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jueves, 11 de octubre de 2012

Piden que intervenga la Corte en el caso del aborto suspendido, por Florencia Halfon-Laksman (para “Tiempo Argentino” del 11-10-12)



Lo hizo el abogado de la mujer a la que se impidió ejercer su derecho mediante una orden judicial. Solicitó que el máximo tribunal determine a qué jurisdicción corresponde la causa. La Ciudad apeló la resolución que frenó la interrupción del embarazo, producto de una violación.

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INFOnews

Por Florencia Halfon-Laksman

Patrocinada por sus abogados, la mujer violada a quien una jueza nacional le impidió abortar el pasado martes, firmó ayer un escrito que fue presentado ante la justicia porteña para que se le autorice la intervención quirúrgica y que sea la Corte Suprema quien indique, en carácter de urgente, a qué jurisdicción le compete la decisión. Además, hoy por la mañana presentará una denuncia contra las autoridades del Hospital Ramos Mejía y otra contra los miembros de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Familia (Pro Familia). Según explicó a Tiempo Argentino Pablo Vicente, abogado de la mujer y miembro del Centro de Asesoría en Desarrollo Humano (CADHu), la primera denuncia es porque consideran que el centro de salud porteño, donde se iba a concretar el aborto es responsable de la difusión del caso, y que eso derivó en la suspensión de la intervención, y en un escrache en la puerta de la casa de la paciente por parte de grupos ultracatólicos, que el abogado relaciona con la asociación Pro Familia.
El escrito de Vicente fue entregado ayer ante la Sala 1 de la justicia contenciosa porteña para ser resuelto "con carácter de urgente", después de que los abogados de Pro Familia apelaran la decisión del juez porteño que sí había permitido la intervención. El viernes, el juez de primera instancia Guillermo Scheibler había resuelto "no hacer lugar a la medida cautelar solicitada" por la asociación civil. A última hora de ayer, Scheibler confirmó su fallo del viernes, fundándose en la actual legislación porteña y en el fallo en el que la Corte Suprema estableció, en marzo pasado, las bases regulatorias para el aborto no punible. Según detalló el abogado de la víctima, "el juez va a remitir las actuaciones a la Corte para que determine quién debe decidir sobre el caso: si la justicia nacional o la porteña".
Eso se debe a que el fallo que suspendió el aborto, firmado por la titular del Juzgado Civil Nacional Nº106, Myriam Rustan de Estrada, no menciona ni una línea de la resolución de la Corte. Como los letrados de la paciente no reconocen la competencia de ese juzgado, decidieron no apelar el fallo de la jueza.
Quien sí apeló dicha medida judicial fue el gobierno porteño. La vicejefa María Eugenia Vidal consideró el martes que el fallo que suspendió el aborto "no está alineado" con lo que indicó el máximo tribunal, y anunció que la Ciudad apelaría la decisión de la jueza De Estrada. El procurador general porteño, Julio Conte Grand, presentó ayer la apelación ante el juez Civil de Primera Instancia Nº 56 Miguel Ricardo Güiraldes, para que elevara la causa a la Cámara. Luego trascendió que el juez se declaró incompetente, pero eso no fue confirmado por la Procuración.
El caso de la mujer embarazada se había difundido la semana pasada, cuando el sitio Clarín.com publicó que, en una cena de Consenso Republicano –think tank opositor comandado por el ex presidente de la Sociedad Rural Guillermo Alchourón–, el alcalde porteño Mauricio Macri anunció: "El martes se realizará en el Hospital Ramos Mejía el primer aborto legal en la Ciudad. Se trata de una mujer de 32 años, víctima de una red de trata, y es un caso que pasó por todas las instancias legales".
La divulgación de esa información confidencial derivó en las trabas judiciales impuestas por grupos antiabortistas y en el escrache frente a la casa de la mujer.
Tal como publicó ayer este diario, esa protesta fue encabezada por el sacerdote Fernando Llambías, capellán de Ramos Mejía. El clérigo se comunicó con la mujer para convencerla. Al no conseguirlo, fue a la casa junto a otros militantes. Según el diputado porteño Alejandro Bodart (MST), el domicilio habría sido revelado por las autoridades del centro de salud: "Gritaron consignas en contra del aborto, celebraron una misa, entraron a la casa y le dijeron que cuando asesinara a su hijo, harían sonar todas las campanas de la ciudad", detalló.


Una denuncia de las meretrices
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) difundió ayer que el Policlínico San Martín, en la localidad de La Plata, se niega a ayudar a una trabajadora sexual a interrumpir un embarazo producto de una violación. Es una mujer de 35 años, que aseguró haber sido obligada por un hombre, con quien antes había mantenido relaciones, a bajarse del tren en el Parque Pereyra Iraola, donde la violó. Cuando supo del embarazo, la mujer decidió realizarse un aborto no punible. Según denunciaron desde la asociación, en el hospital le dijeron que no podía haber sido violada porque era una trabajadora del sexo, pero luego le dieron una mínima dosis de misoprostol, para realizar el aborto. “La dosis no resultó y luego todo el personal adujo objeción de conciencia”, indicaron.

Cuidado
Respeto
Este diario no publicará los detalles de la historia y el padecimiento de la mujer embarazada producto de una violación. Se limitará sólo a lo que su letrado autorice, pues cualquier información que se difunda puede resultar peligrosa para ella.
Nota publicada en Tiempo Argentino

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