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lunes, 5 de marzo de 2012

Crisdependencia, por Eduardo Blaustein (para “Miradas al Sur” del 04-03-12)


Miradas al Sur. Año 5. Edición número 198. Domingo 4 de marzo de 2012

Por

Eduardo Blaustein

eblaustein@miradasalsur.com

En la que fue por lejos la semana más difícil del Gobierno desde las elecciones de octubre, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer una demostración de temple y un ejercicio de autoridad política, lo que no necesariamente significa que su discurso haya sido satisfactorio para ese sujeto enorme, diverso y contradictorio que ella misma identifica como “los cuarenta millones de argentinos”. Las tres horas y cuarto que usó para hablar, traducidas a un formato standard de Word, equivalen a unas 35, 40 o más páginas. En ese maratón fidelcastrista la Presidenta empleó más de una hora en reivindicar mediante cifras y conceptos lo actuado por los gobiernos kirchneristas en el pasado. Muchas de esas cifras –con una base estadística que en cierto momento Cristina explicitó: FMI y no el Indec– ilustran la elección de políticas y rumbos determinados, en general exitosos. Casi siempre esa elección de la Presidenta de apoyarse en cifras y conceptos hace a una didáctica fundada por ella, una opción discursiva que la ubica por encima de la chatura general. Es también parte de un esfuerzo de argumentación, docencia y fortalecimiento de vínculos enormemente valioso.
Esta vez, sobre todo por el contexto en que habló y por las expectativas previas, quizás el discurso se demoró de más en los datos de lo hecho. Puede que la afirmación sea injusta por el valor político y “reconstructivo” que encierra cada dato, o ante la necesidad oficial de afirmar las cosas que el Gobierno hizo y otros niegan, silencian, distorsionan o esconden. Aun así, comparando los tiempos dedicados a los diferentes temas, emerge esta percepción: mucho dato acumulado versus un puñado de anuncios. Cuando se trata de anuncios, lo que importa en la expectativa previa es responder a viejas y nuevas demandas, robustecer la conocida articulación entre imaginario kirchnerista, capacidad de transformación, mejor futuro. La excepción más valiosa a esa relativa ausencia de interpelaciones al futuro fue el anuncio del envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema que había encarado Mercedes Marcó del Pont como diputada y que hoy parece concretarse ante el nuevo escenario financiero global y las necesidades locales . También sobresalen las novedades anunciadas en torno del Código Civil.
Inmediatamente antes del discurso, los rostros de Cristina y de los miembros del gabinete parecían reflejar el clima de unas semanas complicadas para el Gobierno. Había sucedido la tragedia de Once, un mazazo espantoso para la sensibilidad de todos, pero específicamente para el balance de las políticas ferroviarias. Se venía de las denuncias contra Amado Boudou, de los ruidos generados por la quita gradual de subsidios, de las movilizaciones antimineras, de las disputas con Repsol, de las críticas contra Gendarmería. Había en las caras del oficialismo una expectativa más tensa que confiada. El gran mérito del discurso presidencial fue devolver confianza, mística y potencia política a la tropa propia y a la gestión. Aun así, la respuesta a lo sucedido en la estación de Once fue corta y débil. “Tres minutos sobre tres horas”, ironizó Margarita Stolbizer, exagerando con cierta malicia, pero con alguna razón. La Presidenta reiteró una frase sobre la que no parece que pueda haber dudas: que “no le temblarán las manos” en caso de tener que pasar de la intervención provisoria de TBA a medidas más drásticas.

Otro país. Algunas cifras del discurso presidencial impresionan, como la conocida del crecimiento del 7,8 por ciento anual. “El coeficiente de Gini –subrayó la Presidenta– bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre del 2011 del 0,53 al 0,43”. Según la Cepal, añadió, Argentina tiene la mejor distribución del ingreso de América latina. Otras cifras demuestran que ciertas políticas de creación de infraestructura fueron muy superiores a las ferroviarias: 1.320 escuelas construidas, haber llegado a una capacidad de generación eléctrica de 8.122 megavatios (un aumento del 45,4 por ciento), un incremento del 46,7 por ciento de las líneas de alta tensión. Explicó la Presidenta que el mayor pico de demanda de consumo en gigas-día en 2003 era de 273 y que el pasado 7 de febrero hubo otro pico pero de 454,8 gigas-día. Es un aumento del 66,6 por ciento que habla de un país muy distinto, infinitamente más activo, funcionando casi a pleno.
1.250 kilómetros de autovías, 4.100 kilómetros de otras rutas que fueron pavimentadas, 200 obras de infraestructura en universidades. Más o menos a la altura de ese repaso de logros el discurso se internó en el asunto de la minería. La Presidenta planteó la necesidad de establecer equilibrios entre una actividad que reivindicó y el cuidado del medio ambiente. Sus alusiones fueron generales, excepto por la referencia a las minas de Río Turbio, que no tienen exacta relación con las de Catamarca y La Rioja.
Cristina dejó las cosas en cierto suspenso (con inmediato efecto en las acciones de Repsol) en materia petrolera. En ese tema parece que el Gobierno dará pelea. Las últimas advertencias contra las petroleras de las autoridades de Chubut y Santa Cruz son elocuentes. Pero es evidente que si el Gobierno no habla más claro es porque está en una etapa de tanteos y negociaciones, entre otros actores, con España. Que haya que enterarse de las novedades leyendo el diario El País (más cercano al establishment español que a sus orígenes centroizquierdistas) es un dato sugestivo.

Te movés o perdés. Uno de los grandes méritos de los gobiernos kirchneristas es que imperiosamente debieron ser muy potentes y hacedores para poder superar obstáculos, confrontar contra el poder simbólico y real de la entente medios/oposición, y así ganar elecciones. Otras administraciones, más aguachentas o más conservadoras, hace mucho habrían tirado la toalla y perdido. Pero la batalla de poderes y hegemonías es permanente, cambiante, a menudo angustiante. Clarín y La Nación vienen siendo implacables, como lo son las derechas en todo el mundo. Eso está muy lejos de significar que el arte del buen discurso o del buen gobierno pueda reducirse a hablar mal de Clarín, una tentación y un camino fácil en el que siguen incurriendo amplios sectores del kirchnerismo. De lo que se hizo mal en política ferroviaria no se sale echándole las culpas al morbo de Telenoche sino con respuestas políticas, judiciales y de mejor gestión. El Gobierno, al respecto, hizo lo que mandan ciertos cánones de la política: no responder, tras la tragedia, ni con el apuro, ni con la espectacularidad, ni con la dramaticidad demandada o instalada por los medios. La consecuencia fue que durante una semana las respuestas resultaron desdibujadas: “Esperar las pericias de la Justicia” para, al día siguiente, intervenir TBA, presuntamente de manera “cautelar y provisoria”.
En su discurso, por emotividad y por contundencia, Cristina remontó la cuesta de la semana embromada también cuando dedicó una serie de parrafadas al tema Macri/subtes. Prologó esas alusiones con suspenso cuando usó la expresión del “episodio bochornoso”. Lo que vino después fue cierto tipo (sólo una variante) de kirchnerismo puro: jab de derecha, gancho al plexo, cross a la mandíbula. El día anterior, con las cejas levantadas, la carita algo asustada, el artificio y la pompa que confiere el ser guionado por otros, Mauricio Macri se había jugado a un tipo de astucia entre chiquita y pusilánime: explotar un momento de alta vulnerabilidad del Gobierno Nacional para quitarse de encima el desafío de gestionar los subterráneos (o, al menos, endureciendo su postura, negociar el traspaso en mejores condiciones). Sin proponérselo, al haber reinstalado la pelea por el tema subterráneos, Macri la puso en primer plano, diluyendo apenas la tragedia de Once que quiso aprovechar.
Lo que siempre llama la atención es cómo se enciende y potencia el discurso kirchnerista cuando hay un muñeco enfrente al cual pegarle. O cómo se encuentra novedad mediante iniciativas oxigenantes que bien pueden combinar el gesto conciliador con el innovador (ofensiva diplomática por Malvinas... pero tres vuelos de Aerolíneas). La extensión del discurso presidencial, la intensidad argumentativa, los picos emotivos, los anuncios, contrastaron una vez más con la pequeñez e inconsistencia de lo que dicen otros (del acto por la Bandera en Rosario, llamó la atención la irrelevancia de los discursos de dos centroizquierdistas líquidos: el gobernador Antonio Bonfatti y la intendente Mónica Fein).
Todo cristinista de ley espera en cada discurso presidencial el momento épico top tanto como el golazo argumental, así como todo amante del fútbol del Barça espera la maravilla de Messi. Siguiendo con la comparación, y a falta de más y mejores comunicadores del kirchnerismo (a Aníbal Fernández, aun con sus excesos, medio que se lo extraña), puede que el Gobierno tenga un problema delicado de Messidependencia, perdón, de Crisdependencia. Lo que implica para el conjunto del kirchnerismo y para cada ministerio nuevos desafíos a la hora de sostener, superar lo hecho, seguir haciendo.

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http://sur.infonews.com/notas/crisdependencia

La naturaleza institucional del nuevo Banco Central, por Eric Calcagno (para “Miradas al Sur” del 04-03-12)


El objetivo. Que el BCRA recupere su rol en el sistema de crédito.

Año 5. Edición número 198. Domingo 4 de marzo de 2012

Por

Eric Calcagno Diputado nacional, PJ-FPV

politica@miradasalsur.com

El proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central enviado tiene una gran importancia política y económica que excede el ámbito bancario. Significa la consolidación de la política económica iniciada en 2003 por Néstor Kirchner y continuada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se termina institucionalmente –ya había finalizado de hecho en el 2003– el neoliberalismo financiero implantado por la última dictadura y se perfecciona un instrumento legal para ejecutar el modelo de desarrollo con inclusión social.
La reforma busca devolver al Banco Central su rol pleno en el sistema del crédito nacional. Parte importante de ese rol es su carácter de prestamista en última instancia. Al lado de ese rol destinado a evitar o manejar las crisis, está el que tiene en tiempos normales, que consiste en supervisar la distribución del crédito, impulsarlo y orientarlo hacia las necesidades del desarrollo.
Este rol director y como prestamista en última instancia estaba fuertemente limitado durante la etapa del neoliberalismo, no solamente a través de la Ley Orgánica del Banco Central cuya reforma se propone, sino también con la Ley de Convertibilidad, de la que se eliminan ahora los resabios.
Esta iniciativa de la Presidenta tiene sus fundamentos en la experiencia histórica contemporánea. A partir de mediados de los años 1970, la ola neoliberal que sumergió a muchos países –tanto desarrollados como subdesarrollados– determinó que la hegemonía económica fuera ejercida por el sector financiero. En ese momento, los bancos centrales fueron el símbolo del neoliberalismo triunfante y en tal carácter ejercían una influencia rectora sobre todo el sistema económico; pero los resultados fueron catastróficos, como lo comprueba la actual crisis internacional y la Argentina de 2001/2002.
En la etapa del repliegue provocado por su fracaso, cambió la táctica del sector: como ya no manejan más la economía global, hicieron del Banco Central una fortaleza y desde allí resisten las políticas que determina el voto popular. Ya perdieron gran parte de su poder, pero conservan una fuerte capacidad de daño.
La razón invocada para hacer de los bancos centrales una fortaleza neoliberal es que se trata de adoptar medidas sólo técnicas (no políticas) para alcanzar un objetivo central: la estabilidad monetaria. La fijación de ese objetivo figura en el Banco Central Europeo y en las leyes de varios países, entre ellos la Argentina. Esta excusa técnica no es válida. Hay que salir del engaño propio del pensamiento único que escamotea relaciones de poder bajo tecnicismos de dudosa consistencia teórica. Porque en la práctica, las decisiones monetarias son en esencia políticas, ya que inciden sobre la distribución del crédito, la fijación de las tasas de interés y, por consiguiente, en el tipo de cambio, y por lo tanto determinan ganancias o pérdidas. Nada menos.
Tales decisiones no alcanzan para definir una política económica, pero la condicionan. Tampoco el objetivo central, si no único, es la estabilidad monetaria. Entonces, ¿habría que llevar a cabo el ajuste monetario del tamaño que sea para obtener una inflación nula? ¿No habría que incluir entre sus objetivos centrales favorecer el crecimiento del producto y del empleo, como en Estados Unidos? De hecho, la mejor forma de defender la estabilidad monetaria es creciendo y desarrollándose: las “anclas” monetaristas han logrado reducir la inflación, pero a costa de endeudar y desindustrializar la economía; cuando llegó la crisis, se demostró lo endeble de ese tipo de “estabilidad”.
Pero bajo argumentos “técnicos” elevados a la categoría de dogmas, la confusión entre medios y fines, sólo servían para una distribución del ingreso regresiva y la instrumentación de políticas que no sólo eran contrarias al interés nacional, sino que además estaban equivocadas en su concepción y aplicación.
Vemos lo que significa esa “independencia” proclamada a nivel global. En efecto, buena parte del problema de la zona euro se debe a que el Banco Central Europeo no puede financiar directamente a los Estados, y por consiguiente no consiguen evitar el riesgo de contagio; inventan fondos que se sabe son insuficientes, cuando bastaría con anunciar que el BCE no dejará que ningún Estado de la zona euro caiga en default para que la especulación contra ellos se desvanezca, y dejen de pagar tasas de interés usurarias, que finalmente causarán el default que recelan. La deuda pública de Estados Unidos, Reino Unido y Japón es mayor a la de buena parte de los países de la zona euro, y sin embargo pueden seguir financiándose a tasas mucho más bajas, porque cuentan con un verdadero prestamista de última instancia, que en caso de necesidad sostendrá las políticas definidas por su propio gobierno. Es, como vemos, también un asunto de soberanía.
Por otra parte, es necesario que los bancos centrales contribuyan con la política económica definida por el voto popular, o que al menos no la obstaculicen, y que persigan objetivos múltiples que hacen al desarrollo inclusivo. Esta dimensión hace a su eficiencia. El arte del banquero central es distinguir entre crisis de liquidez y de solvencia, así como identificar los problemas reales y las soluciones posibles. No puede ser ni un bombero pirómano, ni vestal de un templo ya sin dioses, ni el patrimonio por derecho de conquista de algún interés sectorial.
Este tema fundamental referido al radio de acción del Banco Central es definido con acierto por el proyecto del Ejecutivo. En su artículo 1 lo ubica dentro de la administración pública: es una “entidad autárquica”.
En su art. 3 se enumeran sus funciones: “El Banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”. Es decir, se dispone que debe actuar de acuerdo con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional; no hay lugar para instrumentar medidas financieras contradictorias. Asimismo, debe “ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación”.
Dentro de esos parámetros, el Banco Central es autónomo para ejecutar las políticas generales que determine el Gobierno Nacional: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o relegarlas sin autorización expresa del Congreso de la Nación” (art 4 inc. h).
En síntesis, es un proyecto de Carta Orgánica acorde con la perspectiva de una moderna democracia industrial. Porque consagra tres principios básicos: primero, el Banco Central no sólo se ocupa de la estabilidad monetaria y financiera, sino también del desarrollo económico con equidad social; segundo, debe actuar dentro del marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional; y tercero, en la ejecución de esas políticas no estará sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo. Esta es la naturaleza institucional del Banco Central que se propone. Es lo que defenderemos en el recinto.

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http://sur.infonews.com/notas/la-naturaleza-institucional-del-nuevo-banco-central

Una espiral interminable, por Gustavo Rosa (para “Apuntes Discontinuos” del 05-03-12)

CRISTINA, LOS DOCENTES Y LA ESPECULACIÓN EMPRESARIAL

Durante el discurso del jueves en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, La Presidenta destinó un severo rapapolvo a los docentes en huelga. Después de apelar a la cantidad de horas trabajadas y los tres meses de vacaciones -lugares comunes que se pueden rebatir fácilmente-, puso como ejemplo la cifra ofrecida por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, a los docentes provinciales. Lo que el socialista no debe haber mencionado a CFK durante su visita a Rosario es el incremento en las tarifas de luz (33 %), agua (70%) y en la Tasa General de Inmuebles (¡104 %!). Y no por la quita de los subsidios, sino por el déficit dejado por la gestión Binner. El 21 por ciento ofrecido por el gobierno de la invencible es inferior a lo que llegará de más en cada factura. Y esos aumentos de tarifas se acordaron antes de que asuman las nuevas autoridades a fines del año pasado.

Si La Presidenta convocó a los docentes a ampliar la discusión por el proyecto educativo más allá de una puja por el salario, trastabilló en la manera. Si la crítica estaba dirigida a ciertos sectores de la representación sindical o a los maestros que abusan de los beneficios del Estatuto Docente, hubo más confusión que claridad en sus dichos. A pesar de que en estos ocho años la recuperación salarial ha sido significativa, 3000 pesos no expresan una excesiva valoración del trabajo de los maestros. Con esto no se pone en duda el esfuerzo que se ha hecho para mejorar la calidad educativa, con la modificación de planes de estudio, el incremento del presupuesto, la construcción de escuelas, la distribución de libros y, sobre todo, de netbooks. Precisamente por todo esto, las palabras de Cristina no cayeron muy bien y menos en medio de las paritarias.

Además, los porcentajes que se acuerdan en paritarias son devorados al instante por la inflación a cuenta, que, por supuesto, los supera ampliamente. Eso es algo que se le ha escapado al Gobierno Nacional. No la inflación como resultado del aumento del consumo, no la que tiene que ver con el precio de los insumos, no la ocasionada por la relación peso-dólar, sino la que es producto de la mera especulación y una avidez despiadada por acumular más invirtiendo menos.

Muchas veces se ha dicho pero es importante reiterarlo: la política debe garantizar que la economía esté al servicio del hombre y no a la inversa. En un país que está recuperando el Estado –y muchas cosas más- como impulsor de la economía a través de la generación de empleo y del fortalecimiento del mercado interno, no se pueden descuidar las acciones voraces de ciertos actores del mercado que destruyen de un plumazo lo que tanto cuesta construir. La inflación –que preocupa más como mal recuerdo que como realidad- es el resultado de una resistencia empresarial a la re distribución del ingreso. Aunque la ortodoxia apele a la ley de la oferta y la demanda, cualquier especialista –al menos en la intimidad de su baño- advierte que no hay proporción entre el incremento de la demanda y el índice inflacionario. Eso puede pasar con productos estacionales, pero no con la leche, el aceite, el pan y otros artículos de la canasta básica que abundan más que escasean por estos lares. En estos casos existe una inflación que no alcanza a explicarse con las variables que la componen –insumos, salarios, impuestos- sino que tiene su origen en algo más siniestro: la angurria empresarial.

Muchos productos esenciales aumentaron más del 30 por ciento en un año sin otro motivo más que la conquista de una porción mayor de la torta. Más allá de las diferencias que puedan existir entre los números del INDEC y de las consultoras privadas, es imperioso que se discuta el origen de la inflación. Para eso se hace necesario el control de las ganancias empresariales, lo que llevará a calcular el costo de elaboración de cada producto. Y entonces, en lugar de aprobar precios sugeridos por los empresarios, la Secretaría de Comercio podría establecer una franja porcentual por sobre el costo de producción. Que se sepa cuánto cuesta producir un paquete de arroz y la ganancia que se expresa con el precio de góndola. Lo que en la economía clásica se conoce como Ley del Valor, esencial para saber la diferencia entre el costo del producto y su precio de venta. También se debería controlar la cadena de distribución de los productos, para que los intermediarios no obtengan ganancias excesivas. Este es un primer paso. El otro es más duro, pero hay más de un 54 por ciento de apoyo para alcanzar su realización.

Con la dictadura cívico-militar del ’76 comenzó en nuestro país un proceso de concentración económica que se profundizó gracias a los ingentes esfuerzos de Menem y Cavallo en los malditos noventa. Pocas empresas comercializan más del 50 por ciento de los productos que pueden verse en las góndolas. Y muchas de estas grandes compañías manejan diferentes marcas del mismo producto en una patológica simulación de competencia. Esto puede verse en los lácteos, fideos, aceites, arroz, entre otros. Esta posición dominante en el mercado permite aumentar los precios casi rutinariamente. Por si esto fuera poco, entre las grandes empresas acuerdan los incrementos, una práctica distorsiva y casi mafiosa que se denomina cartelización. Pero además, presionan a los comerciantes –supermercados y almacenes- para impedir o al menos sofocar la aparición de marcas alternativas, acciones que, con la legislación vigente podrían sancionarse a partir de la necesaria denuncia de organismos de control.

Para frenar la inflación es imprescindible desarticular esta distorsión del mercado, haciendo que se diversifique la oferta a través de distintas marcas que verdaderamente compitan entre sí y no que pertenezcan a una misma empresa. Por otro lado, el creciente trabajo cooperativo puede aportar a los consumidores una variedad de productos a precios menores siempre y cuando se garanticen las condiciones para la distribución y venta. Una toma de conciencia del usuario ayudaría a que la herencia neoliberal se desarticule más rápidamente.

La negociación paritaria es una conquista que ha retornado en estos tiempos, pero de nada sirve si las empresas trasladan los aumentos a los productos. Una carrera en espiral que no terminará nunca. El economista Roberto Navarro, en una nota del último número de la revista Debate, afirma que en esta carrera ganan siempre las empresas. “La suba de salarios promedio del 31,4 por ciento –en 2011- se vio superada por un incremento del 18 por ciento en los precios de los bienes y servicios que venden las empresas y una suba de la productividad del 11 por ciento”. Las empresas recuperan lo que ceden y a la vez, aumentan su productividad, obteniendo así ganancias que no se reparten. El autor cita un informe exclusivo del Ministerio de Trabajo en el que señala que a diez años de la salida de la convertibilidad, el costo laboral real en moneda extranjera es un 35 por ciento menor al de 2001. A pesar de la recuperación del poder adquisitivo, el salario influye menos en la conformación de los precios que diez años atrás. Por lo tanto, la inflación no es producto de los porcentuales que se conceden en paritarias, sino de prácticas distorsivas que tienden a incrementar la rentabilidad empresarial.

Sin dejar de valorar las enormes transformaciones que se han producido en nuestro país en los últimos ocho años, las palabras que La Presidenta destinó a los docentes en el Congreso resultan desconcertantes. Suena desacertado cuestionar las aspiraciones salariales de los trabajadores mientras, desde las sombras de la especulación, las grandes empresas, por las dudas, aumentan sus precios. En la puja redistributiva el hilo no se debe cortar por lo más delgado. Este ignoto profesor de provincias puede avergonzarse de los colegas que abusan de las licencias, pero no de la lucha para conseguir ingresos más dignos. En este duro camino para construir un país más inclusivo, vergüenza deberían sentir no los trabajadores que pugnan por un incremento salarial, sino aquellos que –avariciosos al extremo- no dudan en someter la economía cotidiana a una vertiginosa espiral numérica que resulta muy difícil de alcanzar.

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domingo, 4 de marzo de 2012

El crecimiento no es viento de cola, por Carlos Heller (para “Tiempo Argentino” del 04-03-12)


Desde 2003 la industria muestra un fuerte proceso de sustitución de importaciones, triplicó sus exportaciones, aumentó la productividad laboral en un 50 por ciento

La presidenta de la Nación dio un extenso discurso en el que repasó detalladamente la evolución de la economía argentina, entre otras cuestiones importantes.
Creo que el eje de esa exposición, también conocida como “el Estado de la Nación”, surge de la explicación de la mandataria sobre el crecimiento que experimentó la Argentina durante los últimos ocho años, cuyo promedio estuvo en el 7,8% anual, “lo que lo coloca en el proceso de crecimiento más importante de toda la región”. “Esto no fue viento de cola”, enfatizó la jefa de Estado.
Mientras que los economistas ortodoxos se empeñan en asignar exclusivamente a las condiciones externas las razones del crecimiento, Cristina Kirchner rebatió en forma contundente este argumento al comentar que “si bien los términos de intercambio han mejorado sustancialmente, Venezuela, Chile, Bolivia y Colombia cuadruplicaron los términos de intercambio, mientras que la Argentina sólo los duplicó”, y nuestro crecimiento fue superior al de estos países.
Son varios los datos que identifican el crecimiento económico con la gestión estatal de las políticas; “un modelo de desarrollo que ha hecho del mercado interno, del consumo popular y la distribución del ingreso sus banderas principales”. Esto fue posible por el aumento real en los ingresos de los trabajadores, como también por la inclusión de gran cantidad de ciudadanos al mercado de consumo vía asignaciones específicas. La presidenta apuntó que “en Asignación Universal y jubilaciones y pensiones, la ANSES y su inversión representan el 10% del PBI”, que prefirió definir como “inversión social” en vez del habitual “gasto social” que figura en las cuentas públicas. No puede dejar de mencionarse que la Argentina es el país que mayor cobertura de jubilaciones y pensiones tiene, pues alcanza al 95% de la población mayor de 65 años, mientras que el incremento del trabajo registrado hoy supera los 7,5 millones de empleados. Por el lado del debe, la presidenta mencionó la existencia de un 34,6% de empleo no registrado. Este dato da cuenta de que todavía hay mucho por hacer.
La presidenta asignó una gran importancia a la industria en esta dinamización del consumo y consiguiente crecimiento del producto. “Frente a una Argentina que era sólo productora de materias primas, este proyecto ha llevado un proceso de reindustrialización” que le ha permitido ubicar a las manufacturas como principal exportación, por sobre las materias primas agrícolas. Un dato que no es menor, y evidencia un lento pero firme cambio en la estructura productiva, que pone de relieve el importante papel desempeñado por la industria.
Este dato derriba la tesis del viento de cola como único motor del crecimiento argentino, ya que si comparamos a nuestro país con el resto de Latinoamérica, fue el único que en estos últimos años no reprimarizó sus exportaciones, en contra de la tendencia regional, según datos de la Cepal. Una tendencia favorable, puesto que como lo expresó la jefa de Estado “la reprimarización de las exportaciones no es algo bueno para ningún país, porque implica menor valor agregado y destrucción de puestos de trabajo y por supuesto además menos crecimiento y desarrollo científico y tecnológico”. Una definición altamente valiosa, ya que se coloca en las antípodas del concepto neoliberal que sostiene que es lo mismo producir acero que caramelos. Sin duda, la economía argentina está demostrando que no es lo mismo.
Estos resultados se mejorarán con la ejecución del Plan Estratégico Industrial 2020 en forma conjunta con el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 para aprovechar la sinergia de la actividad primaria y la manufacturera y lograr mayores y mejores resultados.
Según datos del Informe sobre el Estado de la Nación entregado a los legisladores, el valor agregado en el procesamiento industrial de los productos de origen agropecuario, pasará de un 22,8% en 2010 al 41% en 2020 (este dato significa mayor empleo por unidad de producto). En tanto la superficie sembrada para granos de 33 millones de ha en 2010, llegará a 42 millones de ha en 2020, lo que representa una suba del 27% con respecto al año base 2010.
Siguiendo con los datos del informe, desde 2003 la industria muestra un fuerte proceso de sustitución de importaciones, triplicó sus exportaciones, aumentó la productividad laboral en un 50% con una suba del empleo del 71%, y subió la participación de los productos de media y alta tecnología en las exportaciones, del 20 al 24 por ciento. Esto no hubiera sido posible si la tasa de inversión no hubiera crecido del 14,3% del PBI a casi el 24% del PBI, entre 2003 y 2011.
Otro dato relevante lo constituye que la Argentina ocupa el séptimo lugar mundial entre los primeros países exportadores de servicios de informática, una industria con alto valor agregado.
El INTA fortaleció las actividades de investigación y desarrollo tecnológico con destino al sector productivo y agroindustrial, administrando 435 proyectos que generan tecnologías y continuó desarrollando recursos genéticos.
Según el Ministerio de Agricultura (MAGYP) el financiamiento agropecuario ha sido la principal herramienta para el crecimiento de todas las actividades productivas. En el año se han formulado 16 programas con tasa de interés bonificada por el MAGYP por un total de $ 5440 millones, con 23 mil productores beneficiados.
Todos estos son datos específicos, pero revelan una pequeña parte de la gestión del Estado, bajo un concepto de involucramiento en los distintos sectores, con planes a largo plazo que privilegian las actividades generadoras de mano de obra, sustitución de importaciones y de desarrollo tecnológico. Este esfuerzo no sólo le compete al Estado, sino que, como expresó la presidenta “tenemos que aprender que la unidad de los argentinos y la organización de los argentinos, de sus sectores productivos, de sus sectores dinámicos, en articulación con el Estado, lo privado, lo público, es lo básico”.
Este enfoque es, sin duda, diametralmente opuesto a la concepción del viento de cola como único generador del crecimiento económico. Sin duda, quienes lo sostienen son aquellos que desean que el Estado se retire de toda función de regulación y control, dejando actuar al libre mercado. Esta propuesta puede ser resumida por las palabras de Diana Mondino, economista del CEMA, que el día posterior al discurso por el inicio de las Sesiones del Congreso comentó en Ámbito Financiero respecto al mensaje de la presidenta: “Hay una cadena de confusión en los temas económicos: enorgullecerse porque hubo mayor gasto, cuando eso significa que hubo más impuestos.” Obviamente, el Estado mínimo que desean los neoliberales requiere de bajo nivel de impuestos para funcionar, es el modelo que actualmente el FMI está tratando de imponer a través de sus ajustes en Europa.

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http://tiempo.infonews.com/2012/03/04/editorial-69264-el-crecimiento-no-es-viento-de-cola.php

La rendición económica después de la Guerra de Malvinas, por Federico Bernal (para “Tiempo Argentino” del 04-03-12)


A partir de 1989, la Argentina decidió restablecer las relaciones con el Reino Unido –suspendidas desde la guerra del Atlántico Sur– con el levantamiento de las restricciones a las importaciones británicas. Su promotor, el entonces canciller Domingo Cavallo. Quitaba el sueño a los intereses de la semicolonia reanudar urgentemente el “comercio” con la metrópolis. El tratamiento de la disputa de soberanía no era prioridad para ninguna de las partes. Sucedieron entonces las reuniones de Nueva York de agosto de 1989. Un mes después, se firmó en Madrid una declaración conjunta, acordándose formalmente el cese de hostilidades de todo tipo. Se estimularon las relaciones comerciales y financieras mediante la eliminación de todas las restricciones impuestas desde 1982, así como las comunicaciones aéreas y marítimas. El 15 de febrero de 1990, una nueva ronda de negociaciones profundizó el camino iniciado en Madrid. Además de restablecerse las relaciones diplomáticas y eliminarse la “zona de protección” alrededor de las Islas Malvinas, se establecieron/aprobaron, entre otras:

1) el “Sistema de Comunicación Directa” entre las islas y el continente;

2) el informe del “Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre Pesca”, clave para el intercambio de información relativa a especies, flotas pesqueras, estado de los stocks y posibilidades de conservación y explotación conjunta; y

3) comenzar la negociación de un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Con la firma de los Acuerdos de Madrid, se daba comienzo formal a la estrategia de “seducción” y a la fórmula del “paraguas de soberanía”.

Un mes después de reactivado el vínculo semicolonia-metrópoli –discontinuado muy parcialmente durante la guerra (la Argentina no dejó de pagar la deuda externa), pero vigente desde 1955– el canciller Domingo Cavallo almorzó con Margaret Thatcher en Londres. Allí le manifestó que la “Argentina respetaría los ‘deseos’ de los isleños”, añadiendo que para la discusión del tema de la soberanía se necesitaría “un ambiente de diálogo y amistad entre los habitantes de las Islas y la Argentina” (Clarín – 10/4/90). Estaban sentados los pilares de la traición diplomática al aceptar los “deseos” de los kelpers (profundizada al ridículo con Di Tella y los ositos), como aseguradas las bases para la entrega cómplice de los recursos ictícolas e hidrocarburíferos en el archipiélago. ¿Sólo del archipiélago?

LA RENDICIÓN ECONÓMICA DE 1982.

El programa de privatización y aniquilación del Estado como agente empresario, contralor y planificador comienza en 1989 con las leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). El mismo año en el que se legislaba y ponía en ejecución la nefasta privatización de la estatal petrolera, se firmaba con el Reino Unido el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones (Ley 24.184, suscripta el 1 de diciembre de 1992). Cabe recordar no obstante, que dicha ley venía a aprobar el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones, suscripto por ambos países en diciembre de 1990. Ese mismo año, aunque el mes anterior, la Argentina venía a aceptar de hecho, a través de la denominada Zona de Conservación Exterior, las iniciativas británicas para el inicio de la explotación pesquera, por cierto, establecida unilateralmente en 1986 a través de la Zona Interina de Conservación y Administración de las Islas Malvinas. A partir de entonces, dicha actividad económica comenzaría a reportar a fines de igual año cerca de 12 millones de libras (antes reportaba cero ingresos). Sólo en la primera temporada se entregaron más de 200 licencias individuales para la explotación pesquera.

LA LEY 24.184.

En julio de 1992, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó la Resolución 109/1132, por la cual reiteraba la exhortación a Gran Bretaña y la Argentina a procurar una “solución pacífica y negociada sobre la soberanía” de las Malvinas. En paralelo, una decisión del gobierno nacional de crear un registro de buques pesqueros, fijando la obligatoriedad para la concesión de permisos y cupos de pesca, molestó al Imperio. Ello culminó en una autolimitación del caudal de pesca para la Argentina. Semejante actitud sería luego ratificada con la Ley 24.184 de 1992, ley que estableció el principio del trato nacional y cláusula de la Nación más favorecida (este beneficio, negado por Rosas, fue uno de los factores que aceleró los planes británicos para la invasión de 1845), el régimen de indemnización por pérdidas y el sistema particular de solución de controversias entre un inversor y el Estado receptor (CIADI). Tres años después, en 1995, comenzaría a regir la entrega hidrocarburífera. El capitalismo británico había ganado la guerra.

EL VÍNCULO COMERCIAL CON LA POTENCIA COLONIALISTA, ¿POR QUÉ? ¿MÁS VUELOS?

Unos 410 mil millones de dólares exportó el Reino Unido al mundo en 2011. De ese volumen, 614 millones se destinaron a la Argentina, país que a su vez le exportó 714 millones (casi un 1% del total exportado por nuestro país). El superávit comercial que cayó drásticamente entre 2010 y 2011, ronda los 104 millones. No obstante, no radica en estos números la explicación de la instrucción impartida por la ministra Débora Giorgi a unas 20 grandes firmas nacionales y multinacionales, instándolas a sustituir importaciones de origen británico. Más bien se trata de una señal política al Reino Unido, de alto impacto e inédita, tal vez, en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. La decisión demuestra, entre otras cosas, que el Conflicto del Atlántico Sur, iniciado en 1833, lejos está de su resolución. Quienes entregaron la soberanía nacional a fines de los ’80 y ’90, entregaron también la soberanía económica. Al frente de la Cartera de Economía durante la conflagración, figuraba Roberto Alemann, elemento de la banca europea y suiza en particular. La deuda externa global de América Latina y el Caribe en 1978 rozaba los 155 mil millones de dólares. En 1982, trepaba a 330 mil millones (150% del PBI). Entonces aparecería Domingo Cavallo como presidente del Banco Central para estatizar la deuda privada. En el ínterin, el conflicto bélico con Gran Bretaña. La victoria de Thatcher catapultó el neoliberalismo a escala global, poniendo a buena parte de la periferia al límite de la extinción. Se explica así la rendición económica a partir de 1989, siete años después de la capitulación del 14 de junio en Malvinas. Siete años después, un civil ex funcionario de la dictadura estampó su sello sobre una legislación entreguista y antipopular. La soberanía económica de la Nación sufrió un durísimo revés. La cuestión Malvinas, emblema histórico y excluyente de la cuestión nacional, nos recuerda que la defensa de la soberanía territorial es indisoluble de la económica. Bien lo supo Néstor Kirchner cuando canceló el Convenio sobre Exploración y Explotación Conjunta de Hidrocarburos de 1995; bien lo sabe Cristina Fernández con las medidas del año pasado y la antedicha del Ministerio de Industria. Interrogantes finales: ¿por qué seguir manteniendo relaciones comerciales con la decadente potencia colonialista? Coincidimos en no cortar los vuelos existentes a las Islas. Agregar uno más pero imponiendo a todos nuestra línea de bandera, es una jugada magistral (y complementaria) junto a la instrucción de sustituir importaciones británicas, pero sólo si negamos aborden al avión los kelpers y extranjeros que desde hace más de un cuarto de siglo vienen lucrando con nuestro pescado, nuestro calamar y petróleo. ¿Está la intención de hacerlo?

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Reforma del Central: "El capital de los bancos debe financiar la economía real", por Infonews del 04-03-12

La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que la reforma del Banco Central impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “permitirá orientar el sistema financiero hacia las inversiones productivas”. “La Presidenta le devuelve al Banco Central el rol de protagonista a la hora de promocionar el desarrollo", agregó.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que la reforma del Banco Central impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “permitirá orientar el sistema financiero hacia las inversiones productivas”. Y agregó que “el capital en los bancos debe dirigirse a financiar la economía real, para profundizar la reindustrialización y la generación de más puestos de trabajo”.

En esta línea, la ministra sostuvo, a través de un comunicado, que con la iniciativa de reforma “la Presidenta le devuelve al Banco Central el rol de protagonista a la hora de promocionar el desarrollo, incentivando el crédito para la inversión a largo plazo, tal y como tienen las economías modernas”.

“Un Estado presente articula acciones con el sector financiero para favorecer el proceso de desarrollo económico a partir de herramientas de financiamiento competitivas y accesibles para todos los actores industriales” dijo Giorgi, agregando que “este Gobierno ya está transitando ese camino, con un modelo que ha llevado a cabo una intensa política en este ámbito, tanto para grandes como para pequeñas empresas”, aseguró.

Giorgi detalló que el Gobierno ha puesto en marcha en 2011 “líneas de créditos destinadas a pymes, que ya financiaron más de 8.000 proyectos con $2.000 millones y que involucran en total 250.000 puestos de trabajo, además del Programa del Bicentenario que ya entregó préstamos a tasas de un dígito por más de 6.000 millones de pesos”.

El Fondo del Bicentenario ya aprobó –hasta febrero pasado- 347 proyectos productivos, de los cuales el 63% fueron otorgados a pequeñas y medianas empresas de todo el país. Estos préstamos –a tasa fija en pesos del 9,9% anual, a pagar en 5 años y con 1 de gracia- impulsaron inversiones por más de 10.000 millones de pesos que traccionan a las distintas economías regionales y permitirán crear más de 22.000 puestos de trabajo en todo el país.

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Problemas del Estado y facciosidad política, por Edgardo Mocca (para “Página 12” del 04-03-12)


El trasfondo de la tensa escena política de estos días parece ser la cuestión del Estado. ¿Pero existe realmente una cuestión del Estado en un país en el que la contienda política parece subordinarlo todo y no hay acontecimiento, por trágico que sea, que logre ser mirado desde esa perspectiva?

La dictadura militar instalada en marzo de 1976 fue un punto de inflexión decisivo en la decadencia de la idea de Estado entre nosotros. No solamente por la puesta en marcha de un proyecto de desindustrialización y escarmiento de las clases populares, sino por el profundo espíritu depredador que caracterizó su política: desde el atroz atropello al valor de la vida que significó el terrorismo de Estado hasta la lógica de descuartizamiento de la estructura del Estado convertido en un botín a disputar por diferentes armas y diferentes caudillos con ambición de poder, los militares del “proceso” –ejecutores incompetentes de un plan concebido en las sedes del poder económico concentrado– solamente fueron “exitosos” en su empeño destructivo. La democracia recuperada en 1983 heredó ese Estado desmantelado y, en los años noventa, el neoliberalismo completó la siniestra empresa.

No alcanza, sin embargo, con ese recorrido, necesariamente simplificado para entrar en tema: hay que decir que estas tres décadas y media tienen un largo prólogo de avasallamiento de la voluntad popular, de ilegalidad sistemática, de conversión de las Fuerzas Armadas en instrumentos de represión del propio pueblo y neutralización de cualquier proyecto de afirmación nacional. Hoy, que ha pasado a primer plano la cuestión ferroviaria, es necesario recordar que el atropello menemista contra el sistema tuvo un antecedente importante en la década del sesenta: el plan Larkin, concebido en Estados Unidos y acordado con el entonces ministro de Economía Alvaro Alsogaray, durante la presidencia de Frondizi, significaba el levantamiento de la tercera parte de las vías ferroviarias, el despido de 70.000 trabajadores y la conversión en chatarra de una gran parte del material ferroviario con el supuesto propósito de modernizar el servicio. Las luchas obreras y los avatares políticos impidieron la aplicación de tan “ambicioso” proyecto que, aun así, debilitó seriamente al sistema ferroviario.

Hay en la oposición mediático-política quien recusa la pertinencia de estas referencias históricas. Se basan en que las gestiones kirchneristas llevan ya ocho años de duración, plazo suficiente, dicen, para revertir esos antecedentes. Es un interesante tema de discusión, si pudiese encarrilarse en una dirección seria y constructiva. Se puede perfectamente aceptar que el kirchnerismo, hasta aquí, tuvo más éxito en las funciones socialmente reparadoras del Gobierno que en las que conciernen a una profunda reestructuración del Estado y la sociedad argentina. Hay una muy densa agenda transformadora pendiente, en la que el transporte ocupa un destacado lugar al lado de la política energética, de vivienda, de salud, entre otros aspectos. La sociedad argentina, hace no muchos meses, parece haber creído que es la actual Presidenta quien puede encarar de manera más eficaz esa agenda, pero eso no puede ocultar que las cuestiones pendientes existen y son muy importantes. Claro que la prioridad otorgada a la reparación social no puede ser fácilmente descalificada en un país que descendió hace diez años, como nunca en su historia, al infierno de la desocupación masiva y la pérdida generalizada del acceso a los derechos más elementales, incluido, en muchos casos, el de la alimentación. Aun desde el extremo del cinismo amoral, habría que reconocer que, aunque no nos preocupara mayormente el destino de millones de compatriotas, no era “gobernable” de modos pacíficos una población que atravesaba esa situación.

Por otro lado, el Gobierno no es el reino de las buenas razones y la buena voluntad: importan los recursos, esos recursos que escaseaban en el Tesoro público para desatar airosamente la trama de la completa decadencia nacional-estatal a la que llegó el país. Esto es así, entre otras causas, porque un proyecto de recuperación nacional “con todos adentro” no exige las mismas capacidades y el mismo dinero que otro resignado al excluyente objetivo de volver a hacer andar el capitalismo argentino sobre las mismas bases de concentración de la riqueza y exclusión social.

La tragedia de Once, tal como afirman sus víctimas, no fue un accidente. La pretensión de la empresa concesionaria de reducirlo a fallas “técnicas” no resiste ningún análisis serio. Alcanzará a esos efectos la pericia que determine si el paragolpes hidráulico de la estación funcionaba adecuadamente, de manera que aun la eventual negligencia culposa del maquinista no pudiera provocar el estrago. La falta de Estado es, en cualquier caso, la causa última del desastre. La tarea de recuperar condiciones mínimas de seguridad y respeto por los usuarios, así como de reconstruir un sistema ferroviario nacional digno de ese nombre, ha sido puesta a la orden del día por la tragedia. Sin embargo, éstos no han sido solamente días de tragedia y de congoja. Han sido y son días de furia política, de especulación, de agitación desestabilizadora. El uso político de la tragedia revela también que el problema argentino no es exclusivamente del Estado como herramienta funcional para la satisfacción de necesidades públicas, que lo es indudablemente. El problema principal parece ser que el sistema político tiene desproporcionadamente desarrollados los reflejos facciosos y mutuamente destructivos: ni un dolor popular enorme como el que vivimos adormece esa tendencia. Rápidamente la tragedia pasó a ser un acta de acusación total y definitiva contra el Gobierno. Es un clima, hay que decirlo, en el que partidos políticos y dirigentes juegan –cuando lo juegan– un rol absolutamente secundario y subordinado; el libreto de la agitación facciosa tiene su centro de emisión principal en las grandes cadenas mediáticas.

Da la impresión de que a la guerra mediática le faltaba un intérprete político. Y allí apareció Macri. Tal vez porque es el único opositor, o casi el único, que tiene algún daño por hacer más allá de las palabras. Desde ese importante sitio político-institucional que es la alcaldía porteña, produjo una jugada temeraria. Una jugada que lo combina todo. Especula directa y abiertamente con el dolor de la tragedia y el miedo colectivo a su eventual repetición. Abomina de la histórica bandera de la autonomía porteña y reclama más heteronomía (en su intervención en la Legislatura le dijo al gobierno nacional que “se ocupe de la seguridad de la Ciudad”, aunque, fallido mediante, dijo “que se ocupe de la Ciudad”). Recalienta las tradicionales tensiones entre la Capital y las provincias, lo que claramente va en contra de la proclamada ambición macrista de construcción federal de su partido político. Reivindica la acción estatal y critica la “desinversión” desde el lugar simbólico de ser parte de una familia emblemática de la colusión entre el Estado y el poder económico concentrado. ¿Es entonces racionalmente incomprensible, además de políticamente irresponsable, el gesto de Mauricio Macri? No lo es. Porque no es cierto que sea un gesto “de campaña electoral”. Mirado así resultaría delirante por la cantidad de enemigos que cultiva y la potencial imagen de incapacidad gubernativa que insinúa. Es estratégico y apunta a la presidencia pero no es “electoral”. Para la elección presidencial faltan cuatro años. Los objetivos son dos: en primer lugar, la creación de un clima de zozobra, a partir de la combinación de los efectos anímicos desmoralizantes de la tragedia de Once y los miedos por la desorganización del servicio de subterráneos que podrían sobrevenir de las diferencias entre la Nación y el distrito federal. Y en segundo lugar, situar a Macri como el gran challenger de Cristina Kirchner; no solamente un challenger para el futuro, sino la expresión central del antikirchnerismo y el interlocutor exclusivo de las operaciones mediáticas del grupo Clarín y sus socios.

Macri y sus aliados mediáticos han decidido jugar su suerte a la creación de una atmósfera de sospecha, miedo y odio. La reflexión que parecemos obligados a hacer los argentinos –con independencia, incluso, de nuestra simpatía o antipatía por el Gobierno– es si la recuperación del Estado depredado y vaciado por la dictadura y el neoliberalismo puede venir de la mano de la facciosidad política y la apuesta a las desgracias colectivas.

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