Periodista
Ahora basan su cruzada contra los chicos de entre 14 años y 16 años –el proyecto para bajar la edad de imputabilidad es para ellos– mediante estadísticas manipuladas con semejante intención.
En la colección reeditada por el diario Clarín sobre la etapa fundacional de Superman, resalta por su vigencia un episodio originalmente publicado por la revista Action Comics en enero de 1938. Allí, el Hombre de Acero aborta los planes de un malvado reducidor de objetos robados, quien para incumplir sus deudas con una pandilla de rateros juveniles, la instiga a cometer un robo, no sin antes alertar a la policía. En resumidas cuentas, el otro yo del tímido Clark Kent rescata a los muchachos de los uniformados, los redime y pone al villano en caja. Pero, además, hace la siguiente reflexión: “Ser delincuentes no es del todo culpa de ellos, sino de estos barrios y de sus pobres condiciones de vida. ¡Si pudiera hacer algo al respecto!” Dicho y hecho: tras propagar a través de sus flamantes protegidos un mensaje a los vecinos para que abandonen aquel caserío, simula un ciclón y lo reduce a escombros. Al poco tiempo, el Estado inaugura allí viviendas dignas. Esta historieta debería ser lectura obligatoria para los diputados que en estos días debaten el proyecto de régimen penal juvenil.El 31 de enero pasado se cumplieron dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, quien había sido visto por última vez agonizando tras una brutal golpiza en el destacamento de Lomas del Mirador. Ahora se sabe que él había cometido un imperdonable desliz: haberse negado a robar para un grupo de policías. Ello ni siquiera roza el carácter sagrado que en estos días posee la polémica sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.El tema había quedado instalado en octubre de 2008, luego del homicidio en Acassuso del ingeniero Ricardo Barrenechea. Sin embargo, ese hecho también puso al descubierto la existencia de una organización de uniformados dedicada a llevar menores desde una villa de La Matanza hasta el norte del Conurbano, con el objetivo de robar casas y vehículos. Meses después, en abril de 2009, la violenta muerte en Sarandí del camionero Daniel Capristo demostró que dicho reclutamiento era ya una práctica orgánica y extendida. El 22 de julio del año pasado fue arrestado Oscar Pérez Graham, un soplón de la Bonaerense, quien es señalado como el reclutador de la bandita que en octubre de 2009 asesinó al joven Santiago Urbani. Desde ese preciso momento languidece tras las rejas la primera prueba viviente que posee la justicia para investigar el despiadado uso de niños y adolescentes como mano de obra delictiva. No obstante, nada se ha hecho al respecto. Dada la naturaleza pública de dichos datos, los diarios también deberían ser lectura obligatoria para los legisladores empeñados en convertir a personas de entre 14 y 18 años en una amenaza social. Es que, al parecer, los resúmenes de noticias que les suelen proporcionar sus empleados para aligerarles el esfuerzo de informarse han omitido estas y otras circunstancias. Como que, a mediados de 2009, el juez de La Plata, Luis Arias, efectuó una denuncia sobre el vínculo policial en este tipo de robos y muertes. No es menos posible es que ese sector de representantes del pueblo tampoco haya leído que el por entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, tras manifestar su indignación ante lo planteado por el juez Arias, cambió en forma súbita su postura y no tardó en hacer una denuncia similar ante un fiscal platense, a raíz de los homicidios con fines de robo de tres mujeres, efectuados –según sus palabras– por “menores que actúan para la policía a cambio de una prestación dineraria”. No de mucho le sirvió poner sobre el tapete tal maniobra para debilitar su gestión: Stornelli renunció al poco tiempo. Y su presentación judicial quedó reducida a la nada. Por oportunismo, ignorancia o simple desidia, esa sumatoria de situaciones resulta irrelevante para el sector de la Cámara Baja alineado en aquel bloque multipartidario que bien podría ser bautizado como la “Cofradía de la Mano Dura”. Ocurre que sus espasmódicas batallas contra la inseguridad no son sino un reflejo casi pavloviano de la exageración que al respecto impone la agenda mediática. Y sus consecuencias legislativas son calamitosas. Tanto es así que en 2004, cuando los inquilinos del Congreso Nacional se abocaron a la tarea de darle un marco legal a las demandas punitivas articuladas por el ya olvidado Juan Carlos Blumberg, aprobaron un paquete de leyes que, por caso, establecía condenas más severas para quien haya hurtado una gallina en más de una oportunidad que para un homicida primerizo. Ahora basan su cruzada contra los chicos de entre 14 años y 16 años –el proyecto para bajar la edad de imputabilidad es precisamente para ellos– mediante estadísticas manipuladas con semejante intención.En su tapa del 26 de enero, el diario La Nación tituló que “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Y la nota en cuestión menciona como fuente las índices de la Suprema Corte bonaerense. En realidad ocurre que, en 2009, se abrieron en los juzgados de Buenos Aires un total de 637 mil causas, de esa cifra, unas 29 mil se refieren a delitos cometidos por adolescentes. Ello quiere decir que sólo hubo un 4,5% de procesos abiertos contra menores de 18 años. De ese universo, la participación de menores de 16 años no supera a su vez el 15%. Y ese es el porcentaje que menciona el diario de los Mitre. Tales cifras indican que los delitos cometidos por chicos de hasta 18 años son mínimos, en relación a los efectuados por adultos. Y en dicho contexto, los delincuentes menores de 16 años constituyen un segmento irrelevante. Sin embargo, ellos son ahora el nuevo enemigo del espíritu público.Lo cierto es que Superman debería tomar cartas en el asunto.
por Ricardo Ragendorfer, para Tiempo Argentino
Publicado en :
http://tiempo.elargentino.com/notas/los-diputados-y-las-ensenanzas-de-superman
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