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DEUDA EXTERNA ARGENTINA ON LINE
La página norteamericana "usdebtclock.org" informa segundo a segundo la evolución de las deudas de los países. Vea online y en directo el REENDEUDAMIENTO ARGENTINO presionando AQUÍ.
Matín Guzmán, ministro de Economía, y Kristalina Georgieva, directora del FMI. Se verán esta semana en Roma
Los compromisos que firmó Macri son incumplibles, le señaló el gobierno al organismo
"El acuerdo de estabilización de 2018, el stand by, desestabilizó más al país y comprometió más la situación externa", advirtieron las autoridades argentinas al plantear que la postergación de pagos "es una condición necesaria" para normalizar la economía.
Por Raúl Dellatorre
El cronograma de compromisos de pagos de la deuda pública en moneda extranjera redondea, para este año, unos 21 mil millones de dólares entre capital e intereses (14 mil con el sector privado y 7000 con organismos multi y bilaterales), Para 2021, suma otros 19 mil millones, mientras que en los dos años siguientes pega un fuerte salto por el peso de los vencimientos previstos para la devolución del préstamo al FMI: 31.700 millones a pagar en 2022 y 31.300 millones en 2023. Este cuadro de situación es lo que el gobierno argentino pone en primer plano cuando se sienta a negociar con los acreedores: la absoluta imposibilidad de cumplir las promesas de pago que realizó el gobierno anterior. El mismo planteo se formula en las tres instancias de diálogo abierta con los acreedores del país: los bonistas extranjeros, los bonistas locales y el FMI. Con este último, ya se avanzó incluso en una definición más tajante: el acuerdo stand by del año 2018 está caído, Argentina no aspira a recibir los fondos pendientes de desembolso pero ya le informó al FMI que no pagará los vencimientos de devolución previstos para los años 2021, 2022 y 2023. "Es una condición necesaria" de la reestructuración de la deuda en marcha, fue el planteo oficial ante el organismo.
Cuando llegue la primera visita del Fondo Monetario en la actual gestión, que visitará el país entre el 12 y 14 de este mes, la misión que encabezará el venezolano Luis Cubeddu ya estará en conocimiento de la posición que Argentina le adelantó al staff del organismo: es un objetivo del gobierno modificar las fechas de pagos comprometidas por el macrismo, pero partiendo de la base de que el nuevo cronograma resultante de la prórroga, o roll over de los vencimientos, deberá arrancar a partir de 2024.
La idea fuerza que manejó el gobierno argentino ante Kristalina Geogieva, la nueva titular del Fondo que asumió en reemplazo de Christine Lagarde, es que el programa que respaldó el organismo a mediados de 2018 "desestabilizó la economía" comprometiendo aun más la situación externa. Una salida responsable y "de buena fe" exige una reestructuración de la deuda, de la cual el FMI no puede estar al margen.
"Hay una ventaja con respecto a la negociación del canje de la deuda de 2005, esta vez el universo de acreedores no está tan disperso; ahora no hay treinta mil jubilados italianos ni pequeños ahorristas alemanes como había entonces", comentó uno de los integrantes clave del elenco que, bajo el mando de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, operó aquella negociación. El hecho de la mayor concentración facilitaría la negociación, entienden. Pero no es la única diferencia entre una negociación y otra. Esta vez, el planteo de reestructuración se está haciendo antes del default. "A nadie le conviene el default", dicen cerca de Guzmán y confían que esa es una carta fuerte sobre la mesa. Además, claro está, de que ambas partes saben perfectamente que las condiciones pactadas de pago son imposibles de cumplir y hay que cambiarlas.
Los argumentos
Precisamente, la característica de "insostenibilidad" de los compromisos de la deuda es el punto de apoyo de la argumentación del equipo de Martín Guzmán frente a los acreedores, porque es lo que hace ineludible ir a una reestructuración "lo más ordenada posible", tal como insiste el ministro y sus colaboradores en cada encuentro con los representantes de los bonistas. El ministro y sus negociadores también plantean una línea límite a los acreedores, la cual no aceptan traspasar: les advierte que "no fuercen la situación" sobre la economía argentina porque existe el "peligro de entrar en una espiral recesiva, con consecuencias explosivas". Es un modo más amplio de expresar una idea base: "los muertos no pagan". Guzmán reclama, como componente ineludible de la negociación, que hay que dejar que la economía argentina vuelva a crecer para que recupere capacidad de pago.
Este será el eje principal que el Ministro de Economía llevará al Congreso en la segunda semana de febrero, cuando tiene previsto presentar los lineamientos del "Análisis de sostenibilidad de la deuda pública" ante los parlamentarios. El propósito es exponer un sendero fiscal "posible", es decir, trazar una línea de tiempo que exponga los plazos necesarios para recuperar el equilibrio fiscal y, posteriormente, lograr niveles de superávits primarios que ofrezcan un excedente que se pueda destinar al pago de la deuda. "Pretender llegar a un superavit primario muy grande rapidamente no sería consistente con una economía que pretenda recuperarse", razonan en el Palacio de Hacienda, y será la idea que le transmitirán a legisladores, pero también a los acreedores. Primero crecer, después pagar. Resuena, de fondo, otra vez la frase de Néstor Kirchner de 2004: "los muertos no pagan".
La oferta
La línea de tiempo que marque el sendero fiscal será el límite de lo que Argentina pueda ofrecer a los bonistas. Y marcará el dibujo, aproximado, de la oferta de reestructuración. Por el modo que viene negociando el equipo de Guzmán, podría suponerse que no habrá una oferta única, sino que podrán elegirse opciones o conjunto de bonos que ofrecerá como canje el gobierno para retirar los que están ahora vigentes.
Hay dos condiciones sobre las que el gobierno concentra la pulseada: plazos y tasas. La reestructuración requiere un estiramiento de plazos. Los vencimientos en moneda extranjera con acreedores privados suman 14 mil millones de dólares sólo este año (9000 de capital y 5000 de intereses), 11.000 millones en 2021 (6500 y 4500 respectivamente), 10.700 millones en 2022 (6500 y 4200) y 9.800 millones en 2023 (6000 más 3800 millones). La concentración de vencimientos en estos cuatro años es letal. Pero, además, los nuevos bonos que se ofrezcan deberán contemplar tasas de interés muy inferiores a las actuales (las de los bonos vigentes oscilan entre el 6 y el 8,75% en dólares). Son las dos variables sobre las que pivotea la negociación, que podría cerrar sin quita de capital sobre el valor nominal de los bonos, pero con un período de gracia (primeros años sin pago de capital ni intereses) importante.
"No es una propuesta agresiva, tampoco se puede decir amigable con los acreedores. Es una propuesta seria, responsable. Y de buena fe", definen los negociadores argentinos, que subrayan el aspecto de que se trata de asumir compromisos que se puedan cumplir en una economía que tiene que recuperarse y volver a crecer. "Los inversores le reclaman a los países en desarrollo que tengan políticas económicas consistentes, y la inconsistencia macroeconómica característica de nuestra economía ha sido la de prometer pagos de deuda para los cuales no iban a existir los recursos", reflexionan en el Palacio de Hacienda. "Si los acreedores no entienden esa lógica, demorarán en aceptar la propuesta. No vamos a cometer el error de aceptar las lógicas del pasado: sería virtuoso que aceptaran, pero tenemos un programa macroeconómico para el crecimiento con distintos escenarios. Todos los pasos que se están dando son coherentes con esa política de recuperación económica", resumen, con convicción, los responsables de la conducción de una etapa crucial de la economía argentina. "Los muertos no pagan", vuelve a escucharse como una cadencia.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/245212-no-habra-pagos-al-fmi-hasta-2024
En sintonía con un pedido del jefe de Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, solicitó la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.
«Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más», puntualizó Vallejos en un mensaje público que hizo a través de la red social Twitter.
Hace cinco días, mientras se discutía el proyecto de ley para darle un marco que permita garantizar la sustentabilidad del pago de la deuda, el diputado y titular del bloque oficialista, Frente de Todos, Máximo Kirchner adelantó que «estoy muy de acuerdo con que la Bicameral de la deuda se ponga en marcha, cuando quieran la ponemos en marcha para saber cómo fue el proceso de endeudamiento y la trazabilidad de la deuda para saber cómo funciona la economía en la Argentina».
De acuerdo a un trabajo de Proyecto Económico, en base a datos oficiales, la deuda pública externa «pasó de representar menos del 14% del PBI en 2015 (contabilizando la deuda pendiente de reestructuración) a superar el 45% en 2019, con lo cual la deuda externa pública, como porcentaje del producto, más se triplicó en un plazo de cuatro años». El mismo informe advierte, con preocupación, que la deuda emitida bajo Legislación Extranjera, representaba en 2015, el 24,5% y saltó al 44,2% en 2019. Otro dato llamativo es que, a consecuencia del acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri selló en marzo de 2018 con el FMI, a espaldas del Congreso, la deuda con organismos financieros internacionales trepó a más del 21% del PBI en 2019, cuando en 2015 sólo representaba el 6% del PBI.
En el plano judicial, el presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y el ex titular del Banco Central Guido Sandleris fueron denunciados en diciembre de 2019 por presuntas irregularidades al contraer el acuerdo con el FMI. La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos por el ex diputado nacional y actual director del Banco Nación, Claudio Lozano y Jonathan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Los denuncintes entienden que los ex funcionarios podrían haber cometido los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra administración pública».
Antes, cuando se habilitó la venta de dólares provenientes de los desembolsos del FMI en el mercado de cambios, la misma Vallejos también radicó en marzo de 2019 una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 contra Macri, Dujovne y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. De acuerdo a la denuncia presentada en el juzgado de Sebastián Casanello, el acuerdo con el FMI constituyó un hecho de «administración fraudulenta contra la administración pública, violación de deberes de deberes de funcionario público y abuso de autoridad«. En su desarrollo, la denuncia judicial de Vallejos alertó que «el acuerdo con el Fondo apunta a sostener la fuga de divisas y pone al país en riesgo de cesación de pagos por el tamaño de la deuda pública generada».
Publicado en:
https://portaldenoticias.com.ar/2020/02/02/el-kirchnerismo-pide-investigar-la-deuda-externa-contraida-por-macri/amp/?__twitter_impression=true
La única solución al problema jujeño es o debe ser la intervención federal a la provincia
por JULIO MAIER
FEB 2, 2020
Días hace que afirmé no comprender el juicio político —impeachment— americano del norte para destituir al Presidente Trump. Mi incomprensión se refería a la discusión acerca de ciertas operaciones con Ucrania y Rusia del ungido Presidente en las últimas elecciones de los EE.UU. frente a su potencial rival político en los próximos comicios. En todo caso, esas operaciones parecen una prohibición o mal desempeño de menor gravedad frente al asesinato, dirigido hacia una persona pero con consecuencias igualmente dañinas para otras (resultados eufemísticamente llamados “daños colaterales”), justificado sólo por posibilidad de hallarse ante un enemigo futuro, delitos gravísimos contra la vida humana que el mismo Presidente confesó haber ordenado a sus súbditos, quienes cumplieron la orden al pie de la letra.
Hoy pasa algo similar en nuestro país. Al parecer, el partido predominante en el Parlamento y gobernante de la Nación parece haber advertido —¡por fin!— que la única solución al problema jujeño de la Túpac Amaru, que pasa centralmente por la prisión de Milagro Sala y sus colaboradores, ya prisioneros por un término medio de cuatro años, es o debe ser la intervención federal a la provincia. Lo curioso del caso reside en que alguien hizo pública una conversación privada del presidente actual del Tribunal Superior de Justicia, en la cual él admitía la injerencia y presión del gobernador para el encarcelamiento de los prisioneros, deseo que los órganos judiciales competentes habían correspondido, y expresaba su propia opinión acerca de que ya debía ser viable cesar con ese ataque a la libertad de presos, bien llamados políticos.
Con total prescindencia del debate jurídico acerca de si es posible constitucionalmente la intervención federal a un solo poder de un estado provincial —CN, artículos 5 y 6, y 75, inc. 31—, en este caso el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, lo curioso del caso está representado por el hecho de que ello deja de lado la intervención federal al Ejecutivo y eventualmente al Legislativo, cuando resulta claro —en la versión del propio presidente del Tribunal Superior de la Provincia— que el autor de la falta de independencia judicial —en verdad falta de libertad de decisión de jueces y funcionarios del Poder Judicial— es el Ejecutivo —el propio gobernador—, con cierto auxilio parcial del Parlamento provincial. ¡Cosa de locos! Se intervendría al perjudicado en su independencia o libertad, algo comprensible tratándose de jueces y magistrados que se dejan presionar en sus decisiones, y no a quien provoca la falta de libertad o independencia.
Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/sigo-sin-comprender/
Para conseguir el equilibrio fiscal se debe gastar más, no menos, para que crezca la economía y la recaudación
El nivel de endeudamiento dejado por el macrismo obliga a los funcionarios de Economía a un exagerado discurso fiscalista. La clave es cuáles será la orientación del gasto y sobre qué sector de la sociedad recaerá mayormente su sostenimiento. Habrá que ver antes que escuchar.
Por Claudio Scaletta
El fiscalismo es uno de los peores virus del pensamiento económico. Es la idea de las “finanzas sanas”, de que no se puede gastar más de lo que se recauda. Es un “virus” porque se trata de un lugar común grabado a fuego, a fuerza de repetición, en el inconsciente colectivo. Se apoya además en el sentido común, la idea de gastar “lo que no se tiene” parece absurda.
Así, cualquier economista que enfatice en la necesidad de los equilibrios fiscales y monetarios, que diga frases como “tener una macroeconomía ordenada”, o que hable de “políticas monetarias y fiscales consistentes” habrá dado el santo y seña para ser inmediatamente considerado “serio” y partícipe de la cofradía. Se trata además de lo que se enseña en la mayoría de las universidades.
El virus habita y se reproduce dentro de la corriente principal. El buen economista sería entonces como el buen contador. No nos referimos al arte de conseguir que los clientes paguen menos impuestos, sino a los principios elementales de Luca Pacioli y su partida doble llevada a las cuentas nacionales.
Sin embargo, si se acerca la lupa al problema puede vislumbrarse su verdadera naturaleza. Los cultores de los equilibrios no están en realidad preocupados en que los gastos sean iguales a los ingresos, es decir en que no haya déficit, ya que tal estado, partiendo de una situación deficitaria, podría alcanzarse, por ejemplo, aumentando los impuestos.
La verdadera obsesión está en el Gasto y, por extensión, en el tamaño del Estado, que es lo mismo que decir la cantidad y calidad de sus prestaciones. Un derivado del fiscalismo, entonces, son los Estados mínimos que no se ocupan de nada de lo que puedan ocuparse los privados. En el extremo nada de, por ejemplo, salud, educación o previsión social, sólo las funciones básicas de administración, seguridad y defensa.
Otro derivado del fiscalismo es el monetarismo, la idea de que la emisión genera inflación y que por ello deben existir bancas centrales independientes del poder político --como si tal cosa fuera posible-- que ejerzan un control estricto sobre la cantidad de dinero.
Son todas ideas cuyo fin último es en realidad la destrucción del sector público y sus regulaciones.
La soberanía del Estado no se basa en que posea una policía y un ejército, sino fundamentalmente en su capacidad de “movilizar los recursos sociales”, tarea que consigue principalmente a través del gasto.
Suponga el lector que el Estado imprime billetes y los destina a la construcción de una obra de infraestructura o a pagar los sueldos de la administración. El Estado habrá creado así un déficit, pero cuya contrapartida es el superávit privado. El gasto, además, tiene un efecto multiplicador, ya que el dinero inicial circula retroalimentando la actividad productiva. Por ejemplo, los constructores de infraestructura demandarán insumos y mano de obra y los trabajadores alimentos y textiles. El Estado gastó lo que no tenía y creó, de la nada, activos y actividad económica. He aquí su poder.
Quitarle al Estado la política monetaria, por ejemplo dolarizando la economía, equivale a quitarle su poder de movilizar recursos, su soberanía.
Pero la historia no termina aquí. El Estado generó actividad económica y sobre esa actividad cobra impuestos. Si se genera actividad se generan ingresos impositivos. En consecuencia, en los sistemas impositivos modernos, los equilibrios fiscales se consiguen gastando más, no menos.
Si al lector le parece extraño que no sea necesario recaudar primero para gastar después se puede acudir al ejemplo de los principales creadores de dinero: que no es el Estado sino los bancos comerciales.
A diferencia de lo que normalmente se cree, la mayor creación de dinero es el dinero bancario a través del otorgamiento de créditos. Y también a diferencia de lo que normalmente se cree los bancos no necesitan poseer el dinero que prestan, solo una porción mínima, los encajes en el Banco Central.
Por ejemplo, si el lector compra un vehículo a través de un crédito bancario se crea una cantidad de dinero equivalente al precio del vehículo y se acredita en la cuenta bancaria del comprador. Es decir el banco creó dinero de la nada e inmediatamente ese dinero comienza a circular. Por ejemplo a pasar de la cuenta del comprador al vendedor y de la del vendedor a sus acreedores o proveedores. Tanto en el caso del sector público como en el privado no se necesitó de una acumulación previa de riqueza, “ahorro”, para poder movilizar recursos sociales. El ahorro recién aparece después de la inversión como resultado del proceso productivo.
¿De qué depende que los bancos otorguen más o menos créditos? Del nivel de actividad económica. Por eso la buena teoría sostiene que la cantidad de dinero es “endógena”, depende de la evolución del PIB. Y el rol de la buena economía no es conseguir equilibrios presupuestarios, sino conducir el ciclo económico.
Los defensores del equilibrio fiscal como objetivo de política saben que la reducción del Gasto contrae la economía. También saben que el control férreo sobre la política monetaria limita la capacidad de gastar del Estado. Otra vez, el objetivo no son los equilibrios, sino la destrucción del Estado, al que la mala teoría asocia a una carga para el sector privado antes que a un movilizador y multiplicador de recursos.
Lo expuesto no quiere decir que no haya restricciones de Gasto para la política económica, pero la restricción no es la interna. El Estado pueda gastar y movilizar recursos, pero cuando lo hace la economía crece y, dada la estructura productiva local, las importaciones crecen más rápido que las exportaciones, la economía se queda sin dólares y se frena. La verdadera restricción, entonces, es la externa. Por eso nunca deben confundirse los gastos en pesos con los gastos en dólares.
Una pregunta posible, de sentido común, es: ¿si se puede gastar sin recaudar previamente, para qué sirve la AFIP? La estructura de recaudación determina sobre quiénes pesa la carga de sostener el Estado, funciona como un mecanismo de redistribución del ingreso. Es por eso que se dice que la estructura impositiva refleja las relaciones de poder al interior de la sociedad.
Pero si realmente se quiere equilibrio fiscal, suponiendo que sea un fin en sí mismo, se debe gastar más, no menos, para que crezca la economía y la recaudación. Si en cambio el gasto se reduce se entra en un círculo vicioso recesivo de caída de la actividad y de los ingresos fiscales. La teoría económica lo sabe desde al menos la década del '30 del siglo pasado.
Los economistas ortodoxos también saben cómo destruir el Estado. El nivel de endeudamiento dejado por la administración de Mauricio Macri, y sobre todo la dependencia con el FMI, obligan a los funcionarios de Economía a un exagerado discurso fiscalista. Una vez más, la verdad surgirá de la observación de cuáles serán efectivamente los gastos y sobre qué sector de la sociedad recaerá mayormente su sostenimiento. Habrá que ver antes que escuchar.
Publicado en:
https://amp.pagina12.com.ar/245020-el-peligroso-virus-del-fiscalismo-en-el-gobierno-de-alberto-
