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domingo, 30 de diciembre de 2012

La Corte y su fallo político, por Roberto Caballero (para “Tiempo Argentino” del 30-12-12)




Sorprende el giro copernicano de los cortesanos que desoyeron al juez Alfonso y Gils Carbó.


El último fallo de la Corte Suprema de Justicia, un texto teñido de ínfulas corporativas y retrocesos doctrinarios, es el mayor desafío político del tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti al gobierno nacional. La otra certeza es que Raúl Zaffaroni hay uno solo. Para bien y para mal.
La escasa o nula voluntad de la mayoría de sus miembros para acompañar la política antimonopólica oficial quedó desnuda. ¿Cómo debería leerse, si no, el rechazo en dos oportunidades al per saltum? Aunque técnicamente ambas negativas pudieron estar fundadas, en este último caso los supremos tenían la opción de resolver el recurso extraordinario, extinguir la cautelar y dejar la discusión sobre la constitucionalidad para más adelante. Con esto, equilibraban los desaires al Ejecutivo y ponían en vigencia la ley para todos los grupos comunicacionales.

Pero no. Decidieron extender la cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto, que ahora quedó en manos de una cámara polémica. Todo esto sin fecha y sin apuro. Camino al libro Guinness, casi: la cautelar más larga del mundo es argentina, de Clarín, y la avaló la Corte Suprema, que desoyó lo resuelto por Alfonso, también el pedido de la procuradora Alejandra Gils Carbó para darla por extinguida y, lo más raro, se desdijo de su fallo del 22 de mayo último. ¿Acaso no fue el máximo tribunal el que dijo entonces que las cautelares no debían ser eternas y fijó el 7D como fecha límite? Está escrito.

Sorprende el giro copernicano de los cortesanos. Tomar como válidos los argumentos pro-cautelar de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, cuyos integrantes viajaron a Miami invitados por Clarín, pone a los supremos hiriendo su propio e histórico prestigio: el de pertenecer a una Corte moderna que sepultó la mayoría automática del menemismo gracias al aval e impulso político del kirchnerismo gobernante. 

Todas las mayorías automáticas son malas: también las que no dejan gobernar a un gobierno elegido por la voluntad popular. La independencia declamada como credo judicial no puede ser menos independiente de los grupos económicos concentrados. ¿Se acostumbrará la Corte a recibir menos halagos en el futuro, después de haber decidido poner en el limbo nuevamente a la Ley de Medios de la democracia? Hacer política es también hacerse cargo de sus consecuencias.

El tribunal inferior en el que se apoyaron argumentalmente para desestimar el pedido oficial está cuestionado tanto por el Ministerio de Justicia como por la Procuración General de la Nación, que denunció que estos camaristas viajantes resolvieron recusaciones actuando como "jueces y parte", sin olvidar que sus miembros están siendo penalmente investigados. 

A la Corte, sin embargo, sus planteos le parecieron "razonables", mientras que los del Estado no pudieron demostrar "que haya riesgo o gravedad" en prorrogar la cautelar.

"¿Por qué la Corte hizo lo que hizo?", se preguntaban, asombrados, en la Casa Rosada, la tarde del jueves 27. La apuesta oficial era, en verdad, otra. Se suponía que los supremos rechazarían el per saltum, pero había confianza en que también harían caer la cautelar, mientras dejaban tramitar la apelación de Clarín y la ley recobraba vigencia plena. ¿Fue una mala estrategia judicial? Por los antecedentes, no parecía. 

A juzgar por los resultados, claramente no fue exitosa. Quizá el gobierno fue víctima de un espejismo. Hace 20 días, entre los principales despachos de Balcarce 50 corrió un rumor que algunos dieron por cierto y otros calificaron como un disparate. Decía que Lorenzetti o gente cercana a él se había reunido con representantes de Clarín. Que estos le habrían pedido tiempo y que el reelecto presidente de la Corte habría respondido que hasta la puerta del cementerio los acompañaba, pero de ninguna manera se enterraba junto a ellos. 

En simultáneo, el diario Perfil dejaba trascender que Lorenzetti quería sacar la constitucionalidad de la ley por unanimidad y que había una precaria mayoría a favor. Todo esto, más cierta fatiga de guerra en algunas espadas del gobierno, pudo haber servido para alimentar el espejismo de un Poder Judicial que, después de 38 meses de trato benevolente hacia Clarín, le decía finalmente que no a un grupo económico. 

Con "el diario del lunes en la mano", es decir, leyendo el fallo cortesano del 27D, lo que se confirma es que pensar bien fue un error. Hasta los disparates, por ejemplo, de identificar a Lorenzetti con Julio Cobos, se tornan verosímiles.

En un escenario tan poco edificante, la disidencia de Zaffaroni reconcilia con la idea de justicia. Tomó el dictamen de Gils Carbó y se opuso a prorrogar la vigencia de la cautelar. No fue el mismo caso el de Carmen Argibay: según ella, no hacía falta dejar constancia de que el año de adecuación está vencido para Clarín, porque eso recién habrá de verse cuando el expediente llegue a la Corte.

La coincidencia general es que eso sucederá a fines de 2013. O para decirlo en plazos del calendario político, después de las elecciones de medio término.

Clarín consiguió tiempo para erosionar al kirchnerismo y dañar sus chances electorales; y con eso la posibilidad de soñar en un cambio del mapa político que aleje la implementación de la ley. 

En concreto, para generar un escenario hostil o adverso al oficialismo, que ayude al sector más conservador de la Corte a promover su inconstitucionalidad. Los que crean que esto es imposible deberían verlo en su propia dinámica. 

El último fallo de los supremos es, de alguna manera, hijo de la deslegitimación que se viene estimulando desde la prensa hegemónica del triunfo por el 54% en 2011. El 27D de la Corte es como el 13S o el 8N de Clarín y La Nación. Necesita del convencimiento de que el kirchnerismo agoniza para animarse.

Aunque en realidad ocurra lo contrario.

Lo raro es que hayamos llegado hasta acá.

Feliz 2013. 

Perón y la justicia
“Para el Justicialismo, como su nombre lo indica, la Justicia es una cosa muy importante. Sé bien que nosotros vamos marchando paulatinamente, satisfaciendo los sectores que interesan a la Justicia; no solamente satisfaciéndolos desde el punto de vista administrativo del Gobierno, sino también desde nuestro punto de vista ideológico, donde nuestra penetración política debe ir abarcando todos los matices.

Yo no opino, como mucha gente, que la Justicia está exenta de la política que sigue el país: la Justicia depende de la política que sigue el país. Los franceses han ido un poco más lejos; ellos, cuando eligen al Gobierno, eligen también Justicia: el Gobierno tiene su Justicia. 

Otros creen que la justicia está totalmente desligada del país: para ellos la Justicia es casi un gobierno de Dios. No; la Justicia es un gobierno de los hombres –la es al menos en esta tierra– y yo no puedo desligarla de los grandes intereses de la Nación. 

La Justicia está para asegurar al hombre esa justicia, y jamás debemos desligarla del continente dentro del cual juega el hombre.
No creo que hacer política es hacer electoralismo. Eso es otra cosa distinta. Los hombres, desgraciadamente, siempre listos a desvirtuar casi todas las cosas nobles de la vida, han desvirtuado también la nobleza política. ¿Por qué? Porque en vez de hacer política para el país, en vez de hacer política para la convivencia de todos los que componen el país, han hecho política personal: no han hecho política para todos. La política para todos, o sea, la política para el país, se ennoblece, y cuando se hace para los hombres, se envilece.

Ahora, señores, es cuestión de que, al apreciar lo que es la política, cada hombre esté en el bando de los que la ennoblecen y no en el bando de los que la envilecen. La Justicia debe estar en el bando de los que ennoblecen. 

La Justicia tiene un pensar y un sentir político dentro del Estado, pero para ennoblecerla; lo otro, para envilecerla, se lo dejamos a los caudillos de comités, a esa gente que nosotros no queremos ni hacen falta.

Por eso digo que para hacer Justicia, señores, yo creo que un juez está obligado –o una Corte está obligada– a luchar para ennoblecer esa política; y para ennoblecerla, luchando por ella, hay que estar dentro de esa política.

La política está exenta de los intereses de los hombres, pero no de los intereses de la sociedad que, en el fondo, es lo único que debe defender. Porque, los intereses de la sociedad, ¿en qué consisten? (…)

Tantas veces he hablado con el señor ministro de Justicia, que es un viejo juez que entró a la Justicia con los pantalones cortos y conoce muy bien toda la etapa que la misma ha recorrido en nuestro país, de que cuando la Justicia cubra perfectamente bien su puesto y los hombres que actúan dentro de ella, en cualquiera de los escalones, porque todos son útiles, tengan ese concepto de la nacionalidad y de la política social, todos habremos ganado, tanto los que la ejercen como los que la reciben.” 

(Palabras de Juan Domingo Perón, el 16 de agosto de 1951, ante representantes del Poder Judicial)
  
La fallida denuncia de clarín
El juez federal Luis Osvaldo Rodríguez resolvió desestimar la denuncia del Grupo Clarín por "incitación a la violencia" contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente. Tiempo Argentino tuvo acceso al fallo del magistrado que, en línea con el fiscal federal Gerardo Di Masi, sostuvo que "pretender criminalizar las ideas u opiniones de periodistas y funcionarios que no tienen el mismo pensamiento que el del grupo de interés al que representa resulta contrario al derecho constitucional de publicar o hacer publicar las ideas por la prensa sin censura previa –artículo 14 de la Constitución Nacional–. "En el fallo, Rodríguez afirma que en la denuncia efectuada por el Dr. Sáenz Valiente en representación del Grupo Clarín SA, y más allá de las justificaciones ensayadas a posteriori, se evidencia un claro avasallamiento al derecho de libertad de expresión que, no está de más recordarlo, es uno de los pilares básicos establecidos en nuestra Carta Magna".

Para el magistrado, "no se observa que las personas denunciadas, justamente en el ejercicio de su derecho de libertad de expresión hayan lesionado algún bien jurídico que merezca reproche en esta sede".

"Y que la acción típica del delito, en el que el denunciante pretende encuadrar desde el inicio las expresiones de las ideas de los periodistas y funcionarios mencionados, es aquella que ejecuta alguien que estimula a actuar, circunstancia alejada de lo que traslucen los dichos que se les adjudican", concluye el juez Rodríguez en su sentencia.

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