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Martín Sabbatella ofreció una conferencia de prensa en la
que radiografió el cuadro de los grupos de comunicación que deben adecuarse a
la ley de medios. El Gobierno avanza por esa vía y con el per saltum.
En una semana más
que intensa, el Gobierno dio un par de pasos firmes en dirección a la
aplicación de la ley de medios con la significativa novedad de que las huellas
del cacerolazo no pudieran pesar en ese avance. Con pocas horas de diferencia,
Martín Sabbatella ofreció una exhaustiva conferencia de prensa informando sobre
la situación de los diversos grupos comunicacionales que deben adecuarse a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Lo nuevo tiene que ver con una instalación política:
va quedando claro, pese a las campañas del Grupo Clarín, que la cosa corre para
(¿casi?) todos y no para uno solo. A la vez, el Congreso aprobó la ley de per
saltum a la que seguramente recurrirá el oficialismo para destrabar el embrollo
judicial generado también por el holding. Hay otra novedad política y es que en
términos generales la oposición, como si comenzara a eludir la trampa del
embanderamiento ciego, optó por no seguir incondicionalmente el discurso del
Grupo Clarín tras el informe de la
Afsca, aún cuando se opuso al per saltum por considerar que
ese recurso fue apurado para resolver la disputa judicial, cosa que los voceros
kirchneristas en ningún momento negaron.
Los ecos de los
pasos dados por el Gobierno acaso puedan medirse de dos maneras. Si es por la
repercusión mediática de la conferencia de prensa, hasta el diario La Nación ofreció una versión
medida, informativa, que remitió entre otras cosas al informe que publicó la Afsca en su sitio web.
Clarín, en cambio, demoró una eternidad en subir on line la conferencia de
prensa, como estudiando minuciosamente el modo de editarlo. Acudió a los
oficios de un periodista del diario y otro de TN para pudrir el diálogo con los
medios –Sabbatella soportó con templanza incluso la acusación de “mentiroso”– y
finalmente ofreció en formato digital e impreso una versión tergiversada y
recortada de los dichos del ex intendente de Morón. El diario apenas si pudo
dedicar un recuadro pobre sobre reacciones políticas, que en ningún momento
alcanzaron para armar algún tipo de escándalo.
Se sabe que el
Gobierno apuesta a la posibilidad del per saltum como escenario de litigio
posible pero se conoce bastante menos sobre los resultados eventuales de la
movida. Hay dudas acerca de si la Corte Suprema aceptaría el recurso, si entendería
que hay “gravedad institucional”, y sobre cómo se dividirían los votos de los
supremos (tampoco se sabe hasta dónde el Gobierno midió la temperatura). Más
claro es en cambio el panorama trazado por Sabbatella, pero sólo el de la
fotografía actual y no la del desenlace de las adecuaciones, especialmente las
que debería afrontar el Grupo Clarín. En la web de la Afsca, se publicó un prolijo
informe de 60 páginas que incluye información demográfica y de mercados,
listados de señales y licencias, y un cotejo permanente que parece inspirado en
el redactado de la propia ley de medios (ese texto abunda en citas de
legislación comparada), ya que se van mencionando cuáles son los artículos
vinculados con cada caso de incumplimiento de la norma según de qué grupo
comunicacional se trate.
Quiénes y por qué. En
el informe, la Afsca
dividió dos tipologías relacionadas con la adecuación. La primera tiene que ver
con las condiciones de admisibilidad, allí donde se impide ser licenciatarios a
ex funcionarios de gobiernos de facto, funcionarios públicos, manejar una
empresa de servicios públicos (hasta el 10% de participación) o ser una
subsidiaria de empresa extranjera (hasta el 30% de participación). Más
adelante, al respecto, se analizará el caso de Telefónica/Telefé. La segunda
tipología es la relacionada con los límites nacionales y locales en la cantidad
de licencias o porción del mercado (artículo 45, que incluye junto con la no
superación del 35% de participación el tema de las incompatibilidades
cruzadas). Un llamado al pie en el informe aclara que se trata de una
evaluación “preliminar” sujeta a revisión, lo que habla de apuros técnicos en
la gestión.
Tal como lo viene
reiterando de manera constante Sabbatella, del informe se concluye que la
adecuación corre para todos, aunque hay controversia sobre un par de casos
importantes. Los actuales infractores, por diversas razones, no son sólo el
Grupo Clarín con la enormidad de 237 licencias sino entre varios otros Uno
Medios (Vila-Manzano, 55 licencias), Cadena 3, Telefé, el grupo español Prisa
(radio Continental) por ser subsidiario de una empresa extranjera, Cadena 3,
Telecentro, C5N, DirecTV, el grupo de Jorge Ricardo Nemesio y Radiocadena Eco
(con 30 emisoras radiales en todo el país).
Un caso llamativo
aunque conocido mencionado por Sabbatella es Uno Medios, que “posee vinculación
societaria con Andes Energía PLC” (una empresa que maneja temas energéticos en
Mendoza). El grupo Vila-Manzano además acaba de comprar una participación en
Metrogas, aunque inferior al 10% dispuesto en la ley. Otro caso particular, en
el que hizo hincapié el Grupo Clarín en su cobertura crítica de la conferencia
de prensa, es el de Direct TV. La
Afsca plantea un problema de incompatibilidades cruzadas ya
que esa empresa es “licenciataria del servicio de televisión por suscripción
por soporte satelital y a su vez accionista en Torneos y Competencia,
productora de las señales TyC Sports y TyC”.
Consultado por
Miradas al Sur sobre el informe dado por Sabbatella, el especialista e
investigador Martín Becerra valoró positivamente la conferencia de prensa (“el
Gobierno sale airoso cuando las hace”) y no pocos trazos gruesos tanto de la
exposición como de los anuncios relacionados con el proceso de adecuación
voluntaria, la eventual intervención del Estado, el hecho de no restringir la
aplicación de la ley a un único actor comunicacional. La diferencia sustancial
de Becerra tiene que ver centralmente con la situación de la empresa
Telefónica, de la que depende Telefé, casi tan española como Prisa. Becerra
subrayó que es obvio que Telefónica explota un servicio público y que
legislaciones anteriores se cuidaron mucho de evitar el cruce entre dos campos
de actividad empresaria de enorme relevancia.
El informe del Afsca
sí menciona que hay un exceso de participación en el mercado en el caso de
Telefé. En cuanto a su situación como empresa de capitales extranjeros, el
argumento de Sabbatella fue que efectivamente Telefé es de capitales españoles,
“pero como su constitución fue previa a la ley de bienes culturales, está
afuera también”. El argumento no convenció a especialistas que simpatizan con
la ley de medios. El caso de canal 9, en manos de un empresario mexicano, es
similar.
Lo imprevisible. Como
se adelantó más arriba, el informe del Afsca exhibe una fotografía estática y
no termina de hablar, ni puede hacerlo, sobre lo que vendrá. Tal como desliza
Becerra entre otros especialistas, así como se dijo que Clarín podría adecuarse
recurriendo a una re-ingeniería interna que le permitiera controlar sus
empresas sólo que a través de distintos accionistas que hoy permanecen unidos,
algo parecido podría hacer el grupo Vila-Manzano u otros actores apostando a
nombres de confianza. En cuanto al multimedios Clarín, si bien cada vez más hasta
sectores conservadores cercanos al Grupo admiten que le va quedando poco margen
de maniobra, siempre existe la posibilidad de que siga resistiendo por vía
judicial, embrollando los trámites administrativos e incluso generando
escenarios de conflictividad gremial en las muchas empresas que tiene a lo
largo y ancho del país.
Becerra dice que “si el Grupo Clarín presenta un plan de adecuación, si no constituye la cautelar, asume ante la sociedad que perdió buena parte de la batalla. Pero seguramente va a tratar de ganar tiempo y a generar todos los conflictos posibles. En algunos medios del grupo los trabajadores están aterrorizados”. Al respecto, Sabbatella ya mantuvo más de una reunión cordial con sindicatos como el Satsaid, que apoyan la aplicación de la ley de medios pero tienen algún temor por el cuadro laboral.
Becerra dice que “si el Grupo Clarín presenta un plan de adecuación, si no constituye la cautelar, asume ante la sociedad que perdió buena parte de la batalla. Pero seguramente va a tratar de ganar tiempo y a generar todos los conflictos posibles. En algunos medios del grupo los trabajadores están aterrorizados”. Al respecto, Sabbatella ya mantuvo más de una reunión cordial con sindicatos como el Satsaid, que apoyan la aplicación de la ley de medios pero tienen algún temor por el cuadro laboral.
Hay un punto crítico
además para que Clarín pueda jugar esa carta y tiene que ver con algo sabido a
medias incluso desde antes del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese
punto tiene relación con la economía de los medios: no se sabe, en caso de que
el Estado llame a concurso para licitar licencias, hasta dónde las empresas
privadas u otros posibles actores comunicacionales tienen la suficientes
espaldas como para sostener financieramente las empresas que le sobran a Clarín
así como al resto de los grandes actores del sector.
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