El ex Presidente dedica un capítulo de su libro al caso Correo y la deuda de su familia con el Estado. Todo lo que escribió se contradice con lo que figura en el expediente.
20 DE MARZO, 2021
Por
Ari Lijalad
“El Correo: mi visión”. Así se titula el capítulo sobre el caso Correo Argentino en el libro de Mauricio Macri. Es corto, tiene apenas 5 páginas, pero el ex presidente se las arregló para concentrar tanto el reconocimiento de que intervino en el tema desde la Casa Rosada como un buen cúmulo de falsedades y acusaciones.
A continuación, una por una, de acuerdo a la información que está en el expediente y puede ser chequeada por cualquier persona que ingrese al sistema de consulta web del Poder Judicial.
Macri dice que el Estado nacional era el “último acreedor pendiente de los más de 600 que en 2009 habían aceptado ya la propuesta de pago”.
Falso. En el concurso de acreedores hay 708 acreedores. De esos solo 375 dieron su conformidad y de los cuales 360 eran manejados por estudios de abogados ligados a la familia Macri y a Correo. ¿Qué significa esto? Que compraron las aceptaciones de pago. Lo manejaron desde el estudio Kleidermacher, que es el que patrocina a Correo Argentino, desde el estudio Tonelli, del diputado PRO Pablo Tonelli que fue también abogado de Correo, y desde un grupo de abogados que orbitan alrededor de Claudio Guillermo Lehmann, ex director de la empresa.
O sea, en realidad de los 708 acreedores solo 15 aceptaron.
Y entre los que no aceptaron no sólo figura el Estado Nacional. El Banco Nación también se negó a aceptar propuestas de pago de una deuda que calificó técnicamente de irrecuperable.
Dice Macri que “esa tarde Boquín tergiversó deliberadamente los términos del acuerdo, usando criterios irracionales, aplicando tasas altísimas, dolarizando deudas en pesos y multiplicando intereses sobre intereses para llegar a una cifra absurda y decir que la empresa quería pagar sólo el 1% de lo que correspondía. Lanzó al aire un número disparatado que se pegó por todos lados: los supuestos 70.000 millones de pesos por los que mi familia quería perjudicar al Estado. Un rato más tarde Cristina Kirchner celebró el escrito de Boquín en las redes sociales”.
Todo falso. Ya la referencia temporal es errada. Boquin presentó su dictamen por la mañana del 8 de febrero de 2017. Tal vez Macri haga referencia al horario que se despertó y se enteró. Pero es lo menos grave.
Macri y su prensa servicial han acusado a Boquin de ser ella la que realizó el cálculo sobre los montos de la deuda que el ex presidente le iba a condonar a su familia. Y eso es falso. Los números los hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General, cuya titular era Judith König.
Y esos números, decimales más o menos, fueron ya refrendados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema.
Tampoco es cierto que CFK celebrara por redes el escrito de Boquín. Lo que hizo CFK fue difundir en su cuenta de Twitter la publicación de este periodista, que fue el primero en hacer público el caso.
• Macri dice: “me involucré en el caso y ordené dar marcha atrás con el acuerdo (del que hasta ese momento no sabía nada) y empezar de cero”.
Que no sabía nada es falso. Lo reconoce pocos párrafos después, cuando confiesa que cuando llegó a la Presidencia “sintió” que es “anormalidad tenía que terminarse” y les pidió a sus familiares que “hicieran un esfuerzo y llegaran a un acuerdo”. Por otro lado, ese fue el día que dijo que todo volviera a foja cero, algo que no está bajo la prerrogativa de un Presidente y menos en un caso que lo involucra. De hecho el expediente no volvió a foja cero, siguió adelante y hoy la empresa está al borde de la quiebra.
Macri dice: “le pedí un informe a la Auditoría General de la Nación. Elegí proceder éticamente, buscar siempre la mayor transparencia posible”
Falso. Tras una reticencia inicial de la AGN, el organismo inició la auditoría pero luego, cuando estuvo terminada, Macri ordenó que la ignorara. El Destape la consiguió, la publicó y ahí se entendió la maniobra de ocultarla: el informe le daba la razón a la fiscala Boquin en todo.
Lo hicieron dos expertos externos, Horacio Garaguso y Javier Fernández Moores. Y coincidieron en los resultados del peritaje, algo poco habitual en casos tan complejos como el del Correo. “Los cálculos (...) demuestran claramente la abusividad de la propuesta. Y si se trata de una propuesta predatoria que reduce el derecho del acreedor de forma tal que el mismo va a percibir a la postre menos del 1% de su crédito y tras casi una década y media de espera, no se advierte cual es el interés del acreedor en votar favorablemente la misma. Obviamente que no se trata del interés público”, resumieron Garaguso y Fernández Moores. Y daban en la tecla: se trataba del interés de la familia presidencial.
“CONCLUSION: la aceptación de la propuesta abusiva NO HA RESGUARDADO LOS DERECHOS DEL ESTADO, por el contrario los ha perjudicado”. Estas líneas son de esa auditoría que Macri quiso tapar, con las mayúsculas en el original.
La conducción de la AGN buscó que esto no saliera a la luz. Rara esa “transparencia posible”. La Nación se sumó a la operación de Macri tituló “Guiño de la Auditoría al Gobierno en el caso del Correo Argentino” en relación al dictamen de mayoría de la AGN que firmaron su presidente Oscar Lamberto junto al massista Mihura Estada, el siempre-operador-oficialista judicial Javier Fernández y los radicales Alejandro Nieva y Jesus Rodríguez. Los otros dos auditores, María Graciela De La Rosa y Juan Ignacio Forlon, lo rechazaron.
Según citó La Nación, el informe de la AGN sostuvo: “La AGN no debe opinar sobre la razonabilidad de propuestas rechazadas o retiradas en el marco de una negociación concursal bajo la tutela de un juez”. En criollo, no quisieron opinar sobre el eje central: que Macri le quiso condonar a su familia más de 70.000 millones de pesos. Un “proceder éticamente” curioso.
Macri dice: “mi manera de diferenciarme del kirchnerismo fuera aceptar que me investigaran, colaborar con la Justicia y no esconder nada. Porque no tenía nada que esconder”.
Falso. Apenas se conoció el caso Macri fue denunciado penalmente en Comodoro Py. La causa le tocó al juez Ariel Lijo y al fiscal Juan Pedro Zoni. Como el fiscal Zoni imputó a Macri y comenzó a investigar el entonces presidente ordenó que lo removieran del cargo. Y así fue, tal como informó El Destape en ese momento.
En lugar de Zoni colocaron a dedo al fiscal Gerardo Pollicita, que contra todos los pronósticos respaldó lo hecho por la fiscala Boquin aunque no pidió la indagatoria de Macri. Y también Macri mandó a reemplazar a Pollicita por Eduardo Taiano, uno de los fiscales del lawfare. El juez Lijo protege a Macri en este expediente, que lleva 4 años sin que el ex presidente se llamado siquiera a defenderse.
Por otro lado, Macri apuntó en público y en privado contra la fiscala Boquin. El procurador interino Eduardo Casal fue y es un apoyo clave para el ex presidente en las presiones y aprietes contra Boquin.
Dice Macri que “durante los primeros dos años, Correo Argentino cumplió con todas sus obligaciones. El Estado, con ninguna. (…) La empresa no pudo seguir pagando el canon y en 2001 pidió el concurso de acreedores (…) En 2003, el mismo año que me lancé a la política, la presidencia de Néstor Kirchner (…) rompió unilateralmente, sin motivo válido, el contrato de concesión, 24 años antes de su finalización”.
Falso. “Rescíndese, por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y la empresa CORREO ARGENTINO S.A”, dice el artículo 1 del decreto 1075 del 2003 firmado por Kirchner, Alberto Fernández, Julio De Vido y Roberto Lavagna. La culpa del Concesionario, o sea, de los Macri, era que dejaron de pagar el canon y que no cumplieron con las condiciones de la concesión. Eran dos de los motivos que figuraban en al pliego de la concesión que aceptaron los Macri a la hora de quedarse con el correo.
El punto 30 de ese pliego detallaba las causas de rescisión del contrato. El punto 30.1 b) dice: “Podrá decretarse la rescisión del contrato de concesión en caso que el Concesionario no abonara el canon debido dentro del plazo 15 días de haber sido intimado”. El canon era la principal condición para quedarse con la concesión. Los Macrí ofrecieron pagar 51.600.000 pesos semestrales y por adelantado. Sólo pagaron el primer y segundo semestre, luego incumplieron.
Un detalle no menor es que, según a ley 23.966 que regula el financiamiento del sistema de previsión social, el 30% del canon que tenían que pagar los Macri iba para la ANSES. O sea, 1 de cada 3 pesos del canon era plata de los jubilados, pero la costumbre de postergarlos parece ser tradición en la familia Macri.
Entre motivos para terminar la concesión estaba el punto 30.1 c), que permitía la rescisión del contrato si “fuera decretada la quiebra o abierto el concurso preventivo del Concesionario”, algo que también había sucedido cuando Kirchner tomó la decisión pero que no fue incluido en los considerandos del decreto 1075. El concurso de acreedores, como bien dice Macri, comenzó el 19 de septiembre de 2001. Ni Kirchner estaba en los planes para Presidente ni Macri para la política partidaria.
Macri dice: “La única razón por la que el concurso sigue abierto después de casi dos décadas es porque el Estado no ha querido cerrarlo”
Falso. Lo que el Estado no quiso en estos 20 años fue aceptar propuestas de pago que implicaban quitas extraordinarias en la deuda. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y 5,73%, o sea, quitas del 92,3% y 94,27% respectivamente. Lo más insólito es que Macri reivindica que en 2016 su Gobierno aceptó una propuesta de pago que implicaba una quita del 98,82% de la deuda.
Estos datos fueron recabados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General, corroborados por la Auditoria General de la Nación y coincidieron con el peritaje que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema, tal como detalló Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna.
Dice Macri que “en 2010 la jueza a cargo inexplicablemente denegó la homologación del acuerdo”
Falso. Lo que sucedió en 2010 y consta en el expediente es que la familia Macri no logró juntar las conformidades necesarias que marca la ley para que se homologue un acuerdo de acreedores. Por ende la jueza Marta Cirulli no tenía posibilidad de homologar ningún acuerdo.
Dice Macri que en 2016 “Correo Argentino presentó entonces una nueva propuesta, que otra vez fue aprobada por los nueve miembros de las sindicaturas”.
La cuestión de las sindicaturas de este concurso de acreedores merece un párrafo aparte. Mientras su rol debía ser el de controlar el buen funcionamiento del trámite judicial lo que hicieron en realidad fue ser parte de las maniobras de la familia Macri. Y la explicación es sencilla.
Los miembros de las sindicaturas que debían controlar el devenir de Correo Argentino están imputados en la causa penal que instruye el juez Lijo por su responsabilidad en el vaciamiento de la empresa.
Estas imputaciones no son un dato menor, y menos si se tiene en cuenta quiénes son los síndicos. Por ejemplo, la sindicatura general la ejerce Raúl Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados, pero la patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Rivera es histórico abogado de los Macri y actualmente es conjuez de la Corte Suprema impulsado por el ex presidente. Rivera y Louge fueron apoderados de varias empresas de los Macri, como Transmetro, así como los abogados de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy. Gente de confianza, que hacía como que controlaba el concurso de acreedores de Correo Argentino pero operaba en función de que los Macri no pagaran sus deudas.
Dice Macri: “El final parecía cerca, pero ahí apareció la fiscal Boquin, muy cercana a la entonces jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que siete meses después impugnó la propuesta con cálculos arbitrarios y ridículos”.
Sobre los cálculos que demuestran que la propuesta de los Macri era abusiva para el Estado ya están explicados en esta nota. Sobre la cuestión de que Boquin apareció “siete meses después” es falso.
La audiencia donde los Macri de uno y otro lado del mostrador acordaron fue el 26 de junio de 2016. A Boquin no la invitaron y recién le notificaron lo que había sucedido allí en octubre. La fiscal analizó en detalle la propuesta que hicieron los Macri al gobierno de Macri y la rechazó el 30 de diciembre de 2016, menos de dos meses después de que le llegara la información y dentro de los plazos que establece la jurisprudencia.
En el interín, apenas recibió los papeles, a Boquin le robaron unos documentos del auto. Los papeles del caso Correo. No tocaron nada más.
Dijo Boquin, en su dictamen del 30 de diciembre de 2016, que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no había un sólo elemento que llevara a que el Poder Judicial homologara este acuerdo.
El 8 de febrero de 2017 Boquin firmó un segundo dictamen. Siempre dentro de los términos legales. Se puede chequear en el expediente, es público.
Dice Macri: “Desde que dejé la presidencia, el poder hostil del Estado nacional se aceleró. El Poder Ejecutivo pidió la intervención y la quiebra de Correo Argentino y su extensión al Grupo Socma, entre cuyos accionistas hay miembros de mi familia”
Falso. Lo que hizo el Estado es lo que no había hecho en todos estos años, que es efectivamente solicitar la quiebra de Correo ya que no pudo resolver su concurso de acreedores. Es lo que marca el artículo 48 de la ley de Concursos y Quiebras. Lo que Macri define de hostil es que, a diferencia de lo que hizo durante su gestión, el Estado no se puso al servicio de los intereses de su familia.
Dice Macri: “No hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso”
Es uno de los argumentos más insólitos, ya que fue el propio Macri el que ordenó que la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, intervenga en este caso. Y lo hizo por decreto, el 201 del 2017.
El artículo 1 de ese decreto firmado por Macri establece que “El Estado Nacional será representado y/o patrocinado en forma directa por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN” en los casos donde exista algún conflicto de interés de un funcionario, en este caso el Presidente.
Y que existía conflicto de interés lo reconoció el propio Macri cuando para cerrar la investigación contra los funcionarios que participaron de esta maniobra le delegó la firma a Gabriela Michetti. En el decreto 882/2018 Macri dispuso: “Excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma CORREO ARGENTINO S.A., en tanto sus familiares en el grado previsto en el artículo 17 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma”.
En síntesis, la Procuración del Tesoro interviene por un decreto de Macri.
Y es más: ya intervino durante su Gobierno. Primero con Carlos Balbín, que firmó una auditoría donde confirmó todo lo denunciado por la fiscala Boquin. Macri despidió a Balbín y puso en su lugar a otro de sus abogados, Bernardo Saravia Frías, que desembarcó con la orden de cerrar el caso.
Dice Macri: “Como los hijos de Cristina fueron procesados por varios delitos (principalmente, en las cauas Los Sauces y Hotesur) y eso, evidentemente, les generó mucho sufrimiento, mi explicación es que ella ahora quiere que yo pase por lo mismo, con la diferencia de que mis hijos son absolutamente inocentes de cualquier delito. No tengo pruebas de esto. Pero, como dice la propia Cristina, tampoco tengo dudas”.
Falso. Nunca nadie mencionó a sus hijos en todo este escándalo. Es él quien los involucró al cederles sus acciones en la empresa. Este periodista, que es quien sigue este caso desde el día 1, nunca involucró a los hijos de Macri en este tema. Tampoco lo hizo en ninguna intervención CFK. Ni siquiera Máximo y Florencia Kirchner han dicho alguna vez que a los hijos de Macri debería pasarles lo mismo que a ellos: ser perseguidos judicialmente.
Publicado en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario