Estoy azorado con la decisión de la Corte Suprema de convocar a una audiencia pública destinada a recoger opiniones respecto a la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. No tengo dudas de que se trata de una maniobra dilatoria. También tengo –a riesgo de equivocarme– la certeza de que una mayoría del cuerpo ya resolvió declarar la inconstitucionalidad de un artículo: aquel que prevé un límite de licencias.
El corazón de la ley. En cuanto a la audiencia pública, es cuánto menos insólito que la Corte convoque en un pie de igualdad al Estado y a un grupo económico para que expongan sobre lo que ya fundamentaron largamente en un proceso judicial. Más sorprendente es que se llame a participar a cinco ONG, por cada parte, para que en el supuesto rol de "amigos del tribunal" vuelquen sus opiniones. ¿Opiniones sobre qué? Se supone que la Corte conoce el derecho y, sobre lo que tiene que fallar, es una cuestión de puro derecho.
¿Las ONG van a enseñarles a los miembros del tribunal cómo interpretar el derecho constitucional? ¿Acaso la opinión de esas ONG, que tal vez reciban, en algún caso, aportes privados o estatales, es más importante que el debate de los legisladores, que las opiniones ya vertidas por los fiscales de primera y segunda instancia, que los fallos del juez de primera instancia, la Cámara Civil y Comercial y que el dictamen de la procuradora fiscal? Algunos remiten a la audiencia que la Corte patrocinó respecto a la situación del Riachuelo como antecedente.
Nada tiene que ver porque en esa reunión se trataba de conocer "los hechos " y no "el derecho". Además, esta audiencia la han convocado a pocos días de finalizado el escrutinio de las PASO, como si el "clima de época" fuera lo que determina las acciones del tribunal. Ahora, tratan de pasar la decisión para después de los comicios de octubre, agregando fojas a un expediente sobre el que ya debería haberse fallado.
Espero que no utilicen, como argumento para decretar la inconstitucionalidad del artículo 45, la falacia de que los cables, al no circular por el espectro radioeléctrico, no son objeto de regulación pública. Sería un fundamento insostenible.
Efectivamente, los cables no integran el espectro radioeléctrico pero esa circunstancia no los deja afuera de una ley que pretende la desmonopolización de medios. Se trata de regular, para que no existan concentraciones mediáticas que actúen como tutores de la opinión pública y, por ende, de la democracia, sin importar el carácter técnico de esa acumulación de herramientas mediáticas.
Así lo entendimos en el gobierno de Raúl Alfonsín y por esa razón, en abril de 1988, enviamos al Parlamento un proyecto –que desgraciadamente no se aprobó por la presión combinada del Grupo Clarín y el menemismo recién triunfante en la interna justicialista– de Ley de Medios que era más restrictivo, si se quiere, que la ley actual.
Por último, la Corte debe considerar que la cuestión en debate no es favorecer al Grupo Clarín y perjudicar al gobierno, o viceversa. Está en discusión si el Estado tiene la facultad de sancionar normas antimonopólicas o si, por el contario, estamos condenados a tolerar la concentración.
La Cámara Civil y Comercial tuvo la desfachatez de fundar su fallo en favor de la inconstitucionalidad afirmando que la desinversión hacía inviable la ecuación económica de la empresa. Ese criterio se da de narices con un reciente fallo de la Corte en favor de la llamada libertad sindical que promueve la descentralización de los gremios por rama de producción, habilitando a los sindicatos que carecen de personería gremial para ser parte de las paritarias.
Esta decisión debilitará, sin lugar a dudas, el poder económico de los grandes gremios. No vaya a ser que ahora, por una parte, un fallo de la Corte fortalezca doctrinariamente la concentración de poder económico en grupos monopólicos y, con otro fallo, haya desprotegido en la negociación colectiva al eslabón más débil de la cadena que son los trabajadores.
De confirmarse que, al rechazo de la constitucionalidad del artículo madre de la Ley de Medios, se sumarían sentencias que desfinanciarían el sistema de la seguridad social, estaríamos en presencia de un retorno a un escenario propicio para una restauración neoliberal y frente a un severo retroceso democrático.
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