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martes, 5 de marzo de 2013

EL KIRCHNERISMO REDOBLA LA APUESTA, por Roberto Caballero (para “Tiempo Argentino” del 03-03-13)






El anuncio de Cristina para la democratización del Poder Judicial, el debate por una "justicia legítima" y el revés que sufrieron los fondos buitre.


La Argentina post-dictatorial vivió uno de cada tres días bajo el signo político del kirchnerismo. Por lo tanto, el discurso de Cristina Kirchner de apertura de sesiones legislativas del viernes 1, que condensó un minucioso informe del estado de la Nación tras la última década de gobierno kirchnerista, se convirtió también en balance de lo conquistado por el conjunto de la sociedad argentina en 30 años desde la recuperación democrática.
Si se tiene en cuenta que el alfonsinismo inaugural encarnó una esperanza acosada por los poderes fácticos que derivó en el posibilismo, y el menemismo intermedio fue la directa cesión del gobierno a las corporaciones que concluyó en el estallido delarruista de 2001, habrá que reconocerle al kirchnerismo su inquebrantable voluntad de desafiar los límites de la democracia tutelada por los dueños del poder y del dinero en la Argentina. La sola enumeración de logros en la ampliación de derechos ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de todos estos años, marca un rumbo donde llegó más lejos que nadie y se ganó los enemigos que todo proceso democrático debe tener, si es en serio.

Cuando Cristina Kirchner, después de tres horas y media de repaso de lo hecho, anunció el envío de un paquete de proyectos para reformar el Poder Judicial, todo el viejo orden conservador crujió en sus cimientos. La elección popular de los consejeros para el Consejo de la Magistratura, la creación de una Casación para cada fuero que revise los fallos de los tribunales inferiores, el acceso a través de Internet a las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados, la limitación por ley de la extensión de las cautelares y la restricción de las demandas contra el Estado, forman parte de una batería de leyes largamente esperadas, al igual que el reclamo para que tributen Ganancias, cosa que la presidenta dejó, una vez más, en manos de la Corte Suprema.
Lo que Clarín y La Nación calificaron de "avanzada" no es otra cosa que la democratización del poder menos democrático del Estado, después de tres décadas de inamovibles privilegios. Pero la palabra, esta vez, no es mentirosa. Hay un avance concreto. Claro que, en este caso, positivo y en la misma línea que aquel cambio de la Corte Suprema que elogiaron, incluso, los antikirchneristas. El kirchnerismo redobla la apuesta. Hasta ahora, la magistratura –no toda, pero en gran parte– había permanecido indemne al cambio de época. Jueces y fiscales, muchos de ellos nombrados en dictadura, habían sido garantes de un sistema oscurantista hoy definitivamente cuestionado, incluso desde su propio riñón.  

Las esperanzas de autodepuración se terminaron de esfumar el año pasado. La lista de jueces que viajaron a Miami pagos por una ONG vinculada a Clarín SA que luego, sin excusarse, extendieron la cautelar a favor del grupo por la Ley de Medios, funcionó como didáctico ejemplo de lo que ya no funciona en la justicia. Qué decir del fallo beneficiando a la Sociedad Rural o el amparo por el fraude tributario del diario La Nación, que lleva una década. Esos últimos meses de 2012, aunque no trajeron la victoria democrática vaticinada para el 7D, permitieron confirmar de cara a la sociedad la existencia de un Poder Judicial excesivamente comprensiva con las corporaciones que sólo sirve para consagrar la desigualdad ante la ley, aunque se escude en una falsa independencia del poder político.

El reelecto presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ante las críticas del kirchnerismo, en vez de ponerse a la cabeza de la reforma, dejó crecer la protesta del ala más reaccionaria de sus colegas que rechazaban la supuesta intromisión oficial en el fuero, bajo el programa político conservador que baja desde las editoriales del diario La Nación. Le salió todo mal a Lorenzetti: el Palacio se le terminó partiendo en dos. Por primera vez en tres décadas, un grupo de jueces, fiscales y juristas desafió la pretensión monolítica de sus superiores, y en dos solicitadas consecutivas plantearon la necesidad de una "justicia legítima". Más trascendente todavía: después de debatir de manera horizontal en dos jornadas históricas en la Biblioteca Nacional, estos mismos magistrados se nuclearon en una asociación de carácter progresista, una de cuyas referentes es nada menos que la procuradora Alejandra Gils Carbó, de intachable trayectoria. No fue casual que la presidenta hablara también de una "justicia legítima" para fundamentar los cambios que propuso en el Congreso, el guiño fue muy evidente, y todo ante la mirada perturbada del mismísimo Lorenzetti, que también tuvo que escuchar en tono de reproche que la Corte hace 21 años que no logró avanzar un solo milímetro en la investigación del atentado terrorista a la Embajada de Israel.

Tampoco fue gratuita la explicación que dio sobre el tema Ganancias, tributo que los jueces no pagan por una acordada de la Corte desde los tiempos de Julio Nazareno. Existe una ley, recordó, que declara que los jueces no están exentos del impuesto. Pero el máximo tribunal decidió en sentido inverso. Esto tampoco fue cambiado por sus nuevos integrantes. ¿Acaso Cristina abrió el paraguas sobre una futura declaración de inconstitucionalidad del paquete de leyes que envió al Parlamento? A veces, la misma Corte, de implacables determinaciones cuando se trata de los otros poderes del Estado, adquiere interpretaciones más laxas cuando se ve involucrada. El caso del juez Carlos Fayt, que debería haberse jubilado a los 75 años y sigue en el cargo 20 años después, es emblemático. Por una acordada, los supremos decidieron que la Constitución, que marca esa edad como límite, es inconstitucional o algo así.

Fue el propio Fayt quien candidateó a Lorenzetti a presidente de la República, apoyo que el titular de la Corte evadió con una tibia desautorización que jamás logró despejar las sospechas sobre sus verdaderas intencionalidades políticas. El comentario obligado en Tribunales es que Lorenzetti equivocó la caracterización que hizo del kirchnerismo: lo dio por acabado antes de tiempo. Y ahora enfrenta un dilema: ponerse a la cabeza de la reforma o resistirla.

Con las implicancias institucionales que eso tiene.

Revés para los buitres. La presidenta dedicó los últimos minutos al anuncio judicial.  Antes habló de todo y de todos. También del juicio que los fondos buitre entablaron contra la Argentina en la Corte de Nueva York. Lo hizo apenas se conoció una resolución que extendió el plazo hasta el 29 de marzo para que nuestro país proponga un plan de pago para el 7% de los bonistas que no adhirieron a los canjes de deuda. Fue tan sólo dos días después de una audiencia que los medios hegemónicos presentaron como adversa para la postura nacional. Lo cierto es que la Corte no cedió a la exigencia de los fondos buitre, avalada por el juez Thomas Griesa, de pagar cash y ahora el valor nominal de sus bonos. Por el contrario, pidió que la Argentina proponga un plan de pago, y la presidenta, ayer mismo, durante su discurso, anticipó que se ofrecerá lo mismo que aceptaron los otros bonistas que de buena fe entraron en el canje. Fue un revés para los llamados holdouts, cuya importancia es inversamente proporcional al espacio que le dedicaron los diarios opositores una vez conocida la noticia.

Por último, la presidenta habló de que no habrá reforma constitucional. Lo dijo casi al pasar. La interpretación es obvia: si no hay reforma, quedaría sepultada la búsqueda de un tercer mandato. Curiosamente, las caras más largas no fueron las oficialistas, sino las de los opositores. El archipiélago antikirchnerista venía trabajando sobre la idea de una oposición a la reforma constitucional como factor aglutinante de cara a las elecciones de medio término. Que Cristina Kirchner haya descartado en público esa posibilidad, los dejó desorientados. No es la primera vez.


La nación destaca la coherencia k

Es raro, pero sucedió. No se trata de un editorial, ni de una nota de Carlos Pagni, por supuesto. Es un gráfico, que lleva por título "Palabras más pronunciadas en el discurso de ayer, y cómo fueron tratadas en años anteriores", firmado por J. Pagani, que cita como fuente a la "Presidencia de la Nación". El trabajo es muy bueno, porque entre otros datos interesantes de color revela que en la apertura legislativa de 2008, Cristina Kirchner usó 8854 palabras; en 2009, 7700; en 2010, 11.074; en 2011, 11.020; en 2012, 23.353, y en 2013, es decir, el viernes pasado, 26.898. Pero eso no es todo. Entre las palabras más pronunciadas por la presidenta están siempre "Argentina", "millones", "crecimiento", "República", "deuda", "desarrollo", "acuerdo", "gobierno" y "justicia", aunque esta última pasó de ser pronunciada una sola vez en 2011 a 38 en 2013, que es cuando se envía el paquete de leyes para reformar, precisamente, el Poder Judicial. A través de las palabras destacadas, el trabajo revela que el discurso presidencial es coherente a lo largo de los años. Aunque tratándose del diario de Mitre y Saguier, sería más correcto hablar de la "obsesión" de la primera mandataria.



Clarín tiene un indec propio: barrios de pie

Podrá discutirse si el acuerdo de precios es la fórmula ideal para contener la inflación. Podrá criticarse también que la presidenta hizo mención una sola vez al asunto en un discurso de casi cuatro horas. Todo esto es opinable. Ahora, que Clarín use a la organización Barrios de Pie para titular en cabeza de página "Congelamiento: los precios subieron 4% en el Conurbamo" (página 24, sección El país, edición de ayer) es poco serio. Y no porque Barrios de Pie, el brazo piquetero del FAP de Hermes Binner, no tenga derecho a hacer política con sus estimaciones, aunque sean científicamente dudosas. Se trata del diario: es el mismo que todos los días fustiga las mediciones inflacionarias del Indec porque no reflejan la realidad del incremento de precios. ¿Y qué haría más confiables los números de una organización política opositora al gobierno que los del propio gobierno? Sólo la legítima parcialidad del editor, que puede creerle más a Barrios de Pie que a Guillermo Moreno. No está mal eso. Pero hay que informarlo. Clarín podría haber titulado: "Barrios de Pie detectó una suba del 4% en los precios". Sin embargo, ni en la volanta (lo que fija el tema sobre el título), ni en el título, ni en la bajada o copete (lo que va debajo y amplía la información) eso está informado. A primera vista, el tema es jerarquizado como importante, pero se minimiza la fuente, que sí aparece en el texto. Quizá porque de haberla desplegado en un lugar destacado, el título llamativo y opositor en cabeza de página hubiera terminado siendo un breve, que es lo que sucedía en Clarín cuando Barrios de Pie era una agrupación kirchnerista.

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