Hubo hechos irreparables, crímenes. Escalaron problemas estructurales que motivaron movilizaciones y cuya resolución, en el mejor de los casos, insumirá mucho tiempo. Ese saldo aciago no se remienda fácil. Sólo podía comenzar a desenmarañarse y a enfilarse con una respuesta política. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un clic el viernes pasado y emprendió la buena senda, que es cuesta arriba. Al modo K, si se quiere: improvisando, tomando de volea determinaciones estratégicas correctamente rumbeadas, conduciendo el conflicto, anche a sus adversarios.
Durante demasiados días, el devenir oficial fue otro. Comenzó con la represión brutal ejercitada por la Policía Federal y la Metropolitana en el desalojo del Parque Indoamericano. Luego jugando al truco contra Macri, cometido que desempeñó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El viernes, la Presidenta se hizo cargo de la situación. Para salir del brete de reuniones inviables con Macri versus incomunicación nefasta amplió la mesa abierta en la Casa Rosada. Sumó a representantes de organizaciones sociales, con predicamento sobre los ocupantes del parque. Era una movida riesgosa porque Macri es un interlocutor capcioso por su mala fe, por su ideología excluyente y también por su incompetencia. Y las organizaciones sociales son contertulios difíciles, suspicaces, que tienen una representación muy fragmentada y parcial de los demandantes.
La Presidenta apostó a ese encuentro, requerido por las mismas organizaciones. Una anécdota, contada el domingo en este diario, ilustra acerca de la convicción y el activismo presidencial. Se envió un helicóptero oficial para permitir que el referente de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete cubriera en tiempo mínimo la distancia que lo separaba de González Catán y la Casa de Gobierno. Se armó la mesa de diálogo social, se garantizó la asistencia.
A partir de entonces, contra lo que narra la Vulgata dominante, primó la matizada visión kirchnerista sobre la brutal del macrismo. Se rodeó el parque para evitar el ataque de patotas de barrabravas y matones del sindicato municipal Sutecba que, travestidos en vecinos encolerizados, sumaban xenofobia y violencia organizada al polvorín.
El Ministerio de Desarrollo Social hizo un simple censo, con un puñado de preguntas. El nacional se entiende: los funcionarios macristas, que en su mayoría son incapaces de dibujar una “O” con una taza, miraban. Los datos primeros comprueban cuántas inexactitudes se dijeron. La mayoría de los ocupantes vive muy cerca, son pobres de toda pobreza, migrantes de países hermanos en su mayoría abrumadora, muchos tienen hijos argentinos. No son recién llegados como aventuró un eminente columnista desde su distante platea de doctrina. Tampoco había tantos colados que se sumaron a río revuelto, aunque es claro que existieron, como también miserables que medraron con la necesidad de los efímeros intrusos.
El anuncio conjunto de un plan de vivienda, que diseñaría la Ciudad y sufragarían a prorrata ésta y la Nación, cerró el círculo y determinó una retirada pacífica del parque.
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Promesas, reparos, saldo: El plan de viviendas será arduo de concretar, antes que nada por la torpeza y falta de sensibilidad social del macrismo. Pero es una señal virtuosa y un modo democrático de presión.
Otro mensaje fue desautorizar la usurpación como método para reclamar. La idea es atendible, la sanción establecida (privación de derechos sociales a los ocupas), de dudosa calidad institucional y riesgosa implementación. Como elemento disuasivo en la crisis y cómo bálsamo ante la opinión pública, pudo ser funcional. Ponerlo en acto es un intríngulis plagado de acechanzas. Por lo pronto, se ignora el estricto sentido legal de la sanción. En la praxis gubernamental, los anuncios suelen preceder en varios días a las normas que los regulan. Así pasó, recientemente, con el aumento de fin de año a los jubilados y con la extensión de las asignaciones familiares a los trabajadores temporarios. De cajón, en una solución de arrebato pasa lo mismo. Hasta que se ponga en negro sobre blanco de qué se trata, cabe señalar que la pérdida de un derecho social es un extremo muy grave, que no cabe decidir sin pruebas contundentes. Lo sería, claro, una sentencia firme. No lo son una denuncia policial o administrativa o alegaciones de funcionarios o las pseudo pruebas mediáticas tan de moda para demonizar pobres. Permitir discrecionalidad (mejor, arbitrariedad) en ese sentido sería instaurar una suerte de clientelismo de exclusión (o buchón, si usted prefiere) a disposición de actores políticos o policiales.
Toda crisis inopinada parece irresoluble y sume a los participantes o a la sociedad toda en una suerte de trance fatalista. Da la impresión de que no cesará nunca. Darle un corte, desviar su eje hacia la política y la acción social es, con todos esos reparos y observaciones, un acierto esencial.
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Seguridad democrática: Barracas, Formosa, Soldati derruyeron un logro enorme de los gobiernos kirchneristas. La protesta social fue reprimida, se cobraron vidas. La Policía Federal y la de una provincia gobernada por el compañero peronista Gildo Insfrán fueron protagonistas. En Río Negro, la provincia más fiel al radicalismo de la Argentina, hubo varios casos de gatillo fácil que redondean el círculo.
El Gobierno negaba la evidencia y desoía la propuesta del Acuerdo para la Seguridad Democrática, de matriz transversal, con preeminencia de organismos y personalidades muy consustanciados con los derechos humanos y amigables con el oficialismo. La cerrazón se agrietó a medida que se fue develando el asesinato de Mariano Ferreyra.
Respecto de Soldati fue falaz la narrativa impuesta por voceros oficiosos de la Federal, propagada por la cadena privada de medios. Se hablaba de balas tumberas, para librar de sospecha a los uniformados. Este diario, desde el día siguiente a los dos primeros homicidios, adelantó que esa especie era falsa. Y el jueves, a dos días de la matanza, la periodista Irina Hauser adelantó que las balas no eran del calibre mentido por las operaciones mediáticas sino de un tipo compatible con otro tipo de armas, incluyendo fusiles.
El viernes se pasó a la acción. Y se captó la gravedad de la violencia policial del martes, que requería algo más que declaraciones periodísticas porque aludía a un fenómeno de raíces profundas, muy previo a Soldati.
Cristina Kirchner decidió dar un vuelco copernicano a la política de seguridad, recuperar el control político de las fuerzas. Los cambios de cúpulas que vendrán son apenas una insinuación acerca de muchas tareas pendientes y peliagudas. Como titula un afinado comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se trata de una oportunidad histórica. Encontrará, a no dudarlo, resistencias tremendas de actores que le pegan con las dos piernas: la del sistema democrático y la otra.
La creación del Ministerio de Seguridad es un mensaje nítido de la voluntad política, que se redondea con el nombramiento de Nilda Garré. Contadas personas calificaban para el cargo y su mandato, tal vez sobren los dedos de una mano para contarlas. En la opinión del cronista, dos están en primer rango: Garré y León Arslanian.
Garré, que fue ministra de Defensa durante un lapso record, tiene sobradas condiciones. Es confiable, es un cuadro político fogueado y coherente, tiene una trayectoria de décadas en defensa de los valores que ahora deberá convertir en reglas y hechos.
En esta etapa binaria, los abroquelamientos pueden estorbar valorar las trayectorias. Hay recién llegados y conversos en las filas de un oficialismo que produjo cambios formidables e impensados en la Argentina. Esta reflexión da para más, en esta nota vale sólo como digresión para señalar que la flamante ministra tiene historia congruente con lo que promete.
En el Salón Blanco juró junto con Arturo Puricelli, que la relevará en Defensa. Es un dirigente más convencional, que hizo escala en el menemismo en los ’90. El aplausómetro mostró marcadas diferencias a favor de la ministra. Entre los que ovacionaban había mujeres de pañuelos blancos, militantes de la comunidad gay. Muy pocos gobernadores se hicieron presentes, casi ningún intendente del Conurbano. No hubo discursos, pero la concurrencia algo expresó.
Garré recibe una prueba de confianza de la Presidenta para una empresa lindante con lo fundacional. Habrán sido emotivo para ella el momento y el reconocimiento. Todo lo que viene será más áspero y desafiante.
Es toda una señal, más para las corporaciones política y policial que para las personas comunes que no la conocen, la designación de la ex fiscal Cristina Caamaño. La ahora secretaria llevó con sobrado coraje y profesionalidad la investigación del asesinato de Ferreyra, comenzando por apartar a la Federal de la pesquisa.
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Civilidad y barbarie: A los pobres se les dio menos de lo que son sus derechos: escucha, contención y una promesa relativamente precisa. Bastó con eso, cuando la derecha autóctona pedía una remake de la Ley de residencia y solución policial. La templanza popular fue mucho mayor que la del gobierno macrista y la de numerosos comunicadores VIP.
El presidente boliviano Evo Morales, cuyos compatriotas fueron denigrados por Macri y cuya embajadora fue rebajada por Gabriela Michetti, sumó una autorizada voz constructiva y pacificadora.
El centroderecha pidió leña, el “populismo” kirchnerista rectificó su conducta, condujo y arbitró una salida pacificadora y polifacética. Raro el mundo... raro el reparto entre sensatez y barbarie, si uno no mira los supuestos linajes o rótulos sino las conductas.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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