LA
CAMARA HABILITO LA FERIA PARA ANALIZAR LA LEY DE MEDIOS
En una jornada atípica, los jueces de feria de la Cámara Federal en
lo Civil y Comercial mantuvieron el suspenso hasta entrada la noche. Fue
después de varias reuniones en los distintos despachos que resolvieron dos
planteos de fuerte impacto político: el pedido de habilitación de la feria para
analizar la constitucionalidad de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el planteo
presentado por la
Sociedad Rural para impedir la recuperación a manos del
Estado del predio ferial de Palermo. Los jueces de turno, Graciela Medina,
Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni, habían comenzado el jueves a
analizar las cuestiones, pero recién después de las 22 de ayer dieron a conocer
la definición: aceptaron el pedido del Gobierno y también el de la patronal
agropecuaria (ver página 3).
En una noche lluviosa, De las Carreras salió personalmente
de tribunales junto a dos secretarios a llevar las notificaciones a las partes
involucradas. Al regresar al Palacio de Justicia señaló que no se pudo
notificar a la administración pública, por lo que recién el lunes se darán a
conocer las resoluciones. “Técnicamente no existen las resoluciones y las vamos
a dar a conocer recién el lunes, cuando hayamos notificado a las partes”,
señaló De las Carreras a DyN. Más allá del tecnicismo, con esta definición
podrían acortarse los plazos para que la Cámara Federal
dicte sentencia sobre la constitucionalidad de la ley.
En el Gobierno seguían con atención la decisión de la Cámara, aunque no esperaban
un resultado favorable, ya que los tres magistrados, de una manera u otra,
habían actuado en otras oportunidades en contra del Gobierno. De las Carreras
tiene una denuncia penal y otra en el Consejo de la Magistratura por
haber viajado con los gastos pagos a un congreso en Miami cuyo sponsor
principal era el Grupo Clarín. Medina, designada presidenta durante la feria,
está casada con Julio César Riviera, quien asesoró a la empresa Cablevisión,
propiedad de Clarín. Guarinoni fue cuestionado junto al resto de los
integrantes de la Cámara
por las irregularidades en la designación de jueces subrogantes en el juzgado
número 1, que ahora ocupa Horacio Alfonso. Además, tanto Guarinoni como De las
Carreras integran la Sala I,
donde tramita la causa por la constitucionalidad de la ley de medios.
Sin embargo, los camaristas habrían aceptado el pedido del
Ejecutivo, buscando equilibrar el impacto de suspender el desalojo y la entrega
al Estado del predio de La
Rural. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
cuestionó anoche a la Cámara
por concederle la cautelar a la
SRA. “Hay una Justicia que actúa a dos velocidades, una para
las causas que amparan a las corporaciones y otra para las que involucran a las
leyes apoyadas por el pueblo y votadas por una inmensa mayoría parlamentaria”,
señaló Abal Medina, en referencia a la entidad agropecuaria y a la prórroga
indefinida de la cautelar del Grupo Clarín.
En el escrito presentado el miércoles, la Jefatura de Gabinete y la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, en manos de Martín Sabbatella,
argumentaron que la cuestión reviste “gravedad institucional” y que debe
atenderse el pedido de la
Corte Suprema, de “expedirse a la mayor brevedad posible”. Si
bien el máximo tribunal utilizó una fórmula ambigua, en el Gobierno señalaron
que se mantienen vigentes las circunstancias en las que la Corte fijó la “habilitación
de días y horas”, antes del fallo de primera instancia. Según el Código
Procesal, los magistrados tienen hasta 60 días hábiles para emitir el fallo,
por lo que el plazo comenzaba a computarse a partir de febrero y podía
extenderse hasta mayo.
Al habilitarse la feria, la apelación del Grupo Clarín comenzaría
a tratarse el lunes 7 de enero, acortándose los tiempos unas tres semanas. De
todas maneras, fuentes del kirchnerismo desconfiaban de la actitud de la Cámara y especulaban con
una eventual dilación mediante otras maniobras procesales como la apertura de
la etapa probatoria.
El último antecedente del Ejecutivo para desconfiar de la
reciente celeridad de la Cámara
es la medida cautelar que el juez de primera instancia Horacio Alfonso había
dejado sin efecto y que la Sala
I repuso y luego la
Corte ratificó el 29 de diciembre. Hace más de tres años que
una medida precautoria impide la aplicación de los artículos 41, 45, 48 y 161
de la ley de medios, lo que se mantuvo a pesar de que Alfonso los declaró
constitucionales el 17 de diciembre. “El Grupo Clarín sabe que la ley es
constitucional, que más temprano que tarde se va a aplicar, y que en cuanto la Justicia resuelva se
continuará con la transferencia de oficio que iniciamos el día que fuimos a
notificarlos. Pero la estrategia del grupo es buscar medidas dilatorias que les
permitan ganar tiempo y postergar su cumplimiento”, afirmó Sabbatella al
realizar la presentación ante la
Cámara.
Además de rechazar el levantamiento de la medida cautelar, la Corte rechazó también el
pedido de per saltum, a través del cual el kirchnerismo le pedía que resolviera
la cuestión de fondo, salteando la segunda instancia procesal. A contramano de
la velocidad que le imprimió al juez Alfonso para que dicte la primera
sentencia luego de tres años de demoras, la Corte entendió que no debía saltearse la
instancia de la Cámara.
En este contexto y si los plazos efectivamente se acortan,
el caso podría llegar a la Corte
antes de la mitad del 2013. En otras intervenciones, como el fallo del 22 de
mayo, el máximo tribunal había dejado en claro que no veía afectación a la
libertad de expresión, sino que en todo caso el multimedio podría reclamar
posteriormente una reparación económica.
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