Después de leer atentamente los resultados
de las PASO, el kirchnerismo en campaña intenta disputar palmo a palmo
con los distintos candidatos que propone el orden conservador para no
resignar en las urnas de octubre las mayorías parlamentarias necesarias
para gobernar hasta el 2015. Esto explica sus últimos movimientos.
Si Alejandro Granados tiene que ser el ministro de Seguridad
bonaerense para asegurar que los intendentes del mayor distrito
electoral no den el salto en garrocha al massismo, lo será. Del mismo
modo que fue Martín Redrado, y no Mercedes Marcó del Pont ni Carlos
Kunkel, el presidente del BCRA de Néstor Kirchner, durante toda su etapa
fundacional. Si hay que gravar la renta financiera para aumentar el
mínimo no imponible de Ganancias, se hará ahora, aprovechando que los
opositores agitaban esa idea para correr por izquierda al gobierno.
En lo sustancial, el kirchnerismo también sigue siendo, como lo fue
en toda esta década de cambios, un vector peronista emancipador que
interpreta los desafíos con convicciones, aunque evitando transitar las
arenas de la política con las rigideces de cualquier religión.
Podrá gustar más o menos lo que decide en una coyuntura expresa,
será más o menos comprensible para su militancia ideológicamente más
comprometida y encuadrada, pero siempre va a dar la pelea en la cancha
que hay, y no en la que desea imaginariamente.
Cuando Cristina habló de "titulares y suplentes" su mensaje tuvo un
destinatario claro: el "círculo rojo" del que habla Mauricio Macri, que
no es otra cosa que el enjambre corporativo que da por agotado su ciclo
vital. Con ese discurso desafiante y las mesas de diálogo posteriores,
Cristina expuso a los dueños del poder y del dinero y descubrió las
piezas electorales del engranaje pretendidamente sucesorio puesto en
marcha.
En simultáneo, tomó la decisión de apoyarse en intendentes y
gobernadores peronistas que no son del agrado del refinado paladar del
kirchnerismo premium, pero hubiera sido más reprochable para su
conducción cederlos a las estrategias del conservadurismo pejotista,
agazapado detrás de las candidaturas de Sergio Massa y, en menor medida,
Francisco De Narváez.
Dos de sus últimas resoluciones, la suba del Impuesto a las
Ganancias y la batería de medidas más o menos ortodoxas contra la
inseguridad, buscan restar predominancia en la agenda a las ofertas
electorales del bloque de poder que se ve predestinado a remplazar al
kirchnerismo, siguiendo la letra fría del artículo 90 que impide la
reelección presidencial.
El objetivo de las últimas medidas no es tanto que el FPV resulte
rotundamente victorioso en una elección de medio término, donde la
dispersión del sufragio es tradición, sino garantizar el número de
diputados y senadores que respondan a su estrategia en el Congreso,
neutralizando el avance de un nuevo Grupo A con ínfulas dañinas para la
gobernabilidad de sus últimos dos años de mandato. Con llegar al 30% de
los votos, le alcanza. No es imposible.
Las lecturas sobre un viraje o desconcierto ideológico no tienen
anclaje en la realidad. Por fuera de las consignas y el encandilamiento
que estas producen en el activismo, el pragmatismo conducente existe en
los liderazgos políticos que se resisten a ser testimoniales. Las
acusaciones de oportunismo de parte de la oposición mediática están
intoxicadas de gataflorismo: no bajar Ganancias está mal y subir el tope
es electoralista; no hablar de la seguridad es ocultarla y hablar de
ella es demagogia. Nada nuevo bajo el sol.
Con dos movidas tácticas, que amargaron incluso el análisis de
Eduardo Van Der Kooy en el piso de TN, el kirchnerismo logró complicar
la velocidad de marcha de Massa, interpeló a sus votantes menos
convencidos de traicionar a la presidenta que apoyaron en 2011 e
incorporó a su acción proselitista una demanda concreta, como la de
seguridad, que surge como asunto primordial en todas las encuestas.
Con esto, si algún sector doctrinario del armado oficial amenazó
con escandalizarse, el massismo completo comenzó a preocuparse de veras.
Granados obtuvo un ministerio ahora, no en el 2015. Para cauterizar el
potencial drenaje de dirigentes, su designación parece acertada. Su
currículum genera suspicacias atendibles. Pero mejorar la gestión de su
antecesor en el área, el penitenciario Ricardo Casal, duramente
cuestionado por los organismos de Derechos Humanos, no parece tan
difícil. El proyecto de largo plazo de Daniel Scioli, cuya intensidad
kirchnerista siempre está en debate, necesita que Massa pierda adeptos.
Si va a ganar, que sea por un margen escaso. El cristinismo y el
sciolismo necesitan de lo mismo: por eso Granados es ministro.
Lo realmente importante es que todo el tinglado del peronismo
provincial hoy aliado del kirchnerismo sostiene en la práctica una larga
lista de diputados nacionales confeccionada en la Casa Rosada, de la
que Martín Insaurralde es figura insigne por decisión presidencial. Lo
mismo ocurre con los gobernadores y los candidatos al Senado.
El rumbo general que imprime Cristina al proceso no sufre
variaciones estratégicas. La mayoría parlamentaria oficial que aumentó
el tope de Ganancias, gravó la renta financiera especulativa y los
dividendos de las empresas del "círculo rojo" para tapar el bache
fiscal, logrando incluso los votos del moyanismo, que se desmarcó así de
su alianza con De Narváez, votante en contra. Y la propia UCR habilitó
sus votos para sumarse a la iniciativa de la reapertura del canje de
deuda propuesto por el Poder Ejecutivo, tras el fallo antiargentino de
la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Esta movida concitó el apoyo a
la postura nacional de "Madame Lagarde", la titular del FMI, en plena
reunión del G-20.
Los dichos de Insaurralde sobre la baja de la edad de imputabilidad
para los menores en conflicto con la ley penal, más allá del modo
desprolijo en que se echó a rodar, responden a una demanda de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó hace un mes a
nuestro país por mantener vigente un sistema vejatorio que aplica penas
de mayores a menores desde la época de la dictadura cívico-militar.
No se trata de mano dura, ni de garantismo extremo: es la
Convención de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhiere por
manda constitucional, la que impone los requisitos de una nueva
normativa que contemple la singularidad de los chicos en conflicto con
la ley penal. Hoy son falsamente inimputables hasta los 18, pero
cumplida esa edad se les aplica el rigor de las penas previstas por
Código Penal como si el delito lo hubiesen cometido de adultos. En
adelante, según el proyecto en estudio del kirchnerismo, serán
imputables –aún no está decidida la edad tope– aunque cumplirán
penalidades específicas y diseñadas para menores, con finalidad de
reinserción.
En algún sentido, analizando el escenario filoso donde el
oficialismo retomó la iniciativa tras las PASO, se puede trazar un
paralelo con las escenas inmediatas a la designación de Jorge Bergoglio
como Papa. La primera reacción del núcleo más intransigente del
kircherismo fue la de impugnarlo por sus antecedentes, hasta que la
presidenta bajó otra línea de trabajo no principista. El
antikirchnerismo buscaba un Papa opositor entonces, como ahora necesita
de un peronismo dócil a las corporaciones que vertebre un potencial
armado poskirchnerista. En ambos casos, Cristina decidió no ser
funcional a los deseos opositores: ni se peleó con el Papa como se
esperaba, ni salió con el kirchnerómetro a acosar a intendentes y
gobernadores que quieren juego propio. A veces, impedir los éxitos del
adversario equivale a asegurarse los propios.
PORTADORES DE REPUBLICANISMO SANO. Lo que sigue es
una escena imaginaria, o no tanto. Un ministro de la Corte Suprema de
Justicia se detiene ante un grupo de periodistas y les explica que los
tiempos que corren son tristes, porque hay mucha corrupción y faltan
líderes virtuosos; y remata épicamente, rodeado de micrófonos, diciendo
que lo que está haciendo falta, en realidad, son conductores políticos
de la talla de Juan o Eva Perón.
Sería un escándalo. Una falta de independencia reprochada de modo
airado. La intromisión de una ideología política facciosa en el lustroso
Palacio de Tribunales. Es opinable, claro, pero los mastines de la
prensa hegemónica se encargarían de despellejar a su señoría hasta
convertirlo en jirones.
Para peor, el mismo ministro, puesto a opinar sobre un expediente
candente que llegó al máximo tribunal, revela que el fallo definitivo
estará resuelto después de las elecciones de octubre, y no antes,
transparentando que las decisiones judiciales se subordinan al
calendario electoral.
Sería un escándalo todavía mayor. Su señoría no sólo tiene su
corazoncito político, sino que además dice en público que los
integrantes de un poder del Estado como el judicial deben escuchar
primero el dictamen de las urnas y recién después expedirse sobre la
constitucionalidad de una norma votada en el Parlamento, trámite que ya
lleva cuatro años en veremos.
Si su señoría fuera kirchnerista, toneladas de adjetivaciones
negativas hubieran censurado su proceder. Si, además, se tratara de un
ministro que goza de la permanencia en su cargo gracias a la mayoría
automática del menemismo, desoyendo el artículo 99, inciso 4 de la
Constitución Nacional, que por edad se lo impide, los diarios
tradicionales lo estarían asociando a las perversidades de una secta
destructiva. Esto, en el mejor de los casos. Porque si eligieran
ensañarse con su edad, le atribuirían una historia clínica morbosamente
irremontable.
Sin embargo, Carlos Fayt hizo algo parecido esta semana, durante
una reunión donde fue premiado por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA), y nadie se agarró la cabeza ni se sintió moralmente
agraviado.
La fábrica de prestigio funciona así. Lo que está permitido a
algunos, está vedado a los otros, los que no son del club republicano.
Estos pueden sacar a relucir sus preferencias políticas, influir en la
esfera del debate público desde la supuesta neutralidad de su cargo y
permitirse jugar con la idea de que la asepsia es inexistente cuando de
fallos jurídicos se trata, y la vida sigue sin percances ni críticas
altisonantes.
Según Carlos Fayt, vivimos rodeados de corrupción, un poco a la
deriva por falta de liderazgos como los de Lisandro de la Torre y Juan
B. Justo (no habló de Perón ni de Eva, eso fue una licencia narrativa
del autor de estas líneas), y que si quieren saber cómo van a fallar los
supremos cuando se sienten a resolver el pleito por la
constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
tendrán que esperar a ver cómo queda el mapa político después de las
elecciones legislativas.
Lo dijo y agua va. Fayt puede decir que es socialista, comentar
ante el presidente de la FACA, el denarvaísta Ricardo De Felipe, que hay
enriquecimientos ilícitos –que no denuncia en sede penal–, revelar el
tiempismo político del máximo tribunal, sentirse eterno en su ministerio
contradiciendo a la propia Constitución Nacional y no por eso ser
cuestionado ni cosechar diagnósticos de salud temerarios, como sí
ocurre, por ejemplo, con la presidenta.
Los portadores sanos de republicanismo, como Fayt, cuentan con esa
ventaja frente al resto de los hombres públicos. En otros tiempos, está
claro, el actual decano de la Corte fue el ala progresista del tribunal.
Su dictamen sobre "real malicia" sentó jurisprudencia y de la buena. No
se puede negar eso. Tampoco ignorar que quedó atrapado en una lógica
decimonónica de fantasmal factura desde la que reprende al sistema
político en su conjunto.
El ministro decano fue a la FACA a recibir halagos. Es humano, se
sintió como en casa. Hubiera sido elogiable que les preguntara a sus
anfitriones por qué la federación de hombres del Derecho calló durante
la dictadura, es decir, durante la supresión total de los derechos
sociales y políticos, mientras los abogados que se jugaban con los
hábeas corpus eran desaparecidos en los campos de exterminio de Videla
& Cía. Fayt no los fue a inquirir por haber desertado de la denuncia
en tiempos donde hacía falta ese coraje del que alardean ahora sus
socios. Fue a recibir un galardón, seguramente convencido de que lo
merece, y eludió interpelar a los premiantes por asuntos graves, sobre
los cuales no se han expedido todavía. En Chile y en Brasil, los
cómplices civiles del terrorismo de Estado están comenzando a pedir
disculpas por la complicidad u omisión con las violaciones de Derechos
Humanos. ¿Podría haber impulsado Fayt una autocrítica de la FACA?
Hubiera sido interesante escucharlo. Sobre todo, porque dos días
después, hasta la Corte chilena pidió perdón por el rol de sus
integrantes durante el régimen dictatorial de Pinochet. Claro que Fayt,
cuando tuvo que expedirse por la inconstitucionalidad de las leyes de
impunidad en nuestro país, también se opuso. A veces la coherencia no es
un valor.
Fayt, sin embargo, aprovechó la premiación para descargar los
mismos lugares comunes de aquellos que dejan a las instituciones
maltrechas, aun desde el discurso republicano. Hoy los políticos se
enriquecen, los de ayer eran mejores. Si así fuera, como juez está
obligado a denunciarlos con nombre y apellido, pero en honor a la verdad
dio la impresión de que Fayt apoyó un prejuicio generalizado, sin
precisiones ni evidencias. Tampoco las obtuvo cuando actuó como
instructor de la causa por el atentado a la Embajada de Israel, que
sigue impune después de 21 años. Al respecto, en una entrevista, él
mismo se justificó: “Luego del atentado, hubo algunos pequeños problemas
con la comunidad. Me cuestionaron por más que hice cuanto pude en la
investigación de la Embajada de Israel. Yo no estoy ofendido. Estoy
acostumbrado a las ingratitudes (…) De manera que les puedo asegurar que
hice lo humanamente posible para que se hicieran las cosas bien, y así
se hicieron. Aquella, también, fue una tarea a la que dediqué mucho
tiempo y muchas esperanzas, sin pretender nada." Y sin encontrar mucho,
tampoco.
Alguna vez, Don Arturo Jauretche recordó a un abogado joven que
pretendía integrarse a FORJA. Lo escuchó atentamente y después le
recomendó alistarse en el socialismo reformista de Nicolás Repetto y
Juan B. Justo. Era Carlos Fayt, que le hizo caso. Ese sector del
socialismo apoyó luego con proclamas y dirigentes el gobierno de facto
surgido del Golpe del '55. Américo Ghioldi, Alicia Moreau de Justo,
Repetto y Ramón Muñiz se integraron, incluso, a la Junta Consultiva
Nacional convocada por los dictadores para darle una pátina plural al
proceso, del que Alfredo Palacios fue embajador en Uruguay. Pese a todo,
sus figuras atravesaron las décadas siguientes como portadores de un
sano republicanismo. Como Fayt.
La historia es así. La ganan los que la escriben. El editorial de
La Nación que atribuyó a Perón la culpa del golpe sangriento que sufrió
es un buen ejemplo de esta reescritura permanente del pasado a favor del
orden conservador. En cualquier otro país, los socialistas que hubieran
apoyado un golpe y la proscripción de una mayoría política durante 18
años, dejarían de llamarse socialistas.
Pero acá reciben premios de "doctores" y sus pares los saludan al grito de "Maestro".
Publicado en:
http://www.infonews.com/2013/09/08/politica-96595-el-viraje-k-que-preocupa-a-massa-y-van-der-kooy.php
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