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domingo, 24 de febrero de 2013

Graves fallas en la ejecución del presupuesto de la justicia, por Demetrio Iramain (para “Tiempo Argentino” del 24-02-13)





El fondo Anticíclico y el de Infraestructura crecen con el dinero que no se gasta y no vuelve al Tesoro Nacional


 Edificios sin terminar a pesar de los fondos asignados, ascensos congelados. Los jueces piden administrar sin rendir cuentas de generosos recursos que luego, extrañamente, no ejecutan. 
 


 Cuando a fin de año pasado Cristina Fernández calificó de "magníficos” a los sueldos de los magistrados y "sus jubilaciones de privilegio", señaló además que es esa "presidenta (quien) se encarga de tener los fondos para pagárselos. Y además no pagan ganancias". Naturalmente, el núcleo duro de los jueces, el segmento más conservador de la juricatura argentina, puso el grito en el cielo. Pero lo que dijo la mandataria era absolutamente cierto.
Todos los años la Corte Suprema elabora un pedido presupuestario para el funcionamiento de la justicia durante el año siguiente, que es enviado al Poder Ejecutivo y girado posteriormente al Congreso de la Nación para su aprobación definitiva. En 2010, la rebaja fijada por el Ejecutivo motivó una sonora operación en la prensa hegemónica: "El gobierno somete a los jueces y les impide manejar sus propios recursos", interpretaron los medios de la derecha. En rigor, esos recursos, como el tipo de cambio, son fruto de la actividad económica y el esfuerzo de todos los argentinos. En el caso de la Corte, el agravante es que ese dinero, por el que batalla llegando cada mes de septiembre, no se gasta luego. 
El análisis frío de los números indica que entre 2004 y 2013 los fondos del Poder Judicial crecieron un 733 por ciento. En números redondos: pasaron de 1165 millones en 2004, a 8548 millones para este año. Lo presupuestado comprende, entre otros items, los sueldos de jueces, funcionarios y empleados judiciales.
Si bien en el rubro salarial no se advierten retrasos, sí hay quejas en cuanto al régimen de ascensos y promociones. Son múltiples las demandas de las Comisiones Internas gremiales, especialmente en el fuero de la Corte, por ascensos congelados, otorgamiento demasiado arbitrario de las promociones y consentimiento a dedo de determinados beneficios, como horas extras, que, al igual que el salario normal, tampoco están gravadas con el impuesto a las ganancias.
El aumento de la litigiosidad y las centenares de vacantes de personal sin cubrir, hicieron que en el Poder Judicial sea bastante frecuente encontrar a los empleados trabajando fuera de su horario, aunque sin percibir ingresos extra por esas horas de más. Paradójicamente, en el fuero donde más ocurre esta distorsión es el laboral, encargado de observar las violaciones a los convenios que regulan la actividad asalariada. Los jueces y funcionarios que suelen no cumplir la correspondiente carga horaria que les exige el Reglamento para la Justicia Nacional (seis horas diarias), "habilitan" a su personal, es decir, les ordenan compulsivamente a sus empleados quedarse después de cumplida la jornada. En rigor, el pago de horas extras forma parte de una política de disciplinamiento laboral, y no de justicia social.  
No obstante, lo más grave es el retraso en los gastos previstos para infraestructura. La subejecución del presupuesto asignado anualmente es tan grande que el Fondo de Infraestructura, creado por la Corte Suprema en noviembre de 2008, a través de las Acordadas 32, crece anualmente.
En 2008 el máximo tribunal dictó dos Acordadas similares. Mediante la número 32/08, estableció el Fondo de Infraestructura, y dos Acuerdos después, el Nº 34/08, instruyó el Fondo Anticíclico, cuya finalidad era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". La fuerte crisis económica mundial, por entonces recién desatada, preocupaba a los jueces. El Fondo, además, permitía disimular el permanente déficit de gestión, los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial ese dinero, que no regresa al Tesoro. 
Si bien el Fondo Anticíciclo se redujo en 145 millones entre 2008 –cuando fue creado– y 2011, no ocurrió lo mismo con el Fondo de Infraestructura, que aumentó 53 millones en el mismo período, pasando de 850 millones iniciales a más de 903. Se desconoce todavía el balance final del ejercicio 2012, pero se presume similar.
Ambos fondos, el Anticíclico y el de Infraestructura (que se sostienen y crecen con el dinero que no se gasta en lo que debiera), no vuelven al Tesoro Nacional, sino que están bien guardados en plazos fijos, convertibles en hasta un 50% en moneda extranjera.
Asimismo, son demasiado conocidas las viejas disputas entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura por el manejo de los fondos del Poder Judicial, y por las facultades de una y otro en el gobierno de la Justicia, desde la confección de los reglamentos internos hasta el dictado de la política salarial.
En los últimos años, y de modo creciente, todas las pujas de poder interna se resolvieron a favor de la Corte Suprema. Previendo que tal manejo presupuestario, incrementado exponencialmente desde el año 2004, traería nuevas tensiones al interior de los tribunales, la Corte creó en 2011 un Comité de Inversiones, que integran dos miembros por el Consejo de la Magistratura (el director de Administración y Finanzas  y el subsecretario de Administración), y dos por la Corte (su director de Administración y el secretario general de Administración, el contador Héctor Marchi, que a su vez preside el Comité).
Las consideraciones del órgano administrador son puramente técnicas, de cálculos presupuestarios, pero las decisiones de las que depende su efectivo cumplimiento son políticas y responden, en última instancia, a la voluntad de la Corte Suprema, que mantiene para sí la palabra final en el Comité a través del administrador Marchi, santafesino como Lorenzetti y hombre de máxima confianza del presidente de la Corte Suprema.  


La ciudad judicial es sólo un proyecto



Desde el año 2010, el Poder Judicial presupuesta en cada ejercicio financiero los gastos necesarios para levantar en el predio frente al Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan, en el cruce de la Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, el Archivo General del Poder Judicial y mudar 80 juzgados laborales. Era lo que se conocía como Ciudad Judicial en Constitución. 
Desde ese año se han asignado sumas que crecen con cada presupuesto. De los 31 millones fijados inicialmente, se llegó hasta los 100 millones de pesos previstos para 2013. El problema es que allí sigue funcionando el Polo Circo que administra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
No es la única demora. Casos similares ocurren con las obras de la futura Morgue Judicial, cuyas erogaciones llegarán en 2015 a 132,5 millones de pesos; los edificios de Tucumán 1511 y Uruguay 722, los Centros Judiciales de Rosario, de Posadas, y de la Cámara Federal de San Martín, que tiene presupuestados fondos desde el año 2008 pero que no se ejecutan, a pesar de las notorias deficiencias edilicias de la Cámara, donde deben realizarse los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. 
También se encuentra retrasada la puesta a punto de la Biblioteca Central del Poder Judicial en un coqueto edificio adquirido en 2008, en lo que fuera la imprenta Cogtal, y que desde entonces permanece en obra. El edificio de la biblioteca ya es patrimonio del Estado. Los libros no están para consulta de nadie todavía.


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