Medidas específicas y cifras del presupuesto desmienten la idea de contracción del gasto público y del sistema jubilatorio
La tarea de reparación del desastre macrista y el impacto fulminante de la pandemia puede tener mayor o menor intensidad, pero calificarla como un ajuste forma parte de una estrategia de confusión deliberada.
Por Alfredo Zaiat
Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.
La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.
Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.
La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.
Pero el inmenso dispositivo de derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el fiasco económico del gobierno de Cambiemos y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.
La mentira del ajuste
El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia de confusión deliberada.
El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.
Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.
La evidencia histórica revela que las experiencias neoliberales son partidarias del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente "populistas", impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.
Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste –no una revolución- permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es.
Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.
Reconstrucción
En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.
El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.
En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ("la plata de los jubilados"), debilitó la solvencia del sistema con la denominada "Reparación histórica" (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.
En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.
Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.
La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.
Movilidad
El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.
Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.
El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.
Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.
Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.
El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.
Propuesta
Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.
Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que "sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos".
A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que "sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta".
O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.
Cifras vs. "ajuste"
Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.
Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.
Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.
En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.
El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.
Red de emergencia
El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:
* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.
* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.
* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.
* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.
* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.
* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.
* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.
* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB
* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.
* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).
* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.
Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.
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