La expropiación de YPF, una decisión trascendente. El nuevo modelo de gestión, los cambios en el mapa político y la respuesta a las amenazas del gobierno español.
Busquen
información sobre la empresa noruega Statoil. Ése es el modelo a
seguir”, recomienda una fuente cercana al Gobierno. El mensaje llega,
por mail, pocas horas después de ese mediodía del lunes 16 en el que la
presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso Nacional de un
proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF.
Hasta ese día, la principal compañía petrolera de la Argentina estaba
bajo el control mayoritario de Repsol, la multinacional de origen
español. Se trataba de la misma fuente que, un par de semanas antes,
había adelantado que el Gobierno preparaba una medida muy importante,
“de ésas que tienen consenso amplio, y que sólo pueden despertar
rechazos en la extrema derecha”. Y que el jueves 12, ante los rumores y
las operaciones que anticipaban un posible anuncio presidencial sobre la
política petrolera, aconsejaba mantener la cautela. Ante la consulta urgente, la fuente explica que el Estado noruego es dueño de dos terceras partes de Statoil y las ganancias que no son reinvertidas se destinan al sistema nacional de pensiones. “Uno de los más grandes y estables en el mundo”, acota. Noruega es, hoy, el tercer país exportador de petróleo del mundo, detrás de Rusia y Arabia Saudita.
Por esta vez, el periodista decide no responder sus dudas por medio de la rapidez que brinda Internet y busca en su biblioteca. En uno de los estantes superiores encuentra El libro negro del petróleo, de Thomas Seifert y Klaus Werner, editado por Capital Intelectual en 2008. Allí, los periodistas alemanes señalan que existe una suerte de “maldición de los recursos”, porque casi ningún país rico en petróleo, hasta hace pocos años atrás, había logrado utilizar estos bienes naturales como un trampolín hacia el desarrollo industrial. Pero también aclaran que no se trata de una “suerte inalterable”. Y subrayan dos excepciones: Estados Unidos y Noruega.
El país escandinavo es uno de los sistemas más progresistas y democráticos del mundo. Sin haber entregado nunca la soberanía sobre los recursos fósiles, tiene altísimos niveles de ingresos per capita y una tasa de desocupación de 3,2 por ciento, de acuerdo a datos de enero último. Además, sabedores de la finitud de estos recursos, en 1990 crearon un fondo estatal, Petroleumsfondet, en el que depositan el superávit generado por los negocios del crudo, a fin de evitar que el dinero se gaste tan rápido como se lo generó. Y, si bien en las áreas de explotación participan jugadores privados locales e internacionales, el régimen impositivo del 78 por ciento al petróleo extraído garantiza que la mayor parte de las ganancias permanezcan en el país. “Nuestras próximas generaciones también deben beneficiarse con estas reservas de petróleo”, argumenta la ministra Thorhild Widvey en el libro de Seifert y Werner.
Así, Noruega se transformó en la última década en el país con mejor índice de desarrollo humano del mundo, de acuerdo al Informe Anual que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ése, entonces, es el modelo al que apunta -y debe apuntar- la Argentina.
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA
En 2011, la Argentina se convirtió en un país importador neto de gas y petróleo por primera vez en 17 años, generando un fuerte déficit sobre la balanza comercial. “El costo de mantener este esquema era peligrosísimo, porque se hubieran producido cuellos de botella, tanto en el plano energético como en el mercado de divisas”, advierte el economista Ricardo Aronskind. Y explica que el aumento interno del costo de los hidrocarburos habría resentido el crecimiento de la producción; y la necesidad de continuar con las importaciones hubiera provocado una mayor demanda de compra de dólares para el Estado nacional. De esta forma, podría haberse terminado en una recesión económica y con altos riesgos de tener que enfrentar una corrida cambiaria.
El investigador de las universidades de Buenos Aires y General Sarmiento recuerda que la continuidad en la estatización del cobre le permitió a Chile evitar sobresaltos en el mercado cambiario, porque los dólares que generaba el metal regresaban de forma directa al Tesoro Nacional. La intervención en YPF, entonces, también le permitirá al gobierno argentino un mayor control del mercado cambiario.
¿Cómo se generó ese déficit en materia energética que sufrió -y sufrirá en el corto plazo- la Argentina? Ingeniero especializado en gas y petróleo, Martín Scalabrini Ortiz retomó el legado de su abuelo Raúl (autor del clásico El petróleo argentino, de 1938) y es una de las voces que impulsaron la reestatización de YPF en los últimos años.
“Hubo una política extractivista que no tuvo en cuenta la reposición a futuro de las reservas. Así, el año pasado tuvimos que importar combustibles y lubricantes por casi 9.400 millones de dólares”, resume. Los expertos ligados a la empresa de origen español señalaron que la ausencia de inversiones se debió a las bajas tarifas fijadas por el Gobierno. Sin embargo, un economista de origen peronista, pero crítico del kirchnerismo, afirma que ése no fue el origen del problema. “El precio del petróleo es geopolítico y no debe regirse como otros commodities, sino en base a la ecuación entre costos y utilidades”, asevera.
Scalabrini Ortiz describe la operatoria llevada adelante por Repsol en la Argentina. Nuestro país, ilustra, posee una matriz productiva bastante madura, porque los pozos tienen una vida útil y van disminuyendo su producción. Entonces, se vuelve necesario generar alternativas para extraer esos recursos, que implican riesgos y costos adicionales. Con lógica rentística de corto plazo, Repsol prefirió invertir las ganancias generadas en el país en otros pozos convencionales, como Perú, Marruecos o Libia. “Así, los riesgos y costos siguieron siendo bajos”, indica.
Aronskind y Scalabrini Ortiz coinciden en que el control sobre la petrolera le brindará al Estado una herramienta para regular el mercado interno y evitar los faltantes que se registraron en los últimos años. “Hay que celebrar la medida, porque marca un quiebre en el modelo energético que se inició con los decretos 1.055, 1.212 y 1.589 firmados en los primeros meses del gobierno de Carlos Menem, que desregularon el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del Estado respecto de las empresas privadas”, observa Scalabrini.
LOS PROFESIONALES
Desde la Casa Rosada saben que para lograr una compañía acorde a los altos parámetros alcanzados por Statoil se necesita no sólo voluntad y liderazgo político sino también una administración profesionalizada, con cuadros técnicos altamente capacitados. Como señaló la Presidenta, la intención es repatriar a aquellos expertos que participaron en la gestión de YPF antes de que quedara en manos de Repsol y que hoy integran los niveles gerenciales más altos de las principales petroleras internacionales. De allí podría salir el número uno de la compañía.
“La nueva YPF contará con un directorio y management profesionalizado argentino independiente, sin el control de ningún grupo local o internacional”, indican fuentes cercanas a la Rosada. El proyecto oficial contempla que el Estado nacional y los gobiernos provinciales controlen el 51 por ciento de la compañía, que seguirá siendo una sociedad anónima abierta a los accionistas privados. Así, señalan que el “objetivo central” será transformar a YPF en una empresa con sentido nacional y que tenga un rol protagónico en el desarrollo energético del país, pero que también “genere valor para sus accionistas, con todos los atributos de una empresa internacional moderna y emprendedora con altos estándares de calidad y ética profesional”.
Por las características actuales del sector, Scalabrini señala que “es necesaria gente capacitada y que conozca muy bien el negocio”. El ingeniero explica que se requieren distintas tecnologías de acuerdo a las características de los pozos. En ese sentido, muestra su dolor por la destrucción de los equipos técnicos de YPF y aconseja la posibilidad de trazar alianzas estratégicas con empresas de la región, como Petrobras, Pdvsa y YPF de Bolivia. Para Aronskind, el devenir de la nueva compañía se convierte en un caso testigo. “El país sufrió el problema histórico de no generar administraciones eficientes para sus empresas públicas. Por eso, ésta será una prueba crucial, en la que se jugará el prestigio del Estado argentino”.
En 2011, YPF produjo cien millones de barriles de petróleo, un 6,5 por ciento menos que en 2010, y 441.000 millones de pies cúbicos de gas natural, con una caída interanual del 10,1 por ciento. Sin embargo, un informe publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos muestra que la Argentina se ubica en el tercer lugar en el mundo con relación a los recursos “técnicamente recuperables” de shale gas, detrás de China y del propio EE.UU. Estos recursos estarían distribuidos, principalmente, en el yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén) y en otras cuencas hidrocarburíferas ubicadas en el Chaco, el Golfo San Jorge y en la Zona Austral-Magallanes. “La Argentina tiene un potencial energético enorme, de dimensiones que impresionan y pueden cambiar la perspectiva a largo plazo del país”, remarca Aronskind.
Sin embargo, este tipo de reservas requiere inversiones mayores a las convencionales. Con intención didáctica, Scalabrini explica que, en los pozos convencionales, se perfora la tierra, se llega hasta una capa determinada, y ahí se encuentra gas o petróleo que fluye de forma natural. En cambio, en el caso del shale, estos recursos están atrapados en la roca madre. Entonces, se utiliza una tecnología especial, que fractura esa roca y genera los intersticios adecuados para permitir la fluidez, a través de altísimas presiones de agua y de la inyección de una arena especial. A diferencia de la convencional, la perforación no es sólo vertical sino también horizontal, cuando se llega a la roca madre.
El interrogante que surge, entonces, es cómo solventar esas inversiones. La fluctuación de los precios internacionales será clave, aunque los especialistas señalan que continuará con su tendencia alcista en el largo plazo. Scalabrini propone la capitalización de reservas en la empresa. Y recuerda que, entre 1922 y 1932, se multiplicó el capital del Tesoro Nacional que se había destinado a la creación de YPF. Por su parte, Aronskind señala: “Es un momento inverso al que pregonan los neoliberales, porque hay competencia para invertir en la Argentina. Estamos en condiciones de elegir socios y buscar las mejores alternativas en términos de financiamiento. Habrá que saber aprovecharlo con inteligencia”.
EFECTO POLÍTICO
El proyecto de expropiación sacudió el mapa político nacional. Dentro del kirchnerismo, reconstruyó alianzas y arrojó mística hacia el presente y el futuro. Entre los mandatarios provinciales, hubo un respaldo casi unánime a la iniciativa. “Durante cien años hemos provisto de petróleo y gas al país y nunca tuvimos este nivel de participación dentro de una empresa productora”, reconoce en la entrevista con Debate el gobernador de Chubut, Martín Buzzi.
La segunda fuerza en la última presidencial, el Frente Amplio Progresista, también manifestó con rapidez el apoyo en general al proyecto de ley. Entre las disidencias particulares, remarcaron la necesidad del control de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura y el Congreso. “La recuperación del poder de decisión sobre YPF debe ser el punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética y de hidrocarburos”, señala el senador socialista Rubén Giustiniani (ver página 11).
Desde su fundación en 2007, Proyecto Sur, la fuerza política liderada por Fernando “Pino” Solanas, tuvo como una de sus principales banderas la estatización de la emblemática compañía petrolera. “Nuestro objetivo, como siempre, es una empresa ciento por ciento estatal y que controle todas las áreas de esta industria. Pero eso no nos impide ver que se trata de una decisión que avanza en el camino correcto”, precisa Scalabrini Ortiz, quien fue candidato a diputado nacional por ese partido en 2011.
Luego de fuertes debates internos, los bloques parlamentarios del radicalismo decidieron apoyar en general el proyecto, aunque también presentarán su propia iniciativa. Ante la consulta de esta revista, el presidente de la UCR, Mario Barletta, anticipa que impulsarán la creación de una Comisión Bicameral para investigar el vaciamiento de la petrolera (ver recuadro). Las discusiones, sin embargo, ahondaron ciertas grietas ya existentes y varios legisladores radicales que manifestaron su cercanía al PRO en los últimos meses aún analizan un posible rechazo a la expropiación.
Es que, a pocas horas de conocido el anuncio presidencial, Mauricio Macri intentó mostrarse como el líder más duro de la oposición y descalificó el anuncio presidencial. “Una vez más vamos por el camino en el que los argentinos vamos a estar peor” y el también clásico “el país se enemistará con el mundo” declaró en la conferencia de prensa brindada, junto a sus legisladores y ministros, en el Salón Blanco de la jefatura de gobierno porteña. “Es un suicidio internacional”, reafirma a Debate el diputado Omar De Marchi, que integra el interbloque macrista como representante del Partido Demócrata de Mendoza.
Sin embargo, sólo una parte de la Coalición Cívica y del peronismo disidente se plegó al macrismo. Y la alta aprobación popular de la medida y el aislamiento (no “internacional”, pero sí parlamentario) en el que quedó la posición del PRO obligaron al jefe de gobierno porteño a desandar el camino pocos días más tarde. “Si ya se ha hecho el daño de romper con un compromiso que se asumió en 1992 por los mismos que lo habían asumido, en 2015 volver a cambiar no sería bueno”, prometió el jueves 19, en el hipotético caso de que ganara la próxima elección presidencial.
EN PLAN DE REPRESALIAS
“Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses”, respondió el presidente español, Mariano Rajoy, el mismo día del anuncio. Creada recién en 1986, la petrolera dio su gran salto con la adquisición de YPF, en 1999. Sin demasiada experiencia en producción, hasta ese momento sus tareas se centraban en la comercialización de combustible. Hoy, YPF supone el veinte por ciento de los activos de Repsol y poco menos de dos tercios de su producción.
Además, los pronósticos aún son sombríos sobre la economía española, que se calcula que en los últimos dos años ha destruido más de dos millones de empleos. Y esta semana el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el gobierno de Rajoy no cumplirá con los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea para 2012 y 2013. En ese marco, el anuncio argentino, aunque esperado, podría agravar esta crisis.
En el plano interno, Rajoy obtuvo el previsible apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo que “respaldará al gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas”. Pero las críticas sí llegaron desde Izquierda Unida. El portavoz económico de esa fuerza, Alberto Garzón, señaló que era una “vergüenza” que el gobierno de Rajoy defendiera a Repsol, porque “no es técnicamente una empresa española”.
Efectivamente, la distribución accionaria que figura en la propia página web de la empresa revela que el 68 por ciento es free float. Es decir, susceptible de ser negociado en la Bolsa de valores. De ese capital flotante, el cuarenta por ciento es “institucional extranjero”. Y, entre las participaciones significativas no comerciables, el 9,49 por ciento pertenece a la mexicana Pemex. También se sumaron las denuncias por la alta colocación de los capitales de Repsol en diversos paraísos fiscales.
Con todo, el gobierno español amenazó con “medidas claras y contundentes” contra la Argentina. Pero, hasta el momento, el apoyo internacional no fue el esperado. El propio canciller José Manuel García-Margallo expresó sus molestias por la “tibia” actitud de Estados Unidos, que luego pareció en parte remediarse a través de un encuentro con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. Por su parte, el presidente Rajoy intentó aprovechar una ya programada visita por México y Colombia para generar apoyo entre los países latinoamericanos.
Pero las posibles represalias también parecen encontrar ciertos límites. Las exportaciones de España a la Argentina son de unos 1.000 millones de euros al año y las importaciones duplican ese monto. “¿Se va a arriesgar el gobierno español a perjudicar los intereses de grandes empresas en la Argentina como BBVA, Telefónica, Endesa, Gas Natural, OHL, ACS, NH Hoteles o Inditex? Diría que no”, planteaba el periodista David Bollero en el diario digital Público.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, exigió una compensación de un mínimo de 10.500 millones de dólares. El proyecto de expropiación, sin embargo, establece que el precio será definido por el Tribunal de Tasación Nacional. “¿Qué será lo que los pone tan nerviosos cuando hablamos del Tribunal de Tasación? ¿Será porque Marsans pidió una indemnización de alrededor de mil millones y el Tribunal dijo que el valor era de mil millones pero negativo, por el patrimonio en rojo que habían dejado?”, respondió el viceministro de Economía, Axel Kicillof, recordando el caso Aerolíneas. Además, la intervención encabezada por el ministro Julio De Vido anticipó que se tendrán en cuenta no sólo los números que arroje la auditoría, sino también los daños ambientales causados por Repsol.
El amplio consenso obtenido entre las principales fuerzas parlamentarias de la Argentina, indica que la pelea política por YPF avanza con paso firme. El litigio judicial, en cambio, requerirá de tiempos largos y de la asistencia de estudios jurídicos internacionales especializados en la materia.
Publicado en :
http://www.revistadebate.com.ar/2012/04/20/5335.php
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