Pablo Moyano, secretario general de la CGT.
17 Agosto 2022
El líder de la CGT puso el foco en las falencias del Estado para controlar al sector agroexportador, afirmando que pagan menos impuestos de los que deberían por recurrir a posibles artilugios.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, se refirió este miércoles a posibles irregularidades en el pesaje de granos para el comercio internacional y le pidió al Gobierno de Alberto Fernández "estatizar las balanzas que están en los puertos", argumentando que los agroexportadores estarían recurriendo a artilugios en el pesaje para pagar menos impuestos.
"Hay 5 millones de viajes de camiones por año, y el 40% sale en negro", introdujo el dirigente gremial. "Eso quiere decir que el campo no paga el 33% de las retenciones, sino que paga el 26%", agregó.
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La CGT llamó "a comprometerse con el destino común de todos los argentinos"
Moyano continuó denunciando posibles irregularidades: "Las balanzas, cuando entran los camiones a cualquier puerto del país, son de las cerealeras. ¿Quién los controla?", expresó. Con ese tono, dijo que "si el Gobierno quiere recaudar dólares, si quiere tomar una medida contundente", debería hacerse cargo del sistema de pesaje. "Son de Cargill, Dreyfus, ellos mismos se pesan sus productos, y los venden", arremetió.
"Las mineras que están en la cordillera, son todas extranjeras. El 80% de los trabajadores camioneros son chilenos o de otros países, y hemos realizado medidas de fuerza", repasó. "Llevan los minerales por Chile y los procesan en destino. Quiere decir que a los tres meses, te dicen 'de las 100.000 toneladas de piedra, encontramos 100 gramos de oro", dijo, ejemplificando una posible irregularidad.
"Estas son las medidas que debe tomar el Gobierno", remarcó Moyano.
Marcha de los gremios peronistas contra los "formadores de precios"
Este miércoles los principales sindicatos de Argentina se movilizaron en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con una masiva manifestación para protestar por los altos índices de inflación, repudiar a "los formadores de precios", y pedirle a la administración de Fernández medidas concretar para frenar la crisis económica.
Así, la jornada estuvo encabezada por la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y otras importantes entidades gremiales. Entre sus proclamas principales, demandaron "un nuevo contrato social".
Por otro lado, las agrupaciones de izquierda tuvieron una manifestación diferenciada, exigiendo un plan de lucha nacional y un salario mínimo de 105.000 pesos.
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