En el barro
Por Andrés Klipphan
La fuga de un penal bonaerense de máxima seguridad de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez –relacionado con el tráfico de efedrina– provocó un verdadero sismo en la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires. El hecho demostró, además, la falta de reflejos y la escasa capacidad de mando de algunas de las flamantes autoridades que se vieron superadas por la primera crisis que deben afrontar y que seguramente no será la única.
Por eso no tardaron en llegar los pases de factura para Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad bonaerense, quien había asegurado el 31 de diciembre a la tarde que los evadidos estaban rodeados y prontos a caer, algo que hasta el cierre de esta edición no había sucedido. Fue el mismo funcionario quien reconoció que hizo ese comentario porque la policía –la que él comanda– le había entregado datos falsos.
Hay una certeza absoluta de que “la marca de la gorra” estuvo presente en la información falsa o poco certera que se les suministró a las autoridades políticas y a la prensa.
Desde algún sector de la gobernación también surgieron quejas hacia la AFI –ex Side– por la ausencia de información. Esto indica también que hasta ahora los flamantes funcionarios de la AFI no hicieron pie en el organismo de inteligencia (ver aparte).
En Buenos Aires, además, se tiene la convicción de que hubo policías bonaerenses que dieron protección a los reos y que también existió algún tipo de apoyo desde un sector del peronismo. Se cree, además, que en las filas de la mayor fuerza de seguridad del país se abrió una puja interna por los cargos jerárquicos en la cuestionada pirámide de la institución.
Se ha comprobado, por si esto fuera poco, que algunos funcionarios tienen los teléfonos intervenidos en forma ilegal por la propia policía. En medio de todo esto, se está detrás de la pista de un ex comisario, abogado, de la zona sur del conurbano, que estuvo preso por un resonante caso de ribetes internacionales, que favorece el armado logístico para que los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci continúen prófugos.
Pases de factura
Lo negará en público, pero la gobernadora María Eugenia Vidal expresó malestar entre algunos de sus funcionarios porque entendió que su mentor, Mauricio Macri, tomó distancia de la crisis política que provocó la fuga del penal de General Alvear de los tres sentenciados a reclusión perpetua 15 días después de haber asumido el mando de una provincia gobernada durante 28 años consecutivos por el peronismo. Ocurrió cuando aún no había realizado cambios de importancia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ni en la policía, en la que apenas había modificado algunos cargos.
La fuga se produjo durante el descanso que el Presidente decidió tomarse para las fiestas de Navidad y fin de año en Villa La Angostura. Junto a la primera dama, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, llegaron al complejo de cabañas el jueves 24 –el escape fue la madrugada del 25–, y Macri tan sólo apareció en público en la provincia de Buenos Aires el lunes 4, en Mar del Plata, junto a Vidal y parte del gabinete de ambos, para inaugurar la temporada estival.
Como si aún estuviese en pleno proceso electoral, habló maravillas de la Ciudad Feliz, recordó cuando de niño don Franco Macri lo llevaba a pasear por esas playas y hacía deporte. Como buen jefe de empresa, a Macri no le gusta dar malas noticias, por eso le cerró los micrófonos a la prensa. Evitó, así, hablar de la fuga y de los escasos resultados de los pesquisas para retornarlos a la cárcel. A su lado, Vidal lo miraba en silencio.
El mandatario sólo hizo una declaración que se podría vincular con el tema: “Vamos a enfrentar al narcotráfico con todas nuestras fuerzas”. Punto. Un auténtico Macri en campaña.
“Me siento apoyada en todo momento por Mauricio”, apenas llegó a decir una incómoda Vidal cuando se le pregunto por el caso más resonado desde que llegó al poder.
Tres días antes, la gobernadora se había disgustado porque su jefe político se mostraba sonriente ante algunos fotógrafos que lo retrataron junto a su mujer e hija recostados en dos reposeras de madera y fondo arbolado en aquella localidad de Río Negro.
Horas antes de esa instantánea, los prófugos más buscados del país les habrían disparado a quemarropa a dos policías en un retén policial de la localidad de Ranchos. Uno de ellos aún está grave y ninguna autoridad lo fue a visitar. De todas formas, hasta esto está en duda, porque era de noche, en el video se ve muy poco y, para colmo, una de las policías heridas se contradijo respecto de la visión que tuvo de los agresores.
La maldita policía
Tanto la justicia bonaerense como el Ministerio de Seguridad mostraron múltiples fallas en las primeras 48 y vitales horas para dar con los evadidos.
No se enviaron patrullas ni guardias a las casas de las mujeres e hijos de los fugados, por dar sólo un ejemplo. Tantas deficiencias llamaron la atención de Juan Ignacio Bidone, fiscal del triple crimen de General Rodríguez, quien se tomó el atrevimiento de llamar al ministro Ritondo y ofrecerle los 80 nombres, 120.000 entrecruzamientos telefónicos y más de 100 direcciones que vinculaban a los prófugos con todo su entorno. Incrédulo, el fiscal escuchó de boca del funcionario provincial que hasta ese momento nadie había leído la causa de la masacre de General Rodríguez.
De haberlo hecho, hubiesen encontrado algunos indicios de los lugares a los que los reos podrían haber ido a pedir ayuda. Los 50 allanamientos, las detenciones y los decomisos de armas que hizo la policía en las últimas horas fueron gracias al listado encriptado con los datos de la pesquisa que le envió Bidone a Ritondo.
De allí surgen los nombres de los ahora ex policías con los que los hermanos Lanatta estaban relacionados. Se relataba con lujo de detalles la manera en que éstos y Schillaci le pasaban a la policía de Quilmes los datos de los piratas del asfalto para después quedarse con la mercadería robada y sobornarlos para no abrirles causas penales, entre otros delitos.
Fue así como Ritondo comprendió que los prófugos recibieron ayuda de la policía local, y por eso desplazó a la cúpula de la DDI quilmeña, pero hasta ahora no hizo nada con los malos policías de calle, los que verdaderamente conocen a los reos y que siguen en operaciones.
Tanto Ritondo como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, manejan el dato de que un ex comisario de la maldita policía de Eduardo Duhalde, que además es abogado, y que estuvo preso varios años y después fue liberado porque se cayó la causa en la que estaba vinculado, por vicios procesales, también estaría prestando ayuda a los evadidos.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota ese ex comisario no fue mencionado en el expediente ni su casa fue allanada.
La poca colaboración de buena parte de la policía provincial para dar con los condenados obedecería a la interna que se desató dentro de la fuerza después de que Vidal y Ritondo designaran como jefe del organismo a Pablo Bressi, quien hasta entonces se desempeñaba como jefe de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas. Es decir, quien había fracasado en la lucha contra los narcos en la provincia, y quien debería conocer los lazos de los prófugos con las bandas narcos y mafiosas que operaban, sobre todo, en la zona sur del conurbano.
El pésimo desempeño de la policía ahora a cargo de Vidal y la poca predisposición que encontraron en algunos comisarios que parecen no responder a las órdenes de Bressi, más las conexiones con bandas delictivas, entre otros factores, harán que después de esta crisis varios oficiales pasen a retiro y se abra una nueva puja de poder.
“El enemigo está en casa”, le dijo un colaborador de Ritondo a Veintitrés en referencia a algunos policías que trabajan en la investigación y contó, temeroso, lo que le ocurrió a él mismo antes de las fiestas de fin de año. “Me saque una selfie para enviársela a mi hijo, para que viera que su papá estaba trabajando y que por eso no podía estar presente en la cena de Nochevieja. Al otro día, la misma foto me apareció en el celular. Me llegó desde un número desconocido. Sospechamos que la propia cana nos pinchó los teléfonos”, aseguró.
Tanta es la desconfianza que las nuevas autoridades tienen en su propia policía que están convencidos de que los hermanos Lanatta y Schillaci no se escaparon del país, hasta ahora, porque “se sienten más protegidos en la provincia que cruzando la frontera. Por ahí, si hacen eso, un gendarme los reconoce y los detiene”, según nos señaló un funcionario muy allegado a Ritondo.
Como sea, los funcionarios políticos deben demostrar a sus votantes, a la delincuencia y a las fuerzas de seguridad, que realmente tienen el poder. Un poder bien entendido, dentro de la legalidad y la democracia. Sin embargo, hasta ahora, en todo lo sucedido, se ve la marca de la gorra.
Ritondo y la prensa
Cristian Ritondo está desbordado. Ante sus asesores reconoció que la fuga de los reos lo tomó por sorpresa, que reaccionaron tarde, que lo hicieron en forma improvisada y que la policía “nos durmió”.
Cuando leyó los diarios del fin de semana, el ministro dijo a sus funcionarios más cercanos: “me masacraron”. Y añadió: “Parezco el culpable de todo. Me hago cargo de la búsqueda y de haber dicho que los teníamos cercados, pero a mí no se me escaparon”.
Hacía referencia a que el SPB está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Carlos Mahiques, ex integrante de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Este juez fue tapa de los diarios porque durante su subrogancia en la Suprema Corte de Justicia provincial votó en contra de la realización de un aborto de una joven abusada sexualmente.
Mahiques se mostró esquivo ante la prensa y no apoyó públicamente a Ritondo. Apenas dio una nota al canal Todo Noticias para deslindar responsabilidades. “Del sumario administrativo surge que el guardiacárcel tomado como rehén por Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta habló que uno de los fugados hizo mención directa a la complicidad o intervención del jefe de seguridad del penal. Lo hemos puesto en conocimiento del fiscal de la causa”, dijo.
Vale aclarar que el agente penitenciario fue detenido, pero a las 72 horas quedó en libertad por disposición del fiscal Cristian Citterio.
Esta “injusticia” por el tratamiento en la prensa contra su persona (así lo percibe Ritondo) generó una discusión con su plantel de comunicación. Por esa razón, su jefe de prensa, “Charly” Oviedo, renunció, con el argumento de que no podía rendir al ciento por ciento por cuestiones de salud.
Ritondo, entonces, habría decidido que la comunicación y la imagen de su ministerio queden en manos de la consultora de Lautaro García Batallán, el ex viceministro del Interior de Fernando de la Rúa, un integrante del denominado “Grupo Sushi”.
La parálisis en la AFI
Los ministros de Seguridad de la Nación y provincia de Buenos Aires, Bullrich y Ritondo, coincidieron además en la nula colaboración que en la primera semana de búsqueda recibieron por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En principio, esto tendría que ver con la falta de operatividad que demostraron las flamantes autoridades para hacerse cargo de los organismos.
Es elemental que si la autoridad política no logra imponerse desde un principio, el sistema los devora, como le sucedió al entonces presidente Fernando de la Rúa cuando puso frente al organismo a un banquero.
Macri designó como jefe de los espías criollos al escribano Gustavo Arribas, un hombre que sabe, y mucho, de compra y venta de jugadores de fútbol; de hecho, el Presidente lo conoció cuando era mandamás en Boca, pero de espionaje sabe sólo por ver las películas de James Bond. Al menos hasta ahora no ha dado muestras de lo contrario.
De todos modos, eso no sería grave si hubiese designado como “señor 8”, es decir, como segundo en la AFI, a alguien con conocimientos y manejo dentro del organismo. Pero eso no ocurrió, pues designó en ese cargo a la ex diputada del PRO Silvia Majdalani, quien integró la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Seguridad en el Parlamento, pero que –como ella misma reconoció– estuvo prácticamente inactiva durante los 12 años de kirchnerismo.
La casa de los espías está en llamas y vive una interna fenomenal desde que su anterior “Señor 5”, Oscar Parrilli –muerte de Alberto Nisman mediante– obligó a jubilarse al hombre fuerte de la ex Side Antonio “Jaime” Stiuso, quien prometió volver al organismo “por las buenas o por las malas”, según Parrilli.
El ex funcionario nombró, además, a decenas de militantes de La Cámpora, que tampoco saben sobre espionaje pero que aprendieron rápidamente los vericuetos de la burocracia interna y cómo hacer para que todo funcione mucho más lento. Y es lo que sucedió.
Macri, además de designar a dos ignotos en la materia, no dudó en eyectar rápidamente de la AFI al director de Reunión Interior (y enemigo declarado de Stiuso) Fernando Pocino; y a quien era el jefe de Gabinete de Parrilli, José Luis Vila.
Vila, un hombre vinculado al radicalismo –y más concretamente a Enrique “Coti” Nosiglia– había sido mencionado para ocupar un cargo jerárquico en la estructura de la ex Side, razón por la cual se fue (al igual que Pocino) muy contrariado pero con muchísimos contactos dentro del organismo. Y eso, se sabe, es muy peligroso.
Para colmo, los nuevos jefes del espionaje argentino nombraron en el puesto clave de director de Finanzas al contador Juan José Gallea, un hombre que ya ocupó ese cargo durante la fallida presidencia de De la Rúa y que respondía al “Señor 8” de entonces, Darío Richarte.
Como última muestra de por qué la AFI está prácticamente paralizada servirá mencionar que para Crimen Organizado se designó al ex comisario Edgardo Aoun, quien fuese director de Defensa y Protección al Consumidor porteño, durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno.
Publicado en:
http://www.veintitres.com.ar/article/details/51814/en-el-barro
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