El fallo que obliga a la Argentina a pagarle el 100% a los holdouts, convierte la debilidad del deudor en fortaleza.
La insólita decisión del juez Thomas Griesa de bloquear el
pago de 540 millones de dólares realizado por la Argentina en
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los canjes de 2005 y 2010,
resultó una alternativa favorable al posible embargo de esos fondos y
abrió un período de cura de 30 días para negociar con los fondos buitre.
El juez se extralimitó al avanzar con su decisión sobre fondos que no están en litigio ni pertenecen ya a la Argentina, sino a los tenedores de bonos reestructurados, pero no cumplió la amenaza de embargar que hubiera descripto un escenario más complicado.
La decisión que impide el pago a los bonistas pone al país en moratoria previa a un default, que puede ser evitado durante los próximos 30 días, pero revela que el gobierno está firmemente dispuesto a evitar el pago total a los holdouts encabezados por Paul Singer, lo cual desataría una cataratas de demanda por unos 150 mil millones de dólares y llevaría también al default.
Los críticos de la estrategia defensiva del gobierno nacional sostienen que el país está ahora en peores condiciones que antes de los fallos de Griesa y de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que convalidó en silencio esas sentencias.
Sin embargo, no sólo el gobierno tiene por objetivo evitar el default, sino que los fondos buitre tampoco quieren tirar la cuerda al punto de no cobrar nada de lo que el juez Griessa les concedió.
La cuestión central de la negociación es que los holdouts acepten una ingeniería posible para salvar los cinco meses que restarían en julio para que expire la cláusula que obliga a la Argentina a un tratamiento igualitario con todos los bonistas.
La cláusula RUFO vence en diciembre y determina que si los buitres que litigaron ante Griessa obtienen el ciento por ciento de los bonos que compraron por chauchas, otros bonistas podrían reclamar lo mismo.
Después de los fallos de Griesa, convalidados por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y tácitamente por la Corte Suprema de Justicia, la situación legal de la Argentina se complicó, pero políticamente la relación de fuerza es otra, ya que el gobierno consiguió apoyos impensados como son los de parlamentarios británicos y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los respaldos de países latinoamericanos pueden ser leídos en el marco de las afinidades políticas, pero otros obedecen en realidad al temor por el desbarajuste financiero que puede propiciar el fallo, frente a futuras reestructuraciones de deudas soberanas.
Estos respaldos de países o instituciones que no son precisamente amigos del gobierno argentino, pueden haber sido el motivo que movió a Griesa a no embargar los fondos, sino a pedir que sean devueltos a la Argentina porque el pago a los bonistas reestructurado violas sus fallos.
Por otra parte, el magistrado que jugó permanentemente en favor de los fondos buitre, evitó ahora esa instancia decisiva, porque tampoco quiere tirar excesivamente de la cuerda como para terminar siendo responsable de un desaguisado condenado por el mundo.
Griesa es un conservador republicano que se cree con derecho y obligación de disciplinar a los díscolos del patio trasero que saquen los pies del plato. El kirchnerismo le demostró al mundo que es posible que un país salga del default, sin recurrir a costosas refinanciaciones que otorgan a los centros financieros mundiales pingues ganancias.
Para colmo, la política de desendeudamiento se llevó a cabo mediante el modelo populista que Griesa detesta como buen conservador. Castigó al kirchnerismo todo lo que pudo, pero ahora se topó con las responsabilidades mundiales de sus propios fallos.
Es cierto que a la Argentina no le queda otro camino que negociar con los holdouts, no tanto montos e intereses, sino tiempo para esperar a que expire la cláusula que vence en diciembre. También es cierto que ahora deberá hacerlo con un plazo estipulado en 30 días para no caer en default.
Pero no es la única parte en juego de este berenjenal internacional que pretende un final pactado: ni los holdouts ni el juez quieren que la sangre llegue al río. Para la Argentina,el default, aunque parcial, implicaría un retroceso en el arduo camino trazado durante una década para salir de la condición de paria financiero en la cual cayó en 2001.
Para los fondos buitre implicaría no cobrar nada, pese a haber ganado en la justicia y sobre el juez recaería la responsabilidad de haber propiciado una cesación de pagos que complicaría al mundo financiero.
Los holdouts compraron a precio vil los bonos que poseen y tiene un amplio margen de ganancia para negociar. Griesa no quiere cargar con la responsabilidad del default, pese a que tiene una evidente animosidad contra un gobierno díscolo que discute sus fallos. Y la Argentina puede encontrar,una vez más, fortaleza en su propia debilidad. Todos están empujados a negociar.
Cuando Néstor Kirchner comenzó a reestructurar la deuda en default, solía advertir al poder financiero que "los muertos no pagan".
La advertencia corre hoy para los fondos buitre, que saben que no pueden poner a la Argentina ante la disyuntiva de pagar el 100% de sus acreencias o entrar en default. Porque en la práctica, la disyuntiva sería default o default.
El cumplimiento del fallo de Griesa llevaría a la Argentina al default no por una decisión gubernamental, sino por la imposibilidad concreta de afrontar las demandas millonarias que plantearían otros bonistas en reclamo de trato igualitario.
Pero ese fallo que obliga a la Argentina a pagarle el 100% a los holdouts, convierte la debilidad del deudor en fortaleza porque es de cumplimiento imposible. De modo que la única posibilidad de que la Argentina evite el default está en una negociación razonable con los fondos buitre, que son buitres pero no comen vidrio. Y la clave de esa negociación no radica tanto en montos ni tasas de interés, sino en el plazo que el país necesita para eludir la cláusula RUFO. El objetivo es llegar a fin de año.
Las partes ya están negociando. Del resultado de estas negociaciones depende la calidad de vida de los argentinos en los próximos años.
El tipo de cambio del dólar, la inversión pública, el salario, el consumo y el nivel de empleo dependen en gran medida de ello. Durante décadas, la Argentina pagó con sangre, sudor y lágrimas. Los argentinos bien nacidos no quieren que se repita el escenario que el país dejó atrás. Es el último intríngulis que debe resolver el gobierno para regularizar el frente externo.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/06/28/economia-151398-los-buitres-no-comen-vidrio.php
El juez se extralimitó al avanzar con su decisión sobre fondos que no están en litigio ni pertenecen ya a la Argentina, sino a los tenedores de bonos reestructurados, pero no cumplió la amenaza de embargar que hubiera descripto un escenario más complicado.
La decisión que impide el pago a los bonistas pone al país en moratoria previa a un default, que puede ser evitado durante los próximos 30 días, pero revela que el gobierno está firmemente dispuesto a evitar el pago total a los holdouts encabezados por Paul Singer, lo cual desataría una cataratas de demanda por unos 150 mil millones de dólares y llevaría también al default.
Los críticos de la estrategia defensiva del gobierno nacional sostienen que el país está ahora en peores condiciones que antes de los fallos de Griesa y de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que convalidó en silencio esas sentencias.
Sin embargo, no sólo el gobierno tiene por objetivo evitar el default, sino que los fondos buitre tampoco quieren tirar la cuerda al punto de no cobrar nada de lo que el juez Griessa les concedió.
La cuestión central de la negociación es que los holdouts acepten una ingeniería posible para salvar los cinco meses que restarían en julio para que expire la cláusula que obliga a la Argentina a un tratamiento igualitario con todos los bonistas.
La cláusula RUFO vence en diciembre y determina que si los buitres que litigaron ante Griessa obtienen el ciento por ciento de los bonos que compraron por chauchas, otros bonistas podrían reclamar lo mismo.
Después de los fallos de Griesa, convalidados por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y tácitamente por la Corte Suprema de Justicia, la situación legal de la Argentina se complicó, pero políticamente la relación de fuerza es otra, ya que el gobierno consiguió apoyos impensados como son los de parlamentarios británicos y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los respaldos de países latinoamericanos pueden ser leídos en el marco de las afinidades políticas, pero otros obedecen en realidad al temor por el desbarajuste financiero que puede propiciar el fallo, frente a futuras reestructuraciones de deudas soberanas.
Estos respaldos de países o instituciones que no son precisamente amigos del gobierno argentino, pueden haber sido el motivo que movió a Griesa a no embargar los fondos, sino a pedir que sean devueltos a la Argentina porque el pago a los bonistas reestructurado violas sus fallos.
Por otra parte, el magistrado que jugó permanentemente en favor de los fondos buitre, evitó ahora esa instancia decisiva, porque tampoco quiere tirar excesivamente de la cuerda como para terminar siendo responsable de un desaguisado condenado por el mundo.
Griesa es un conservador republicano que se cree con derecho y obligación de disciplinar a los díscolos del patio trasero que saquen los pies del plato. El kirchnerismo le demostró al mundo que es posible que un país salga del default, sin recurrir a costosas refinanciaciones que otorgan a los centros financieros mundiales pingues ganancias.
Para colmo, la política de desendeudamiento se llevó a cabo mediante el modelo populista que Griesa detesta como buen conservador. Castigó al kirchnerismo todo lo que pudo, pero ahora se topó con las responsabilidades mundiales de sus propios fallos.
Es cierto que a la Argentina no le queda otro camino que negociar con los holdouts, no tanto montos e intereses, sino tiempo para esperar a que expire la cláusula que vence en diciembre. También es cierto que ahora deberá hacerlo con un plazo estipulado en 30 días para no caer en default.
Pero no es la única parte en juego de este berenjenal internacional que pretende un final pactado: ni los holdouts ni el juez quieren que la sangre llegue al río. Para la Argentina,el default, aunque parcial, implicaría un retroceso en el arduo camino trazado durante una década para salir de la condición de paria financiero en la cual cayó en 2001.
Para los fondos buitre implicaría no cobrar nada, pese a haber ganado en la justicia y sobre el juez recaería la responsabilidad de haber propiciado una cesación de pagos que complicaría al mundo financiero.
Los holdouts compraron a precio vil los bonos que poseen y tiene un amplio margen de ganancia para negociar. Griesa no quiere cargar con la responsabilidad del default, pese a que tiene una evidente animosidad contra un gobierno díscolo que discute sus fallos. Y la Argentina puede encontrar,una vez más, fortaleza en su propia debilidad. Todos están empujados a negociar.
Cuando Néstor Kirchner comenzó a reestructurar la deuda en default, solía advertir al poder financiero que "los muertos no pagan".
La advertencia corre hoy para los fondos buitre, que saben que no pueden poner a la Argentina ante la disyuntiva de pagar el 100% de sus acreencias o entrar en default. Porque en la práctica, la disyuntiva sería default o default.
El cumplimiento del fallo de Griesa llevaría a la Argentina al default no por una decisión gubernamental, sino por la imposibilidad concreta de afrontar las demandas millonarias que plantearían otros bonistas en reclamo de trato igualitario.
Pero ese fallo que obliga a la Argentina a pagarle el 100% a los holdouts, convierte la debilidad del deudor en fortaleza porque es de cumplimiento imposible. De modo que la única posibilidad de que la Argentina evite el default está en una negociación razonable con los fondos buitre, que son buitres pero no comen vidrio. Y la clave de esa negociación no radica tanto en montos ni tasas de interés, sino en el plazo que el país necesita para eludir la cláusula RUFO. El objetivo es llegar a fin de año.
Las partes ya están negociando. Del resultado de estas negociaciones depende la calidad de vida de los argentinos en los próximos años.
El tipo de cambio del dólar, la inversión pública, el salario, el consumo y el nivel de empleo dependen en gran medida de ello. Durante décadas, la Argentina pagó con sangre, sudor y lágrimas. Los argentinos bien nacidos no quieren que se repita el escenario que el país dejó atrás. Es el último intríngulis que debe resolver el gobierno para regularizar el frente externo.
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