En su momento, los jueces de la Corte Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz habían dicho estar a favor del pago de Ganancias.. Imagen: Télam
Rechazo corporativo a la iniciativa oficial para dejar sin efecto la exención que beneficia al Poder Judicial
Reuniones en la Corte y en la Asociación de Magistrados, un paro convocado para el martes próximo y la advertencia de llevar el tema a los tribunales, donde juegan de locales. El ministro Martín Soria defiende la propuesta y descarta que sea un ataque a la Justicia.
Por Luciana Bertoia
22 de octubre de 2022
Los jueces y los fiscales no quieren pagar Ganancias. La posibilidad de que el Congreso elimine la exención al impuesto, como impulsa el oficialismo, tensó al máximo los nervios de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los cuatro integrantes de la Corte Suprema cruzaron sus preocupaciones en un encuentro atípico en el cuarto piso del Palacio de Justicia. La Asociación de Magistrados se reunió de emergencia y, en un comunicado, dijo que estaba ante un “ataque” dirigido contra los integrantes del sistema judicial. El dato relevante fue que el comunicado de la entidad salió con la firma de su vicepresidente, Mariano Llorens, el titular de la Cámara Federal porteña, quien semanas atrás sugirió la posibilidad de someter a juicio político y detener a Cristina Fernández de Kirchner.
“Que el Congreso legisle para poner fin a un privilegio totalmente irrazonable e injustificado nunca puede ser un embate”, responde el ministro de Justicia Martín Soria, en diálogo con Página/12. “La independencia, la imparcialidad de los jueces se afectó cuando aceptaban reunirse a escondidas con Mauricio Macri en Olivos o en la Rosada para armar causas, o cuando se juntaban a jugar al fútbol en Los Abrojos”, los desafía Soria. “Lo mismo pasa cuando aceptaban ser designados en la Corte por decreto sin decir nada --como Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz--. La independencia se pierde cuando los jueces aceptaban ser trasladados sin el acuerdo del Senado como establece la Constitución –como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi–. Se afecta la independencia judicial cuando se suben a escondidas a un vuelo charter que nadie sabe quién pagó y se van a conspirar con exespías y dueños de medios a lo del magnate inglés Joe Lewis”, sigue.
La decisión del Frente de Todos (FdT) de incorporar al Presupuesto 2023 un artículo que deja sin efecto la exención del pago de Ganancias encendió las alarmas en la Justicia. Hubo reuniones durante todo el viernes, mensajes cruzados y una decisión de salir a mostrar los dientes. El mensaje más claro lo dio la Asociación de Magistrados que reclamó participar del debate legislativo y les pidió una reunión a los ministros de la Corte Suprema. “No descartamos ninguna acción inmediata en resguardo y recomposición de nuestros salarios”, advirtieron.
Horas antes, se habían encontrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda –que se recupera del accidente que sufrió días atrás–, Ricardo Lorenzetti y Rosenkrantz. Desde algunas vocalías se preocuparon por comunicar que estaban siguiendo el tema y que no descartaban ellos mismos firmar un comunicado. En otros despachos fueron más cautos porque saben que tarde o temprano el tema llegará a la Corte.
La Corte en su laberinto
La cuestión del pago del Impuesto a las Ganancias es una daga en el corazón de la Corte Suprema. En abril de 1996, la Corte menemista firmó la acordada 20 en la que decidió que ningún integrante del Poder Judicial tribute Ganancias. Lo hicieron administrativamente, sin que llegara un caso a su estudio, invocando el artículo 110 de la Constitución, que dice que las remuneraciones de los jueces no pueden ser disminuidas mientras dure su buena conducta.
Cuando ya estaba en funcionamiento la Corte renovada por Néstor Kirchner, llegó el caso de un juez de San Juan que se negaba a tributar. Todos los supremos salieron en estampida para no votar. La única que no se excusó de intervenir fue Carmen Argibay, que siempre se había manifestado a favor del pago de Ganancias, pero que terminó dándole la razón a su colega sanjuanino junto con la mayoría. Hubo dos disidencias. Una fue de Rosatti, que entonces actuaba como conjuez. “Es posible, necesario e imprescindible que los jueces estén bien retribuidos, que sus remuneraciones mantengan su poder adquisitivo y que, simultáneamente, paguen el Impuesto a las Ganancias”, había escrito entonces el constitucionalista.
Diez años después, cuando debieron defender sus pliegos en el Senado, tanto Rosatti como Rosenkrantz se manifestaron a favor del pago de Ganancias. Rosenkrantz llegó a decir que iba a "militar" para que el Poder Judicial pagara. Dos años más tarde, en un encuentro en el selecto Rotary Club, el supremo cambió de opinión: dijo que sería razonable que los magistrados tributaran si ganaran lo mismo que un abogado “de relativo éxito”. En ese año, Lorenzetti había dicho que todos los integrantes de la Corte estaban a favor de pagar Ganancias.
En la actualidad, solo pagan Ganancias quienes ingresaron al Poder Judicial o al Ministerio Público a partir de 2017. La propuesta del oficialismo es que lo hagan todos los que superen los 330 mil pesos de remuneración, lo cual abarcaría a un universo bastante amplio de la Justicia. De acuerdo con la escala salarial que manejaban fuentes del Ejecutivo, un jefe de despacho en la Corte supera esa suma con creces mientras que los sueldos de los ministros cortesanos pueden rondar los 2 millones de pesos. Según el diputado Marcelo Casaretto (FdT), la exención del Poder Judicial priva al Estado de recaudar 238 mil millones de pesos al año. “Todos somos iguales ante la ley y todos los jueces en actividad o jubilados tienen que pagar Ganancias si superan el mínimo no imponible, como cualquier hijo de vecino”, dijo Casaretto.
El rechazo de los gremios
Desde los gremios también se opusieron a la iniciativa del FdT y convocaron a un paro para el martes próximo. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, denunció que se trataba de un “acto confiscatorio del salario” y que opera como una “cortina de humo para ocultar otros ajustes”. El sindicato Fe-Sitraju –que se referencia en la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley– recordó que el salario no es ganancia y remarcó que no solo se va a gravar a los jueces –que representan un 4 por ciento de universo imponible– sino también al 96 por ciento de los trabajadores/as judiciales.
La discusión es especialmente sensible: el Gobierno es consciente de la capacidad de los magistrados de resistir en los tribunales el pago de Ganancias y, para los jueces y fiscales, salir a defender –en un contexto de crisis como el actual– sueldos que están muy por encima del salario medio en la Argentina tiene un costo alto.
“Obviamente habrá resistencias judiciales, históricamente algunos sectores de la Justicia manipulan la Constitución y las leyes para defender privilegios que la Constitución y la ley nunca les dieron. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido, es un privilegio mantenido por decisión judicial”, dice Soria. “Si la Justicia pretende seguir tergiversando la Constitución para mantener sus privilegios y declarar inconstitucional que los jueces paguen un impuesto que todos los trabajadores que ganan más de 330 mil pesos pagan, le va a tener que explicar a todos los argentinos y las argentinas que en nuestro país somos todos iguales excepto los miembros del Poder Judicial”, afirma el ministro de Justicia.
“La discusión de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y el pago del Impuesto a las Ganancias ya está agotada en el mundo entero”, continúa Soria. “La Corte Suprema de Estados Unidos, país del que Argentina tomó como modelo su Constitución y que sectores de la Justicia argentina tanto idolatran, determinó en 1939 que el pago de impuestos no afectaba a la intangibilidad e independencia de los jueces”, completa.
Revisar los privilegios
Un grupo de 17 organizaciones celebró que el Congreso se proponga discutir los beneficios fiscales de los que gozan distintos sectores económicos, incluidos quienes son parte del sistema de justicia. Esos privilegios fiscales representan cerca de un 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina.
“Para garantizar que los derechos humanos sean realizados en condiciones de igualdad para todas las personas sin distinción, no podemos dejar que unos pocos se beneficien a costa del resto de la sociedad”, sostuvieron en una declaración conjunta la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entre otras entidades.
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