El empresario fue citado como testigo y dio precisiones técnicas que demuelen la acusación. Afirmó que las redeterminaciones de precios son habituales y que las empresas que tienen localización en una zona del país tienen ventajas comparativas. También brindó un dato que complica la polémica pericia que se hizo en este caso.
El empresario Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, prestó declaración testimonial este martes en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz y derribó la acusación que entre otros apunta contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una de las tantas causas de persecución judicial que se armaron, por impulso de funcionarios macristas, contra la actual vicepresidenta.
El arquitecto y primo del expresidente fue convocado a instancias de las defensas de CFK y de Lázaro Báez. En una declaración de una hora, Calcaterra dio detalles de aspectos técnicos y demolió la acusación. Dijo que:
La redeterminación de precios es normal, habitual, y no sirve para generar sobreprecios. Por el contrario, perjudica al contratista porque el índice que se toma para las redeterminaciones –surge de una fórmula- nunca refleja el precio real. "Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. Es ir ajustando los precios a la realidad", indicó el empresario. También señaló que es habitual la ampliación de los plazos de obras. "Hay millones de variantes por las cuales se extienden los plazos de las obras. Y es muy normal. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado", añadió.
Las empresas que tienen localización en una zona del país tienen ventajas comparativas respecto a otras y por eso pueden ganar más licitaciones. "Tienen muchas ventajas competitivas", especificó. Tal fue el caso de Austral Construcciones en Santa Cruz. Según indicó Calcaterra esas ventajas se dan por cuestiones de transporte, de conocimientos de la zona, por tener el obrador, los mecánicos, los equipos y los proveedores en el área. Enumeró diversos elementos que benefician a quien es “local”.
Explicó que los contratos CREMA, de reparación y mantenimiento, no se pueden comparar con una obra nueva, donde el precio es muy superior. "Son dos cosas diferentes. Una es una obra pública nueva, donde debe hacer de cero un proyecto; y otro es reparar y mantener sobre una traza ya existente. Los equipos, la ingeniería y los equipos son distintos", explicó Calcaterra. "Los costos también", agregó. El perito Eloy Bona realizó la pericia de este caso basado en 3 obras -que no se hizo en instrucción- tomando como base de comparación, entre otros, los contratos CREMA. El otro punto de comparación fueron los valores publicados en la revista El Constructor. “Esa revista no es una referencia para la construcción en general tal como lo afirmaron los testigos pero además toma valores de la región centro que no tienen relación con los de Santa Cruz. Compararon peras con manzanas para que les diera la diferencia más amplia posible”, añadió el abogado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva.
También indicó que licitó en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Austral Construcciones S.A y lo hizo en una obra grande, nacional, la de las represas en Santa Cruz, y no resultó adjudicatario. "Era una obra que la lideraba una empresa china y después cuatro o cinco o seis empresas nacionales. Era un consorcio muy grande. Perdimos la licitación", afirmó.
En diálogo con El Destape, el abogado Villanueva aseguró que la declaración de Calcaterra “confirma la teoría del caso que tiene esta defensa: lo que se señaló como ‘irregular’ en el caso de Lázaro es ‘La norma’ en los contratos de obra pública. Hay ampliación de plazos por problemas legales; falta de presupuesto de la administración; falta de insumos; cortes de ruta; problemas de liberación de traza, etc”. “Y en las redeterminaciones de precios por la inflación, el contratista siempre pierde, sobre todo, si redeterminó con precios del Indec periodo 2003-2015 porque siempre corrió de atrás”, añadió.
Durante su presentación, el primo de Macri señaló que licitó por obras públicas por unos “20 o 30 años”. Lo hizo a través de las empresas IECSA y Crearurban, donde dijo que era accionista. “Ya las vendí”, remarcó quien es imputado colaborador en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos.
También aclaró que nunca licitó en Santa Cruz, que ni siquiera estaba inscripto en el registro de proveedores de la provincia, por lo que no podría opinar sobre las licitaciones que se le critican a Lázaro. Pero ahondó en cuestiones técnicas que son importantes para el caso.
El caso
Tras la caída de las causas Memorándum con Irán, Dólar Futuro y Qunita, ahora el foco de la oposición está puesto en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz. Se trata de un caso que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, que está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación.
Iguacel hizo su presentación en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio funcionario al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio intervienen el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio. Lo que se suma a las irregularidades que alimentaron el caso.
¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán, que se cerró recientemente por “inexistencia de delito”, porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos en este caso. En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión.
El devenir de este juicio es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
El juicio es extenso y restan declarar otros empresarios, como Eduardo Eurnekián, cuya audiencia se reprogramó para el próximo 1º de noviembre. Otro empresario que prestó testimonio en este juicio, Juan Chediak, dijo que como expresidente de la Cámara de la Construcción nunca recibió una denuncia por irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz. "No hemos recibido de nuestros asociados, menos cuando fui presidente y anteriormente tampoco, alguna denuncia ni información alguna respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz", había declarado.
También están convocados como testigos los exjefes de gabinete de CFK. Por eso se espera que declaren el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de ministros y como tales responsables de la ejecución del presupuesto. El próximo 26 de octubre continuará el juicio. Entre las testigos citadas para aquella jornada se cuenta la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.
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