LA
CAUTELAR MAS LARGA NO ES DE CLARIN SINO DE LA NACION
Este año cumple una década la medida cautelar que permitió
al diario La Nación
acumular una deuda que la AFIP
calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio de esa dilación
transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede
ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad Rural. Las diferentes posiciones de
Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Jueces y partes.
La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no
es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus
obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez
años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda
estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue
concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de
Justicia.
Magia negra
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de
2001 que intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía
del sistema de convertibilidad monetaria. Comenzaba un nuevo acto de magia
negra para intentar que una lluvia salvadora cayera sobre la economía
convertible, reseca por una recesión de cuatro años. En junio de 2001, el
decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la
ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina
salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. Este
auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003. En noviembre de 2001, otro
decreto también firmado por Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese
beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en
abril de 2003. Esos planes no bastaron para sostener la artificial paridad
entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que fue incrementando el
déficit en la balanza de pagos y la fuga de divisas, financiada por los
préstamos de organismos internacionales. En cuanto ese flujo se cortó, la
devaluación arrasó la utopía dolarizada de las clases medias y el senador
Eduardo Duhalde trepó en forma interina al Poder Ejecutivo, cosa que dos años antes
no pudo alcanzar por medios legítimos. El ingreso al acuerdo de competitividad
requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de
los diarios. La Nación
y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos. En
marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como
crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación
y el transporte de carga. Su decreto de necesidad y urgencia 746/03, del 28 de
marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y
acotado” de cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar con mayor
profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.
El pliego de condiciones
En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para
mayo estaba prevista la segunda vuelta. Pero Carlos Menem anunció su deserción
el 14 de mayo. El 15, La Nación
mostró que además de su propia salvación se interesaba por la vasta liga de
intereses que representa. En un editorial con la firma de su subdirector José
Claudio Escribano, sostuvo que “la
Argentina ha resuelto darse gobierno por un año” y dijo que
la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas en
Washington. En esa extraordinaria pieza de periodismo militante, Escribano
aludió sin nombrarlo a un desayuno que había compartido con Néstor Kirchner el
lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por Alberto Fernández,
Escribano transmitió un virtual ultimátum, comunicando ceremoniosamente “los
postulados básicos” del diario La
Nación, porque “seremos inflexibles en su defensa”. Incluían
el “alineamiento incondicional” con Estados Unidos; la “reivindicación del
desempeño de las Fuerzas Armadas” en “la lucha contra la subversión”; una
urgente reunión con los empresarios; el cambio de la posición argentina con
respecto a Cuba, “donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos
humanos”, y el enfrentamiento al “problema de la inseguridad”, tranquilizando
“a las fuerzas del orden con medidas excepcionales”. Este pliego de condiciones
parecía modelado sobre el que Lanusse intentó imponerle a Perón en 1972, y tuvo
el mismo destino. La intención del decreto de Duhalde había sido dejar la
resolución del tema de los medios y el transporte de carga a quien resultara
electo. Pero La Nación
siguió descontando hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como
aportes patronales.
La cautelar
En julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último
decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la
medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas. El argumento del
diario fue que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo
encontrara la “solución alternativa” mencionada como hipótesis en los
considerandos del decreto. El mismo criterio fue seguido en ese momento por el
Grupo Clarín, por la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial,
del diputado Francisco De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de
los ex diputados José Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por
el Canal 9, entre muchos otros de menor importancia. Según la Administración Federal
de Ingresos Públicos, de este modo La
Nación dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los
que suma otros 130 millones de intereses, para llegar a un total de 280
millones. La medida cautelar no fue presentada en forma directa por cada medio,
sino a través de las cámaras patronales que los agrupan. Fueron tres juicios de
conocimiento presentados por ADEPA (la Asociación de propietarios de periódicos, que
Escribano presidió); la
Asociación Argentina de TV por Cable y las asociaciones de
diarios de Buenos Aires (AEDBA), de diarios del interior (ADIRA), de
radiodifusoras privadas (ARPA) y de editores de revistas (AAER). El juez en lo
contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de
octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución
alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la
liquidación del IVA, tal como pretendían. Recién el 6 de noviembre de 2008 los
camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por
Guglielmino. Afirmaron que el decreto 1387/01 fijó un límite temporal a la
franquicia y siempre que se mantuvieran las condiciones de crisis de 2001, por
lo cual no existía ningún “derecho subjetivo a la reducción impositiva”.
Establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo
fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias”
imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de
innovar. Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de
Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la
medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema
resolviera si es legítimo o no que La
Nación siga descontando los aportes patronales, tantos años
después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto
económico-social por completo distinto. Ese fallo de la Corte fue firmado por
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique
Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El único juez que no
lo suscribió fue Raúl Zaffaroni. Ya parece una regla que cuando las
resoluciones favorecen al Estado, las apelaciones se resuelven más rápido que
cuando lo perjudican. La AFIP
arguye que luego de diez años de derogado el beneficio, es evidente que el
Poder Ejecutivo no tiene intención de renovarlo bajo cualquier otra forma, dado
que los diarios no cumplieron su parte del compromiso, al aumentar su precio de
tapa y despedir trabajadores.
El límite razonable
El 15 de marzo de 2010, la Procuradora fiscal
ante la Corte Suprema,
Laura Monti, dictaminó que el recurso de La Nación era inadmisible. Otro semestre más tarde,
el 5 de octubre de 2010, la
Corte decidió en el caso del Grupo Clarín que, dado el
interés general en la aplicación de la ley de servicios de comunicación
audiovisual, es conveniente la fijación de un “límite razonable” para la
vigencia de las medidas cautelares, porque su prolongación excesiva equivaldría
a un fallo favorable en la cuestión de fondo. Cuando la AFIP pidió que esta
jurisprudencia se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, la Corte convocó a una
audiencia de mediación, que no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay
información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los
considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso. Pero
alegó que si la Justicia
los considerara así, el Poder Ejecutivo ya habría dado dos soluciones alternativas:
la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y
exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al
vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009. Entre ambos, el 27 de mayo de 2009,
la presidente CFK firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de
publicidad con varios centenares de medios del interior, entre ellos los
diarios La Gaceta
y La Nueva Provincia
y el Canal 10 de Mar del Plata, además de los canales América TV y Telefe. La ley
abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció
facilidades de pago generosas: 120 cuotas para pagar el capital adeudado, sin
los intereses vencidos. A los diez años de cuotas se les cargaría sólo un
interés del 1 por ciento. El decreto, negociado por los medios con el jefe de
gabinete de ministros Sergio Massa, pero firmado por su sucesor, Aníbal
Fernández, les permitía canjear por espacios publicitarios sus deudas fiscales
y previsionales vencidas, incluidos sus intereses. Durante la 47ª Asamblea
Anual de ADEPA su Comisión de Libertad de Prensa e Información encomió tales
“pasos en torno a la salida del régimen de competitividad” ya que “con los
convenios en trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional”.
La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de
pago. El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos (133 del
diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de la radio Mitre); el
grupo Manzano-Vila, por 134 millones de pesos (106 millones de su televisora
abierta America TV y 28 del operador de cable Supercanal); Canal 9, por 24
millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos. Luego de
esos acuerdos, sólo quedaron pendientes las deudas de La Nación (280 millones de
pesos), El Litoral de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL
(26 millones), la editorial Perfil y Radiodifusora del Centro, propietaria de
la radio cordobesa Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno) y la sociedad
anónima El Cronista Comercial, con 15 millones de pesos. Si La Nación hubiera aceptado
alguno de estos regímenes su deuda habría drenado 130 millones de intereses y
podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por
espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo refleja antes una posición
político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial.
Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron
como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas,
pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias,
aunque sea por deudas impagas. Igual que para la Sociedad Rural, no
pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad
contributiva no está en cuestión: en los últimos cuatro años, compró dólares
para atesorar por el equivalente a 130 millones de pesos y, en marzo del año
pasado, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su
subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el
accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas
en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado,
La Opinión,
de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de
circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de
distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a
la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio
que pagó por él.
Publicado
en:
El Perro siempre brillante. Excelente nota de investigación con datos que no merecen demasiados comentarios. Salvo de una posición ideológica que responda a las corporaciones mediáticas y los centros de poder financiero.
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