El asesinato
de los 43 estudiantes mexicanos puso en primer plano una situación que
no es patrimonio exclusivo de ese país, sino que se expande, casi
estructuralmente, por todo el subcontinente.
Hubo dos noticias provenientes de México que tuvieron una gran
difusión internacional. En febrero de 2014 se conoció la impactante
noticia de que en tierras aztecas había sido detenido el jefe
narcotraficante más importante del mundo. Se trataba de Joaquín Guzmán
Loera, apodado El Chapo (petiso), un campesino del Estado de
Sinaloa, de baja escolaridad pero de muy alta posición económica, según
el ranking de la revista Fortune. Según diversos informes, el Chapo
Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, es el jefe del imperio de la droga
más importante del mundo, con operaciones en 48 países, y sobre todo
con el control de la mayor porción del mercado estadounidense de drogas
ilegales.
El arresto del Chapo fue celebrado, entre otros, por la Marina mexicana, la DEA estadounidense y el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, y se desarrolló sin disparar un solo tiro. Fue detenido en una localidad de su estado natal, Sinaloa, y luego de estar prófugo durante 13 años, ya que se evadió de un penal de alta seguridad. Sería un golpe fuerte contra la principal organización narco-traficante del planeta. Hasta aquí la noticia y una síntesis de los comentarios de miles de informes que se fueron sucediendo en las semanas siguientes.
Pocos meses después, México vuelve a ser noticia. En Ayotzinapa, Estado de Guerrero, a fines de septiembre de 2014 se produce la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal rural, y se hacen visibles cientos de ejecuciones sumarias en la región. Los victimarios son miembros del cartel Guerreros Unidos, uno de los fragmentos en que se fue dividiendo el Cartel de Sinaloa. Las víctimas son jóvenes estudiantes de una mítica escuela rural donde fueron profesores líderes insurgentes, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Al momento de la desaparición, estaban haciendo una colecta para conmemorar la Masacre de Tlatelolco en 1968, donde fueron asesinados jóvenes estudiantes mexicanos. Han sido detenidos sicarios del grupo Guerreros Unidos, dirigentes políticos, y policías del Municipio de Iguala, acusados de tener relación con los hechos.
Los antecedentes del caso abren muchos interrogantes y se impone un debate necesario. Surge como principal interrogante la relación entre el poder político local y las organizaciones de narcotraficantes en México. Pero también surge el debate acerca de la voluntad política de las autoridades estadounidenses y mexicanas acerca de la eliminación del narco, ya que no parece creíble que el principal narcotraficante del planeta permanezca prófugo y visible durante más de trece años. Y finalmente surge el debate sobre cuáles son las funciones no manifiestas o latentes de las organizaciones de narcotraficantes.
El planteo de esta nota es que estas organizaciones, que ocupan una parte de la economía ilícita, no son combatidas seriamente por ser funcionales al poder en una serie de aspectos. Cumplen funciones ocultas tales como generar puestos de trabajo en el mercado informal, suplir fallas del Estado en la asistencia y seguridad social, solucionar problemas de liquidez en momentos de gran recesión, alimentar operaciones de lavado de dinero de grandes bancos, realizar importantes compras a la industria armamentista norteamericana, formar parte de dispositivos de represión ilegal y violatoria de derechos humanos contra movimientos sociales insurgentes, complementar los ingresos de organismos burocráticos (policía, cuerpos de seguridasd etc.), financiar partidos políticos y justificar el gran presupuesto asignado a la DEA y otras agencias estadounidenses, y sus prácticas violatorias de las soberanías nacionales.
Antecedentes y negocios. Los primeros antecedentes de este tipo de organizaciones mafiosas hay que buscarlos en el sur de Italia. Más tarde, es interesante recordar los antecedentes de organizaciones mafiosas que operaron en Estados Unidos y en Cuba durante las décadas del ’30 al ’50. Allí surgieron nombres emblemáticos como Al Capone, Lucky Luciano y Amadeo Barletta, vinculados a la matriz italiana.
En la segunda mitad del siglo XX surgen los carteles mexicanos. En sus orígenes son grupos familiares campesinos que trafican marihuana y heroína hacia un creciente mercado estadounidense. Luego incorporan a sus rutas el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica. Durante las últimas décadas del siglo XX estos grupos tuvieron escasa visibilidad y una evidente protección política. Durante años hubo en México un rumor que se repetía en voz baja en charlas de café. Funcionaría en forma subterránea una poderosa estructura mafiosa de traficantes de drogas que actuaba con la complicidad de funcionarios del gobierno, en especial de miembros del ejército y la Secretaría de Defensa. Este rumor habría sido confirmado por investigaciones de la revista Proceso y de la periodista Anabel Hernández en la última década. Esta periodista, citando informes del general Acosta Chaparro –quien luego fue asesinado– sostiene que al menos hasta el año 2000 autoridades del Estado mexicano y altos jefes militares conocían perfectamente las operaciones de los narcotraficantes, las autorizaban informalmente y recibían beneficios que se distribuían vertical y orgánicamente.
Hacia 1980 surgen en Colombia los poderosos carteles de Medellín y de Cali. Diversos trabajos sobre Pablo Escobar muestran el gran poder económico y político que alcanzó, con la complicidad de autoridades colombianas y funcionarios de Estados Unidos. Su muerte, en 1993, implica la hegemonía de los carteles mexicanos en el negocio de la droga.
En los años ’90, en México aparecen como grandes organizaciones rivales el Cartel del Pacífico, o Cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, quien es detenido a fines de la década, y el Cartel del Golfo.
Entre el PAN y DEA. El triunfo electoral del PAN en el año 2000 inaugura otra etapa luego de décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El esquema de los carteles se modifica rápidamente. Es sintomático que en los primeros días de la presidencia de Vicente Fox, el Chapo Guzmán se evade de un penal de alta seguridad con inocultable complicidad de algunos funcionarios.
En los dos sexenios que gobierna el PAN se fortalece el Cartel de Sinaloa y se visibiliza la problemática violenta. Por otro lado, las administraciones panistas desplazan al ejército mexicano de los principales operativos, involucran a la Marina, y establecen una mayor relación con la DEA. Pareciera que la DEA, como ya lo hizo en Colombia, favorece a unos carteles en desmedro de otros por oscuras razones “tácticas”. En México está claro que el tratamiento que recibieron los Zetas fue muy distinto al del Cartel de Sinaloa. Las declaraciones de un hijo de Ismael Zambada, lugarteniente del Chapo, a la Justicia de Estados Unidos confirman este vínculo entre el principal cartel y la DEA. En un proceso que tramita en Chicago, Vicente Zambada Niebla revela que había un acuerdo entre agentes de la DEA y la cúpula del Cartel de Sinaloa. A partir del gobierno de Felipe Calderón se desata una “guerra antinarco” que visibliza con mayor intensidad la problemática, que provoca reacciones sanguinarias de grupos como los Zetas o el encabezado por los hermanos Beltrán Leyva.
Pero además los carteles se multiplican, como son los casos de La Familia y Los Caballeros Templarios, que surgen en Michoacán y Guerrero. El cartel Guerreros Unidos, acusado de la desaparición forzada de los estudiantes, es una expresión más de este fragmentación.
En este contexto, el Chapo Guzmán goza de una llamativa impunidad. Se casa con una reina de belleza en su propia región, participa de fiestas y se lo ve en lugares públicos. La versión de que escapa a la captura a través de siete casas conectadas por túneles, emitida por muchos medios, es realmente poco seria. Evidentemente no hubo una decisión política de detenerlo.
Un poder paralelo y creciente. El mapa del control territorial de los carteles mexicanos es variable. La Federación, dirigida por el Cartel de Sinaloa y que integran entre otros el cartel Nuevo Milenio, La Familia de Michoacán o el Cartel del Golfo, es la más poderosa. Por otro lado aparecen Los Zetas y el Cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Entre estos grupos, a los que hay que sumar el antiguo Cartel de Tijuana, hay alianzas y rupturas constantes.
Se profundiza también la internacionalización de algunos carteles, como el de Sinaloa, con filiales en más de 40 países, o el de Los Zetas que avanza raudamente sobre Centroamérica. Esta expansión significa alianzas y acuerdos con grandes empresas, bancos y poderes públicos. Porque una economía ilegal y un poder paralelo no puede expandirse sin acuerdos y protección de los poderes formales. ¿Acaso se puede concebir el gran poder de los narcos sin la complicidad de grandes bancos que lavan su dinero o de empresas legales que les venden armas, y de funcionarios que miran para otro lado?
Ese poder paralelo es funcional a ciertas administraciones estatales o federales, y a ciertos poderes permanentes como los grandes bancos, determinadas empresas o grandes estructuras burocráticas. Veamos más en detalle las funciones ocultas de las mafias del narcotráfico.
A) Respecto de gobiernos locales o federales: son útiles, ya sea auxiliando en momentos de iliquidez las finanzas publicas, creando empleo informal, generando asistencia social, financiando campañas electorales, y actuando como “guardias blancas” contra movimientos rebeldes. Los principales grupos narcos se hacen cargo de muchas salas de primeros auxilios y otras instituciones asistenciales. Contratan a miles de personas como “vigiladores” y fomentan el pequeño comercio mediante “préstamos” que forman parte de operaciones de microlavado.
B) Respecto de grandes bancos: los grandes bancos son beneficiarios de enormes masas de dinero que son lavadas en circuitos financieros. Hay reportes de que importantes instituciones bancarias de Estados Unidas fueron levemente sancionadas, pero recibieron grandes beneficios por la complicidad con el lavado de fondos provenientes del Cartel de Sinaloa o de Los Zetas. Entidades como la Wells Fargo, el Citibank o el Bank of America fueron mencionadas en operaciones sospechosas provenientes de casas de cambio mexicanas.
C) Respecto de la industria armamentista: los narcos mexicanos son importantes clientes de la industria armamentista de Estados Unidos. Hay cientos de armerías en la frontera y las organizaciones de narcos compran legalmente armas de gran calibre. Pero además, operativos como “Receptor Abierto” o “Rápido y Furioso” comprometen a algunas agencias estadounidenses en el envío de armas para narcos mexicanos.
D) Finalmente, organizaciones formales burocráticas de Estados Unidos también interactúan con este poder paralelo. Un informe del entonces senador John Kerry demuestra que la CIA financió con dinero de los narcos el apoyo a los “contras” en Nicaragua. Obviamente, la DEA realiza múltiples acuerdos informales con los grupos narcos y su patrón de actuación es realizar acuerdos con algún grupo narco para obtener información de sus rivales.
Los suceso de Ayotzinapa. Los crímenes en perjuicio de los estudiantes de Ayotzinapa muestran crudamente algunas funciones ocultas de las organizaciones de narcotraficantes.
En rigor, en el Estado de Guerrero ya había antecedentes muy precisos sobre utilizar grupos narcos para reprimir la protesta social. La síntesis de estos procesos está en el rol histórico de Rogaciano Alba, que fue alcalde priísta de un importante municipio de Guerrero, presidente de la Sociedad Ganadera del Estado, y jefe regional del Cartel de Sinaloa. El eclipse y la detención de este personaje se deben a disputas internas del Cartel de Sinaloa.
Al mismo tiempo, Ayotzinapa, es un símbolo de la protesta social en Guerrero, ya que allí surgieron profesores que encabezaron movimientos políticos en los ’70, como la Asociación Cívica de Genaro Vázquez o el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. Esta insurgencia fue reprimida en la llamada Guerra Sucia de Guerrero, recientemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Radilla”.
Los sucesos de Guerrero marcan a fuego otro problema que involucra a la dirigencia política mexicana. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de connivencia con los narcos, es un dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También es dirigente de este partido el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, con antecedentes en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y sospechado de recibir dinero del narco para sus campañas electorales.
Aviso para la democracia. Es posible y necesaria una nueva lectura sobre el tema en análisis. La profusa difusión sobre el imperio en las sombras del Chapo debe servir para alertar sobre la existencia de un fuerte poder paralelo al Estado con ramificaciones y alianzas en todo el continente. Y la indignación por los sucesos de Ayotzinapa debe alertar sobre el uso de este poder en las sombras para reprimir la protesta social.
En rigor, se trata de una economía subterránea ilegal que representa porciones crecientes del PBI y que tiene vasos comunicantes con la economía formal.
Pero, además, hay datos de que esta masa de dinero ilegal se reproduce a través de diversos mecanismos de lavado. Hay empresas “fantasmas” con sedes en Miami y Panamá que se ocupan de diversas maniobras financieras.
Respecto del tráfico de cocaína, parece haberse consolidado la hegemonía del Cartel de Sinaloa, que controla la producción de pasta base en el Amazonas colombiano y las rutas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Es evidente que el grupo mexicano ha realizado alianzas con remanentes de los antiguos carteles colombianos. A su vez, abastece el mercado europeo a través de contactos y alianzas con otros grupos de la zona andina y del Cono Sur.
En todo el Atlántico mexicano y en el mar Caribe se expande el poder de Los Zetas. Nacido como grupo de seguridad del Cartel del Golfo y formado por militares mexicanos desertores, este cartel se independiza, integra a ex militares guatemaltecos (los “Caibiles”), y desarrolla nuevas líneas de trabajo, como el tráfico de migrantes o los secuestros extorsivos.
Hoy las drogas sintéticas o metanfetaminas son una de las líneas de trabajo del Cartel de Sinaloa y el nivel de desarrollo de este negocio ilícito es difícil de determinar. Veamos algunos síntomas que no deben pasar desapercibidos. En países como la Argentina habría acumulado reservas de efedrina, uno de los componentes de la droga sintética, que entraron en tiempos de escasa vigilancia. Esta sustancia es manejada por la llamada “mafia de los medicamentos” y ya hubo episodios de violencia no esclarecidos, como el “tripe crimen” de jóvenes ligados a droguerías. Por otro lado, también se detectó un laboratorio clandestino en el Gran Buenos Aires, y fueron detenidos mexicanos que luego aparecen ligados al Cartel Nuevo Milenio.
Fenómenos de corrupción estructural también parecen tener vinculación con el Cartel de Sinaloa. La revista Proceso había advertido sobre la presencia del cartel en todo el continente. Este poder paralelo y creciente determina la aparición de nuevos actores políticos. Todo esto impacta sobre el sistema democrático en América latina. En México han aparecido gobiernos provinciales dudosos y se empieza a hablar de “narcoestados”. En Guatemala, los candidatos más importantes en las últimas elecciones fueron vinculados de alguna manera con la cuestión del narcotráfico. En Colombia, decenas de congresistas han sido procesados por vinculaciones con grupos para-militares y narcotraficantes. En Paraguay hay muchas evidencias de que importantes figuras políticas están vinculadas al contrabando y al “blanqueo” de dinero ilegal. Y en la Argentina, hay figuras políticas locales con una trayectoria sospechosa.
* Ex profesor universitario en México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Publicado en:
http://sur.infonews.com/nota/10099/alerta-temprana-para-america-latina
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