Miradas al Sur. Año 6. Edición número 250. Domingo 3 de
marzo de 2013
Por
Diego M. Vidal
La contra hegemonía mediática.
Nacidos en los años 70 y 80, bajo las dictaduras que
oscurecían el Cono Sur latinoamericano, los medios alternativos de comunicación
tuvieron una etapa floreciente en tiempos de recuperación democrática pero, contrario
sensu, también fueron momentos de mayor persecución y promulgación de
normas regulatorias para cercenarles la existencia, mientras las grandes
corporaciones se expandían y configuraban un mapa de monopolización de la
palabra y la imagen, con los que jaquean aún hoy a los gobiernos surgidos de la
voluntad popular.
Con la llegada de gobiernos revolucionarios y progresistas en los albores del siglo XXI, la democratización de la palabra y la información no ocupó un lugar primordial en las agendas de estas nuevas administraciones, pero la coyuntura impulsará ese debate al centro de la escena cuando desde las grandes empresas periodísticas comienzan a ocupar abiertamente el lugar de la oposición política e incluso promueven abiertamente la destitución de gobernantes. “Hace unos meses, Manuel Zelaya me decía: mira, en lo que va del siglo ya son siete los golpes de Estado en América Latina y, atrás de todos, la operación mediática”, acota el filósofo mexicano Fernando Buen Abad.
El caso de la República Bolivariana de Venezuela es paradigmático de cómo se ejerce ese poder, cuando los medios masivos, con Globovisión y Venevisión a la cabeza, participaron sin disimulo en el “apagón informativo” que buscó encubrir la asonada empresarial-militar contra Hugo Chávez en abril de 2002 y presentarlo como una renuncia del mandatario. Desde entonces, tras su regreso al Palacio de Miraflores, Chávez promovió la creación de un sistema de medios que contrapesara esa capacidad de manipulación de la opinión pública. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en sólo cuatro años (mayo 2002 - abril 2006) se habilitaron 193 medios radioeléctricos: 126 emisoras y 27 canales de televisión. En el 2005 fue sancionada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una suerte de código ético sobre el tratamiento informativo, y en noviembre del 2012, la Asamblea Nacional dio media sanción al anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos que espera ver la luz durante el 2013.
Actualmente existen “más de 500 medios comunitarios, algunos con raíz social y fuerza política”, detalla el periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. “Además se conformó un real sistema de medios públicos estatales con cinco televisoras estatales, tres diarios y siete redes de emisoras radiales”, puntualiza el autor de Medios y poder en Venezuela. ¿Las corporaciones han perdido influencia en la opinión pública venezolana? “Ellos perdieron una parte, entre un 40 y 50% de la opinión pública que controlaron por más de medio siglo”, responde Guerrero y agrega que “ese universo se lo reparten ahora los medios públicos y los comunitarios. Pero ellos siguen siendo mayoritarios en el espectro radioeléctrico y en la cantidad de medios a escala nacional, sumando los nacionales con los regionales. El chavismo avanzó más en lo cualitativo que en la cantidad. Si no avanzó más se debe a que, en su conjunto, no logra que sus medios sean más democráticos y de mayor calidad que los medios del enemigo. Las quejas y reclamos que no aparecen en los medios públicos son absorbidos por los privados. La novedad en Venezuela es que los medios públicos son comunitarios, o sea, visibilizan las voces de los pobres y sus organizaciones, el Estado los apoya con recursos y equipos, por eso son más de medio millar en todo el país. En el campo y en zonas de varias ciudades son un poder social. Aporrea.org es el verdadero fenómeno: no es de papel, ni comercial ni estatal, y se convirtió en el medio chavista más leído del país, sólo superado por Noticias 24, un medio web de la burguesía”
Aun cuando en la región el horizonte promete, el camino para alcanzarlo tiene más espinas que rosas para los medios alternativos y comunitarios. Rafael Correa ha intentado, infructuosamente, que el Congreso ecuatoriano apruebe la ley de comunicación donde se establezcan las bases de cumplimiento del precepto constitucional estipulado en la renovada Carta Magna el 28 de septiembre del 2008 y que garantice el derecho a la comunicación y la información. Correa, reelecto de forma contundente en los últimos comicios y con mayoría parlamentaria, insistirá para que esta norma entre en vigencia y que la libertad de prensa no sea de uso exclusivo de las ocho familias que detentan el control de los medios más importantes de Ecuador.
De todos modos, en tanto la legislación retoma el lento tránsito del parlamento, la ministra Rosa Mireya Cárdenas anunció que se acaban de poner al aire catorce nuevas estaciones de radios (de las 54 que proponen instalar hasta 2015) a través de la Red de Medios Comunitarios de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Social y enlaza las zonas más distantes de Ecuador con la Radio Pública nacional. Con la entrega de consolas de audio, micrófonos y transmisores a comunidades originarias, buscan que las voces de estos pueblos, que transmiten en lengua nativa, no queden marginadas del espectro radiofónico del cual el 90% se encuentra en manos privadas. Una vez aprobada la ley, las frecuencias deberán distribuirse entre públicas, comunitarias y privadas en un 33% cada una.
Si bien Bolivia reseña la mayor antigüedad en la creación de medios comunitarios (en 1949 los mineros ponen al aire Radio Minera), esta experiencia mengua en los años 80 por “la declinación de la minería y el achicamiento del sindicato”, reseña el ingeniero Eduardo Schmidt, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Con la conformación del Estado plurinacional y una nueva Constitución, el presidente Evo Morales logra promulgar en 2008 la Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que reparte el espacio radioeléctrico en 33% para el Estado, el mismo porcentual a los privados, y para comunitarios, pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas un 17% cada uno.
La Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Aprac-Bolivia) agrupa a unas 30 emisoras ubicadas en zonas rurales, emiten en aymará-castellano, quechua-castellano o guaraní-castellano y su premisa es “informar, educar y transmitir conocimientos, incidiendo en políticas nacionales, para el desarrollo integral de las etnias y comunidades originarias del país para integrarlas y crear lazos de identidad”. Aunque se autofinancian con pequeños anuncios y mensajes, reciben el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno. Esta política ha sido destacada por la representación boliviana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y recuerda que mediante convenios entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil en sólo “dos años se consiguió sanear el uso de frecuencias de por lo menos 17 radioemisoras de la zona rural andina”
Como Bolivia, Brasil ha tenido un temprano surgimiento de la participación comunitaria en la comunicación en los 60 con el programa de alfabetización de Paulo Freire en el norte del país. “La unión entre la Teología de la Liberación y la pedagogía de Freire tendrá su máxima expresión en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil. El protagonismo conseguido por las radios comunitarias en Brasil, en particular en zonas de alto nivel de analfabetismo, ha sido significativo”, explica Schmidt en su trabajo para Clacso “Nuevas tecnologías y medios alternativos en América Latina”. Pero son los campesinos del movimiento Sin Tierra quienes potencian esa herramienta como forma de visibilizar sus problemas. En la actualidad, “en las periferias urbanas de muchas ciudades proliferan medios de los sectores populares, sobre todo radios comunitarias y periódicos barriales, pero también se han ido estableciendo, en el imaginario popular, espacios de encuentro como plazas o centros sociales”, subraya el periodista uruguayo Raúl Zibechi. No obstante ese desarrollo, la sociedad brasileña se encuentra en una fuerte disputa por democratizar el acceso y difusión de la información. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2009, se realizó en Brasilia la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), de la cual surgieron más de 600 propuestas de legislación sobre el tema. Iniciativas que se fueron diluyendo hasta ahora bajo la presión que los poderosos multimedios vienen ejerciendo sobre la presidenta Dilma Rousseff para que no sean tenidos en cuenta.
Un estudio realizado por el capítulo Brasil de Amarc, y publicado por su agencia informativa Pulsar, da cuenta de la inequidad comunicacional del “gigante sudamericano”. Su coordinador João Malerba considera que “la legislación en radios comunitarias de Brasil es la peor de la región” y de acuerdo a “la investigación comparativa, las normativas de Brasil y Chile en comunicación comunitaria son las que más infringen los patrones internacionales de libertad de expresión en la región”. En contraposición a estas críticas, el Ministerio de Comunicación acaba de abrir la convocatoria para las “organizaciones interesadas en la creación de una radio comunitaria en los municipios que no cuentan con ese tipo de emisora” en 40 ciudades de cuatro Estados. El organismo público busca establecer al menos una emisora por prefectura en todo el territorio nacional antes de finalizar 2013.
El 14 de noviembre del 2011, el Senado de Uruguay aprobó la normativa que insta al Estado a “promover y garantizar la existencia de radios y televisoras comunitarias”. Es en ese marco que las autoridades uruguayas han formalizado por primera vez en su historia el otorgamiento de seis licencias de frecuencias radiales de ese tipo. Si bien la regularización que promueve la Ley 18.322 data del 2007, recién se normalizaron un centenar de emisoras de las 412 relevadas en un censo del 2008. De estas cien, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación estableció que son “53 FM comunitarias administradas por particulares y 81 FM comunitarias administradas por el Ministerio de Educación”. En ese contexto regulatorio, la deuda sin saldar del gobierno de José Mujica en la materia continúa siendo la presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el propio Mujica anunció hace poco más de un año atrás. Quizás un adelanto sea el decreto firmado por el Pepe el último día de diciembre pasado, mediante el cual se limita la cantidad de abonados que pueden tener los operadores de TV por cable y que estipula en un máximo del 25% del total de hogares y un 35% por localidad, para evitar la concentración del sector.
Durante la realización del “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, llevado a cabo en La Habana entre el 11 y el 13 de febrero últimos, se concluyó sobre la importancia del acceso a la tecnología 2.0 como medio de comunicar las diferentes realidades y romper el cerco informativo de las multinacionales periodísticas. “Las corporaciones de medios, a pesar de las altas sumas de financiamiento externo, no han podido derrotar a los gobiernos más comprometidos de la región. Pero sí debilitar a las sociedades mediante la desinformación y los entretenimientos”, resaltó en su balance del encuentro la corresponsal de La Jornada, Stella Calloni. En ese sentido, los participantes de América Latina, Europa, Asia y África encontraron un punto en común: la brecha tecnológica es la nueva limitación de los comunicadores alternativos en la era digital ante al desafío de construir una nueva forma de informar frente a la monopolización del mensaje de los medios hegemónicos. Las movilizaciones convocadas por internet el 15 de febrero de 2003, contra la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, congregó a más de 800 millones de personas en todo el mundo, fue uno de los ejemplos de cómo el ciberespacio puede fungir de plataforma de divulgación, socialización y convocatoria.
En Latinoamérica, una de las experiencias primigenias en el uso de la red virtual ha sido el sitio La Minga Informativa de Movimientos Sociales (www.movimientos.org). Este portal y su boletín de noticias PasaLaVoz es pionero en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para propagar el “quehacer de los movimientos sociales del continente y su calendario de acciones” y elaborar así “una agenda social en comunicación”. Una práctica que ha “permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, asegura Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique español, “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”, añade.
Con la llegada de gobiernos revolucionarios y progresistas en los albores del siglo XXI, la democratización de la palabra y la información no ocupó un lugar primordial en las agendas de estas nuevas administraciones, pero la coyuntura impulsará ese debate al centro de la escena cuando desde las grandes empresas periodísticas comienzan a ocupar abiertamente el lugar de la oposición política e incluso promueven abiertamente la destitución de gobernantes. “Hace unos meses, Manuel Zelaya me decía: mira, en lo que va del siglo ya son siete los golpes de Estado en América Latina y, atrás de todos, la operación mediática”, acota el filósofo mexicano Fernando Buen Abad.
El caso de la República Bolivariana de Venezuela es paradigmático de cómo se ejerce ese poder, cuando los medios masivos, con Globovisión y Venevisión a la cabeza, participaron sin disimulo en el “apagón informativo” que buscó encubrir la asonada empresarial-militar contra Hugo Chávez en abril de 2002 y presentarlo como una renuncia del mandatario. Desde entonces, tras su regreso al Palacio de Miraflores, Chávez promovió la creación de un sistema de medios que contrapesara esa capacidad de manipulación de la opinión pública. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en sólo cuatro años (mayo 2002 - abril 2006) se habilitaron 193 medios radioeléctricos: 126 emisoras y 27 canales de televisión. En el 2005 fue sancionada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una suerte de código ético sobre el tratamiento informativo, y en noviembre del 2012, la Asamblea Nacional dio media sanción al anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos que espera ver la luz durante el 2013.
Actualmente existen “más de 500 medios comunitarios, algunos con raíz social y fuerza política”, detalla el periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. “Además se conformó un real sistema de medios públicos estatales con cinco televisoras estatales, tres diarios y siete redes de emisoras radiales”, puntualiza el autor de Medios y poder en Venezuela. ¿Las corporaciones han perdido influencia en la opinión pública venezolana? “Ellos perdieron una parte, entre un 40 y 50% de la opinión pública que controlaron por más de medio siglo”, responde Guerrero y agrega que “ese universo se lo reparten ahora los medios públicos y los comunitarios. Pero ellos siguen siendo mayoritarios en el espectro radioeléctrico y en la cantidad de medios a escala nacional, sumando los nacionales con los regionales. El chavismo avanzó más en lo cualitativo que en la cantidad. Si no avanzó más se debe a que, en su conjunto, no logra que sus medios sean más democráticos y de mayor calidad que los medios del enemigo. Las quejas y reclamos que no aparecen en los medios públicos son absorbidos por los privados. La novedad en Venezuela es que los medios públicos son comunitarios, o sea, visibilizan las voces de los pobres y sus organizaciones, el Estado los apoya con recursos y equipos, por eso son más de medio millar en todo el país. En el campo y en zonas de varias ciudades son un poder social. Aporrea.org es el verdadero fenómeno: no es de papel, ni comercial ni estatal, y se convirtió en el medio chavista más leído del país, sólo superado por Noticias 24, un medio web de la burguesía”
Aun cuando en la región el horizonte promete, el camino para alcanzarlo tiene más espinas que rosas para los medios alternativos y comunitarios. Rafael Correa ha intentado, infructuosamente, que el Congreso ecuatoriano apruebe la ley de comunicación donde se establezcan las bases de cumplimiento del precepto constitucional estipulado en la renovada Carta Magna el 28 de septiembre del 2008 y que garantice el derecho a la comunicación y la información. Correa, reelecto de forma contundente en los últimos comicios y con mayoría parlamentaria, insistirá para que esta norma entre en vigencia y que la libertad de prensa no sea de uso exclusivo de las ocho familias que detentan el control de los medios más importantes de Ecuador.
De todos modos, en tanto la legislación retoma el lento tránsito del parlamento, la ministra Rosa Mireya Cárdenas anunció que se acaban de poner al aire catorce nuevas estaciones de radios (de las 54 que proponen instalar hasta 2015) a través de la Red de Medios Comunitarios de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Social y enlaza las zonas más distantes de Ecuador con la Radio Pública nacional. Con la entrega de consolas de audio, micrófonos y transmisores a comunidades originarias, buscan que las voces de estos pueblos, que transmiten en lengua nativa, no queden marginadas del espectro radiofónico del cual el 90% se encuentra en manos privadas. Una vez aprobada la ley, las frecuencias deberán distribuirse entre públicas, comunitarias y privadas en un 33% cada una.
Si bien Bolivia reseña la mayor antigüedad en la creación de medios comunitarios (en 1949 los mineros ponen al aire Radio Minera), esta experiencia mengua en los años 80 por “la declinación de la minería y el achicamiento del sindicato”, reseña el ingeniero Eduardo Schmidt, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Con la conformación del Estado plurinacional y una nueva Constitución, el presidente Evo Morales logra promulgar en 2008 la Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que reparte el espacio radioeléctrico en 33% para el Estado, el mismo porcentual a los privados, y para comunitarios, pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas un 17% cada uno.
La Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Aprac-Bolivia) agrupa a unas 30 emisoras ubicadas en zonas rurales, emiten en aymará-castellano, quechua-castellano o guaraní-castellano y su premisa es “informar, educar y transmitir conocimientos, incidiendo en políticas nacionales, para el desarrollo integral de las etnias y comunidades originarias del país para integrarlas y crear lazos de identidad”. Aunque se autofinancian con pequeños anuncios y mensajes, reciben el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno. Esta política ha sido destacada por la representación boliviana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y recuerda que mediante convenios entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil en sólo “dos años se consiguió sanear el uso de frecuencias de por lo menos 17 radioemisoras de la zona rural andina”
Como Bolivia, Brasil ha tenido un temprano surgimiento de la participación comunitaria en la comunicación en los 60 con el programa de alfabetización de Paulo Freire en el norte del país. “La unión entre la Teología de la Liberación y la pedagogía de Freire tendrá su máxima expresión en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil. El protagonismo conseguido por las radios comunitarias en Brasil, en particular en zonas de alto nivel de analfabetismo, ha sido significativo”, explica Schmidt en su trabajo para Clacso “Nuevas tecnologías y medios alternativos en América Latina”. Pero son los campesinos del movimiento Sin Tierra quienes potencian esa herramienta como forma de visibilizar sus problemas. En la actualidad, “en las periferias urbanas de muchas ciudades proliferan medios de los sectores populares, sobre todo radios comunitarias y periódicos barriales, pero también se han ido estableciendo, en el imaginario popular, espacios de encuentro como plazas o centros sociales”, subraya el periodista uruguayo Raúl Zibechi. No obstante ese desarrollo, la sociedad brasileña se encuentra en una fuerte disputa por democratizar el acceso y difusión de la información. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2009, se realizó en Brasilia la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), de la cual surgieron más de 600 propuestas de legislación sobre el tema. Iniciativas que se fueron diluyendo hasta ahora bajo la presión que los poderosos multimedios vienen ejerciendo sobre la presidenta Dilma Rousseff para que no sean tenidos en cuenta.
Un estudio realizado por el capítulo Brasil de Amarc, y publicado por su agencia informativa Pulsar, da cuenta de la inequidad comunicacional del “gigante sudamericano”. Su coordinador João Malerba considera que “la legislación en radios comunitarias de Brasil es la peor de la región” y de acuerdo a “la investigación comparativa, las normativas de Brasil y Chile en comunicación comunitaria son las que más infringen los patrones internacionales de libertad de expresión en la región”. En contraposición a estas críticas, el Ministerio de Comunicación acaba de abrir la convocatoria para las “organizaciones interesadas en la creación de una radio comunitaria en los municipios que no cuentan con ese tipo de emisora” en 40 ciudades de cuatro Estados. El organismo público busca establecer al menos una emisora por prefectura en todo el territorio nacional antes de finalizar 2013.
El 14 de noviembre del 2011, el Senado de Uruguay aprobó la normativa que insta al Estado a “promover y garantizar la existencia de radios y televisoras comunitarias”. Es en ese marco que las autoridades uruguayas han formalizado por primera vez en su historia el otorgamiento de seis licencias de frecuencias radiales de ese tipo. Si bien la regularización que promueve la Ley 18.322 data del 2007, recién se normalizaron un centenar de emisoras de las 412 relevadas en un censo del 2008. De estas cien, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación estableció que son “53 FM comunitarias administradas por particulares y 81 FM comunitarias administradas por el Ministerio de Educación”. En ese contexto regulatorio, la deuda sin saldar del gobierno de José Mujica en la materia continúa siendo la presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el propio Mujica anunció hace poco más de un año atrás. Quizás un adelanto sea el decreto firmado por el Pepe el último día de diciembre pasado, mediante el cual se limita la cantidad de abonados que pueden tener los operadores de TV por cable y que estipula en un máximo del 25% del total de hogares y un 35% por localidad, para evitar la concentración del sector.
Durante la realización del “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, llevado a cabo en La Habana entre el 11 y el 13 de febrero últimos, se concluyó sobre la importancia del acceso a la tecnología 2.0 como medio de comunicar las diferentes realidades y romper el cerco informativo de las multinacionales periodísticas. “Las corporaciones de medios, a pesar de las altas sumas de financiamiento externo, no han podido derrotar a los gobiernos más comprometidos de la región. Pero sí debilitar a las sociedades mediante la desinformación y los entretenimientos”, resaltó en su balance del encuentro la corresponsal de La Jornada, Stella Calloni. En ese sentido, los participantes de América Latina, Europa, Asia y África encontraron un punto en común: la brecha tecnológica es la nueva limitación de los comunicadores alternativos en la era digital ante al desafío de construir una nueva forma de informar frente a la monopolización del mensaje de los medios hegemónicos. Las movilizaciones convocadas por internet el 15 de febrero de 2003, contra la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, congregó a más de 800 millones de personas en todo el mundo, fue uno de los ejemplos de cómo el ciberespacio puede fungir de plataforma de divulgación, socialización y convocatoria.
En Latinoamérica, una de las experiencias primigenias en el uso de la red virtual ha sido el sitio La Minga Informativa de Movimientos Sociales (www.movimientos.org). Este portal y su boletín de noticias PasaLaVoz es pionero en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para propagar el “quehacer de los movimientos sociales del continente y su calendario de acciones” y elaborar así “una agenda social en comunicación”. Una práctica que ha “permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, asegura Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique español, “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”, añade.
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