Una burla a la voluntad popular
Por Sergio Wischñevsky
10 de octubre de 2021
El fraude electoral y los golpes de estado han sido las formas privilegiadas en la historia argentina para burlar la voluntad popular. La falsa acusación de fraude parece asomar como la novedosa manera de generar los mismos efectos: deslegitimar los votos y vaciar de contenido a gobiernos populares. Denunciar fraude es la novedosa forma de hacer fraude. Hay una larga historia de prácticas electorales fraudulentas en Argentina.
La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821, en la provincia de Buenos Aires, bajo el impulso de Bernardino Rivadavia. Establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y restringía exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a los propietarios. Pero su alcance fue durante mucho tiempo limitado porque la mayoría de la población de la campaña ni siquiera se enteraba. Así en las primeras elecciones con esta ley, sobre una población de 60.000 personas, sólo trescientas emitieron su voto.
La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral que fue parcialmente cubierto por la Ley 140 de 1857. El voto era masculino y cantado (sin música) y así la lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. El voto cantado era peligroso, mucha gente tenía miedo de perder su trabajo e incluso su vida.
Domingo Faustino Sarmiento le contó en una carta a su amigo Domingo Oro como resolvieron las elecciones de 1857 que ganó Bartolomé Mitre en Buenos Aires: “Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición”.
Puede decirse que todos los gobernantes de las llamadas “presidencias históricas”, es decir las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y las subsiguientes hasta 1916, son de legitimidad dudosa porque todos los presidentes de aquel período llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral y con la participación de menos del 2% del padrón.
Las Revoluciones radicales de 1890-1893 y 1905 convencieron a algunos de que lo más sabio era inspirarse en Giuseppe Tomasi príncipe di Lampedusa y su obra cumbre: El Gatopardo de 1860: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie». Estas crisis políticas derivaron en la enorme conquista que significó la Ley Sáenz Peña de 1912 que condujo cuatro años más tarde al triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916 y 1928. Eso fue demasiado para las clases oligárquicas y de ahí, en 1930, el inicio de la era de los Golpes militares.
El Fraude patriótico
Como todo el mundo sabía, el 8 de noviembre de 1931, en un simulacro de elecciones, con un fraude escandaloso, la oposición encarcelada, acallada y perseguida, con la Ley Sáenz Peña convertida en letra muerta, el general Agustín P. Justo fue electo presidente venciendo a la fórmula de Lisandro de la Torre – Nicolás Repetto. Esta es la crónica del día del comicio hecha por el diario socialista La Vanguardia: “Ha sido tanta la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 votos en la urna, recién leyeron que en la mesa sólo votaban 260”. Sin embargo, no hacían un esfuerzo por disimular, admitían el fraude, pero decían que era un Fraude Patriótico porque se hacía para salvar a la república de la chusma radical. Muchos llegaban a la mesa y les informaban “usted ya votó”, además se generalizo la costumbre de secuestrar libretas de enrolamiento, la falsificación de las actas de votación y el cambio de urnas. Toda esta época recibió el nombre de Década Infame.
La llegada del peronismo al poder y su potencia electoral apabullante convencieron a las elites de que los militares eran su vía de acceso al poder. Y cuando regresaba la democracia ya no se organizaron fraudes patrióticos sino proscripciones lisas y llanas. Así fue que el peronismo estuvo proscripto desde 1955 hasta 1973. Pero solo tres años toleraron un gobierno popular, el Golpe de 1976 volvió a privar a la ciudadanía de su derecho a elegir.
Las practicas electorales desde el regreso de la democracia en 1983 fueron de alto nivel de transparencia, nunca faltó un intento de fraude o de votos truchos, pero la tónica general fue respeto por las reglas del juego.
En las elecciones porteñas de julio de 2015, Horacio Rodríguez Larreta le ganó a Martín Lousteau el balotaje por solo tres puntos porcentuales con voto electrónico. Lousteau reconoció públicamente que hubo fraude, que se manipularon los datos. Pero no hizo la denuncia formal, según él, “hay cosas más importantes que ganar una elección”. Es decir que hay cosas más importantes que la voluntad popular. Luego de esa elección hackeada, una vez en el poder, Macri lo nombró embajador en EEUU.
La novedad que esta entre nosotros, y no solo en Argentina, consiste en denunciar fraude incluso antes de que se vote para generar un manto de sospecha sobre el voto popular y después usar los medios y el Poder Judicial para vaciar de contenido la elección. El ejemplo más notable fue el caso de Bolivia que sirvió de bandera para el golpe contra Evo Morales. Denunciar fraude para hacer fraude.
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