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jueves, 29 de noviembre de 2012

Buitres: la Argentina, un caso testigo, por Mariano Beristain (para INFOnews del 25-11-12)



Si prospera el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, se abriría un horizonte de enorme incertidumbre.



La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa, compartida desde el punto de vista conceptual por el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad, abre una nueva caja de Pandora y refleja a todas luces un avance del poder financiero internacional sobre los Estados Nacionales y el poder político. El ataque contra la reestructuración de la deuda en la Argentina es una evidente avasallamiento de los fondos buitre, avalado por un magistrado extranjero con un historial de recurrentes fallos contra la Argentina. Existen varios indicios de que la decisión de Griesa tiene una clara animadversión contra el país y que se basó más en argumentos de orden político que jurídicos. Por ejemplo, en uno de los tramos, Griesa cuestiona directamente la decisión soberana del Estado argentino de establecer su propio cuerpo jurídico, al afirmar que "las legislación misma de la Argentina está en contra de la ley". En este caso puntual, el juez critica la Ley Cerrojo, que en 2005 limitó la reapertura del canje de deuda. En otro tramo más difundido del fallo también hace referencia explícita y crítica a un discurso en el que la presidenta Cristina Fernández reivindica la decisión de la Argentina de no pagarles a aquellos que no ingresaron a los dos canjes de deuda, que aceptaron y avalaron el 92,7% de los acreedores. Es llamativo que un juez de primera instancia de los Estados Unidos responda a través de un escrito "jurídico" a un discurso político de la primera mandataria argentina. En teoría, un juez imparte justicia no política y si lo hace debe esgrimir argumentos técnicos. Otro dato revelador es el rápido tratamiento que le dio a la última fase del caso. Griesa, un hombre conservador, de edad avanzada (82), criticado en su país por la lentitud para dictar sentencias, leyó y procesó siete presentaciones que hicieron distintos grupos de bonistas, del gobierno argentino y de los fondos buitre, y redactó el fallo en un tiempo récord de 48 horas. Esto explica porque el ministro de Economía, Hernán Lorenzino acusó al fallo de alumbrar una "colonización jurídica", en referencia a la intromisión de un juez extranjero en las determinaciones políticas del país. Hasta el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ultraconservador, Martín Redrado debió reconocer que "el fallo es incorrecto y tiene errores técnicos", con lo cual admitió implícitamente que la respuesta obedece más a razones políticas. Hasta aquí los recurrentes fallos de Griesa a favor de los fondos buitre parecen decisiones caprichosas de un juez que pueden tener un impacto millonario en perjuicio de la Argentina y que benefician a grupos financieros carroñeros con un enorme poder de presión. Sin embargo, si el caso llega a la última instancia (previa ratificación del criterio arbitrario de igualdad de trato que les otorga a los buitres el 100% del reclamo cuando el resto de los bonistas aceptaron quitas de hasta el 70%) y la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma lo actuado por este juez, se sentaría un peligroso antecedente internacional con consecuencias aún difíciles de predecir. La Argentina no es el único país que ha reestructurado su deuda, Grecia hace poco presentó un millonario impago. "Es una jugada perfecta de la banca; se trata de una medida de disciplinamiento sobre el poder político. Esto nos obliga a pensar que va a pasar en otros países como Grecia", reconoce el economista de la Universidad de San Martín, Enrique Dentice. Grecia reestructuró el 95% de la deuda con el sector privado, pero todavía hay un 5% que quedó afuera. Es que el fallo de Griesa podría transformar las decisiones de los Estados en materia de deuda en un verdadero convidado de piedra porque en los hechos la reestructuración podría fracasar pues el fallo del juez de Nueva York les abre nuevas expectativas a los especuladores para recurrir a una instancia judicial y obtener más dinero del que los gobiernos acuerden con los tenedores de bonos en una reestructuración de deuda. En ese caso, la Argentina será recordada en el futuro como un leading case (caso testigo) de la suerte que después corrieron otros países que debieron renegociar su deuda tras ir a la quiebra. El resto de las naciones desarrolladas también deberían seguir de cerca el caso porque también pueden caer como un castillo de naipes empujados por el alto peso de su endeudamiento. No se trata de una quimera o una especulación periodística. La situación de la deuda pública de Europa ha ido haciéndose una enorme bola de fuego desde fines del siglo pasado. En menos de 20 años el nivel de endeudamiento del Viejo Continente creció casi el 50% merced a las graciosas políticas de desfinanciamiento del sector público (que en muchos casos le quitaron impuesto a las empresas y obligaron a los Estados a endeudarse) y a las maniobras especulativas del sector financiero que también se anotaron en los pasivos del Estados y terminaron pagando los propios contribuyentes. Según la agencia de estadísticas Eurostat, la deuda total de los 27 países de la Unión Europea subió hasta ubicarse a finales del año pasado en el 82,2% del Producto Bruto Interno (PBI), pero si se toma a los 17 países que integran la zona euro este porcentaje crece aun más y alcanza el 87,4% del PBI. En naciones como Italia y España la deuda trepó a niveles insostenibles a finales del año pasado. Francia y Gran Bretaña tenían en 2011 ratios de deuda equivalentes al 85,2% del PBI. Pero hay casos más preocupantes. La carga de la deuda de Japón también supera a la de la Unión Europea, pero además el Fondo Monetario Internacional (sí, el propio Fondo) estima que alcanzará el 250% del PIB en el 2015. El lector dirá: "Pero como podrían ir a la quiebra Japón o Francia." Bueno, ¿usted imaginaba hace sólo una década que el hambre y la extrema pobreza dominarían el escenario social de España o Grecia? Además, un informe denominado "Un mecanismo europeo de crisis de la deuda soberana: una propuesta", elaborado por François Gianviti, Anne O. Krueger (la ex titular del FMI), Jean Pisani-Ferry, André Sapir y Jürgen von Hagen, recuerda que "Grecia, Alemania, Italia, Portugal y España tienen experimentado al menos un caso de cesación de pagos desde 1824 (la mayoría de estos incumplimientos se produjeron durante el Patrón Oro). También subraya el informe que la hoy todopoderosa Alemania "ha dejado pagar su deuda soberana en tres ocasiones" en la última centuria. 
No obstante, la realidad del siglo XXI es muy distinta porque este escenario de impagos y potenciales quiebras se produce en un contexto de retirada de los Estados Nacionales y de resignación de la política frente a la consolidación del sistema financiero y del empoderamiento de nuevas formas de liderazgo encabezadas, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de las grandes naciones. En el Grupo de los 20 se observa con claridad el desdibujamiento de la imagen de históricos popes como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso la debilidad de ascendente China. Las únicas decisiones que tienen carácter ejecutivo son las que propone el FMI, que en los últimos años, lejos de perder poder, sigue fortaleciéndose, manteniendo y gobernando las políticas de ajuste que obligan a tomar a Europa. En este escenario, determinado también por el crecimiento imparable de las grandes calificadoras de riesgo –que siempre juegan en tándem con el FMI, el Banco Central Europeo y el poderoso Tesoro de los Estados Unidos–, la Argentina se ha transformado en un lastre al que es necesarios disciplinar, esencialmente porque puede ser transmisor de malos ejemplos. Pero también porque abre una nueva compuerta que le puede garantizar a los acreedores (grandes bancos, fondos de inversión, buitres) dejar sin efecto cualquier posible reestructuración con quita y les permitará asegurarse el cobro del 100% de jugosas deudas que las naciones contrajeron por salvar a los propios bancos que cooptaron a un poder político, que se ha transformado en verdadero garante de esta enorme transferencia de ingresos de los recursos del sector público al sistema financiero.

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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Periodistas, por Dante Augusto Palma (para “Diario Registrado” del 27-11-12)



La insólita denuncia realizada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Javier Vicente, Orlando Barone, Sandra Russo, Nora Veiras y Edgardo Mocca, ha recibido un amplio e inusitado rechazo desde buena parte de la ciudadanía incluyendo referentes del propio grupo y periodistas cuya ideología se encuentra en las antípodas de los acusados. Así Jorge Rial, Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Samuel Gelblung y María O Donnell, entre otros, se manifestaron en contra de semejante despropósito. No fue el caso de Jorge Lanata a pesar de que sus compañeros de programa, Luciana Geuna y Gustavo Gravia, interpelaron con buen tino la inconsistencia del abogado que buscó defender la denuncia.
Lamentablemente, camino similar al del primer director de Página 12 siguió el periodista de espectáculos que opina de política, Pablo Sirvén, quien, antes de rechazar la denuncia de Clarín, utilizó twitter para dar mensajes como los siguientes: “Pagni, procesado por mails q ni distribuyó ni usó (y foquitas aplaudiendo). ¡No lloren más! #doblediscurso”; “No me alegra la demanda contra Caballero ni tpc la del adn hijos Noble q terminó en nada y nadie se disculpó”; “hechos concretos: quisieron incriminar a Morales Solá en lesa humanidad x cubrir c/otros periodistas nota en Tucumán. Y las foquitas,chochas”; “¡qué hipócritas! Si la demanda hubiese sido presentada por un multimedio oficialista contra un periodista hegemónico aplaudirían como focas”.
Más allá de la extraña obsesión cuasi fetichista por esos simpáticos animalitos que son las focas, Sirvén sigue una lógica sobre la que me quiero detener. Me refiero a que busca equiparar el ataque a la libertad de expresión perpetrado por el Grupo Clarín contra periodistas afines al gobierno que sólo opinaron, con casos infinitamente más graves y, en parte, con buenas pruebas, en los que se ven involucrados periodistas del diario La Nación y hasta la misma Ernestina Herrera de Noble. Lo que esto deja entrever es la defensa corporativa de los periodistas en tanto tales y lo que se supone es que cualquier tipo de denuncia contra un periodista se transformaría en un ataque a la libertad de expresión. De esta manera, una denuncia de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada por dichos que jamás podrían encuadrarse en esas figuras, es equiparada con una causa por delito de lesa humanidad (que se dilató 10 años y en la que se ha probado que la adopción es irregular, sólo que no se sabe aún quiénes son los padres) y con una causa que tiene procesados a ex miembros de la SIDE y a periodistas como Carlos Pagni y Roberto García, por espionaje. En la lógica Sirvén, la libertad de expresión del periodista parece justificar una libertad de apropiación de bebés y una libertad de espionaje.
Ahora bien, desde la misma perspectiva de defensa corporativista de los periodistas pero arribando a la conclusión contraria, el siempre crispado periodista antikirchnerista de La Nación, Mariano Obarrio, defendía la denuncia de Clarín con este fundamento balbuceado a través de twitter: “Si periodistasK dan al juez detalles d golpismo d Clarin, ganamos democracia. Si no pueden, son provocadores y manipuladores, NO periodistas”.
Como se puede observar, parece subyacer a esta afirmación que si no fuesen periodistas bien les cabría la figura de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Dicho de otra manera, esta lógica que atravesó muchos de los mensajes de las redes sociales supone que como no se trataba de periodistas sino de “militantes” o “propagandistas oficialistas”, la prisión parece una buena opción. No importa lo que dicen. Sólo importa cómo se los categoriza: si son periodistas están inmunizados. Si son militantes, no.
Dicho esto, quiero dedicar las últimas líneas a un olvido en el que han incurrido todos: los que están del bando de los acusadores y los que estamos del bando de los acusados. Me refiero a que la denuncia también recayó sobre políticos que ocupan diferentes espacios en el oficialismo pero ningún periodista ni ninguna institución progresista se encargó de visualizarlos. Me refiero a los casos de Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Carlos Zanini y Edgardo Depetri. Pareciera así que los políticos no tienen derecho a opinar a pesar de que, al igual que los periodistas antes mencionados, ninguno de ellos incitó a nada ni coaccionó a nadie. Pero nadie se ocupó de ellos porque son políticos. Es una pena pero así es la vida: a algunos nos toca ser periodistas y a otros les toca tener la mácula del resto de los mortales.
La insólita denuncia realizada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Javier Vicente, Orlando Barone, Sandra Russo, Nora Veiras y Edgardo Mocca, ha recibido un amplio e inusitado rechazo desde buena parte de la ciudadanía incluyendo referentes del propio grupo y periodistas cuya ideología se encuentra en las antípodas de los acusados. Así Jorge Rial, Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Samuel Gelblung y María O Donnell, entre otros, se manifestaron en contra de semejante despropósito. No fue el caso de Jorge Lanata a pesar de que sus compañeros de programa, Luciana Geuna y Gustavo Gravia, interpelaron con buen tino la inconsistencia del abogado que buscó defender la denuncia.

Lamentablemente, camino similar al del primer director de Página 12 siguió el periodista de espectáculos que opina de política, Pablo Sirvén, quien, antes de rechazar la denuncia de Clarín, utilizó twitter para dar mensajes como los siguientes: “Pagni, procesado por mails q ni distribuyó ni usó (y foquitas aplaudiendo). ¡No lloren más! #doblediscurso”; “No me alegra la demanda contra Caballero ni tpc la del adn hijos Noble q terminó en nada y nadie se disculpó”; “hechos concretos: quisieron incriminar a Morales Solá en lesa humanidad x cubrir c/otros periodistas nota en Tucumán. Y las foquitas,chochas”; “¡qué hipócritas! Si la demanda hubiese sido presentada por un multimedio oficialista contra un periodista hegemónico aplaudirían como focas”.

Más allá de la extraña obsesión cuasi fetichista por esos simpáticos animalitos que son las focas, Sirvén sigue una lógica sobre la que me quiero detener. Me refiero a que busca equiparar el ataque a la libertad de expresión perpetrado por el Grupo Clarín contra periodistas afines al gobierno que sólo opinaron, con casos infinitamente más graves y, en parte, con buenas pruebas, en los que se ven involucrados periodistas del diario La Nación y hasta la misma Ernestina Herrera de Noble. Lo que esto deja entrever es la defensa corporativa de los periodistas en tanto tales y lo que se supone es que cualquier tipo de denuncia contra un periodista se transformaría en un ataque a la libertad de expresión. De esta manera, una denuncia de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada por dichos que jamás podrían encuadrarse en esas figuras, es equiparada con una causa por delito de lesa humanidad (que se dilató 10 años y en la que se ha probado que la adopción es irregular, sólo que no se sabe aún quiénes son los padres) y con una causa que tiene procesados a ex miembros de la SIDE y a periodistas como Carlos Pagni y Roberto García, por espionaje. En la lógica Sirvén, la libertad de expresión del periodista parece justificar una libertad de apropiación de bebés y una libertad de espionaje.

Ahora bien, desde la misma perspectiva de defensa corporativista de los periodistas pero arribando a la conclusión contraria, el siempre crispado periodista antikirchnerista de La Nación, Mariano Obarrio, defendía la denuncia de Clarín con este fundamento balbuceado a través de twitter: “Si periodistasK dan al juez detalles d golpismo d Clarin, ganamos democracia. Si no pueden, son provocadores y manipuladores, NO periodistas”.

Como se puede observar, parece subyacer a esta afirmación que si no fuesen periodistas bien les cabría la figura de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Dicho de otra manera, esta lógica que atravesó muchos de los mensajes de las redes sociales supone que como no se trataba de periodistas sino de “militantes” o “propagandistas oficialistas”, la prisión parece una buena opción. No importa lo que dicen. Sólo importa cómo se los categoriza: si son periodistas están inmunizados. Si son militantes, no.

Dicho esto, quiero dedicar las últimas líneas a un olvido en el que han incurrido todos: los que están del bando de los acusadores y los que estamos del bando de los acusados. Me refiero a que la denuncia también recayó sobre políticos que ocupan diferentes espacios en el oficialismo pero ningún periodista ni ninguna institución progresista se encargó de visualizarlos. Me refiero a los casos de Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Carlos Zanini y Edgardo Depetri. Pareciera así que los políticos no tienen derecho a opinar a pesar de que, al igual que los periodistas antes mencionados, ninguno de ellos incitó a nada ni coaccionó a nadie. Pero nadie se ocupó de ellos porque son políticos. Es una pena pero así es la vida: a algunos nos toca ser periodistas y a otros les toca tener la mácula del resto de los mortales.

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martes, 27 de noviembre de 2012

Utpba, Fopea y Fatpren rechazan el ataque de Clarín a periodistas, POR Argentina.ar del 27-11-12



La Uniónde Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Foro de Periodismo Argentino emitieron comunicados contra la ofensiva judicial del Grupo Clarín denunciando a periodistas por opinar.
La Federación Argentina Trabajadores de Prensa (Fatpren) comunicó que el "grupo monopólico demuestra una vez más su vocación contra la Libertad de Expresión que hipócritamente dice defender, buscando con acciones como éstas el amedrentamiento, la censura y la autocensura de los trabajadores de prensa, de la misma manera que impidió durante años la actividad sindical en AGEA".

Por su parte, Fopea recordó que "manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos" y "es por eso que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscribió".

La Utpba difundió que "exige el respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la profesión, derechos humanos esenciales que, interconexos con otros derechos garantizan el Derecho a la Información".

La SIP repudió la denuncia de Clarín contra periodistas, por Agencia TELAM del 27-11-12.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió la inclusión de seis periodistas argentinos, en una debuncia penal presentada por el Grupo Clarín por presunta "incitación a la violencia".
"El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse", señaló la SIP según un despacho de la agencia EFE, pero "no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión", señaló en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Para Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, aún como "testigos", estos periodistas no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información a la Justicia.
La Declaración de Chapultepec establece que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente", que "nadie puede restringir o negar estos derechos" y que "no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información", de acuerdo al comunicado dado a conocer por EFE.
Antes de esta declaración, Paolillo,a través de su cuenta personal de la red social Twitter, indicó: "Es un ataque a su libertad de expresión. Discrepo con lo que dices pero daría mi vida para que puedas hacerlo Clarín olvidó eso".
El pronunciamiento de Paolillo llegó luego de la consulta de un usuario que le preguntó mediante un tuit cuál era la posición de la SIP ante la demanda penal presentada por el holding mediático contra Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, entre otros periodistas.
Ayer, en un raid por distintos medios, el abogado del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, salió a aclarar que los periodistas serán citados a dar testimonio en la causa -que también apunta a funcionarios del gobierno nacional- pero no como acusados, aunque en el escrito presentado ante la justicia se ve reflejada la acusación por "incitación a la violencia colectiva y coacción agravada", dos delitos que contemplan penas de prisión.

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FOPEA rechaza denuncia del grupo Clarín contra periodistas, por Foro de Periodismo Argentino (para “fopea.org” del 26-11-12)



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la denuncia por “incitación a la violencia colectiva” (Artículo 212 del Código Penal), iniciada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente. Se trata de una figura penal que podría implicar penas de tres a seis años de prisión. De acuerdo al texto de la denuncia al que accedió FOPEA, además de esta denuncia, el demandante pide a la Justicia que se evalúe la posibilidad de aplicar también la figura de “coacción prevista agravada” (Artículo 149 del Código Penal), que establece penas no excarcelables, de hasta 10 años de cárcel.

26 de noviembre de 2012

Es contradictorio que una empresa para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas. Y más si se tiene en cuenta que en su denuncia el Grupo Clarín hace hincapié en la necesidad del respeto a la libertad de expresión y de opinión, derechos protegidos por diferentes Tratados Internacionales citados en su presentación.
En ese sentido y de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en los que se basa FOPEA para realizar su defensa irrestricta de la libertad de expresión, la denuncia presentada el pasado jueves constituye una clara afrenta a estos principios, considerando que cuestiona los dichos públicos de los periodistas en diferentes espacios televisivos, donde opinaron sobre la empresa y sus directivos.
Por ello, FOPEA se solidariza con Russo (columnista del diario Página/12 y panelista del programa 678); Caballero (ex director del diario Tiempo Argentino) y Vicente (relator del ciclo Fútbol para Todos).
El Grupo Clarín relacionó a todos en una supuesta maniobra violenta en su perjuicio, que “se verifica con claridad a partir de los dichos de distintos periodistas y funcionarios” (la demanda alcanza además al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, entre otros), y que no tiene dudas respecto a que “el Gobierno Nacional está detrás de este accionar”. En ningún lugar de la presentación judicial formulada por el Grupo Clarín se menciona a los periodistas como testigos. En cambio, sí son identificados entre los 'principales propaladores del mensaje gubernamental', lo cual los haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de 'quienes incitan a la violencia colectiva'.
FOPEA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas, y así lo ha señalado en varias oportunidades. De hecho, manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo. Además, alertamos sobre la judicialización de las discusiones políticas, lo que puede llevar a la desnaturalización de la elevada función del Poder Judicial como tal.
Es por eso que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscribió.
Foro de Periodismo Argentino

Lunes 26 de noviembre de 2012

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Perplejidad es la palabra, por Victor Hugo Morales (para “Tiempo Argentino” del 26-11-12)




 Por Víctor Hugo Morales. Perplejidad, esa es la palabra. Porque la demanda de Clarín viene a mostrar con claridad un gesto irrefutable contra la libertad de expresión. Justamente del que se autodenomina víctima, surge el ataque destemplado y absurdo al derecho de expresarse de otros periodistas.


Los que han destruido la credibilidad y el buen nombre de innumerables personas; ellos, los que viajan en el puño agresivo del cacerolero que le pegó de atrás al colega del canal de noticias C5N; ellos, los que difaman desde el poder a quienes denuncian sus negocios; ellos, los que se defienden con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), mientras desacreditan a cuanto oponente se les cruce en el camino; ellos, los que proyectan violencia sobre las víctimas de sus mentiras en cada acción destinada a salvar sus privilegios; justamente ellos, son los que quieren meter presos a sus colegas por decir lo que piensan.
Perplejidad es la palabra. Porque no hay manera de entender cómo pueden victimizarse ante expresiones que hasta parecen demasiado cautas, si se las piensa en el contexto de locura en el que Clarín nos ha hundido para proteger sus intereses. Perplejidad. Porque en tiempos en que el gobierno elimina la injuria y las calumnias como delito penal si las mismas se destinan a los funcionarios, es Clarín, el que demanda penalmente por manifestaciones que, comparadas con lo que ellos destinan a los hombres públicos, provocan una inevitable sonrisa. 
Clarín pretende que estén presos Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, mientras el CEO del multimedios, Héctor Magnetto, y los otros, siguen libres. Es la metáfora de un mundo insoportable, la que intentan.

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El abogado de Clarín mintió en Vorterix, por INFOnews del 26-11-12



Hugo Wortman Jofré le dijo a los periodistas del programa "Guetap" Reynaldo Sietecase y Romina Manguel que "no está denunciando a" Caballero, Russo y Vicente. De esta manera mintió dado que los tres están acusados de los delitos de coacción agravada e incitación a la violencia pública. Escuchá y leé la inescrupulosa explicación del representante legal del multimedio. Masivo repudio.

Por:
INFOnews

El abogado del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, salió hoy a defender la acusación que presentó la compañía contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente.
En una entrevista con Reynaldo Sietecase y Romina Manguel en el programa “Guetap”, de Radio Vorterix, el letrado dijo desconocer que las afirmaciones vertidas por los trabajadores de prensa constituían meras opiniones y lanzó: “Si es así, desisto el testimonio”.
Leé el momento más fuerte del intercambio entre Wortman Jofré y los conductores de Radio Vorterix sobre la denuncia de Clarín:
Reynaldo Sietecase: Yo escucho sus argumentos y me sigue pareciendo insólito que los periodistas, por su opinión, tengan que enfrentar un proceso judicial.
Hugo Wortman Jofré: ¿Por su opinión? Si es su opinión listo, se acabó.
RS: ¿Y pero qué otra cosa puede ser? ¿Usted imagina una conspiración?
HWJ: Cuando Joaquín Morales Solá fue citado a declarar en el caso de los sobornos del Senado porque había recibido información lo llamaron a declarar veinte veces. Está citado a declarar en el juicio como testigo. ¿Y para qué? Para que explique bajo qué circunstancias escribió, por qué escribió, si es una opinión y listo, eso es todo. Esto, unido con cinco o seis funcionarios… La verdad es que las frases de los funcionarios son un poco distintas, ¿no? No son en el mismo tono que los periodistas. Los periodistas pareciera, si usted me dice, que están vertiendo opiniones...

RS: Son opiniones, sí.
HWJ: “Seguro que detrás de los gendarmes está el Grupo Clarín”, opiniones que usted me dice, la verdad, son un poco apresuradas, eh...
RS: Nosotros no estamos suscribiendo a esas opiniones.
HWJ: Ah, OK.
Romina Manguel: Estamos cuestionando que tengan que ir a explicar las opiniones que ellos vertieron en un medio de comunicación ante la Justicia. Porque esto es lo que va a pasar, Wortman. Para explicar el escenario sin subestimar al oyente, lo que va a pasar independientemente de cuáles fueron las motivaciones que hicieron que ustedes hagan esta presentación, si esto sigue adelante y ustedes lo ratifican –porque el juez Rodríguez está esperando la ratificación de esta denuncia- los periodistas van a tener que desfilar por Comodoro Py 2002 explicando lo que dijeron. ¿Sí o no?
HWJ: A ver, ustedes mismos me están sacando una duda que yo, como no hablo con estos periodistas, no sabía, que es que esto es una opinión de ellos y que no tienen ningún otro elemento, dato o presunción. Ahora, si el periodista va a declarar y dice “Nah, si yo estoy seguro de que está el Grupo Clarín porque hablé con una fuente y la fuente me dijo que el Grupo Clarín les pagó X cantidad”, la verdad es que si esto queda en una opinión y lo dicen judicialmente, me encantó. Se acabó el tema. ¿Se dan cuenta? Usted es una periodista de investigación: si aquel día Joaquín Morales Solá hubiera ido a decir “Sí, yo tengo recibo del pago de los sobornos” (sic) hacía parte a la Justicia. Claro, ustedes me dicen que no lo van a hacer porque fue una opinión. Evidentemente, ustedes hablaron con ellos y saben que...
RS: No, nosotros no hablamos con ellos. Lo estamos llamando a usted porque nos pareció sorprendente, insólita, ridícula la denuncia. Dijimos “Vamos a llamarlo a Wortman Jofré que es una persona que conocemos y que hemos hablado por otros temas para que nos diga por qué hicieron la presentación”. Es así de simple.
HWJ: Me encantó, me encantó.
RS: Bien.
HWJ: No se molesten para nada de que un periodista tenga que ir a declarar como testigo.
RS: A mí me hace ruido. A mí, le soy sincero, doctor, me hace ruido. Que un periodista tenga que ir a declarar por su opinión...
HWJ: Su opinión. Usted le está agregando una adjetivación que no la sabemos. Es más: si saliera Sandra… ¿cómo se llama?
RM: Sandra Russo.
HWJ: Sandra Russo y Caballero a decir “No, esto fue una opinión, no tenemos ninguna información de que los gendarmes estuvieron pagados por Clarín…
RS: Si tuvieran la información sabe la tapa que sería para un diario, ¿no?
HWJ: …lo desisto, lo desisto ya del testimonio. Desisto el testimonio.
RS: Bien.
HWJ: ¡Pero no lo dijeron! ¡No lo dijeron! Llámenlos ustedes y que Sandra Russo y Roberto Caballero digan al aire “No, en realidad era una opinión nuestra y no tenemos ninguna información de que realmente los gendarmes recibieron plata del Grupo Clarín para hacer lo que hicieron”. Bueno, listo, si ellos salen y dicen eso yo desisto la mañana.
RS: Doctor, se me va el tiempo del programa. Mañana tienen que ratificar esto, ¿no?
HWJ: Y, vamos a aclarar esto, vamos a aclarar esto ante el juez Rodríguez. 
Todo comenzó cuando el Grupo Clarín demandó penalmente a periodistas por afirmaciones que realizaron en 678 y en una emisión de Fútbol Para Todos. A Russo la denunciaron por haber dicho: “Son las cacerolas de Clarín. En este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno. En los ‘90 hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si lograran la destitución, ¿qué pasaría el día después?”.
A Caballero, en tanto, lo acusan ante la Justicia por haber opinado, en ocasión del reclamo de gendarmes y prefectos en las calles: “Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria”

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