El anuncio de Cristina para la democratización del Poder
Judicial, el debate por una "justicia legítima" y el revés que
sufrieron los fondos buitre.
La Argentina post-dictatorial vivió uno de cada tres días
bajo el signo político del kirchnerismo. Por lo tanto, el discurso de Cristina
Kirchner de apertura de sesiones legislativas del viernes 1, que condensó un
minucioso informe del estado de la
Nación tras la última década de gobierno kirchnerista, se
convirtió también en balance de lo conquistado por el conjunto de la sociedad
argentina en 30 años desde la recuperación democrática.
Si se tiene en
cuenta que el alfonsinismo inaugural encarnó una esperanza acosada por los
poderes fácticos que derivó en el posibilismo, y el menemismo intermedio fue la
directa cesión del gobierno a las corporaciones que concluyó en el estallido
delarruista de 2001, habrá que reconocerle al kirchnerismo su inquebrantable
voluntad de desafiar los límites de la democracia tutelada por los dueños del
poder y del dinero en la
Argentina. La sola enumeración de logros en la ampliación de
derechos ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de todos estos años, marca
un rumbo donde llegó más lejos que nadie y se ganó los enemigos que todo
proceso democrático debe tener, si es en serio.
Cuando Cristina
Kirchner, después de tres horas y media de repaso de lo hecho, anunció el envío
de un paquete de proyectos para reformar el Poder Judicial, todo el viejo orden
conservador crujió en sus cimientos. La elección popular de los consejeros para
el Consejo de la
Magistratura, la creación de una Casación para cada fuero que
revise los fallos de los tribunales inferiores, el acceso a través de Internet
a las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados, la limitación por
ley de la extensión de las cautelares y la restricción de las demandas contra
el Estado, forman parte de una batería de leyes largamente esperadas, al igual
que el reclamo para que tributen Ganancias, cosa que la presidenta dejó, una
vez más, en manos de la
Corte Suprema.
Lo que Clarín y La Nación calificaron de
"avanzada" no es otra cosa que la democratización del poder menos
democrático del Estado, después de tres décadas de inamovibles privilegios.
Pero la palabra, esta vez, no es mentirosa. Hay un avance concreto. Claro que,
en este caso, positivo y en la misma línea que aquel cambio de la Corte Suprema que
elogiaron, incluso, los antikirchneristas. El kirchnerismo redobla la apuesta.
Hasta ahora, la magistratura –no toda, pero en gran parte– había permanecido
indemne al cambio de época. Jueces y fiscales, muchos de ellos nombrados en
dictadura, habían sido garantes de un sistema oscurantista hoy definitivamente
cuestionado, incluso desde su propio riñón.
Las esperanzas de
autodepuración se terminaron de esfumar el año pasado. La lista de jueces que
viajaron a Miami pagos por una ONG vinculada a Clarín SA que luego, sin
excusarse, extendieron la cautelar a favor del grupo por la Ley de Medios, funcionó como
didáctico ejemplo de lo que ya no funciona en la justicia. Qué decir del fallo
beneficiando a la
Sociedad Rural o el amparo por el fraude tributario del
diario La Nación,
que lleva una década. Esos últimos meses de 2012, aunque no trajeron la victoria
democrática vaticinada para el 7D, permitieron confirmar de cara a la sociedad
la existencia de un Poder Judicial excesivamente comprensiva con las
corporaciones que sólo sirve para consagrar la desigualdad ante la ley, aunque
se escude en una falsa independencia del poder político.
El reelecto
presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, ante las críticas del kirchnerismo, en vez de ponerse a la
cabeza de la reforma, dejó crecer la protesta del ala más reaccionaria de sus
colegas que rechazaban la supuesta intromisión oficial en el fuero, bajo el
programa político conservador que baja desde las editoriales del diario La Nación. Le salió todo
mal a Lorenzetti: el Palacio se le terminó partiendo en dos. Por primera vez en
tres décadas, un grupo de jueces, fiscales y juristas desafió la pretensión
monolítica de sus superiores, y en dos solicitadas consecutivas plantearon la
necesidad de una "justicia legítima". Más trascendente todavía:
después de debatir de manera horizontal en dos jornadas históricas en la Biblioteca Nacional,
estos mismos magistrados se nuclearon en una asociación de carácter
progresista, una de cuyas referentes es nada menos que la procuradora Alejandra
Gils Carbó, de intachable trayectoria. No fue casual que la presidenta hablara
también de una "justicia legítima" para fundamentar los cambios que
propuso en el Congreso, el guiño fue muy evidente, y todo ante la mirada
perturbada del mismísimo Lorenzetti, que también tuvo que escuchar en tono de
reproche que la Corte
hace 21 años que no logró avanzar un solo milímetro en la investigación del
atentado terrorista a la
Embajada de Israel.
Tampoco fue gratuita
la explicación que dio sobre el tema Ganancias, tributo que los jueces no pagan
por una acordada de la Corte
desde los tiempos de Julio Nazareno. Existe una ley, recordó, que declara que
los jueces no están exentos del impuesto. Pero el máximo tribunal decidió en
sentido inverso. Esto tampoco fue cambiado por sus nuevos integrantes. ¿Acaso
Cristina abrió el paraguas sobre una futura declaración de inconstitucionalidad
del paquete de leyes que envió al Parlamento? A veces, la misma Corte, de
implacables determinaciones cuando se trata de los otros poderes del Estado,
adquiere interpretaciones más laxas cuando se ve involucrada. El caso del juez
Carlos Fayt, que debería haberse jubilado a los 75 años y sigue en el cargo 20
años después, es emblemático. Por una acordada, los supremos decidieron que la Constitución, que
marca esa edad como límite, es inconstitucional o algo así.
Fue el propio Fayt
quien candidateó a Lorenzetti a presidente de la República, apoyo que el
titular de la Corte
evadió con una tibia desautorización que jamás logró despejar las sospechas
sobre sus verdaderas intencionalidades políticas. El comentario obligado en
Tribunales es que Lorenzetti equivocó la caracterización que hizo del
kirchnerismo: lo dio por acabado antes de tiempo. Y ahora enfrenta un dilema:
ponerse a la cabeza de la reforma o resistirla.
Con las implicancias
institucionales que eso tiene.
Revés para los
buitres. La presidenta dedicó los últimos minutos al anuncio judicial.
Antes habló de todo y de todos. También del juicio que los fondos buitre
entablaron contra la
Argentina en la
Corte de Nueva York. Lo hizo apenas se conoció una resolución
que extendió el plazo hasta el 29 de marzo para que nuestro país proponga un
plan de pago para el 7% de los bonistas que no adhirieron a los canjes de
deuda. Fue tan sólo dos días después de una audiencia que los medios
hegemónicos presentaron como adversa para la postura nacional. Lo cierto es que
la Corte no
cedió a la exigencia de los fondos buitre, avalada por el juez Thomas Griesa,
de pagar cash y ahora el valor nominal de sus bonos. Por el contrario, pidió
que la Argentina
proponga un plan de pago, y la presidenta, ayer mismo, durante su discurso,
anticipó que se ofrecerá lo mismo que aceptaron los otros bonistas que de buena
fe entraron en el canje. Fue un revés para los llamados holdouts, cuya
importancia es inversamente proporcional al espacio que le dedicaron los
diarios opositores una vez conocida la noticia.
Por último, la
presidenta habló de que no habrá reforma constitucional. Lo dijo casi al pasar.
La interpretación es obvia: si no hay reforma, quedaría sepultada la búsqueda
de un tercer mandato. Curiosamente, las caras más largas no fueron las
oficialistas, sino las de los opositores. El archipiélago antikirchnerista
venía trabajando sobre la idea de una oposición a la reforma constitucional
como factor aglutinante de cara a las elecciones de medio término. Que Cristina
Kirchner haya descartado en público esa posibilidad, los dejó desorientados. No
es la primera vez.
La nación destaca la
coherencia k
Es raro, pero
sucedió. No se trata de un editorial, ni de una nota de Carlos Pagni, por
supuesto. Es un gráfico, que lleva por título "Palabras más pronunciadas
en el discurso de ayer, y cómo fueron tratadas en años anteriores",
firmado por J. Pagani, que cita como fuente a la "Presidencia de la Nación". El trabajo es
muy bueno, porque entre otros datos interesantes de color revela que en la
apertura legislativa de 2008, Cristina Kirchner usó 8854 palabras; en 2009,
7700; en 2010, 11.074; en 2011, 11.020; en 2012, 23.353, y en 2013, es decir,
el viernes pasado, 26.898. Pero eso no es todo. Entre las palabras más
pronunciadas por la presidenta están siempre "Argentina",
"millones", "crecimiento", "República",
"deuda", "desarrollo", "acuerdo",
"gobierno" y "justicia", aunque esta última pasó de ser
pronunciada una sola vez en 2011
a 38 en 2013, que es cuando se envía el paquete de leyes
para reformar, precisamente, el Poder Judicial. A través de las palabras
destacadas, el trabajo revela que el discurso presidencial es coherente a lo
largo de los años. Aunque tratándose del diario de Mitre y Saguier, sería más
correcto hablar de la "obsesión" de la primera mandataria.
Clarín tiene un
indec propio: barrios de pie
Podrá discutirse si
el acuerdo de precios es la fórmula ideal para contener la inflación. Podrá
criticarse también que la presidenta hizo mención una sola vez al asunto en un
discurso de casi cuatro horas. Todo esto es opinable. Ahora, que Clarín use a
la organización Barrios de Pie para titular en cabeza de página
"Congelamiento: los precios subieron 4% en el Conurbamo" (página 24,
sección El país, edición de ayer) es poco serio. Y no porque Barrios de Pie, el
brazo piquetero del FAP de Hermes Binner, no tenga derecho a hacer política con
sus estimaciones, aunque sean científicamente dudosas. Se trata del diario: es
el mismo que todos los días fustiga las mediciones inflacionarias del Indec
porque no reflejan la realidad del incremento de precios. ¿Y qué haría más
confiables los números de una organización política opositora al gobierno que
los del propio gobierno? Sólo la legítima parcialidad del editor, que puede
creerle más a Barrios de Pie que a Guillermo Moreno. No está mal eso. Pero hay
que informarlo. Clarín podría haber titulado: "Barrios de Pie detectó una
suba del 4% en los precios". Sin embargo, ni en la volanta (lo que fija el
tema sobre el título), ni en el título, ni en la bajada o copete (lo que va
debajo y amplía la información) eso está informado. A primera vista, el tema es
jerarquizado como importante, pero se minimiza la fuente, que sí aparece en el
texto. Quizá porque de haberla desplegado en un lugar destacado, el título
llamativo y opositor en cabeza de página hubiera terminado siendo un breve, que
es lo que sucedía en Clarín cuando Barrios de Pie era una agrupación
kirchnerista.
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