De cara al 7D, la oposición se integró a la AFSCA, a RTA y a la Comisión Bicameral
de la Ley de
Medios, y la Cámara Civil
y Comercial reculó en la digitación de jueces jubilados.
Que las fuerzas que
constituyen la primera y segunda minoría políticas del Parlamento se hayan
integrado, finalmente, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, al directorio de RTA (Radio y Televisión Argentina) y
al de la AFSCA
fue una muy buena noticia para la democracia y una pésima señal para las
corporaciones.
Aunque demoraron
casi tres años desde la sanción de la
Ley de Medios, con el mismo énfasis que se la critica cuando
cede a estrategias de bloqueo que perjudican a todos, es inevitable reconocer
que, esta vez, la oposición hizo lo que correspondía.
La Comisión Bicameral quedó así encabezada por los kirchneristas
Agustín Rossi, presidente; Liliana Fellner, vice; y el radical Ricardo Buryaile
como secretario. Para la AFSCA,
el radicalismo postuló a Marcelo Stubrin y el FAP a Alejandro Pereyra. Y en
RTA, la UCR
propuso a José Cusinato y el FAP a Marcelo Romeau. La UCR y el FAP no objetaron la
nominación de la periodista, docente y escritora Cynthia Ottaviano como defensora
del Público.
No fue esta, sin
embargo, la única mala noticia que Héctor Magnetto recibió en la semana. La Cámara Nacional en
lo Civil y Comercial Federal dejó sin efecto una resolución (inspirada en el
camarista radical y consejero Ricardo Recondo, según denunció el oficialismo)
por la cual los jueces que atendían los cinco juzgados vacantes de su fuero
eran elegidos primero a dedo entre magistrados jubilados de antecedentes
opinables –algunos habían sido designados por la dictadura de Aramburu, otros
por la de Onganía y otros por la de Videla– y luego, algo insólito, por un
sorteo que no cumplía los requisitos mínimos de una lotería familiar.
La sospecha de
manejo discrecional en expedientes de alto interés público, que bien pudo haber
sido disipada por el Consejo de la Magistratura nombrando a los cinco candidatos que
concursaron por sus cargos, como manda la Constitución, generó
polémica. Pero tanto Recondo como el diputado y consejero Oscar Aguad, también
radical, negaron número a esta solución, de carácter cristalino y
reglamentario. Tanta fue la preocupación del reelecto presidente de la Corte Suprema de
Justicia Ricardo Lorenzetti por el vendaval de críticas, que llamó a su
despacho a los consejeros.
El primero de ellos
fue el radical Recondo. Si bien no trascendió qué le habría dicho en privado,
es imaginable que hayan conversado sobre un reportaje suyo con el bisemanario
Perfil, donde admitía un doble rol como juez y parte, consejero y camarista, y
se ufanaba de que los gobiernos pasaban pero los jueces quedaban a perpetuidad,
todo esto dicho con indisimulable corazoncito en la disputa.
Lo cierto es que un
día después, la Cámara
decidió que lo mejor era, como pedía el kirchnerismo, respetar la ley. Esto no
es broma: está escrito. La resolución del 18 de octubre, firmada por los
camaristas Santiago Kiernan, Ricardo Víctor Guarinón, María Susana Majurieta,
Graciela Medina, bajo la presidencia de Martín Diego Farrel, señala que
"las repercusiones que el aludido sistema de subrogancias ha generado en
las últimas declaraciones oficiales aconsejan al Tribunal a seguir, en
adelante, el procedimiento establecido por el artículo 1, inciso ‘a’, de la Ley 26.376 (…) "Se deja
sin efecto, a partir de la fecha, toda resolución o acordada dictada por el
Tribunal que sea contraria a esta decisión". Se habían metido en un
embrollo. Salieron de él aplicando la ley. ¿Entonces, qué hacían antes?
La medida le dio la
razón al oficialismo. Al menos, de ahora en más, los jueces subrogantes saldrán
del propio fuero, y aunque lo correcto sería que fuese el Consejo quien los
designe, no es lo mismo un juez digitado que firma sentencias o cautelares
desde la dulce poltrona jubilatoria, como proponía previamente la Cámara, que otro que ya
regentea un juzgado y actúa al margen de la excepcionalidad. En el peor de los
casos, si el primero perdiera un juicio político regresaría a su situación
previa, es decir, a la de usía pasivo. Al segundo, se supone, le troncharía la
carrera judicial. Parece mentira haber llegado a este punto. Pero el abuso de
la "justicia cautelar" llevó las cosas a niveles de incredulidad
generalizada. A Lorenzetti le va a resultar difícil remontar el descrédito, que
no provocó, esto es verdad. Y aunque es cierto que su foto en Mendoza con
magistrados de todo el país (titulada por los medios hegemónicos como "los
jueces no cederemos a ninguna presión", en supuesta réplica al proyecto
oficial de "per saltum" presentado en el Senado), se pareció mucho a
la presentación en sociedad de un "partido judicial" anti- K, tal vez
se trate de un espejismo hecho a imagen y semejanza de los que pretenden que la Corte se convierta en
enemiga del Poder Ejecutivo, elegido por el voto popular, o que renuncie a sus
principios.
El reelecto
Lorenzetti sabe mejor que nadie que una cosa es la justicia y sus necesidades
como poder independiente y otra, las necesidades de Clarín en la justicia. Por
eso, cuando uno revisa lo que dijo en Mendoza, y no lo que Clarín y La Nación dijeron que dijo, se
deduce que los poderes corporativos también recibieron lo suyo de parte del
titular del máximo tribunal. Para que no queden dudas, lo que sigue es lo que
dijo Lorenzetti, textual: "Avisamos que no vamos a ceder ante las
presiones. No importa que sean poderes políticos o económicos. Obviamente que
hay presiones de toda naturaleza y yo quiero decirles que nosotros ya sabemos
que va a haber presiones en cualquier caso que nosotros tengamos de cierta
notoriedad. Y que no vamos a cambiar nuestros principios, esté quien esté por
delante. Este es un buen aviso porque nosotros hace rato que hablamos de la
imparcialidad que significa que si uno tiene un caso, esté quién esté en ese
caso, siempre debe fallar según los mismos principios." También dijo que
"los cargos vacantes deben ser cubiertos de manera objetiva y
controlable." Es decir, según marca la ley.
Por lo pronto, con
la nueva resolución de la
Cámara, la que respeta la ley, los magistrados Horacio
Alfonso, Francisco de Asís Soto y Alejandro Saint Genez se ocuparán de los
juzgados a la deriva ("hasta que se cubran definitivamente las
vacantes") en un fuero anómalo, donde cinco de los once juzgados están sin
jueces nombrados por el Consejo. La solución no es la mejor, pero al menos
corrige el zafarrancho que irritó al kirchnerismo y a media familia judicial,
cansada de la otra mitad que hace y deshace según su antojo. De todos ellos,
Alfonso se ocupará del Juzgado 1, donde está radicada la causa del Grupo Clarín
contra la Ley de
Medios.
Curiosamente, el
diario de Magnetto no recibió a Alfonso con la algarabía gramática que le
dedicó a Edmundo Carbone en su momento, o a Raúl Tettamenti, recientemente. El
primero fue quien resolvió la medida cautelar a favor de Clarín para que no se
le aplicara el artículo 161 de adecuación a la ley.
El segundo, nombrado
con el aval de la Cámara
y Recondo, adujo "violencia moral" y renunció cuando el Ministerio de
Justicia dejó en evidencia que había beneficiado al mismo grupo en un fallo
sobre Fibertel. Resulta que Alfonso dio de baja en el pasado una cautelar del
ahora jubilado Carbone que suspendía el artículo 30 de la ley que permite la
incursión de cooperativas en la prestación de servicios audiovisuales. La
frialdad que le prodigó Clarín desde sus 250 licencias y su diario de agitación
quizá tenga que ver con este antecedente, nada alentador para el grupo.
Mientras tanto,
Cristina Kirchner viajó a Corrientes, más precisamente al santuario de la Virgen de Itatí, a llevar
una de las banderas que flameó en Malvinas en 1966 durante el Operativo Cóndor.
Dijo que lo hacía como "peregrina" y no como presidenta, que se lo
había prometido a María Cristina Verrier, viuda de Dardo Cabo, y pidió a la
virgen que ablandara los corazones de los poderosos que se resisten a resignar
sus privilegios.
Recordó que Evita
era devota de la Virgen
de Itatí y que Perón había puesto en marcha la construcción del santuario el 27
de octubre de 1947. Flaqueó al citar la fecha: Néstor Kirchner murió un 27 de
octubre, pero de 2010. Rindió homenaje al Regimiento 12 de la provincia
("los cuchilleros correntinos"), por haberse batido en Ganso Verde,
Islas Malvinas, en 1982, con coraje frente a los ingleses. Volvió a interpelar
a los jóvenes y tuvo, quizá, el discurso más peronista de los últimos tiempos,
sin dejar de remarcar que la última década es la de mejores índices de
inclusión y crecimiento en los 200 años de historia argentina. Las menciones a
Perón y Evita no fueron al azar: el peronismo festejó esta semana un nuevo 17
de octubre.
Ese día, Hugo Moyano
hizo un discurso desde las puertas de la CGT Azopardo. Estuvo
flanqueado por el ex carapintada Aldo Rico, su compadre el "Momo"
Venegas y el hoy macrista Jesús Cariglino, acusado de liderar las patotas que
agredieron a periodistas de Tiempo Argentino, Crónica, Malviticias y la agencia
Télam, que cubrían casos de presunta "mala praxis" en el hospital de
Malvinas Argentinas. Moyano fue duro con el gobierno y anunció, desafiante, que
va a encausar el voto de los trabajadores en otra opción política que no sea
kirchnerista. Mientras hablaba, desde el Twitter oficial del Sindicato de
Camioneros se burlaron de Héctor Recalde, abogado histórico de la CGT –comenzó en la década del
'60, con José Alonso– y del sindicato de Moyano, desde hace 20 años. El
divorcio era inimaginable hace un año, cuando Recalde era moyanista y Moyano
recaldista, y los dos kirchneristas. Pero las diferencias políticas (Recalde
actúa dentro del bloque del FPV y reconoce en Cristina a su jefa política, y
Moyano ya es antikirch- nerista sin retorno) terminaron por enfrentarlos. La
excusa del camionero fue el nuevo proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo,
enviado por el Ejecutivo, que aunque no fue respaldado por Recalde –en acuerdo
con Agustín Rossi–, le sirvió a Moyano para romper todos los puentes con el
histórico abogado laboralista. Recalde quedó dolido porque Moyano lo increpó
con dureza y sin elegancia en la
Comisión de Legislación del Trabajo, donde se votaba el
dictamen de mayoría que el abogado, fiel a sus convicciones, no firmó. Habrá
que ver qué gana el camionero, que se sueña como "el Lula argentino",
con esta ruptura impensada. Dejar a Recalde para abrazarse con Cariglino es una
medida esotérica más que política.
Así están las cosas.
Bajar el cuadro
Cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla hizo realidad el “Nunca más” a los golpes militares en la Argentina. La democracia sepultó ese día, con un sencillo pero significativo acto, nada menos que el miedo al Estado genocida. El valor simbólico de la medida fue comparable a una liberación para toda la sociedad, la que se reconoce como kirchnerista y la que no. El 7 de diciembre, a casi 30 años de la recuperación democrática, esa misma sociedad bajará el cuadro de una corporación económica, que cree estar por encima de la legalidad, las instituciones y la voluntad popular expresada en las urnas. Será un paso gigante, una revolución por el sentido de las cosas sin sangre. Los dueños del poder y del dinero asisten azorados a este cambio de época. No comprenden por qué Cristina se atreve a tanto. No lo pueden creer. Sería conveniente repasar lo que les ocurrió a otros gobernantes electos frente a estas mismas corporaciones, que constituían el poder permanente en nuestro país. Raúl Alfonsín fue eyectado de la Casa Rosada por un golpe de estado económico alentado por Clarín, la Sociedad Rural, la banca y el establishment empresario local. Leopoldo Moreau, que apoya la plena vigencia de la Ley de Medios, lo recordó estos días. Es un buen ejercicio de memoria el suyo. Recuperar la soberanía de la palabra es también recuperar la soberanía popular. Ni el partido militar, ni el judicial, ni el económico pueden pretender la suma del poder. No, al menos, en el sistema democrático. Cuando se ven las tapas histéricas de sus voceros, se confirma que esta vez, va en serio. Primero fue el cuadro de Videla. El 7D, el de Magnetto. No es casualidad: el primero fue la cara militar de un Estado genocida. El segundo, su socio y vocero, el que calló el genocidio para cambiar la matriz económica del país en beneficio de un sector privilegiado. No hubieran podido hacerlo sin sangre. No hubieran tenido éxito si no arrojaban a los opositores al mar y no silenciaban el horror. La democracia finalmente se pone los pantalones largos. Esta es otra mala noticia para los grupos que tienen un proyecto de país donde sobran 20 millones de argentinos. Y una muy buena para el conjunto social, donde conviven los kirchneristas y los que no.
Dilma le dijo no a la SIP
Las patronales mediáticas conservadoras del hemisferio agrupadas en la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se reunieron en San Pablo, Brasil, durante la última semana. La tribuna fue utilizada por La Nación y Clarín para despotricar contra Cristina Kirchner y la Ley de Medios de la Democracia. La cobertura de ambos diarios destacó que la SIP enviará una delegación a la Argentina para acompañar el reclamo corporativo de que todo vuelva a ser como era cuando no había leyes antimonopólicas. Los discursos fueron bastante previsibles y aburridos, con dardos a Chávez, a Correa, a Evo y a todo lo que el Departamento de Estado califica de "democracias participativas", es decir, peligrosas o no controladas. La noticia, sin embargo, fue que por segunda vez, Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa del Brasil, la sexta economía del mundo, y principal socio comercial y político de la Argentina, decidió no concurrir al evento al que había sido invitada con antelación. Directamente, los plantó.
Bajar el cuadro
Cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla hizo realidad el “Nunca más” a los golpes militares en la Argentina. La democracia sepultó ese día, con un sencillo pero significativo acto, nada menos que el miedo al Estado genocida. El valor simbólico de la medida fue comparable a una liberación para toda la sociedad, la que se reconoce como kirchnerista y la que no. El 7 de diciembre, a casi 30 años de la recuperación democrática, esa misma sociedad bajará el cuadro de una corporación económica, que cree estar por encima de la legalidad, las instituciones y la voluntad popular expresada en las urnas. Será un paso gigante, una revolución por el sentido de las cosas sin sangre. Los dueños del poder y del dinero asisten azorados a este cambio de época. No comprenden por qué Cristina se atreve a tanto. No lo pueden creer. Sería conveniente repasar lo que les ocurrió a otros gobernantes electos frente a estas mismas corporaciones, que constituían el poder permanente en nuestro país. Raúl Alfonsín fue eyectado de la Casa Rosada por un golpe de estado económico alentado por Clarín, la Sociedad Rural, la banca y el establishment empresario local. Leopoldo Moreau, que apoya la plena vigencia de la Ley de Medios, lo recordó estos días. Es un buen ejercicio de memoria el suyo. Recuperar la soberanía de la palabra es también recuperar la soberanía popular. Ni el partido militar, ni el judicial, ni el económico pueden pretender la suma del poder. No, al menos, en el sistema democrático. Cuando se ven las tapas histéricas de sus voceros, se confirma que esta vez, va en serio. Primero fue el cuadro de Videla. El 7D, el de Magnetto. No es casualidad: el primero fue la cara militar de un Estado genocida. El segundo, su socio y vocero, el que calló el genocidio para cambiar la matriz económica del país en beneficio de un sector privilegiado. No hubieran podido hacerlo sin sangre. No hubieran tenido éxito si no arrojaban a los opositores al mar y no silenciaban el horror. La democracia finalmente se pone los pantalones largos. Esta es otra mala noticia para los grupos que tienen un proyecto de país donde sobran 20 millones de argentinos. Y una muy buena para el conjunto social, donde conviven los kirchneristas y los que no.
Dilma le dijo no a la SIP
Las patronales mediáticas conservadoras del hemisferio agrupadas en la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se reunieron en San Pablo, Brasil, durante la última semana. La tribuna fue utilizada por La Nación y Clarín para despotricar contra Cristina Kirchner y la Ley de Medios de la Democracia. La cobertura de ambos diarios destacó que la SIP enviará una delegación a la Argentina para acompañar el reclamo corporativo de que todo vuelva a ser como era cuando no había leyes antimonopólicas. Los discursos fueron bastante previsibles y aburridos, con dardos a Chávez, a Correa, a Evo y a todo lo que el Departamento de Estado califica de "democracias participativas", es decir, peligrosas o no controladas. La noticia, sin embargo, fue que por segunda vez, Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa del Brasil, la sexta economía del mundo, y principal socio comercial y político de la Argentina, decidió no concurrir al evento al que había sido invitada con antelación. Directamente, los plantó.
Publicado en :
No hay comentarios:
Publicar un comentario