Basta de ministros: los docentes pidieron una reunión “urgente” cara a cara con Vidal, por "info135" del 31-03-17

31 marzo, 2017

Los gremios docentes pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga de manera “directa” en el conflicto que mantienen por los salarios y le pidieron una audiencia con carácter de “urgente”.

El Frente de Unidad Docente -que integran SUTEBA, FEB, SADOP, UDA, AMET y UDOCBA- se reunió en La Plata para analizar los pasos a seguir tras el paro de 48 horas que concluyó ayer y resolvió pedir una reunión con la mandataria para destrabar el conflicto.

“Dada la instancia en la que se encuentra el conflicto educativo y atento a sus permanentes expresiones públicas a favor del diálogo, práctica democrática que suscribimos plenamente los docentes, es que solicitamos su directa intervención como máxima responsable de la educación pública bonaerense”, señalaron en la nota a Vidal que entregaron en la Casa de Gobierno y que hicieron pública a través de un comunicado de prensa.

Desde que asumió, la mandataria recibió solo una vez a los secretarios generales de los gremios. Fue en diciembre de 2015. En ese momento, los gremios plantearon una agenda educativa que, según indicaron, “aún está pendiente de concreción”.

El Frente ratificó además que “sigue la lucha” por un salario por encima de la línea de pobreza y por “mayor presupuesto” para el área educativa y lanzaron una encuesta para que los docentes voten en las escuelas si quieren continuar con el paro.

La planilla que será distribuida por los seis gremios entre sus afiliados incluye seis opciones que los maestros podrán votar: paros de 24 y 48 horas; paros de 24 horas semanales en días rotativos; paros progresivos; paro por tiempo indeterminado, acciones provinciales semanales; marcha provincial educativa, acampes y carpas educativas. El relevamiento se realizará el lunes y el martes.

El conflicto ya cumplió 14 días de paro y no hay solución a vista por la negativa del gobierno a otorgar una suba mayor al 19%. La gobernadora Vidal había asegurado, en su raid mediático del miércoles, que volverían a convocar a los gremios pero hasta ahora no hay fecha de nueva reunión paritaria.

Publicado en:
http://info135.com.ar/2017/03/31/paritarias-los-docentes-pidieron-una-reunion-urgente-cara-a-cara-con-vidal/

Chori privado vs. chori público, por Martín Granovsky (para "Página 12" del 02-04-17)

(Imagen: Pablo Piovano)

Por Martin Granovsky

Igual que Carlos Menem el 6 de abril de 1990, Mauricio Macri tuvo su Plaza del Sí. Resultó pulcra y limpia, sin contaminación de peronistas. Y no porque el macrismo carezca de un componente de origen peronista –ahí están Emilio Monzó, Cristian Ritondo y Diego Santili– sino porque ayer hubo expresiones verbales de antiperonismo explícito como nunca antes desde 1955.
Si los manifestantes de ayer fuesen representativos del universo de votantes, el macrismo perdería en octubre. Solo clase media. Nada de clase media baja. Pocos trabajadores de la industria o la logística, con o sin empleo. No estaban tampoco los condenados a la informalidad y a las changas en extinción.

Y para colmo sobraron los dogmas revestidos de petición de principios. Contra choripanes y colectivos, por ejemplo.
Pobres choripanes. El dogma los convirtió en un arma del diablo. El Gato Dumas, que era un cajetilla muy simpático, estaría irritado. Dumas decía que el choripán era la combinación perfecta de sabores y contrastes y que nada en la cocina argentina superaba ese invento. Es verdad que ningún cardiólogo recomendaría las 450 calorías de un chorizo mixto de cerdo y vaca, los 21 gramos de grasa, las 250 calorías del pan y los 600 o 700 miligramos totales de sodio. Pero sin duda muchos de quienes ayer aborrecían del choripán son capaces de caer en él, diría el Presidente, por lo menos el domingo al mediodía. El choripán, eso sí, no debe ser mezclado con la política.

La combinación de colectivo y política también sería digna de Lucifer. “Los micros, ¿dónde están?”, se preguntaba un cartel.

Curioso. Hay pocos fenómenos tan colectivos (perdón) como una concentración política, pero los participantes daban la impresión de querer mentirse a sí mismos. El ideal sería no el fenómeno colectivo sino la suma de iniciativas individuales que la Providencia con su sabiduría infinita hace coincidir sin que nadie pierda, por eso, su condición de sujeto único.
Lo virtuoso, en cambio, es la espontaneidad entendida como falta de aparato. Sobre todo, como falta de sindicato. El gobierno de Macri y el Pro utilizan maravillosamente las redes sociales. Compran o consiguen perfiles que alimentan su propio bagaje de  Big Data. Como dice Jaime Durán Barba, saben dirigirse a públicos específicos como los adoradores de mascotas. Conocen cómo armar una red de WhatsApp de amplio espectro. Probaron esas herramientas en las campañas electorales y en los caceroleos contra los gobiernos kirchneristas.
Hacer política en las redes es una forma de organización. “¿Me estás hablando en serio?”, le preguntó anoche a un periodista de tevé el consultor Hugo Haime cuando el periodista afirmó que la marcha era espontánea. “La gente decide por sí misma ir a una manifestación que fue convocada organizadamente por sectores que no son ajenos al Gobierno”, precisó Haime.

El “Sí se puede” que Macri y Durán Barba le plagiaron a Barack Obama, una consigna tan poco ideológica que hasta fue usada por Raúl Castro al despedir a Fidel, apareció en muchos carteles. Y el mismo Macri la rescató por la noche en Twitter: “Sí, se puede. Juntos estamos cambiando”.

Los más enojados decían: “Si no les gusta que se vayan a Venezuela”. O: “Que no molesten más, porque nosotros estuvimos bajo doce años de ellos, más los veintipico de peronismo”.

El “ellos” está a flor de piel. Ellos pueden ser los populistas, los kirchneristas, los peronistas, los cristinistas. Los gremialistas. Los que supuestamente trabajan todos los días, organizadamente, para que Macri emule a Fernando de la Rúa y se tome un helicóptero antes de cumplir los cuatro años de mandato. El enojo es tan grande que no deja lugar para el buen humor. Es cierto que el 24 de marzo hubo manteros que vendían pequeños helicópteros de color celeste. Pero era un souvenir, no una estrategia. Un chiste. No salió de ninguna de las CTA ni de la CGT la orden de que Macri le dijera a Mirtha Legrand que un jubilado gana “nueve mil y pico” de mínima. Tampoco le dieron a Mirtha la orden de preguntar. No fue un peronista sino un radical, Nicolás Dujovne, el que aplastó todo atisbo de brote verde al liquidar la venta en cuotas tal como hizo José Luis Machinea con la industria a fines del 2000.

Con sus estereotipos y su folklore, las movilizaciones tonifican a los propios. Templan. Alegran. Pero no son buenas si alimentan el exitismo. La regla no vale solo para el macrismo, por supuesto. También se aplica a movilizaciones mucho mayores que la de ayer, y sostenidas, como las convocadas por los docentes, las centrales sindicales o los organismos de derechos humanos. El punto clave es cómo pasar del reconocimiento mutuo de los pares y de la demostración de fuerza a ganar mayor legitimidad en sectores menos identificados con las banderas del núcleo duro. Para los docentes, por caso, el desafío es cómo hacer que sus marchas no sean percibidas solo como una pelea por el salario sino como la descripción de las contrariedades que tendrá la precariedad docente no solo para los maestros sino para los chicos y sus padres. 
“Mi Plaza del Sí del año ‘90 no fue para nadie sino por algo”, escribió Bernardo Neustadt en 2002. “Veníamos de padecer nueve mil por ciento de inflación, no teníamos reservas en el Banco Central, sí teníamos paros de Ubaldini y el desastre ideológico del presidente Alfonsín.”

La plaza de ayer también eligió al pasado como fantasma. El mensaje es que si no votás por nosotros, los del chori en privado, vuelven ellos, los del choripán en público. Un horror.

martin.granovsky@gmail.com

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/29376-chori-privado-vs-chori-publico

LA FIGURA DEL “JUICIO POLÍTICO” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA, por Adrián Corbella

Arriba: Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2000 y 2006

La Constitución Nacional Argentina vigente incluye la figura del “Juicio Político”. El Congreso Nacional puede realizarlo contra los integrantes del Poder Ejecutivo y contra parte del Poder Judicial (Magistrados de la Suprema Corte). El artículo 53 menciona específicamente a éstos funcionarios que pueden ser sometidos a un juicio político:

•    Ministros
•    Jefe de Gabinete
•    Vicepresidente
•    Presidente de la Nación
Y contra los:
•    Integrantes de la Corte Suprema de Justicia

En caso de querer iniciarse un “juicio político” la CÁMARA ACUSADORA es DIPUTADOS. Para aprobar el pedido necesita de los DOS TERCIOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.
Como señala el artículo 53 de la Constitución Nacional, las CAUSALES por las cuales se puede iniciar un juicio político a uno de estos funcionarios que se enumeran más arriba son tres:

•    Mal desempeño
•    Delito en el ejercicio de sus funciones
•    Crímenes comunes

“Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” (1)

Aprobado el pedido de juicio político, la CÁMARA JUZGADORA es la de SENADORES, necesitando para una condena los DOS TERCIOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.
Como aclara el artículo 59 de la Constitución Nacional, si el acusado es el Presidente de la Nación el Senado será presidido en esa instancia de juicio político por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.” (1)

El artículo 60 de la Constitución Nacional señala que en caso de ser encontrado el acusado culpable, el efecto del fallo será:

•    destituir al acusado
•    siendo posible “declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.

Pero, la parte acusada queda “sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios” (1)

"Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios." (1)

Existen pocos antecedentes en Argentina de juicios políticos que destituyan a los titulares de algún poder ejecutivo. Un antecedente, no tan lejano, es el que se realizó contra el Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra (2), que fue destituido en dicho juicio el 7 de marzo de 2006 acusado de “mal desempeño”.
Cabe destacar, como dato de color, que las dos principales fuerzas políticas que integran el actual gobierno argentino (el PRO y la UCR) no sólo votaron en 2006 a favor de la destitución de Ibarra sino que fueron sus principales impulsores.

Adrián Corbella
2 de abril de 2017

NOTAS:

(1): FUENTE: CONSTITUCIÓN NACIONAL publicada por INFOLEG.GOB.AR
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
(2): Sobre Ibarra ver: https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Ibarra

Rodríguez Saa avisó que se expropiarán las fábricas que cierren en San Luis, por Tn24 del 17-03-17

El gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, anunció que en el marco del plan de lucha contra la pobreza, le entregará a los trabajadores aquellas empresas que cerraron sus puertas recientemente, así como las que que decidan dejar de producir en la provincia.
El anuncio del gobierno de San Luis sorprende y antagoniza directamente con la administración nacional. Mientras el presidente Mauricio Macri le quita los medios de producción a los trabajadores que armaron cooperativas (como es el caso actual del Hotel Bauen), Alberto Rodríguez Saá busca evitar a toda [costa] que la gente se quede sin empleo, por lo que avisó que fábrica que cierra, será expropiada y reabierta.

La medida se anunció este jueves como parte de las iniciativas que planifica el Ejecutivo provincial en el marco del Plan de Lucha Contra la Pobreza.
En una reunión que mantuvo con representantes gremiales en Terrazas del Portezuelo, el mandatario expresó que la primera experiencia sería con la Cerámica San Lorenzo, cuya inactividad data de finales del 2016. “La fábrica cerró, le pagó a los empleados y todo estaba bien. Después de unos meses nos cae la ficha que no era así. Les sugiero a los compañeros que hablen con el resto y si están en condiciones de trabajar y tienen todo en orden para que la fábrica arranque, la Provincia de acuerdo a la Ley de Promoción Industrial haría la expropiación y se la entregaríamos a ustedes”, manifestó Rodríguez Saá ante los sindicalistas, consignó el sitio SanLuis24.com.
Explicó el mandatario puntano que poder reiniciar las actividades, el Estado Provincial brindaría un aporte económico a los trabajadores. “Luego ustedes van a ser los patrones y cuando lo sean le vamos a pedir que nombren a trabajadores de San Luis y de la economía popular”, sostuvo el mandatario.
La misma medida podría implementarse con otras industrias que cerraron en los últimos meses y dejaron a los trabajadores en la calle, como Alpargatas de Villa Mercedes y Herzo de Concarán.
El mismo criterio se aplicaría con las fábricas que cesen su actividad en el futuro y se encuentren acogidas al beneficio de la Ley de Promoción Industrial. Siempre que los trabajadores estén de acuerdo de tomar la iniciativa de reabrirla.
“Tenemos una política económica activa a favor del trabajo y la lucha contra el hambre, el resto de las empresas van a sufrir el embate; por eso activamos el mercado interno para que puedan vender en el esas empresas, hay que sumarlas a este plan y van a encontrar respuestas para las ventas”, remarcó Rodríguez Saá.
También pidió que los galpones de fábricas abandonados sean reacondicionados para llevar adelante allí producciones locales.

SanLuis24.com/DiarioRegistrado.

Publicado en:
http://tn24.com.ar/2017/03/rodriguez-saa-aviso-que-se-expropiaran-las-fabricas-que-cierren-en-san-luis/

Tal es la magnitud de la estafa gasífera…, por Federico Bernal (para "OETEC.org" del 31-03-17)

Juan José Aranguren, el CEO-ministro del Grupo Shell en el Poder Ejecutivo Nacional. Firmó la Resolución 212 luego de la audiencia pública del año pasado y firmará la nueva resolución con motivo de la audiencia de marzo de 2017. El Grupo Shell es el segundo importador de gas natural de la Argentina y nuestro primer proveedor de GNL. ¿Conflictos de interés? A esta altura del partido ningún "conflicto", sólo "intereses".

31-03-2017 | … que hasta hemos tenido dos audiencias públicas donde la parte "interesada" en la aprobación del incremento del precio PIST y de las tarifas del servicio público de gas por redes (transporte y distribución), no hizo más que ratificar lo absurdo del tarifazo. En efecto, y sin excepción, las petroleras que explican cerca del 75% de la producción nacional de gas natural -y el 40% del valor de la tarifa- demostraron que la mejora en los niveles de producción, inversiones, sustitución de importaciones, etc. registrada con anterioridad al macrismo se verificó en ausencia de la más mínima suba de precios y tarifas. Y si a lo expuesto por la parte "interesada" sumamos los datos estadísticos publicados por las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Nacional en esta materia (Ministerio de Energía y ENARGAS), la magnitud de la estafa gasífera alcanza proporciones inéditas, por lo cínico más que por otra cosa. Este informe, publicado el mismo día en el que el CEO-ministro formalizó un nuevo ajuste de tarifas, debería ser tenido en cuenta por la Corte Suprema, en función de su fallo de agosto del 2016, si es que su accionar se fundamente en verdadera y efectiva Justicia.

En las audiencias públicas del gas, la posición de las dos partes encontradas, ciudadanos y empresas, coincidieron en la cuestión de fondo: el tarifazo carece de la más absoluta justificación. La paradoja sin dudas sienta un precedente jurídico que la Corte Suprema no puede soslayar. Si las petroleras no justifican los nuevos cuadros tarifarios y la ciudadanía, agobiada por un salvaje ajuste estructural, los rechaza de plano, entonces preguntamos a los magistrados del máximo tribunal: ¿Harán algo al respecto? Y mientras esperamos que la Corte Suprema emita alguna opinión al respecto, desde OETEC exigimos al PEN aplique el ARTICULO 38 del Decreto 1172/2003 de "Acceso a la Información Pública" en toda su dimensión, es decir, que en su resolución final de acuerdo a las opiniones vertidas en la audiencia pública del 10 de marzo del corriente explique de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de las empresas petroleras YPF, Total y PAE en relación a sus notables avances y logros alcanzados entre 2012 y fines de 2015, así como su impacto en los niveles internos de producción de gas, inversiones, ahorro y sustitución de importaciones sin mediar el más mínimo incremento del precio del gas en el PIST y su traslado a la tarifa del servicio público. Obviamente que exigimos lo mismo para la Resolución 212 ya publicada -relacionada a la audiencia pública del año pasado-.
 
Razón de ser de las audiencias públicas

La realización de audiencias públicas (AP) por los nuevos cuadros tarifarios del gas y la electricidad, jamás fue pretendido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Cabe recordar, en este sentido, cuando el señor Aranguren dio a entender que ya se habían conducido en 2005 y que, por tanto, no había necesidad de hacer nuevas.
Pues bien, fue gracias al accionar del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), en un contexto de protesta social generalizada, que el PEN se avino a convocar a las AP. Por supuesto, nos referimos a lo ordenado por el fallo de la Corte Suprema del 18 de agosto de 2016, declarando nulas las resoluciones ministeriales con los incrementos de la tarifa hasta tanto no se realizaran audiencias públicas, conforme establecen la Constitución y sendas leyes nacionales. Fue así que al cartel de empresas con poder de ministerio presidido por el Grupo Shell no le quedó otra opción que acatar el fallo.

El Ente Empresarial Regulador del Gas (ENARGAS cooptado por las empresas del antedicho cartel), convocó entonces a las AP. Se basó en el Decreto 1172/2003 de "Acceso a la Información Pública", normativa que aprobó los reglamentos generales para las audiencias, entre otros reglamentos y disposiciones. A propósito, destacamos lo siguiente y que hace al objetivo del presente trabajo (el subrayado es nuestro):

"ARTICULO 3º… La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión".

"ARTICULO 4º… La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta".

"ARTICULO 38º. La Autoridad Convocante, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el informe final del Área de lmplementación, debe fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza".
En cuanto a las opiniones de la ciudadanía, en los Considerandos del decreto se agrega que "Dichas opiniones -no obstante su carácter no vinculante- deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones". De esto se trata el artículo 38.
Ahora bien, a la luz de lo sucedido en las dos audiencias públicas de septiembre de 2016 y de marzo de 2017, y donde como fuera dicho la parte "interesada" -específicamente las petroleras- no brindó ningún argumento que justifique el incremento del precio en el PIST sino todo lo contrario, preguntamos: ¿Cómo debería proceder la Corte Suprema cuando las distintas opiniones entre las partes involucradas -usuarios por un lado y petroleras por el otro- en el fondo demuestran absoluta coincidencia?

Y si a lo anterior sumamos los datos estadísticos oficiales publicados por las autoridades competentes, vemos que la producción de gas, la incorporación de nuevos usuarios al servicio de gas por redes entre 1993 y 2015, el gas entregado por provincia y tipo de usuario, etc. resultó altamente superior para el período de presencia protagónica estatal, sin tarifazo ni desregulación ni eliminación de subsidios (período justamente cuyas políticas energéticas el macrismo pretende revertir). Debe recordarse que dicho período fue reconocido en sus resultados positivos por la mismísima Corte Suprema en su fallo de agosto del año pasado. Por cierto, el gráfico de abajo elaborado con datos del ENARGAS no nos deja mentir:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ENARGAS, Datos Operativos. El diario La Nación, en nota del 13 de febrero de 2017 adelanta el nuevo tarifazo del gas. Se lee: "Luego de la suba de las tarifas de la luz este mes, el Gobierno afina el lápiz para aumentar las del gas en abril. Según los últimos cálculos que el ENARGAS, ente que regula el sector, les ordenó hacer a las compañías que prestan el servicio, en promedio los incrementos para la mayor franja de consumo rondarán el 50%, según confirmaron tres fuentes privadas". Bueno sería que el ENARGAS, hoy en poder de las empresas del sector, explique a la ciudadanía cómo fue que se lograron los avances mencionados en el gráfico entre 2003 y 2015 sin necesidad de ningún tarifazo.
 
Sobre la parte "interesada" que debería haber justificado el tarifazo…

En la primera AP, septiembre de 2016, siguieron a Juan José Aranguren las siguientes exposiciones, en todos los casos, como parte "interesada" que se suponía debía avalar los nuevos precios del gas en PIST: Alejandro Nicola, ministro de Energía de la provincia del Neuquén, oficialista y primera productora de gas del país; Fernando Giliberti, representante de YPF; y Hernán Silva, representante del consorcio Total-PAE-Wintershall. Refiriéndose al período sin tarifazo, lo medular de sus exposiciones resumido debajo:

Fuente: OETEC.

En la audiencia pública de marzo de 2017, la parte "interesada" estuvo conformada por: Patricio Da Ré, en representación de YPF; Hernán Silva, por el consorcio Total-PAE-Wintershall; y Rodolfo Freyre, por PAE. También siguieron a Aranguren luego de su exposición. Refiriéndose al período sin tarifazo, la síntesis de sus ponencias:

Fuente: OETEC.

Como puede dilucidarse, en lugar de brindar datos (pruebas) que tendieran a ratificar el presunto cataclismo heredado en materia de producción, importaciones, autoabastecimiento e inversiones del sector gasífero nacional, los expositores mencionados -miembros de las petroleras que explican prácticamente la totalidad de la producción gasífera argentina- no hicieron sino confirmar, acompañándose de ilustrativas imágenes, los resultados de la exitosísima política hidrocarburífera implementada entre 2012 (renacionalización de YPF) y fines de 2015.
Y a lo anterior, un agravante (para los intereses del cartel de empresas al frente del Ministerio de Energía): en la audiencia de marzo de 2017, a un año de macrismo en el poder y de tarifazo sin cuartel, siquiera las empresas "interesadas" destacaron algún aspecto positivo derivado de los nuevos cuadros tarifarios del gas.
¿Puede la Corte Suprema quedarse de brazos cruzados?

Lo sucedido con las dos audiencias públicas del gas sienta un precedente jurídico que la Corte Suprema no puede soslayar: la posición de las dos partes encontradas, ciudadanos y empresas, coincidieron en que el tarifazo carece de la más absoluta justificación. ¿Qué hacer entonces? ¿Es razonable el tarifazo? ¿Debe aceptarse su implementación y constantes ajustes?

En su fallo de agosto de 2016, la Corte expresó "Que en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida… Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio". 

¿La autoridad de aplicación ponderó lo expuesto por la parte "interesada", esto es, las petroleras? Cuando esa parte "interesada" explicó a la ciudadanía y al Estado que logró lo que logró sin mediar ningún tarifazo: ¿no debería resolver la autoridad de aplicación la vuelta atrás con la nueva fijación del precio del servicio dado que carece de toda razonabilidad?

Por último, recordar que la Corte, en su fallo citado se refirió a las resoluciones 28 y 31 del Poder Ejecutivo Nacional mediante el cual se fijó el nuevo esquema de precios del gas en el PIST. Recordó, en este sentido, los objetivos propuestos por el novel esquema: "…para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables". Pero si las petroleras que participaron de la audiencia pública demostraron cabalmente haber logrado tales metas sin tarifazo, ¿puede la Corte quedarse de brazos cruzados?

Conclusiones

"¿Hacia dónde vamos?", preguntó retóricamente el CEO-ministro en la conferencia de prensa del 31 de marzo con motivo de la presentación de los nuevos cuadros tarifarios del gas. Y respondió: "Queremos un suministro sostenible en el tiempo, queremos promover la producción local,… reducir las importaciones… ¿Cómo lo hacemos? Continuando con el sendero gradual y previsible de reducción de subsidios...". Pero en las audiencias públicas, las empresas responsables de cerca del 75% de la producción de gas a nivel nacional y cuya actividad incide en un 40% del valor de la tarifa del servicio público, demostraron que, entre 2013 y fines de 2015, con subsidios adecuados y en el marco de un mercado interno pujante (incremento progresivo del consumo y de nuevos usuarios incorporados al sistema de gas por redes), lograron un suministro sostenible, promovieron la producción local y redujeron las importaciones, con un ahorro fiscal de aproximadamente 5.000 millones de dólares entre 2014 y 2015. Debajo, datos del Ministerio de Energía traducidos a un gráfico y que sintetizan lo anterior:

Fuente: Elaboración OETEC en base a datos del Ministerio de Energía y Minería "Producción de Petróleo y Gas (Tablas Dinámicas) - TDS_SescoWebUP_6_2016.xlsx y Series Producción de Gas Natural 1950 - 1999. Observamos: 1) La producción cayó a partir de 2004, pero la tendencia declinante se revirtió entre 2013 y 2014; 2) La producción dejó de caer en 2015; 3) La variación interanual conseguida entre 2015 y 2014 (3,43%) es la mejor desde 2003; y 4) La producción promedio de los últimos tres años nunca se ubicó por debajo de la producción de los últimos tres años de la fastuosa y célebre década del noventa.
 
A modo de cierre, una última reflexión. Nos referimos en la introducción a lo cínico de la estafa que significa el tarifazo. Nadie mejor que el CEO-ministro para explicar por qué. En su alocución del 31 de marzo ya referida, señaló: "Durante la audiencia pública las empresas que producen gas en la Argentina han manifestado cuál es el valor que permite obtener producción nueva… en los próximos años y el costo de producción para el caso del convencional y del shale gas".




Más allá de numeritos al 2019 en cuanto a convenientes precios del gas en el PIST, obviamente acordados con el cartel de empresas presididos por Shell y que también integran las principales gasíferas (a excepción de YPF), si algo manifestaron las empresas en las audiencias es que con la política de precios fijada a partir de 2012, sin reducción de subsidios ni saqueo al bolsillo de la ciudadanía (en paralelo a un ahorro forzoso con afectación de su calidad de vida) consiguieron mejorar la producción, sustituir importaciones por miles de millones de dólares e invertir como nunca desde iniciado el nuevo siglo.

La ciudadanía rechazó los incrementos y justificó su posición durante las dos audiencias públicas del gas. En la vereda opuesta, supuestamente, las petroleras, que lejos de presentar un solo argumento a favor del tarifazo demostraron en función de lo sucedido entre 2013 y fines de 2015 que no hay necesidad de incrementar los precios del gas en boca de pozo para mejorar ningún indicador o variable de producción, abastecimiento, etc.

Y mientras esperamos que la Corte Suprema emita alguna opinión al respecto, desde OETEC exigimos al PEN aplique el ARTICULO 38 del Decreto 1172/2003 de "Acceso a la Información Pública" en toda su dimensión, es decir, que en su resolución final de acuerdo a las opiniones vertidas en la audiencia pública del 10 de marzo del corriente explique de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de las empresas petroleras YPF, Total y PAE en relación a sus notables avances y logros alcanzados entre 2012 y fines de 2015, así como su impacto en los niveles internos de producción de gas, inversiones, ahorro y sustitución de importaciones sin mediar el más mínimo incremento del precio del gas en el PIST y su traslado a la tarifa del servicio público. Obviamente que exigimos lo mismo para la Resolución 212 ya publicada -relacionada a la audiencia pública del año pasado-.


Bibliografia:
 
OETEC (17/03/2017) PAE en la audiencia pública del gas: el tarifazo sin la más mínima razón de ser
http://www.oetec.org/nota.php?id=2443&area=1

OETEC (13/03/2017) Audiencia pública: ¿La "noticia" fue que volverá a aumentar el gas?
http://www.oetec.org/nota.php?id=2435&area=1

OETEC (10/03/2017) El yacimiento heredado del kirchnerismo que salvó del cuasi estancamiento a la producción gasífera de 2016
http://www.oetec.org/nota.php?id=2432&area=1

OETEC (07/10/2016) La Resolución 212 (nuevos cuadros tarifarios del gas), Shell y el señor Aranguren
http://www.oetec.org/nota.php?id=2119&area=1

OETEC (11/10/2016) La insostenible estafa del tarifazo: la única verdad es la realidad
http://www.oetec.org/nota.php?id=2120&area=1

OETEC (2/10/2016) El día que Total, Wintershall y PAE demolieron el tarifazo
http://www.oetec.org/nota.php?id=2105&area=1

OETEC (26/09/2016) YPF en la audiencia pública y la cuestión de fondo del tarifazo
http://www.oetec.org/nota.php?id=2093&area=1

OETEC (19/09/2016) El "no positivo" del tarifazo. El caso del ministro de Energía de Neuquén
http://www.oetec.org/nota.php?id=2073&area=1

OETEC (18/09/2016) Bernal en la audiencia pública: Un Golpe de Estado Institucional en el Ministerio de Energía
http://www.oetec.org/nota.php?id=2072&area=1

OETEC (15/09/2016) El modelo energético neoliberal viola la Constitución Nacional, los derechos humanos y la Ley de Ética Pública
http://www.oetec.org/nota.php?id=2071&area=1

OETEC (12/09/2016) Las mentiras del gas y las verdades del mercado (viaje a las entrañas del tarifazo)
http://oetec.org/nota.php?id=2065&area=1

OETEC (9/09/2016) Audiencias Públicas sin conocer la rentabilidad empresaria constituye una clara violación a los derechos humanos del pueblo argentino
http://oetec.org/nota.php?id=2062&area=1

OETEC (07/09/2016) Hacia la Audiencia Pública: Subsidios. Aranguren miente, el FMI lo desmiente
http://www.oetec.org/nota.php?id=2057&area=14

OETEC (04/09/2016) Hacia la Audiencia Pública: el macrismo redujo a la mitad la tasa de producción de gas de YPF
http://oetec.org/nota.php?id=2045&area=5

OETEC (01/09/2016) Hacia la Audiencia Pública: los conflictos de interés y la "razonabilidad" del tarifazo
http://www.oetec.org/nota.php?id=2044&area=1

OETEC (30/08/2016) Hacia la Audiencia Pública: producción nacional de gas entre 2012 y junio de 2016 (que no te tomen por zonzo)
http://www.oetec.org/nota.php?id=2040&area=1
OETEC (20/08/2016) Análisis sobre el fallo de la Corte Suprema en relación al tarifazo del gas
http://www.oetec.org/nota.php?id=2023&area=1

OETEC (18/07/2016) El Ministerio de Energía confirma que el tarifazo gasífero es una aberración
http://www.oetec.org/nota.php?id=1933&area=1

Resolución 212
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151947/null

"Informe de situación de los precios del gas"
http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/AudPub/MaterialConsulta/informePIST.pdf

Publicado en:
http://www.oetec.org/nota.php?id=2483&area=1

La caridad bien entendida, por Raúl Dellatorre (para "Página 12" del 01-04-17)

“¿Hacia dónde vamos? Queremos un suministro de gas natural sostenible en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones”. La justificación que dio el ministro Juan José Aranguren a la nueva etapa del tarifazo vigente a partir de hoy es, en realidad, un objetivo múltiple que ya se había empezado a lograr a través de la política de precios estímulo que el gobierno nacional implementó a partir de 2013, con resultados comprobables en los años 2014 y 2015. El concepto de “precios estímulo” significaba un premio a los aumentos de producción de gas en yacimientos convencionales y al desarrollo de nuevos pozos productivos por sistema no convencional (shale gas). Lo que está haciendo la actual gestión es extender el premio o beneficio al total de la producción de gas natural, sin discriminar entre “nueva” o “vieja”, proponiéndose como “objetivo” llevar el precio del gas en boca de pozo a 6,80 dólares (por millón de btu, unidad calórica utilizada como medida del volumen producido), por una producción cuyo costo, según estrictos estudios especializados (y en el que coinciden las cifras de las mismas empresas) no supera los 2,50 dólares. Un sobreprecio superior al 170 por ciento para la producción convencional con un agravante: lo que en el anterior gobierno era un estímulo temporario al aumento de la producción, la actual administración lo convierte en un precio permanente. Y además, vía tarifa, trasladable al bolsillo del usuario. El costo para los usuarios es enorme. Los beneficios para las empresas productoras de gas, espectacular.
 ¿Había dado resultados, efectivamente, la política de precios del gas del kirchnerismo? Tras nueve años de políticas vacilantes, que dejaron en manos de Repsol y de las demás petroleras privadas el manejo del sector, el gobierno anterior tomó las riendas en 2012 a partir de la renacionalización de YPF y una política de estímulos de precios en la búsqueda del autoabastecimiento. Un análisis publicado ayer por Federico Bernal, titular de Oetec, muestra que “la producción de gas cayó a partir de 2004, pero la tendencia declinante se revirtió entre 2013 y 2014; la variación interanual conseguida en 2015 (aumento del 3,43 por ciento) es el mejor resultado desde 2003”. El trabajo, referido a la actual política de precios y titulado, sugestivamente, “La magnitud de la estafa gasífera”, se puede consultar en la página del referido observatorio.

 Esos estímulos se traducían en un plus de precio para la producción incremental, es decir para los aumentos de producción o la producción “nueva”. Contra un precio “normal” de 2,50 dólares por millón de btu, se “premiaba” al aumento de producción con valores de 5 a 7,50 dólares. Además, a través de Enarsa, el gobierno anterior se hacía cargo de la importación del gas faltante para abastecer la demanda interna. El costo total de esta política superó los seis mil millones de dólares en 2015 (3290 millones por premio a empresas productoras y el resto, por importaciones). Vale agregar que, entre 2014 y 2015, la reducción de las importaciones por efecto de la mayor producción local representó un ahorro de aproximadamente 5000 millones de dólares (fuente: Oetec).

 Las autoridades energéticas del gobierno de Cambiemos reinterpretaron de un modo muy particular esa política. Bajo el cuestionable sistema de precios marginales o paridad de importación (toma el valor más alto de las distintas fuentes de abastecimiento como “precio” para todo el mercado) en vez de hacer un cálculo del costo real de producción, le fijaron un valor de 6,78 dólares al “precio de mercado” del gas natural. Y determinó que la diferencia entre ese precio y lo que pagaba el usuario en su factura como valor producto, era todo subsidio. Ese precio de 6,78 (redondeado a 6,80, quizás por las reminiscencias televisivas que conlleva el anterior trío numérico) pasó a ser la meta u objetivo a alcanzar con la tarifa.

 Al usuario se lo castigaba con el costo de una política de estímulo, pero al productor se lo pasa a premiar con un precio que, a esta altura, resulta arbitrariamente elevado. Según un exhaustivo estudio del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, cuyo autor es Andrés Repar, ese supuesto valor marginal de 6,80 dólares no se compadece con la realidad del mercado, y mucho menos con el costo real de producción del gas en Argentina, al menos para la mayor parte del recurso. Según Repar, hubo una sola operación de importación de gas que se hizo a un precio cercano a los 7 dólares por millón de btu vía Chile. Es decir, transportado como gas natural licuado (GNL) por buque tanque hasta costa chilena, regasificado para transportarlo desde allí por gasoducto a suelo argentino, y ser ingresado así al sistema de transporte gasífero local. Vale recordar que el vendedor del gas en esa operación fue una filial de Shell, lo cual le significó más de un cuestionamiento al actual ministro el año pasado.

 Pero según el IESO, se trata de una única operación y extraordinariamente cara por sus características –sin siquiera sospechar de sobreprecio–, ya que las compras vía puerto de Bahía Blanca o Campana se hicieron, cuando fueron necesarias, a precios muy inferiores. Incluso la compra de gas a Bolivia, tradicionalmente el gas natural de uso habitual para completar la oferta en Argentina, cotiza actualmente en baja y no mucho más allá de los cinco dólares.

 El costo de producción del gas natural en yacimientos convencionales en Argentina está, según distintos estudios –incluso con origen en las propias empresas productoras–, entre 2,10 y 2,50 dólares por millón de btu, según la referencia del IESO. El costo del gas no convencional es más alto, pero en ese caso se justifica un estímulo especial para su desarrollo, diferenciado del resto. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos dispuso que el precio que retribuya la producción de gas natural sea de 6,80 dólares para todos los productores y por todo el producto que inyecten en el sistema. Quienes operen a un costo de 2,50, obtendrán una renta bruta extraordinaria del 172 por ciento. El costo correrá por cuenta del consumidor, que lo verá cargado en su boleta.

 Un dato más: el argumento del gobierno de que el consumidor argentino paga un precio ridículamente bajo por el gas queda desmentido no sólo por su comparación con el costo interno de producción. La tarifa en un país como Canadá, de grandes extensiones como Argentina pero con condiciones climáticas extremas, está en torno a 1,80 dólares por millón de btu. En Estados Unidos, cercano a 2,50 dólares. Bolivia –siempre según IESO–  tiene una tarifa interna de 2,10 dólares, desacoplada del precio que obtiene cuando exporta. Argentina, con 2,60 dólares en su tarifa en 2015, no estaba muy lejana de esos valores. Sin embargo, el “sinceramiento” de Cambiemos provocó un barajar y dar de nuevo que provocará, una vez más, una fuerte redistribución de los ingresos en favor de los más poderosos.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/29186-la-caridad-bien-entendida

OTRA JODITA DE ARANGUREN: DE INVIERNO A INVIERNO, EL GAS SUBE UN 400 POR CIENTO, por Javier Lewkowicz (para "Página 12" del 01-04-17)

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, insistió ayer con que los aumentos son “graduales”.
(Imagen: Bernardino Avila)

El ministro de Energía presentó los nuevos aumentos que rigen desde hoy. Aseguró que serán de un 36 por ciento. Como la última suba fue en octubre, en invierno las boletas multiplicarán el impacto. También anunció más aumentos fuertes para después de las elecciones.
Comenzó a regir un nuevo aumento en las boletas del gas natural por redes
Otro capítulo de un tarifazo que nunca se termina

El Gobierno dijo que la suba será de 36 por ciento para bajos consumos, aunque llega al 400 respecto al último invierno.

Por Javier Lewkowicz

Desde hoy rigen las nuevas tarifas para el servicio del gas, con subas promedio que el Gobierno calculó en el orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo, aunque con respecto al último invierno el aumento acumulado llegará al 400 por ciento porque el ajuste anterior había sido en octubre. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ratificó el sendero de quita de subsidios en el precio del gas que afrontan los usuarios y confirmó que fue desdoblado el aumento para el segmento de transporte y distribución, de modo que a fin de año y en abril de 2018 habrá nuevos incrementos de relevancia en las boletas. Aranguren detalló que la mitad de los usuarios residenciales recibirá una factura media mensual menor a 250 pesos por mes y un 20 por ciento de los usuarios estará entre 250 y 500 pesos. Entidades de consumidores recordaron que un usuario que en septiembre pagaba 37 pesos ahora debe afrontar una boleta de 193 pesos. Se ratificaron las bonificaciones si el usuario reduce su consumo.


Una parte del aumento de las boletas desde abril se explica por la quita de subsidios en el precio del gas que abonan los usuarios según el sendero de precios previsto por el Gobierno. Ese incremento va de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU, lo que implica una reducción del subsidio estatal del 50 al 45 por ciento del precio promedio que se paga por el gas a las petroleras. El incremento de la boleta también está determinado por el aumento en la retribución para las empresas de transporte y distribución que se definió luego de la audiencia pública. Se calcula que el 40 por ciento de la boleta corresponde al precio del gas, el 32 por ciento a transporte y distribución y el resto son impuestos. “Resolver un problema de tantos años implica que los aumentos resultantes eran difíciles de trasladar a los usuarios. Las variaciones llegaban al 200 por ciento por eso las hemos partido en tres: abril y octubre de 2017 y abril de 2018”, dijo ayer Aranguren y prometió que los nuevos cuadros tarifarios redundarán en 48 mil millones de pesos inversión de las empresas. Por lo pronto, las petroleras les rehúyen a los desembolsos utilizando como argumento el bajo precio internacional del crudo.

El programa de quita de subsidios en el precio del gas contempla dos aumentos anuales hasta fines de 2019. Lo que confirmó Aranguren es que, al igual que el presente incremento, los próximos dos también serán fuertes. Otras variables que inciden en las tarifas, tal como las concibe el actual Gobierno, es la evolución del tipo de cambio y la inflación.

El Ministerio de Energía presentó los porcentajes de aumento por categoría de usuario que aplican desde hoy en relación a los importes que se pagaron desde octubre, cuando empezó a regir la primera suba tarifaria. Para el segmento de menor consumo, de 25 metros cúbicos promedio mensual, el incremento va de 94 a 127 pesos (una suba del 35 por ciento); para el consumo de 56 metros cúbicos, de 175 a 239 pesos mensuales (36 por ciento); para 70 metros cúbicos, de 226 a 309 pesos (36 por ciento) y para 85 metros cúbicos, de 281 a 384 (36 por ciento). Esas franjas de precios impactan sobre el 55 por ciento de los usuarios, los de menor consumo, que reciben un aumento superior a los de más alto consumo por el impacto del incremento en el cargo fijo que cobran las distribuidoras. El aumento promedio nacional, dijo el Gobierno, es del 24 por ciento.
Sin embargo, esa descripción de precios es limitada porque el año pasado, a raíz los amparos y el fallo de la Corte Suprema, las nuevas tarifas comenzaron a regir en octubre de 2016, cuando las bajas temperaturas aflojaron, al igual que el consumo de gas. Como el primer aumento no se aplicó durante el invierno sino durante los meses de menor consumo, las subas porcentuales planteadas por el Gobierno, calculadas manteniendo el nivel de consumo, son virtuales. Además, las idas y vueltas en la Justicia implicaron que durante muchos meses los usuarios hayan recibido boletas con precios inferiores a los reales, a modo de compensación. La comparación frente a las boletas del mismo período del año pasado a igual nivel de consumo ofrecen un panorama adicional que completa el cuadro.

Los datos que recopiló Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, muestran que un usuario cuyo consumo fue de 50 metros cúbicos pagó durante el invierno pasado 38 pesos por mes y ahora pasa a 193 pesos, un incremento del 407 por ciento. En el caso de un usuario cuyo consumo es de 100 metros cúbicos por mes, la boleta en el lapso de un año sube de 61,50 a 326 pesos (430 por ciento). La magnitud del aumento final estará relacionado a las temperaturas. Aranguren recordó ayer que alrededor de 2 millones de usuarios tienen acceso a la tarifa social, que bonifica el precio del gas. El beneficio tiene especial impacto en San Luis (39 por ciento de los usuarios), La Pampa y Salta (31 por ciento) y Buenos Aires (30 por ciento de los hogares).
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/29183-otra-jodita-de-aranguren