(Foto: Telam)
Por Ricardo Ragendorfer - @Ragendorfer
3 de enero de 2021
A sólo un día de ocurrir el incidente que involucra a la diputada provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Carolina Píparo, y su esposo, José Ignacio Buzali, la Fiscalía General de La Plata trasladó la causa a la UFI 10, a cargo de Carlos Vercellone, quien enfoca su pesquisa en los delitos de “lesiones culposas con dolo eventual, abandono de persona y falsa denuncia de robo”.
En este punto conviene evocar la figura del carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, quien –en septiembre de 2016– pasó a la posteridad por su aporte metodológico en el campo de la “justicia por mano propia”, una innovación que bien se podría denominar “embestida vehicular seguida de linchamiento”, tras perseguir y atropellar con su camioneta a un ladronzuelo en fuga a bordo de un ciclomotor, quien fue rematado a golpes por una turba de vecinos.
Dos años después, el tipo fue absuelto en un juicio por jurado. Un fallo que la diputada Píparo celebró a viva voz: “¡Se hizo justicia!”, exclamaba ante todo micrófono que se le puso a tiro.
Píparo –en cuya carrera política incidió la pérdida de un embarazo al ser baleada durante una salidera bancaria– impulsó la Ley provincial –aprobada en 2019– que obliga a los motociclistas al uso de cascos y chalecos refractarios con la patente impresa, para así combatir a los llamados motochorros.
Es una paradoja casi borgeana que su aprehensión hacia los conductores de esta clase de vehículos la haya llevado a la situación que ahora la envuelve.
Hubo numerosos testigos cuando, ya entrada la primera madrugada del año, el Fiat 500L manejado por el señor Buzali atropelló intencionalmente a dos muchachos que volvían en moto de una quema de muñecos en La Plata.
Ellos quedaron tirados en la esquina de 21 y 37 con heridas de diversa consideración, mientras el Fiat arrastraba su rodado por más de 300 metros. Pero el esposo de la legisladora (quien además, es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la municipalidad local) recién se detuvo a 20 cuadras de allí, frente a la plaza Moreno, obligado por otros automovilistas.
Había que ver a Píparo –tal como la muestra un video casero difundido por el diario Hoy– al descender del auto con un leve tambaleo para increpar con una turbia dicción a la mujer que filmaba.
También hay un sujeto que trata de alejarla. Y, de mala gana, le suelta:
– No sé de qué moto me hablás
Ella se lo dice. Y menciona los dos chicos heridos que quedaron tirados.
– Los habrá atendido el SAME. –fue su respuesta
No era otro que el secretario de Seguridad platense, Darío Granduglia, un alfil del intendente macrista, Julio Garró.
Dicho funcionario había llegado con prontitud a la plaza Moreno. Y con una misión: frenar las pruebas de alcoholemia sobre Píparo y Buzali, cosa que finalmente logró.
Unas horas después, quizás ya más fresca, Píparo posteó en su cuenta de Twitter: “Fui abordada por seis delincuentes en moto. Mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera (sic)”.
Hay quienes conjeturan que ese fue el primer paso de una impostura. O no. Lo cierto es que luego situó el presunto robo al quedar sola en el vehículo, mientras el esposo acompañaba al padre hasta la puerta de su casa. Siempre según sus dichos, el botín fue su cartera y el celular.
Su relato prosigue con un llamado al 911 y la llegada de una comisión policial. Uno de los uniformados le habría dicho que debía hacer la denuncia en una comisaría. En eso habrían estado cuando creyeron ver otra vez a los seis pistoleros en tres motos.
Buzali empezó a perseguirlos, y ella llamaba al 911 para informar la novedad. La persecución se tornó más desaforada por el surgimiento de otras dos motos, también con “malvivientes”, según la percepción de la pareja.
El choque en cuestión ocurrió en tales circunstancias.
Una fuente vinculada a la UFI 10 adelantó a Tiempo que aún no existen indicios de que la primera llamada al 911 haya ocurrido. Y por ahora se ignora qué “comisión policial” acudió al lugar del robo. A eso se le suma una demora en la entrega del material de las cámaras de seguridad (justamente Granduglia es el responsable de las mismas). De modo que uno de los ejes de la pesquisa será determinar si el asalto realmente existió. Nunca un fiscal se atrevería a tanto si no hubiese una duda razonable al respecto.
En cambio, está probado que los motociclistas venían de presenciar la tradicional quema de muñecos. Y que los dos atropellados por el Fiat –Luis Elías Lavalle, de 19 años, y un menor de 17– carecen de antecedentes penales.
Tal es la única certeza existente hasta el momento.
Si Píparo fue, en efecto, atracada, al cruzarse con Lavalle y sus amigos, habría creído que ellos eran sus victimarios.
Pero en caso de que lo del asalto fuera un embuste urdido después del episodio, es muy posible que, por razones que deberá determinar la psiquiatría forense, su esposo y ella entraran en pánico al suponer que irían a ser robados.
Martín Vargas, el abogado de los chicos atropellados, se inclina por la segunda hipótesis. También exhibió suspicacia ante la inexplicada falta de las pruebas de alcoholemia y la demora en la entrega a la fiscalía del material de las cámaras de seguridad (eso podría derivar en el procesamiento del bueno de Granduglia). Además expuso su intención de pedir que la causa sea caratulada como “homicidio en grado de tentativa”. Una tragedia punitiva.
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