con 35 cañones de pequeño calibre, lo cual impedía abrigar cualquier esperanza de alcanzar una victoria. La acción significaba una clara señal para los invasores: la Confederación Argentina estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su soberanía.
El 20 de noviembre se produjo el combate. Los defensores consiguieron causar importantes daños en las embarcaciones enemigas, y consiguieron rechazar un intento de desembarco, con grandes pérdidas para los agresores. Cuando los patriotas se quedaron sin municiones, los anglo-franceses cortaron las cadenas y remontaron el río hacia el norte. Inmediatamente, un decreto de Rosas declaró a la invasión como acto de piratería.
Las causas de la invasión. En 1845 reinaba la paz en la Argentina, hasta que, súbitamente, el 2 de agosto, una fabulosa flota anglo-francesa impuso un bloqueo sobre los puertos argentinos y uruguayos, con excepción del de Montevideo, ciudad gobernada por su aliado Fructuoso Rivera. Los invasores denunciaban la intromisión de Rosas en los asuntos internos uruguayos, argumento muy poco creíble al ser esgrimido por las dos potencias que más se involucraban en las cuestiones ajenas a lo largo del planeta. También se formulaban exigencias económicas, como la libre navegación de los ríos interiores, medida que Rosas había descartado de plano para proteger los intereses de los comerciantes y los productores locales de la competencia foránea –tal como, por otra parte, hacía la mayoría de los Estados europeos– y el retraso en el pago de los intereses de la deuda pública a los acreedores británicos.
Los cipayos.
A las pretensiones económicas y políticas anglo-francesas en la región, se sumaba un causa adicional a la intervención: la instigación de los exiliados unitarios, cuya insidiosa prensa, editada en Montevideo, no cesaba de publicar encendidos editoriales e informaciones falaces, que generaban preocupación por la seguridad de personas y capitales radicados en el Río de la Plata entre sus lectores parisinos y londinenses. En vista de que su actividad periodística no parecía alcanzar para movilizar la intervención europea, el jefe de los unitarios emigrados, Florencio Varela, se trasladó personalmente al viejo continente. Allí desplegó una incesante actividad hasta conseguir el apoyo de diplomáticos y comerciantes para su solicitud de implementar una urgente intervención armada.
Sin embargo, no eran los unitarios los únicos que pretendían beneficiarse del apoyo anglo-francés, a costas de resignar la soberanía y las riquezas de la patria. Una vez establecido el bloqueo, los gobernadores de Corrientes, Joaquín Madariaga, y de Santa Fe, Juan Pablo López, se aliaron con los invasores, y a ellos se sumó el gobierno paraguayo de Carlos Antonio López. Una fuerza de 4000 hombres, al mando de su hijo Francisco Solano López, fue enviada para respaldar por tierra a los atacantes. A ellos se sumó un ejército correntino de 5000 hombres, puesto a las órdenes del general unitario José María Paz, quien –a similitud de su colega el general Lavalle en tiempos del bloqueo francés (1838-1840)– se manifestaba orgulloso de ser el escogido para poner a la nación de rodillas ante la civilizada Europa.
Táctica y estrategia.
La batalla de Vuelta de Obligado no fue un hecho aislado, sino un movimiento táctico en el marco de la estrategia diseñada por Rosas para expulsar al invasor y garantizar la soberanía nacional. En vista de la disparidad de fuerzas existentes, el Restaurador descartó un enfrentamiento frontal, inclinándose por presentar combates puntuales y desgastantes a lo largo del Paraná, organizando pequeños emplazamientos armados en sus costas. El 2 de enero de 1846 se registró un nuevo combate en Vuelta de Obligado, replicado en los días sucesivos en Ramallo, San Nicolás, San Lorenzo y la Angostura del Quebracho, con graves daños para la flota invasora. El 10 de febrero fue gravemente dañado el vapor inglés Gordon y resultaron aniquilados los refuerzos transportados por los navíos Firebrand y Alecto, en El Tonelero. Entre marzo y abril, los anglo-franceses sufrieron graves pérdidas en Quebracho y El Tonelero. Los resultados, cada vez más favorables, confirmaban el compromiso de los defensores y el acierto de la estrategia diseñada.
Si bien los invasores consiguieron llegar al puerto de Corrientes, las operaciones comerciales fueron mínimas. En tanto, las victorias nacionales se reiteraban. Mansilla triunfó en Quebracho el 10 de junio, y los invasores fueron puestos en fuga al atacar los puertos de Ensenada y de Atalaya.
La victoria.
Las noticias que llegaban a Europa sobre el desenvolvimiento de la guerra en el Paraná causaron desazón y preocupación. El Parlamento inglés condenó la operación, sobre la que no había sido consultado, ya que además había provocado la paralización del comercio con Buenos Aires, generando grandes pérdidas. Las autoridades inglesas ordenaron que su escuadra abandonara el Paraná, a mediados de 1848, y enviaron un representante para negociar un acuerdo de paz, “en condiciones muy beneficiosas para Buenos Aires”, según sus instrucciones.
Ante la defección británica, los franceses suspendieron la ofensiva sobre el Paraná. Sin embargo, las negociaciones se dilataron, por lo que el bloqueo se mantuvo por varios meses. Finalmente, el 24 de noviembre de 1849 se firmó el Tratado Southern-Arana, por el cual Gran Bretaña aceptaba su derrota, reconocía la soberanía plena de la Confederación sobre los ríos interiores, devolvía todos los bienes y territorios requisados, y se comprometía a realizar un desagravio a la bandera argentina. Un año después, el 31 de agosto de 1850, se firmó el Tratado Arana-Lepredour, en términos similares.
La batalla de Vuelta de Obligado marcó un hito en la reivindicación de la soberanía nacional, y demostró el compromiso asumido por el pueblo argentino, liderado por Rosas, en defensa de nuestra tierra, de nuestras tradiciones y del derecho a ser libres. Y también permitió identificar al verdadero enemigo del proyecto de construcción de una Nación independiente y soberana, en las acciones y los lamentos de unitarios y liberales que sindicaban a la gesta como un triunfo de la barbarie sobre la civilización.

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¿Se equivoca Clarín?, por Gerardo Fernández (para “Tirando al medio” del 25-11-12)



Llamé a un abogado amigo para ver qué le parecía la denuncia de Clarín contra periodistas y funcionarios y fue interesante ver cómo en una conversación informal surgen algunas pistas. Mi amigo considera un mamarracho la denuncia de Clarín, a lo que sugerí que no puede tratarse de un error, no me entra en la cabeza. Que esto habrá de ser completado con otra jugada que le dé sentido. Mi planteo original es que no estamos ante un error, o bien estamos ante algo que parece un error, o en definitiva el grupo nos quiere hacer creer que es un error pero forma parte de una estrategia bastante más compleja de lo que podemos esperar.

Mi amigo me dijo algo simple y profundo para refutarme: sucede que como nosotros estamos tan politizados por momentos no contemplamos la posibilidad del error, que hasta el más pintado mete la pata. Y es cierto, en un punto, esta bochornosa denuncia de Clarín podría equiparar al blooper de De Vido con el tema de la caducidad de Fibertel de dos años atrás ¿se acuerdan?

Muchas veces hasta los más asesorados se equivocan. Lo que habrá que observar de acá en adelante es qué otras jugadas tiene preparadas el multimedio. Ahí quedará claramente evidenciado su juego. De algo estoy seguro: hasta el 7D clarín va a emputecer el ambiente y va a llevar las tensiones a lugares insospechados.

El consejo sería estar bien preparados para esperar hasta lo más insólito.


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http://tirandoalmedio.blogspot.com.ar/2012/11/se-equivoca-clarin.html

domingo, 25 de noviembre de 2012

Vergonzosa denuncia de Clarín contra periodistas, por Diario Registrado del 25-11-12.



El monopolio desesperado

En la desesperación por la llegada del 7D, los abogados del monopolio presentaron un escrito en el que denunciaron a la periodista Sandra Russo de 678, a Roberto Caballero de Tiempo Argentino y al periodista deportivo Javier Vicente por sus opiniones.
El abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz, y sus "letrados patrocinantes", realizaron una presentación judicial contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente, a los que denunciaron por ser supuestos "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular".

La denuncia está basada en una investigación de las declaraciones y opiniones que han vertido los periodistas en los medios cuando ejercían su derecho expresarse con libertad.

El objetivo es callar las voces de aquellos que se animan a poner en evidencia las operaciones que orquesta Clarín desde sus medios.

No es casual este tipo de intentonas en las vísperas del 7D, fecha en la que el monopolio deberá adecuarse a la Ley de Medios.

La causa 12383/2012 está radicada el jueves 22 en el Juzgado Federal Número 9 a cargo del magistrado Luis Rodríguez. La denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada que presentó Clarín también incluye recortes de declaraciones de funcionarios públicos: del legislador porteño Juan Cabandié, del diputado nacional Edgardo Depetri, del ministro de justicia Julio Alak, del secretario legal y técnico Julio Zannini, y del titular del AFSCA Martín Sabatella.

El Código Penal estipula que para el delito de instigación a la violencia "será reprimido con prisión de tres a seis años". Por lo tanto, lo que busca el Grupo Clarín es llevar a la cárcel a los periodistas que no responden a las órdenes de Héctor Magnetto, CEO del monopolio multimediático.

En el escrito de 35 páginas que presentó el Grupo Clarín, la periodista de Página 12 y de 678, Sandra Russo, es denunciada por sus opiniones.

"Concretamente, la periodista Sandra Russo, luego de los conocidos 'cacerolazos' del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: 'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?'", figura en la página 11 del escrito que presentó el monopolio.

Al periodista Roberto Caballero también se lo denuncia por las expresiones vertidas en 678, en este caso, por lo dicho el día 14 de octubre en el contexto de la protesta de los Gendarmes.

Al periodista de Fútbol Para Todos, Javier Vicente lo denuncian por decir durante la transmisión del 6 de octubre del partido  Estudiantes vs Quilmes que "la cadena del miedo y el desánimo" es una "cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre".

El periodista del diario Tiempo Argentino, Roberto Caballero explicó que la intención de Clarín es "producir en los periodistas que no repiten lo que Magnetto quiere escuchar el temor a la represalia y silenciar así la crítica."

"El Grupo Clarín SA entiende que su derecho a la libertad de expresión es superior al que me asiste a mí para expresar lo que pienso en un país libre y democrático y exige que se me aplique una mordaza judicial en el marco del Derecho Penal, nada menos", explicó Caballero en su nota en Tiempo Argentino.

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¿Quiénes eran los intolerantes?, por Roberto Caballero (para “Tiempo Argentino” del 25-11-12)





Arriba : Una extraña forma de entender la libertad de prensa. Juicio penal a periodistas por sus opiniones...

"La única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa monopólica."


Como a los accionistas del Grupo Clarín S.A. no les gusta lo que opino, le pidieron a un juez que me meta preso (causa 12383/2012, Juzgado Federal 9, radicada el jueves 22), junto a un grupo de colegas y funcionarios que tampoco dicen lo que ellos quieren que se diga.
Lo hicieron a través de un escrito que lleva las firmas del apoderado de la empresa monopólica, José María Sáenz Valiente (ver recuadro aparte); el letrado patrocinante de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, Hugo Wortman Jofre; y Alejandro Pérez Chada, el abogado del multiprocesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
El Grupo Clarín S.A. entiende que su derecho a la libertad de expresión es superior al que me asiste a mí para expresar lo que pienso en un país libre y democrático, y exige que se me aplique una mordaza judicial en el marco del Derecho Penal, nada menos. La intención es clara: producir en los periodistas que no repiten lo que Magnetto quiere escuchar el temor a la represalia y silenciar así la crítica como parte de una estrategia general de blindaje a su patrimonio excedido, que deberá adecuar a la Ley de Medios de la democracia antes del 7D.
Este episodio demuestra que la única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa monopólica que, cuando tuvo en sus manos la custodia de esa misma libertad de expresión de la que se dice ahora cínicamente garante, ocultó el genocidio sangriento de Videla & Cía, sin que se haya conocido hasta el presente autocrítica alguna de parte de sus directivos.
Son los mismos que se reunían con el general represor Bartolomé Gallino, a cargo de la confección de los interrogatorios que luego se perpetraban contra los integrantes de la familia Graiver, para despojarlos de las acciones de Papel Prensa para quedarse con el monopolio de la fabricación del papel para diarios, piedra basal de su posterior multimedio monopólico.
Fue así que aumentaron sideralmente su rentabilidad, su patrimonio y su participación abusiva en el mercado gráfico: asfixiando a los medios más chicos, haciéndolos quebrar financieramente, destruyendo empleo en el gremio de prensa y ejerciendo el más crudo control de contenidos sobre cualquier emprendimiento disidente que no se prestara a ser satélite de sus intereses económicos y políticos. Participaron de este modo militante de la perversa idea de que suprimiendo al otro se solucionaban todos los males.
Cuando se quiera mensurar el tamaño de la censura periodística que aplicó el Grupo Clarín S.A. a la sociedad argentina en aquella época trágica, basta con ir hasta cualquier hemeroteca, pedir las ediciones de los siete años que duró la dictadura cívico-militar y cotejarlas con la "Carta Abierta a la Junta Militar" que escribió Rodolfo Walsh antes de ser detenido y desaparecido por los mismos depravados que gozaban viendo cómo Lidia Graiver se retorcía en el camastro de tortura para robarle su empresa y entregársela al Grupo Clarín S.A., en sociedad con La Nación S.A.
Mientras los cuerpos de miles de desaparecidos eran arrojados de los aviones al Río de la Plata, Eduardo Van der Kooy, editorialista actual del diario Clarín, era distinguido por Videla como “joven periodista brillante” y Joaquín Morales Solá se desempeñaba como panoramista político de un país donde había exceso de horror y nada de política, sólo intrigas entre las Tres Armas, con un baño de sangre de argentinos como telón de fondo. No se recuerda una sola nota de ellos, por aquel tiempo, explicando de dónde venían esos cuerpos comidos por los peces que aparecían hinchados en las costas uruguayas y argentinas. Con la honrosa excepción de algunas notas de Oscar Raúl Cardoso y María Elena Walsh, el diario de Clarín S.A. –y qué decir de La Nación S.A.– se convirtió en un gran naturalizador del terrorismo de Estado y sus secuelas en la vida cotidiana, que continúan hasta hoy. Faltan recuperar todavía 400 nietos de las garras de sus apropiadores.
Ese grupo empresarial ahora le exige a un juez que me calle utilizando el Código Penal como garrote. Avanzamos mucho, por suerte. Si esto hubiera ocurrido 36 años atrás, les hubiera resultado mucho más sencillo y hasta menos costoso.
Pero, mejor, vayamos a los hechos. ¿Qué es lo que se me imputa? Haber asistido como invitado al programa 6,7,8 el 4 de octubre, a analizar la sublevación de gendarmes y prefectos, cuando esa misma tarde Chiche Gelblung, en Radio Mitre, del Grupo Clarín S.A., había sacado por radio a Aldo Rico en apoyo de la revuelta. Copio textual mis dichos, por los que se me inicia la demanda: "¿Qué creo yo, digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿en qué país estamos?’ Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín S.A., de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel…"
Asociar desde Radio Mitre al ex carapintada Aldo Rico, el que se alzó contra la democracia en tiempos de Raúl Alfonsín, con la insubordinación de gendarmes y prefectos, una vez que la situación salarial esgrimida ya había sido solucionada, permite pensar que la intención del Grupo Clarín S.A. fue la de fogonear insistentemente desde sus múltiples licencias excedidas algún tipo de desenlace del conflicto por vías no institucionales, y eso obedece a una estrategia de incendio de la calle, sin lugar a dudas, para desestabilizar a la autoridad democráticamente elegida. Además, no fue un movilero inexperto el que casualmente sacó a Rico al aire para que se solidarizara con los amotinados: fue "Chiche" Gelblung, director de la revista Gente durante la dictadura, que acaba de cerrar un acuerdo con el Grupo Clarín S.A. para hacer cinco horas de programa matutino y dos al regreso por Radio Mitre en 2013, por lo cual es evidente que los accionistas de la empresa comparten criterio editorial y viceversa con el propio Gelblung. Eso puede decir mucho o poco sobre el asunto en cuestión. Al fin de cuentas, son mis opiniones. Pero las mías no están manchadas con sangre.
La consultora de medios Grupo Identidad hizo un trabajo mucho más fino sobre lo ocurrido. Se publicó el 13 de noviembre en Tiempo Argentino. Dice así: "De acuerdo con un estudio de tratamiento mediático sobre noticias policiales aparecidas en TV abierta y de cable en los primeros días de octubre pasado –es decir, mientras se desarrollaba la protesta de gendarmes y prefectos–, el promedio de noticias emitidas creció de las 180 que se computan en un mes estándar hasta alcanzar las 323, con picos de 600 en los días de mayor intensidad. De las 3232 noticias policiales publicadas del 1 al 10 de octubre, 1420 fueron acaparadas por los reclamos de las dos fuerzas de seguridad antes mencionadas. Esto significa que logró una concentración del 44 por ciento. La señal TN, del Grupo Clarín, lideró el ranking con 728 registros." Y concluye: "Sin dudas, se erigió así como el principal canal emisor del conflicto. A esto se suma que la señal transmitió en vivo, durante tres jornadas, la protesta de gendarmes y prefectos desde los edificios Guardacostas y Centinela a través de la web." Por esta razón, el estudio se pregunta si en esos diez días "disminuyó el delito en la Capital Federal o disminuyó su construcción y representación en los medios audiovisuales, privilegiando un tema de neto corte político". También se marcó que, hacia el interior de los medios analizados, "el conflicto adquirió un status de ‘crisis institucional’ y la protesta se derramó a los programas políticos como ningún otro tema en estos cincos meses".
De las 75 horas de aire dedicadas a cubrir hechos policiales, "el 45 por ciento (34 horas) fueron para el pedido de gendarmes y prefectos". Y en cuanto a la cobertura dada por las señales de cable: "TN casi duplica en registros a los cuatro canales que le siguen, muy parejos entre sí: C5N, A24, Crónica TV y Canal 26" (todos ellos, tan privados como TN). Sobre las señales de aire, si bien hubo mayor paridad, el Grupo Clarín también fue líder: "Canal 13 tuvo 250 registros; Telefe 223 y Canal 9 202. Por su parte, Canal 7 estuvo penúltimo, con 122 registros." Finaliza el estudio de Grupo Identidad: "Haciendo el corte por tipo de tema, la protesta ganó la pantalla con una proporción de 6 a 1 en relación al segundo tópico en relevancia, el caso del testigo Alfonso Severo."
¿Por qué no pensar que el Grupo Clarín S.A. construyó desde el conflicto salarial una situación de estrépito y desgobierno para hostigar mediáticamente a las autoridades democráticas, lo cual es un hecho grave y merece ser dicho para que las audiencias no sean cautivas de estrategias que no las tienen en cuenta como sujetos del derecho a la comunicación sino como base de maniobra de sus operaciones políticas?
Decirlo para mí es una obligación profesional. Parte del compromiso que asumí hace más de 20 años cuando me dediqué al periodismo y callarme no está en mis planes.
Al Grupo Clarín S.A. le molestan mis opiniones sobre los sucesos de octubre. Pero mucho más que un grupo de periodistas-trabajadores de prensa hayamos fundado Tiempo Argentino en 2010, donde publicamos lo que ellos jamás hubiesen publicado. Expandimos el horizonte de opinión de nuestra democracia. Enriquecimos el debate público. Contribuimos a la pluralidad de voces. Estamos orgullosos de hacerlo todos los días.
Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Colegas en el tiempo de Walsh, Haroldo Conti, Paco Urondo y los otros 100 periodistas devorados por el genocidio.
Queremos un país mejor para nuestros hijos y lo vamos a hacer.
No es con la estigmatización mediática, el apriete judicial o directamente la cárcel que los intolerantes nos van a silenciar.
Ni lo sueñen.

* Director fundador de Tiempo Argentino

Una tanqueta judicial de más de 60 abogados y un martínez de hoz

José María Sáenz Valiente es el titular del bufete de abogados del Grupo Clarín S.A., con oficinas en Puerto Madero. Sus socios o empleados integran como apoderados o directores todas las empresas del monopolio, además de litigar en distintos fueros por los intereses patrimoniales de esas mismas firmas, bajo la supervisión atenta de Jorge Rendo, el operador judicial de Héctor Magnetto. En total, son 65 abogados, una verdadera tanqueta jurídica. Sus nombres: Jorge de la María Martínez de Hoz, José María Sánez Valiente (h), María Lucila Romero, Eduardo Alberto Lohidoy, Martín Ríos, Mariano Castaños, Carla Andrea Milanese, Nathalia Conci, Milagros Paez, Diego Gabriel Sigal, Carolina Tiscornia, Sofía Sívori, Luis María Novillo Linares, Eduardo María Sáenz Valiente, Damián Cassino, Matías Fredriks, Mariela Schlikerman, Nicolás Novoa, Rafael Pizarro, Gustavo A. Kraus, Hernán Frosone, Federico García,Rodrigo Miguel, Lucas Cinto Corteaux, Andrés Enrique Torres, Cristina Carolina Carro, Vanesa Claudia Rodríguez, Ezequiel Nicolás Signorali, Juan Pablo Chidichimo, Leonardo José Tezanos Pinto Balbiani, Bárbara Blaiotta Herrá, Pablo César Casey, Juan Sebastián Delmar, Lucrecia María Delfina Moreira, Diego Deveraux, Claudia Irene Ostergaard, Paula del Campo, Martín Guillermo Ríos, José María Méndez Acosta, Alicia Eugenia Sánchez, Julieta Ana Filippetti, Mariángeles Davide, María Cecilia Irigoyen, Eugenia Prieri Belmonte, Maximiliano Palermo, Carlos María del Campillo, Bruno Carlos Sizano, Bernardo Agustín Donada, Agustín Matías Legón Marienhoof, Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz, Juan Harilaos, Eduardo Gabriel Cavallo, Alejandro Carrió, Federico Agustín Black, Adela Alicia Eugenia Sánchez Avelino, Marcelo Alejandro Martikian, Mariano Castaños Zemborain, Rodrigo Sebastián Miguel y Paula del Campo. A los que se suman, según las circunstancias, Wortman Jofre y Pérez Chada. Acá están muchos de los fabricantes de cautelares que impiden, entre otras cosas, la aplicación integral de la Ley de Medios, y algunos de los que habitualmente comparten viajes al exterior con funcionarios judiciales y políticos donde hablan de temas de interés común. El listado no es un misterio, aunque nunca se haya publicado. Está disponible en Google y en cada uno de los juzgados donde litigan y dejan las actas constitutivas de las sociedades que los emplean. 



La política argentina ante el desafío de Griesa, por Edgardo Mocca (para “Pägina 12” del 25-11-12)



La decisión del juez Griesa a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país tiene dos consecuencias muy graves. La primera es que introduce un elemento de absoluta incertidumbre en los procesos de reestructuración de deuda por los que poco menos que inevitablemente habrán de pasar algunos países europeos en un futuro no muy lejano. La segunda es que la plena aplicación del fallo presupondría la aceptación del principio de que el dictamen de un tribunal extranjero tiene preeminencia jurídica por sobre nuestras leyes dictadas con arreglo a la Constitución.
Desde el punto de vista de sus proyecciones mundiales, el fallo pone en crisis algunas de las reglas de juego básicas del mundo financiero al situar a los acreedores que participaron en dos etapas de dura negociación y se avinieron a sus resultados, en un plano equivalente a los que se quedaron voluntariamente fuera del acuerdo: difícilmente algún país podría, de sostenerse el fallo en otras instancias, negociar exitosamente su deuda pública en un futuro avizorable. A esta altura queda claro que el juez Griesa tiene una escala de valores un poco problemática: el derecho a cobrar las acreencias (el 100 por ciento de ellas) se coloca por encima de las más elementales consideraciones de prudencia que involucran el futuro de la estabilidad financiera mundial y la suerte de sociedades enteras, mucho de cuya vida dependerá de la naturaleza política que adquiera el balance de la dura crisis económica que vive el mundo. Más que ante un fallo judicial estamos ante un mensaje político de extremada gravedad en lo que hace al equilibrio de fuerzas entre la democracia y el capital financiero.
La otra cuestión, la de la soberanía nacional, reactualiza dramáticamente un gran debate de época durante los años noventa, el tema de la vigencia de lo nacional en un mundo globalizado. La utopía globalista postulaba entonces la definitiva caducidad de los atributos históricos del Estado nacional. Las fronteras estatales ya no tienen la consistencia suficiente para ponerle freno alguno al movimiento mundial de capitales; es la época de la desterritorialización del mundo y, consecuentemente, el ocaso definitivo de los estados nacionales y de su fundamento ideológico. Esto no era patrimonio exclusivo de las derechas; desde el territorio intelectual del progresismo, Jürgen Habermas postulaba (en un volumen de nombre muy significativo: La constelación posnacional) la necesidad de terminar con la simbiosis histórica entre republicanismo y nacionalismo. Es decir que, para sobrevivir en la actual etapa, la democracia republicana necesitaría otros anclajes que ya no coincidirían con los actuales estados nacionales. La globalización “realmente existente” terminó por no encajar plenamente en el relato de la prosperidad general asegurada por la desaparición del Estado y de la política (o la reducción de ambos al estatuto de administración burocrática funcional al paraíso de la libertad económica) ni tampoco en la utopía romántica de una gradual marcha hacia una federación democrática mundial. Desde el atentado a las Torres Gemelas, y a través de las distintas etapas de la crisis del capitalismo globalizado, todo lo que vemos a nuestro alrededor es el esplendor de las más diversas formas de nacionalismo, con su inevitable doble carga de esperanzas en la lucha por la autoafirmación soberana y de temores y terrores ante lo diferente, que alimentan la xenofobia y el racismo y están indiscutiblemente en la base ideológica de la política guerrera desplegada por la principal potencia mundial después de aquel gigantesco crimen terrorista. Hay nacionalismo (extremo) en las sucesivas guerras contra Irak, en la invasión a Afganistán, en la doctrina de las guerras preventivas y el unilateralismo. Lo hay también en el antirrepublicano endurecimiento del trato legal a los inmigrantes por parte de los gobiernos europeos. Y hay también nacionalismo en las luchas defensivas de grandes sectores populares de países europeos contra los ajustes sistemáticos ordenados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y en los que se nota la decisiva influencia del Estado alemán. Y lo hay, sin duda, en el discurso práctico de una serie de gobiernos surgidos en América del Sur como respuesta a la crisis del neoliberalismo. Es muy probable que, para las derechas y las izquierdas de la etapa mundial que se insinúa, el discurso posnacional ya no tendrá la misma seducción.
En nuestro país, la provisoria decadencia de las ideas de patria y nación tuvo como telón de fondo la revisión profunda, que hicimos desde la recuperación de la democracia, acerca de los usos que de esas expresiones había hecho nuestra historia política inmediatamente anterior. El sustrato de ese clima era el sentimiento de derrota nacional –y de vergüenza por esa derrota– después de la guerra de Malvinas. Pero también el uso de lo nacional en la verborragia dictatorial para identificar al país en su conjunto con el ominoso régimen terrorista entonces vigente. Fue el uso de los mundiales de fútbol para acorazar a la dictadura del asedio mundial por el feroz ataque a los derechos humanos en el país, en nombre de un supuesto orgullo identitario frente al ataque de los extranjeros. Los argentinos vivimos el auge de la globalización en medio de una profunda interrogación sobre nuestra propia historia, en la que lo nacional y el nacionalismo como ideología había tenido un lugar central. Los ecos de ese clima de época todavía pueden percibirse en la sistemática sospecha sobre el nacionalismo que a veces degenera en sistemáticas opciones deliberadamente contrarias a lo que la mayoría interpreta como interés nacional.
Volvamos a Griesa. El fallo de este juez es una profunda pregunta intelectual y moral para los ciudadanos de este país. Se produce en un momento innegablemente tenso de nuestra vida política: es el momento posterior a dos importantes manifestaciones callejeras de oposición al Gobierno y pocos días antes de la vigencia plena de una ley de medios de comunicación muy resistida por el principal oligopolio mediático y por sus importantes aliados del poder económico concentrado. Visto como “problema del gobierno”, el fallo-amenaza del juez norteamericano se presenta para las oposiciones como una oportunidad en la dirección de un debilitamiento del actual gobierno. Desde el Gobierno podría ser visto como una ocasión propicia para galvanizar el entusiasmo popular ante una gesta patriótica en ciernes. Cualquiera de esos rumbos –sobre todo si se lo llevara al extremo– tendría como resultado un debilitamiento político del país, un triunfo del cálculo chico sobre el horizonte político. ¿Hace falta entonces que la coalición de gobierno y la hoy dispersa oposición renuncien a sus proyectos propios? Más bien lo contrario: el único modo en que un proyecto político puede triunfar es que logre expresar el interés nacional, tal como lo interpreta la mayoría del pueblo. El ataque judicial a nuestra soberanía tiene envergadura y proyecciones suficientemente graves, tanto a nivel nacional como mundial, como para que su rechazo y la movilización en su contra alcancen la condición de una necesidad colectiva. Claro que “colectiva” no quiere decir “de todos”: hace rato que puede observarse la existencia de un sector muy minoritario, pero a la vez muy influyente, de nuestra sociedad que está dispuesto a asumir como positivo cualquier acontecimiento que deteriore la imagen y la autoridad de la presidenta Cristina Kirchner. Casi no hace falta decir, a esta altura, que ese sector tiene su centro de coordinación en las grandes empresas mediáticas, dispuestas en una actitud de guerra sin cuartel contra el Gobierno. Es cierto que la sociedad argentina ya ha adquirido importantes dosis de inmunidad frente a la sistemática prédica apocalíptica del Grupo Clarín y sus adyacencias, pero en estos pocos días que faltan para el 7-10 de diciembre la ofensiva llegará, con seguridad, a inopinables extremos. Ese sector considera a Griesa como un aliado natural.
El fallo de Griesa y las tensiones alrededor de los artículos que obligan a la adecuación de los grandes medios a los límites legales tienen un punto en común: está en juego la vigencia de la ley, la soberanía de la ley. Los argentinos ya sabemos que esa soberanía es la garantía esencial y última de nuestra convivencia civilizada. Así lo aprendimos después de la experiencia de haber puesto en su lugar la razón de las armas. Después de haber convivido bajo el régimen del abuso y la barbarie que puso sobre la ley la normativa de un “estatuto” que habilitó toda suerte de crímenes. Muchas leyes aprobadas ya en democracia disgustaron profundamente a muchos de nosotros; sin embargo, todo el pueblo respetó esas leyes, aunque algunos sectores se movilizaran en su contra. Fue una ley dictada por el Congreso argentino la que dispuso, en dos oportunidades, que quienes quedaran afuera del acuerdo no cobrarían sus acreencias. Solamente una nueva ley podría alterar la situación. También sabemos los argentinos lo que es discutir nuestras leyes con la espada de los poderosos en nuestro cuello. Haría falta que la política argentina dé una contundente prueba de madurez y de sentido nacional con una expresión institucional de pleno rechazo al fallo a favor de los fondos buitre.

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