UN RÉGIMEN PENAL JUVENIL CONTRA LA ARBITRARIEDAD, por Horacio Verbitsky (para "Página 12" del 30-01-11)

PRIMERA IMAGEN : LA VERDAD

Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 2008 .

La Argentina tiene una de las menores tasas de homicidios de América.

Fuente : Oficiana de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen.

SEGUNDA IMAGEN . SU SOMBRA

Percepción de la inseguridad en 2010.

Pero la percepción de inseguridad es la segunda entre 26 países.

Fuente : Barómetro de las Américas

PARA SER FRANCO , por Horacio Verbitsky.

El asesinato de un hombre ante su hijito de 11 años desató una nueva oleada de histeria antijuvenil, con fuerte manipulación política y mediática. Su presunto autor tiene 15. Dos testigos lo vieron a esa hora comprar un chip. Autoridades provinciales intentaron secuestrar a su primo, de 14, para recluirlo en un instituto, y la policía amenazó a la abuela de ambos. La ley penal juvenil contiene las garantías de defensa en juicio cuya inexistencia permite estas arbitrariedades.



El último capítulo del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal se edificó sobre la conmoción causada por el asesinato del empleado de la Agencia de Seguridad Vial bonaerense Fabián Esquivel, cometido la mañana del 18 de enero en el antiguo barrio platense de Tolosa, dividido entre quienes creen que todos los pibes son chorros y los que se quejan del maltrato policial. Esa discusión apasionada es representativa de la abrumadora tendencia mediática y política a trivializar las cuestiones más graves, con griterías de urgencia que impiden ver los problemas reales y demoran cualquier planteo de solución.

Crimen sin autor

Según la policía bonaerense el autor del crimen fue un chico de 15 años, al que aquí llamaremos Franco. Antes del mediodía del 18, el jefe de la Departamental La Plata, Alejandro Moreno, ya había dicho a la agencia de noticias Télam que sus efectivos vieron escapar a tres ladrones y después de tirotearse con ellos sólo pudieron detener a uno, “que utilizaba una pistola 9 milímetros. El chico llevaba además objetos que habían sido robados de la casa de la víctima: un monitor LCD, una notebook y un mouse”. Pero ninguna fuente policial o política explicó por qué Franco es considerado el responsable, ya que en el expediente judicial no hay una sola prueba que lo incrimine. Franco dice que la policía lo corrió cuando salía de comprar un chip para celular en un negocio del barrio. La dueña de ese almacén-kiosco, Doña Isabel, y su empleada Yamila, lo confirmaron ante la justicia. Entre las dos mujeres hay una imprecisión de minutos. La propietaria dice que abrió el comercio a las 7.50, Franco entró a comprar el chip, pagó y se fue. Tres minutos después pesó el pan recién recibido de un proveedor y salió a la puerta a colocar el cartel del negocio. A sus espaldas, escuchó tres tiros y un grito: “Hijo de puta, la concha de tu madre parate ahí”, pero no vio nada porque corrió asustada a esconderse debajo del mostrador. La empleada Yamila dijo que llegó tarde al trabajo, a las 8.10 y que se cruzó con Franco que salía. Ella no vio nada porque no salió del local. Los vecinos que escucharon ruidos en la casa de Esquivel comenzaron a llamar al 911 a las 8.05. Franco vive en la misma manzana que los Esquivel y fue detenido a veinte metros del kiosco, datos que reducen aún más la verosimilitud de la versión oficial. El único testigo del asesinato fue el hijo de 11 años de la víctima, cuya declaración nadie solicitó en la causa. Según algunos vecinos, Franco y su primo Tito pasaron corriendo. Pero al ser citados a declarar, aclararon que no los habían visto y que sólo repetían lo que le escucharon a otro vecino, apodado Rabanito. Pero Rabanito dijo haber visto cuando la policía corría a Franco, no a Tito, y nada aportó sobre la autoría del homicidio.

Tentativa de secuestro

Al no haber pruebas de que Tito haya cometido algún delito, no se justifica que le impongan cualquier clase de medidas, ni de seguridad ni de “protección por derechos vulnerados”. Sin embargo, fue víctima de una tentativa de secuestro por parte de autoridades del gobierno provincial. La primera acta policial afirma que uno de los chicos que huían arrojó una pistola .9mm, pero según Rabanito quien tiró el arma al suelo fue Franco. Recién el 3 de febrero se conocerán los resultados del peritaje balístico, para saber si el disparo mortal partió de esa pistola, aportada por la policía; y del peritaje hemático, que determinará si los hilitos de sangre en el bermudas y en una de las zapatillas de Franco se corresponden con el charco que empapó una cortina en la casa de Esquivel o con los leves raspones en codos y rodillas de Franco. El chico dice que fue golpeado en la comisaría, pero la revisión médica no halló grandes lesiones. El juez decidió que los peritajes pendientes sean realizados por la asesoría pericial de Tribunales y no por la policía. A Franco le extrajeron sangre en forma compulsiva, sin que nadie profiriera escandalizadas hipérboles sobre la libertad de los argentinos ni sofisticadas disquisiciones sobre los derechos personalísimos. Ni siquiera se comunicó la decisión a su abogado defensor, cuyo único contacto con el muchacho duró 15 minutos, en la comisaría de Tolosa. Franco no sabía por qué estaba allí, parado y en calzoncillos. Cuando el abogado le informó que lo acusaban de homicidio cayó de cuclillas y comenzó a sollozar. El juez tampoco permitió que el defensor asistiera a las declaraciones testimoniales, de modo que no pudo repreguntar sobre las versiones contradictorias para descubrir la verdad.

La manipulación

Ése no era el interés de las autoridades, apresuradas por arrojar un culpable a la insaciable voracidad de la opinión pública, modelada por un sistema mediático que ha convertido en noticia imperdible cada denominado hecho de inseguridad, con lo cual la percepción social se ha independizado de la realidad que, en forma objetiva, miden las estadísticas. Ha contado para ello con la inestimable ayuda de los funcionarios nacionales que desde hace años ocultan esas cifras, con la misma lógica autoderrotista del INdEC, engrandecedora del fenómeno que intenta minimizar.
El diario La Nación tituló en su tapa del miércoles 26 que “Menores cometen el 15 por ciento de los crímenes”. Menciona como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, correspondientes al primer semestre de 2010. En realidad se refiere al Sistema Informático de la Procuración General, que computa la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas. El porcentaje de IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años, no es de 15 sino de 4,2 por ciento del total (13.708 IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre 328.305 IPP en total, incluyendo las del Fuero Penal). El 15 por ciento que realza La Nación se refiere sólo a los homicidios, pero ni siquiera está bien sacado el porcentaje, que es de 13,4 por ciento. (El diario no calcula qué parte de todos los homicidios habrían sido cometidos por menores, sino qué porcentaje son éstos sobre los atribuidos a mayores de 18 años, lo cual abulta el resultado.) Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo de 2001 es del 30 por ciento. Es decir que se trata de una categoría menos y no más peligrosa.

El eufemismo

Como Franco sólo tiene 15 años, no puede ser penalizado. Pero la fiscal reclamó que se le aplique una medida de seguridad, eufemismo que encubre la privación de la libertad sin juicio, defensa ni discusión de pruebas. A pedido del defensor oficial, el juez de garantías de menores declaró inconstitucionales esas medidas, contempladas en los regímenes penales juveniles de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. En el tiempo record de 12 horas una psicóloga evaluó a Franco y determinó que era peligroso para sí y para terceros, y un médico del hospital Reencuentro determinó que era adicto. Cerca de la medianoche el juez lo derivó a un instituto asistencial, que la ley vigente llama “Casa de Abrigo”, y a las 3 de la mañana a una comunidad terapéutica de Mar del Plata. Desde la ley de patronato o ley Agote, de 1919, con las modificaciones que le introdujo en 1980 el dictador Jorge Videla, la racionalización es la protección del niño. A raíz de las versiones de los vecinos, la Dirección Departamental de Investigaciones allanó la casa de Tito, el primo de Franco, en busca de armas u objetos robados. No los encontró, pero el personal amenazó a la abuela de los dos chicos: “A Tito se lo vamos a entregar con un traje de madera y un tiro entre las cejas”. La fiscal solicitó la detención de Tito, sin fundamentarlo ni aportar prueba alguna. El juez también la rechazó y ordenó la derivación al llamado Sistema de Promoción y Protección de Derechos, de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo, pese a que en la causa tampoco hay prueba de que se hayan vulnerado derechos de Tito, que padezca adicciones o no tenga vivienda. Pese a ello, personal del Sistema Penal (y no del sistema de Promoción de Derechos) cayó cerca de la medianoche a la casa de la abuela común de los dos chicos, para llevar a Tito a una casa de abrigo en San Martín, para chicos tutelados, es decir que no han cometido delitos.

La doctrina Argibay

El coordinador del instituto penal Nuevo Dique, de Abasto, que fue conocido antes como Aráoz Alfaro, invocó una orden verbal del juez, que, de haber existido, habría violado el marco legal, al saltearse la evaluación previa y el acuerdo con los padres del pibe. Como la madre de Tito se había negado, las autoridades intentaron conseguir el permiso de la abuela y de la tía. El argumento invocado fue que debían protegerlo, para que no lo matara la policía. Esta es una nueva aplicación de la doctrina Argibay, según la cual ese riesgo se conjura privando a los chicos de su libertad aunque el marco constitucional no lo permita. Pero aun la Corte Suprema de Justicia (que adoptó esa jurisprudencia encubridora al dejar en suspenso un fallo de la Cámara de Casación sobre la inconstitucionalidad de las detenciones de menores), reclamó al Congreso la sanción de un Régimen Penal Juvenil que garantizara el derecho a defensa y juicio. Cuando los penitenciarios subieron a Tito a la camioneta, llegó la madre, que comenzó a discutir con la tía y con la abuela. El pibe aprovechó la confusión y se escapó. Lo corrieron dos cuadras pero no pudieron alcanzarlo. A la abuela también ofrecieron pagarle el viaje y conseguirle un departamento en Bariloche, donde vive un tío de Tito, propuesta asombrosa por parte de un sistema desfinanciado, que apenas permite la supervivencia de sus internos. El ofrecimiento fue retirado, porque si el chico salía de la provincia, perdían el control sobre él. El defensor denunció las amenazas a la familia en la fiscalía de mayores y presentó un recurso de hábeas corpus a la de menores, para que la policía se abstenga de cumplirlas. Nadie volvió a hablar, en cambio, del tercer chico mencionado en la primera información policial y que, según algunos testigos que no declararon en la causa, sería quien llevaba el arma y la notebook.

Una pauta siniestra

La sociedad reclama con toda razón el esclarecimiento y castigo de crímenes horrendos como el de Esquivel. La policía y el gobierno de Buenos Aires responden con la vieja táctica de capturar al boleo al primer infeliz que ya tiene en remojo, con lo que se convierten en parte del problema, y no de su solución. Franco había sido detenido al menos dos veces previas, en ocasión de robos con armas, y la kioskera que le vendió el chip dijo que lo vio “dado vuelta”, que es la expresión coloquial para el uso de sustancias estupefacientes. Tanto esto como las amenazas a la abuela coinciden con una pauta siniestra en las relaciones de la policía bonaerense con los pibes de los barrios pobres, como han denunciado el juez Luis Arias y el ex ministro Carlos Stornelli. Mañana se cumplirán dos años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, un adolescente que fue detenido y golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador, acusado por el robo de celulares. Desde entonces, varios policías y un civil vinculado con el destacamento le exigían que robara para ellos y lo amenazaban si no lo hacía. También en ese caso, a la ilegalidad de la fuerza encargada de la seguridad se sumaron la complacencia del sistema judicial y el encubrimiento político: una fiscal delegó la investigación en la propia policía, hasta que fue relevada; la Procuración General designó tres instructores que desviaron la investigación hacia la familia de la víctima, y el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal presionó para el despido de periodistas que lo entrevistaron sobre el caso en la Radio Provincia, donde se prohibió cualquier mención al caso.

En el curso de la investigación, se comprobó todo tipo de irregularidades:
- El Destacamento no está habilitado para alojar detenidos, pero los encierra igual.

- La noche de la desaparición de Luciano, uno de sus móviles no emitió registros de posicionamiento al sistema de localización vehicular y otro estuvo dos horas detenido en un predio descampado fuera de su cuadrícula,

- Todos los libros del Destacamento (de detenidos, de contraventores, de guardia, registro de los policías y de los procedimientos) muestran adulteraciones.

- El jefe del Destacamento no trabajó esa noche, pero su firma aparece en un acta a la madrugada.

- El Ministerio Público no investigó ninguno de los posibles delitos cometidos por la policía (falso testimonio, encubrimientos, supresiones y adulteraciones de instrumentos públicos, amenazas, lesiones, otras privaciones de libertad, incumplimiento de deberes de funcionario público).

Dentro de la ley

El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que cuenta con media sanción del Senado evitaría la discrecionalidad absoluta de la policía y la justicia y proveería a los pibes de las mismas garantías de defensa en juicio que tienen los grandes. Ningún adulto podría ser condenado en juicio con la orfandad probatoria que hoy alcanza para que un pibe pase años encerrado en un instituto que no se llama cárcel o, si como Franco tiene la suerte de que le toque un juez algo menos retrógrado, lo confinen dopado en una comunidad terapéutica. Esas condenas de hecho que hoy se les imponen, superan los 3 o 5 años de máxima que, según los casos, fijaría la nueva ley. La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito. Hay otras cuestiones de fondo, que la demagogia punitivista siempre elude: las causas sociales de los delitos, la existencia de bandas de mayores (incluidos policías) que usan a los pibes para robar autos que luego se desguazan en los desarmaderos o se venden enteros en el exterior. De otro modo, seguirá habiendo robos cometidos por chicos que terminan en asesinatos, con armas que a veces les provee la propia policía. La reforma realizada en la provincia de Buenos Aires sólo aguzó la mirada penal, mientras el sistema de protección cuenta cada vez con menos recursos. Tampoco se justifica idealizar la situación que sobrevendría si los chicos contaran con las mismas garantías que los grandes. Al fin y al cabo, entre siete y ocho de cada diez adultos privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires no han sido condenados y la estadística oficial indica que un tercio de ellos serán declarados inocentes cuando llegue el día del juicio. En suma, de 6.000 a 7.000 inocentes, y sus respectivos núcleos familiares, juntando odio dentro de las cárceles más violentas del país.

por Horacio Verbitsky, para "Página 12" del 30-01-11.

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