Periodista.
El coro de chupamedias supone una contradicción entre el 10,9% del índice oficial de precios y las expectativas salariales del 25% en paritarias, porque cree que los trabajadores deben limitarse a recuperar sólo la porción perdida.
Cuando faltan un par de meses para que comiencen las negociaciones paritarias, algunos empresarios decidieron remarcar preventivamente sus precios para llegar a esa instancia con un colchón que les permita amortiguar las demandas salariales sin podar sus ganancias. La CGT advirtió que los dirigentes sindicales se sentarán frente a las patronales “sin piso ni techo”, mientras la UIA hizo saber su “inquietud” por pretensiones consideradas “excesivas”, y algunos empresarios se abalanzaron directamente sobre la máquina de remarcar. Para calmar los ánimos, el gobierno pidió “prudencia” y “responsabilidad” a los sindicatos que extraoficialmente dicen que exigirán del 25 al 30% de aumento.
El coro de chupamedias supone una contradicción entre el 10,9% del índice oficial de precios y las expectativas salariales del 25% en paritarias porque cree que los trabajadores deben limitarse a recuperar sólo la porción perdida. Con ese criterio, los asalariados sólo pueden aspirar, en el mejor de los casos, a reponer lo que les comió la inflación y nunca a mejorar sus ingresos en términos reales.
Para marcar la cancha, los popes del Grupo de los Seis (UIA, Cámara de Comercio, de la Construcción, Sociedad Rural, Bolsa de Comercio y Asociación de Bancos Argentinos) expresaron su preocupación porque los gremios mencionen con anticipación “aumentos de una magnitud que no se compadecen con la realidad”. Y de paso condenaron el paro en el puerto de Rosario y la designación en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la esposa del diputado moyanista Héctor Recalde, Graciela Craig, pese a que cuenta con sobrados antecedentes para el cargo. Para frenar demarcaciones preventivas y con cierto tufillo electoral, el gobierno desempolvó la Ley de Abastecimiento. En lo que va del año, se registraron alzas en prepagas, alimentos y celulares, pero el gobierno puso la mira sobre incrementos producidos por tres empresas de la selecta Asociación Empresaria Argentina –Shell, Techint y Multicanal– a las que advirtió que si no retrotraen sus aumentos de precios les aplicará las sanciones de la norma de 1974. En los tres casos, los funcionarios intuyen que los aumentos tuvieron “intencionalidad política”.
El titular de la angloholandesa Shell, Juan José Aranguren, es un confeso antikirchnerista que tuvo varios enfrentamientos con el gobierno. “Más que un ejecutivo de una empresa extranjera, parece un referente de la oposición política”, dijo el ministro Julio De Vido. En 2006, Kirchner pidió a los consumidores que no le compren a Shell “ni una lata de aceite”, porque la petrolera había aumentado sus combustibles. Cristina Fernández llegó a quejarse públicamente porque la justicia le autorizó en octubre pasado a Shell un aumento de precios que el gobierno había frenado en agosto.
El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, tuvo una relación oscilante con el gobierno, la cual llegó a una situación crítica con el caso Skanka. La empresa considera “arbitraria” la medida de la Secretaría de Comercio y evalúa el curso legal a seguir. Por su parte, Multicanal que es del Grupo Clarín, se niega a acatar la reorganización de la grilla en Cablevisión, y no hacen falta muchos datos para reconocer una clara intencionalidad política en sus actos.
La reacción empresaria es comprensible porque defienden sus intereses, pero resulta incongruente que buena parte de la oposición que se rasga las vestiduras por la inflación defienda aumentos de precios. Voceros del conglomerado opositor sostienen que la Ley de Abastecimiento de 1974 es inconstitucional, y aseguran que el gobierno no tiene potestad para aplicarla porque cayeron en agosto pasado las facultades delegadas, entre las que precisamente se contaban las sanciones por violaciones a esta norma.
La defensa de intereses concentrados por parte del coro opositor ya puso de manifiesto la subordinación de la política a las corporaciones y preanuncia claramente un costado central de la campaña electoral: el gobierno intentará proteger las mejoras para que no vayan a parar a los bolsillos empresarios por la vía de los precios, y la oposición batirá el parche con la inflación como modo de estimularla y ponerle los pelos de punta a los electores.
El ministro de Economía, Amado Boudou, recordó una vez más esta semana la obviedad de que son las empresas las que aumentan los precios. Los funcionarios señalan cada vez que pueden que el dólar está controlado y que las tarifas de los servicios domiciliarios están congeladas desde hace años, con lo cual no existen presiones inflacionarias alentadas desde el Estado. Pero la visión liberal de la economía señala al gasto público como uno de los causantes de la inflación. Con una concepción opuesta, Cristina Fernández reivindicó esta semana el rol que le asigna a la inversión social y a la demanda agregada, al celebrar con bombos y platillos un nuevo ajuste derivado del sistema de movilidad jubilatorio. Anticipó que los 5,4 millones de jubilados recibirán a partir de marzo un aumento del 17,33% en sus haberes, con lo cual el mínimo que cobra el 73% de los pasivos se elevará a $ 1227. Si bien no es para tirar manteca al techo, ni el cumplimiento del sueño del 82% móvil alentado vanamente por la oposición, la denostada movilidad kirchnerista ya acumula desde marzo del 2009 casi un 80% de ajuste.
La añeja ira empresaria contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, creció esta semana cuando el funcionario le pidió a las consultoras privadas que expliquen cómo relevan los datos de precios que el año pasado más que duplicaron al índice oficial. Moreno no es obviamente un hombre formado en un internado suizo, pero no pocos empresarios argentinos –cultores de los buenos modales– tienen tras de sí una larga lista de acciones que incluyen agio, especulación, desabastecimiento y una acendrada cultura rentística que consiste en procurar ganancias por mayores precios y no por más producción. Los manejos en el Indec le ahorraron al país millones de dólares en el pago de intereses de los bonos atados a la inflación, pero desprestigiaron el índice de precios al consumidor oficial, con lo cual hasta se ponen en duda los datos sobre el espectacular crecimiento registrado en el PBI desde 2003 y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el hecho de que el índice oficial sea puesto en tela de juicio, no implica aceptar como certeras las mediciones privadas que promedian más que el doble. Antes de los cambios en el Indec, el índice de precios al consumidor era fruto del relevamiento de 115 mil precios, en 8000 comercios distintos. Las consultoras privadas no tienen estructura para hacer semejante relevamiento, lo cual fue reconocido hasta por los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aconseja al gobierno sobre un nuevo indicador de inflación. Pero pareciera que en materia de precios, cualquiera puede decir lo que se le ocurra de acuerdo a sus sensaciones. Elisa Carrió acaba de sostener alegremente que la utilización de reservas para pagar deuda externa provocó un aumento del 30% en los alimentos. “Y va a llegar al 50%”, pronosticó. Total, si Carrió es capaz de decir que el impresionante funeral de Néstor Kirchner fue organizado por Fuerza Bruta, por qué se va a privar de vaticinar la inflación que se le ocurra.
por Alberto Dearriba , para Tiempo Argentino
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