Miradas al Sur.Año 5. Edición número 233. Domingo 4 de
noviembre de 2012
Por
Daniel Cecchini
Esta semana, durante el acto de entrega del nuevo Documento
Nacional de Identidad número veinte millones, Cristina Fernández de Kirchner se
despachó con una frase que, tomada a la ligera, parece producto de una
imaginación con inclinaciones conspirativas. “Uno advierte realmente que se
está ante una verdadera campaña anti Argentina, producto del éxito que tuvo
nuestro patrón de acumulación”, dijo en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada.
Sin embargo, la simple enunciación de una cadena (necesariamente incompleta) de hechos ocurridos en los últimos días permite recuperar un contexto en el cual esas palabras cobran un sentido difícil de confundir.
Hace apenas unos días, la calificadora de riesgo Standard & Poor's resolvió bajarle la nota a la deuda soberana de la Argentina de “B” a “B-”, a caballito del fallo de un tribunal estadounidense a favor de los fondos del capital financiero especulativo. Para fundamentar la baja, S&P explicó que esa sentencia –que, vale aclarar, no es definitiva– “podría incrementar efectivamente los pasivos de Argentina y el servicio de la deuda del Gobierno” y que “recientes acontecimientos negativos subrayan los cada vez mayores desafíos que podría seguir afrontando el Gobierno para definir el manejo de su política económica y su programa financiero en el corto plazo”. Deliberadamente, en la redacción del informe, la agencia –que está siendo investigada por el gobierno estadounidense por ocultar informes que alertaban sobre las llamadas “hipotecas basura”– confunde al Estado argentino con el Gobierno argentino para dar un mensaje que no puede malinterpretarse: en la Argentina, el problema es el Gobierno.
Casi al mismo tiempo, pero en Buenos Aires, la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) –una compañía del Grupo Techint– presentó en la Bolsa otro informe de cuya lectura cualquiera podría suponer que la Argentina está a borde del abismo. “La economía argentina sigue siendo frágil”, señalan los analistas de Techint, por lo que en el país “continúa la incertidumbre”. Y rematan: “La posibilidad de Argentina de obtener financiación externa es muy limitada”.
Montados sobre estos tres hechos –la calificación de S&P, el fallo de un tribunal norteamericano y el informe de TGN–, los analistas y técnicos que cantaban las glorias de la aplicación salvaje del programa neoliberal en los ’90 y algunos políticos de la oposición reiteraron sus discursos catastróficos apuntando al presunto responsable de todos los males: el Gobierno. En la mayoría de los casos lo hicieron –y sus dichos fueron magnificados hasta el hartazgo– por los medios del Grupo Clarín y sus repetidoras. En su pelea contra el Gobierno, el monopolio no duda en afectar los intereses de todos los argentinos, al punto de considerar al lobbysta del capital financiero especulativo Paul Singer como un personaje neutral.
De la misma manera, desde esos medios, se calificó de “sanción” la decisión de la Unión Europea de eliminar las ventajas arancelarias que la Argentina tiene en el comercio con el viejo continente a partir de 2014. Otros afectados son Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela. Lo que no se dijo –o se postergó a un párrafo perdido dentro de los artículos– fue que la medida se debe a que esos países fueron “catalogados en los últimos tres años como economías de renta media-alta por parte del Banco Mundial (BM), basado en el PIB per cápita”. Tampoco se dijo claramente, como señala el informe de la Comisión Europea que lo que la UE busca es “focalizar los beneficios comerciales en los países más necesitados, en detrimento de los que han alcanzado niveles de desarrollo satisfactorios”. En otras palabras, que para la UE, el desarrollo de la Argentina no sólo no es preocupante sino “satisfactorio”.
Mientras tanto, el miércoles pasado en Montevideo, durante la ceremonia de clausura de su asamblea general, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) decidió distinguir como “socios de honor” al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a Nelson Belfort, del Circuito Nacional de Venezuela; Guillermo Zuluaga, de Grupo Visión Venezuela, y Marcel Granier de Radio Caracas TV, estos tres últimos feroces opositores del gobierno venezolano que preside Hugo Chávez.
Desde la tribuna de la AIR –que le responde de la misma manera que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)–, Magnetto aprovechó la oportunidad preparada por él mismo para atacar una vez más al Gobierno nacional en el marco de la batalla por no someterse al plan de desinversión exigido por el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Estamos viviendo un momento, una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente al grupo tras una fachada de una ley de medios”, disparó el mandamás del grupo comunicacional más concentrado de la Argentina. Y agregó que el Gobierno está atropellando escandalosamente (a la Justicia)”. Nada dijo, en cambio, sobre las dádivas del Grupo a los jueces que le son funcionales en esa batalla.
En medio de este bombardeo potenciado mediáticamente cabe destacar la actitud de algunos sectores de la oposición que, más allá de sus discrepancias –muchas veces ásperas y fuertes– con el Gobierno dejaron de lado tentaciones oportunistas para defender los intereses del Estado argentino. Un caso es el de los ex cancilleres de la democracia que firmaron un comunicado de apoyo y solidaridad con el Gobierno en sus esfuerzos por conseguir la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana. Firmaron, sin distinción de banderías políticas, Dante Caputo, Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, José María Vernet, Carlos Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. En el mismo sentido se pronuncio el Senado –con votos de oficialistas y opositores– con una resolución de “rechazo a la detención ilegal de la Fragata Libertad en Ghana, pues se trata de un acto ilegal, ya que el buque de guerra goza de las inmunidades que la propia República de Ghana reconoce en las diversas convenciones internacionales”. La senadora del peronismo federal Liliana Negre de Alonso sintetizó la posición de los opositores: “La Fragata no es del Ejecutivo, ni de la Presidenta, es de todos los argentinos”. Una declaración más que necesaria cuando la Fragata Espora está atracada en Sudáfrica y el canciller Héctor Timerman se reunió en Pretoria con la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, para discutir alternativas ante un posible embargo del buque a instancias de los fondos del capital financiero especulativo.
A contramano de las pretensiones de Magnetto y Cía., parte del arco político opositor demostró que su pelea con el Gobierno tiene ciertos límites: los intereses del Estado nacional. Una posición que, como contrapartida, debería hacer reflexionar a algún legislador oficialista suelto de lengua a la hora de descalificar salvaje e injustificadamente no sólo a un partido político adversario sino a una ideología indudablemente comprometida con los intereses de las mayorías, tanto en la Argentina como en el mundo.
Sin embargo, la simple enunciación de una cadena (necesariamente incompleta) de hechos ocurridos en los últimos días permite recuperar un contexto en el cual esas palabras cobran un sentido difícil de confundir.
Hace apenas unos días, la calificadora de riesgo Standard & Poor's resolvió bajarle la nota a la deuda soberana de la Argentina de “B” a “B-”, a caballito del fallo de un tribunal estadounidense a favor de los fondos del capital financiero especulativo. Para fundamentar la baja, S&P explicó que esa sentencia –que, vale aclarar, no es definitiva– “podría incrementar efectivamente los pasivos de Argentina y el servicio de la deuda del Gobierno” y que “recientes acontecimientos negativos subrayan los cada vez mayores desafíos que podría seguir afrontando el Gobierno para definir el manejo de su política económica y su programa financiero en el corto plazo”. Deliberadamente, en la redacción del informe, la agencia –que está siendo investigada por el gobierno estadounidense por ocultar informes que alertaban sobre las llamadas “hipotecas basura”– confunde al Estado argentino con el Gobierno argentino para dar un mensaje que no puede malinterpretarse: en la Argentina, el problema es el Gobierno.
Casi al mismo tiempo, pero en Buenos Aires, la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) –una compañía del Grupo Techint– presentó en la Bolsa otro informe de cuya lectura cualquiera podría suponer que la Argentina está a borde del abismo. “La economía argentina sigue siendo frágil”, señalan los analistas de Techint, por lo que en el país “continúa la incertidumbre”. Y rematan: “La posibilidad de Argentina de obtener financiación externa es muy limitada”.
Montados sobre estos tres hechos –la calificación de S&P, el fallo de un tribunal norteamericano y el informe de TGN–, los analistas y técnicos que cantaban las glorias de la aplicación salvaje del programa neoliberal en los ’90 y algunos políticos de la oposición reiteraron sus discursos catastróficos apuntando al presunto responsable de todos los males: el Gobierno. En la mayoría de los casos lo hicieron –y sus dichos fueron magnificados hasta el hartazgo– por los medios del Grupo Clarín y sus repetidoras. En su pelea contra el Gobierno, el monopolio no duda en afectar los intereses de todos los argentinos, al punto de considerar al lobbysta del capital financiero especulativo Paul Singer como un personaje neutral.
De la misma manera, desde esos medios, se calificó de “sanción” la decisión de la Unión Europea de eliminar las ventajas arancelarias que la Argentina tiene en el comercio con el viejo continente a partir de 2014. Otros afectados son Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela. Lo que no se dijo –o se postergó a un párrafo perdido dentro de los artículos– fue que la medida se debe a que esos países fueron “catalogados en los últimos tres años como economías de renta media-alta por parte del Banco Mundial (BM), basado en el PIB per cápita”. Tampoco se dijo claramente, como señala el informe de la Comisión Europea que lo que la UE busca es “focalizar los beneficios comerciales en los países más necesitados, en detrimento de los que han alcanzado niveles de desarrollo satisfactorios”. En otras palabras, que para la UE, el desarrollo de la Argentina no sólo no es preocupante sino “satisfactorio”.
Mientras tanto, el miércoles pasado en Montevideo, durante la ceremonia de clausura de su asamblea general, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) decidió distinguir como “socios de honor” al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a Nelson Belfort, del Circuito Nacional de Venezuela; Guillermo Zuluaga, de Grupo Visión Venezuela, y Marcel Granier de Radio Caracas TV, estos tres últimos feroces opositores del gobierno venezolano que preside Hugo Chávez.
Desde la tribuna de la AIR –que le responde de la misma manera que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)–, Magnetto aprovechó la oportunidad preparada por él mismo para atacar una vez más al Gobierno nacional en el marco de la batalla por no someterse al plan de desinversión exigido por el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Estamos viviendo un momento, una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente al grupo tras una fachada de una ley de medios”, disparó el mandamás del grupo comunicacional más concentrado de la Argentina. Y agregó que el Gobierno está atropellando escandalosamente (a la Justicia)”. Nada dijo, en cambio, sobre las dádivas del Grupo a los jueces que le son funcionales en esa batalla.
En medio de este bombardeo potenciado mediáticamente cabe destacar la actitud de algunos sectores de la oposición que, más allá de sus discrepancias –muchas veces ásperas y fuertes– con el Gobierno dejaron de lado tentaciones oportunistas para defender los intereses del Estado argentino. Un caso es el de los ex cancilleres de la democracia que firmaron un comunicado de apoyo y solidaridad con el Gobierno en sus esfuerzos por conseguir la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana. Firmaron, sin distinción de banderías políticas, Dante Caputo, Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini, José María Vernet, Carlos Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. En el mismo sentido se pronuncio el Senado –con votos de oficialistas y opositores– con una resolución de “rechazo a la detención ilegal de la Fragata Libertad en Ghana, pues se trata de un acto ilegal, ya que el buque de guerra goza de las inmunidades que la propia República de Ghana reconoce en las diversas convenciones internacionales”. La senadora del peronismo federal Liliana Negre de Alonso sintetizó la posición de los opositores: “La Fragata no es del Ejecutivo, ni de la Presidenta, es de todos los argentinos”. Una declaración más que necesaria cuando la Fragata Espora está atracada en Sudáfrica y el canciller Héctor Timerman se reunió en Pretoria con la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, para discutir alternativas ante un posible embargo del buque a instancias de los fondos del capital financiero especulativo.
A contramano de las pretensiones de Magnetto y Cía., parte del arco político opositor demostró que su pelea con el Gobierno tiene ciertos límites: los intereses del Estado nacional. Una posición que, como contrapartida, debería hacer reflexionar a algún legislador oficialista suelto de lengua a la hora de descalificar salvaje e injustificadamente no sólo a un partido político adversario sino a una ideología indudablemente comprometida con los intereses de las mayorías, tanto en la Argentina como en el mundo.
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