Hay buenas razones para estar alarmado por la situación económica: si bien se espera un crecimiento importante de la economía por segundo año consecutivo y se llegó a un acuerdo con el FMI para refinanciar deuda, hay escasez de dólares que se profundizaría en el segundo semestre, inflación mensual que no baja del 5% y se proyecta en no menos de 70% anual, y una crisis internacional que no se sabe cuándo termina. En distintos porcentajes de incidencia, esto obedece a la impericia del actual gobierno pero también al legado de Macri, los problemas estructurales de la Argentina pre-2015, la pandemia y la guerra en Ucrania.
Sin embargo, hay incluso mejores razones para estar preocupado por el futuro. Es que el escenario parece plantear que el 2023 será de la oposición que esté más dispuesta a aplicar una política de shock. De hecho, no se dice nada original si se recuerda que Latinoamérica conoce bien cómo, a lo largo de su historia reciente, las políticas de ajuste más salvaje se hicieron tras los procesos de crisis económica que sumergieron a la sociedad en una profunda zozobra. El ejemplo más reciente fue la hiperinflación que eyectó a Alfonsín del gobierno y la consecuente “década menemista”. El contexto actual es distinto al que originó el desborde inflacionario del presidente radical pero, más allá de la fábula de la rana que dice que es mejor cocinarla a fuego lento, el acostumbramiento a una inflación de dos dígitos no necesariamente lleva a suponer que es posible soportar por mucho tiempo una inflación que hace el día a día invivible para casi todos los ciudadanos con excepción de aquellos que deciden cuál es el precio de los productos.
En tiempos posmodernos donde la discusión sobre la redistribución material es postergada en pos de la discusión lingüística y/o “la batalla cultural”, la palabra “ajuste” no se puede mencionar en filas del progresismo pero con eufemismos o no, lo cierto es que el gobierno tiene que hacer ajustes, lo cual, insisto, desde mi punto de vista, no necesariamente está mal. A veces hay que ajustar y pagar los costos políticos. En caso contrario, el ajuste lo harán “los otros” de buena gana, con más profundidad y, probablemente, afectando más a aquella porción de la población que el progresismo dice querer defender.
Pero allí nos enfrentamos a la parálisis de la gestión actual absorbido por las disputas internas y a un “albertismo” que parece haber dejado pasar la oportunidad de los primeros meses de gestión donde concentraba un apoyo mayoritario para cambios estructurales. Los ejemplos sobran y aparecen diariamente pero el gobierno, aun con buenas intenciones, siempre parece ir detrás de los acontecimientos o quedar empantanado en la tensión entre el oficialismo oficialista de Alberto y el oficialismo opositor de CFK. El caso de la segmentación de tarifas puede servir de ejemplo. La actualización de las tarifas es imperiosa. Llevan años congeladas o creciendo detrás de la inflación; vistas a precio internacional son irrisorias; la cantidad de subsidios que el Estado aporta allí es desmedida, y desde el punto de vista del federalismo, son claramente injustas porque los beneficiarios de los subsidios son los habitantes del AMBA. Entonces el gobierno tiene razón en avanzar en esa dirección. De hecho, en momentos de presunta “sintonía fina” el propio kirchnerismo intentó ir por ese sendero. En aquel momento, todo se diluyó en una insólita propuesta de renuncia voluntaria a los subsidios que, naturalmente, fracasó; ahora, con mayor sensatez, hay obligatoriedad pero con segmentación. Al momento de escribir estas líneas no queda claro cómo se llevará a cabo esta segmentación y si bien se necesitarían muchas páginas para un merecido desarrollo, cabe al menos preguntarse si un sistema que supone registros varios, declaraciones juradas, cambios de titularidad en empresas cuyos sistemas informáticos colapsarán, etc., resulta el instrumento más adecuado. ¿Acaso no hubiera sido mejor un aumento a todos por igual que eventualmente tomara en cuenta a los beneficiarios de planes sociales y que los subsidiara directa y personalmente como sucede con la Tarjeta Alimentar, por ejemplo? Toda segmentación producirá casos de injusticia y es de suponer que decenas de técnicos y especialistas tendrán razones para concluir que la mejor decisión es la que tomaron. Sin embargo, y esto no solo sucede en la Argentina, claro, los gobiernos parecen lastrados por la tendencia de cierta tecnocracia social demasiado afín a la burocratización en nombre de buenos fines. Lo más curioso es que la crítica a la burocratización no viene solo de sectores de derecha sino que se puede encontrar, por ejemplo, en la izquierda que a lo largo del mundo defiende la idea de un Ingreso Básico Universal. Para decirlo sin matices, ellos afirman que es preferible darle a todos lo mismo, al rico y al pobre, que avanzar en una política de segmentación que en muchos casos resulta más onerosa en tanto debe sostener toda una maquinaria burocrática encargada de “controlar el acceso” de los beneficiarios de la segmentación.
Volviendo a la cuestión de fondo, la sociedad hoy parece más abierta a apoyar medidas que dentro del campo de las ideas suelen ser consideradas “liberales” o de “derecha”. En otras palabras, la hegemonía de ideas progresistas en lo social convive plenamente con el apoyo a ideas liberales en lo económico, esto es, aquel ámbito que suele ser preponderante al momento de ir a las urnas. Las razones de este fenómeno, al menos en Argentina, merecerían mayor desarrollo, pero lo cierto es que si en 2015 Macri tuvo que ocultar lo que iba a hacer para poder ganar la elección, es probable que hoy, sea él o un candidato de su espacio, por el contrario, la posibilidad de llegar al poder dependa de que efectivamente diga la verdad de lo que piensa hacer. Frente a los que plantean que, de repente y por generación espontánea, la sociedad se ha vuelto de derecha, cabe reflexionar acerca de las razones para que ello haya ocurrido y cuánto de ese cambio obedece a la agenda y a la incapacidad de los gobiernos progresistas, algo que, por supuesto, no recae solamente en el gobierno de Alberto. De hecho, aun a riesgo de repetición, es importante señalar que tampoco queda clara cuál sería la salida realista que ofrece el oficialismo opositor del kirchnerismo duro. ¿Había que romper con el FMI después de 2 años de negociación y cuando ya te quedaste sin dólares en el BCRA? ¿Hay que congelar las tarifas de servicios y transporte y seguir subiendo los subsidios? ¿Qué se hace con el dólar? ¿Cómo se aumentarían las exportaciones para que lleguen los dólares que la economía necesita? ¿La única opción para salir de las crisis es subir las retenciones al campo? ¿La inflación se explica solamente porque hay empresarios que son malos y son cómplices de la dictadura? Seguramente los referentes del espacio tienen respuestas, no siempre las mismas, claro, a estos interrogantes, pero muchas de ellas tienen más buena voluntad que realismo.
La situación es dinámica y nadie está en la cabeza de Guzmán y Alberto. Pero al día de hoy pareciera que el mejor escenario para el gobierno es llegar a la campaña presidencial del 2023, que en un año ya estará en pleno desarrollo, con una inflación con tendencia a la baja (rondando un número cercano al que dejó Macri) y una economía que, con los ajustes acordados con el FMI, pueda mostrar un crecimiento bajo pero crecimiento al fin durante 3 años seguidos. Como oferta electoral no parece la mejor si bien, por supuesto, al momento de votar aparecen otros factores en juego. Por su parte, el escenario pesimista incluiría todo aquello que podría pasar con una inflación que no bajara y una economía que no crezca. Se trata de un margen demasiado grande para opciones radicalizadas y un electorado que, como describimos, hoy es permeable a esa salida. No se dice nada original si se afirma que en cómo interprete la salida de este escenario el gobierno, en su variante de oficialismo oficialista albertista u oficialismo opositor cristinista, estará la clave para poder conformar una opción competitiva frente a una oposición que, al día de hoy, resulta favorita.
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