Así se manifestó el abogado penalista Dr. Luciano Ortiz Almonacid, quien fue denunciante ante el Consejo de la Magistratura en el mes de octubre pasado de los jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido acompañados por funcionarios porteños y empresarios de medios.
05/12/2022
El pasado 23 de octubre, el abogado penalista Luciano Ortiz Almonacid realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura en la que pidió “la apertura del procedimiento de remoción” del juez de Comodoro Py Julián Ercolini, el camarista de Casación Carlos Mahiques, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.
Todos ellos viajaron el 13 de octubre desde San Fernando a San Carlos de Bariloche con Leonardo Bergroth, que trabajó en la ex-SIDE bajo el ala de Antonio Stiuso, con el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y con el conocido publicista Tomás Reinke, para compartir una estadía en la residencia de Joe Lewis.
Dicho viaje volvió a ser noticia ahora por la aparición del chat de un grupo de Telegram donde justamente se revelan las maniobras de todos los involucrados para “encubrir” la financiación del viaje al que habrían sido invitados por Clarín, ya que otros de los involucrados son el director de Asuntos Legales e Institucionales de ese grupo empresarial, Pablo Casey, y el CEO del multimedio, Jorge Rendo, quienes –según se desprende de mensajes de voz difundidos– habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
En ese marco, diario Hoy habló con el doctor Almonacid sobre la causa y la gravedad institucional que conlleva: “Los chats terminan justamente el 22. Yo presenté la denuncia el 23 y me da escozor y preocupación de lo que pueden haber dicho sobre mí en el marco de que un ciudadano haya ido a presentarse y averiguar si ese viaje se había realizado”.
“Me cuesta utilizar esos términos cuando veo jueces, pero lo cierto es que para mí lo que se ve es prevaricato, asociaciones para prevaricar y consagrar la impunidad de investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Falta el chat del 23 de octubre y no quiero saber qué se habrá dicho sobre la denuncia que hice, pero sí puedo decir que se efectivizaron venganzas y trabajos para fabricar falsedades, apretar en el marco de sus funciones, funciones que son institucionales en el marco de la democracia; tuvieron que pasar concursos, presentar declaraciones juradas, son personas que deciden la vida, la economía y los derechos de miles de ciudadanos”, apuntó.
En ese sentido, consideró además que no puede dejar de vincular “esta trama con la secuencia de lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación en el momento de intentar tratar el nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura. Es claro que tenemos que proponernos una agenda democrática, más allá de las ideas, de las ideologías, si queremos vivir en democracia o en un gobierno de jueces donde la Corte le dice al Poder Legislativo lo que tiene que hacer... Quiero destacar que esto que sucede se ve amplificado en los otros niveles de la Justicia, nos quedamos en esta secuencia y a veces los ciudadanos por una cuestión de color político no les importa cómo trabaja el Poder Judicial”.
“Estas actividades ilícitas son inadmisibles. Yo no ocupo el lugar de defensor de Cristina Fernández de Kirchner, pero no entiendo cómo a nadie se le ocurre que con estos chats está claro que el tribunal no está habilitado para emitir un fallo porque el que hizo la instrucción de la causa es ni más ni menos que el propio Ercolini, las órdenes se las dan otros que son dueños de medios. Me parece que debería haber presentaciones sobre la inhabilidad moral para tomar decisiones”, afirmó.
El letrado consideró entonces que “este es un problema del Poder Judicial entero; cuando un sector de la política habla de seguridad jurídica, estamos hablando que si alguien tiene que venir a invertir, ve esto y sale corriendo, es decir, los que se la pasan hablando de seguridad jurídica son los primeros en avasallarla, y cualquier juez de bien debería hoy sumarse al pedido de investigación”.
“Es insoportable tener que convivir con esto, algunos creen que es solo un viajecito y un grupito para la impunidad de la investigación; esto es mucho más, se desnudó cómo trabajan, qué hacen y cómo además disciplinan con venganza y causas judiciales”, sentenció.
Almonacid fue tajante en la gravedad del episodio: “Cuando hablamos de escándalo, lo ceñimos a una pelea de vedettes del verano, y esto no es un escándalo, es un punto de inflexión del Poder Judicial jamás visto. Jamás se vieron audios de procuradores de CABA, que tienen un poder absoluto, que deciden vida y obra de la ciudad más rica, de jueces federales que han formado parte de las causas de persecución. Hoy si los jueces, más allá del color partidario, los colegios de abogados, las universidades no opinan sobre la gravedad y no piden una sanción, vamos a permitir que en Argentina sucedan los peores actos vistos desde la dictadura”.
“Esto deja en evidencia que hay quienes van con la sentencia y se la escriben a los jueces, lo cual es otro nivel de prevaricato y corrupción, y la Justicia no se va a depurar sola. Tenemos que parar de ser panelistas, hay mucha gente que por omisión o falta de compromiso ha sido parte del lawfare y se tiene que hacer cargo”, finalizó el abogado.
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