27 Octubre 2020
Iguacel y Stoddart intimidaron a la ex jefa de legales de Vialidad Santa Cruz para que firmara un documento que dio pie al inicio a la causa.
Por Sofía Caram
Una testigo dijo que se sintió intimidada por el ex Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de Jurídicos de esa dependencia e imputado por el negociado de los peajes, Ricardo Stoddart. Según relató bajo juramento la actual diputada Laura Hindie, los ex funcionario macristas llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme un documento. “Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, reconoció.
Durante una extensa declaración, la abogada dejó al desnudo el interés deliberado y la maniobra protagonizada por Iguacel y Stoddart, para justificar el supuesto direccionamiento de la obra pública y abrir el proceso contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
A los pocos días de asumir el Gobierno de Mauricio Macri, ambos ex funcionarios –que aún no tenían mandato legal, ya que no había concluido el proceso administrativo de sus nombramientos- “llegaron en un patrullero de la Federal, lo que no es habitual”, a la sede de Vialidad Santa Cruz. Según relató la testigo ingresaron, se presentaron como las nuevas autoridades y le dieron un documento para que firmara. Se trataba de una respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Trabajo en la que se reclamaba la nulidad de una audiencia que había tenido lugar en en esa dependencia entre Vialidad, Austral Construcciones y la Uocra. Los trabajadores reclamaban la falta de pago de salarios y Trabajo había buscado un espacio de diálogo para encausar el conflicto. En esa audiencia, quien se arrogó la representación de Vialidad -enviado por el ex funcionario imputado Mauricio Collareda- fue Miguel Salazar, quien dijo que el organismo le debía algunos pagos a la empresa de Báez. El punto es que ese detalle no le permitía a las autoridades macristas acusar a la gestión anterior de beneficiar al empresario. Si se le debía dinero por las obras ya adjudicadas cómo se explica el presunto favoritismo.
Según Hindie, el interés de Iguacel y Stoddart era anular esa audiencia y el documento que tuvo que firmar se manifestaba a favor de esa nulidad, lo que finalmente sucedió: esa mediación quedó sin efecto y no estableció consecuencia jurídica alguna. ¿Se sintió intimidada?, preguntó uno de los defensores. “Si. No solamente yo. Todos los empleados del Distrito 23 también”. “¿Y corroboró algo de lo que decía el acta antes de firmar?” Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, lanzó.
Precisamente, la denuncia que originó este juicio se basó en los cuestionamientos a esa audiencia por el conflicto con los trabajadores. El argumento fue que Salazar ya no era integrante de Vialidad al momento de la audiencia en cuestión y que su papel en aquella mediación debía ser nulo. Además, porque la Secretaría de Trabajo no tenía competencia en la materia, lo que fue ratificado por la testigo. Pero la realidad –afirman las defensas- es que la deuda que Vialidad mantenía con Austral Construcciones no daba margen para acusar al kirchnerismo de beneficiar a Báez.
El relato sobre la vistia en patrullero quedó resonando en la audiencia y el impacto pudo verse a través de las caras de cada una de las más de cuarenta ventanitas del Zoom.
Otros de los puntos que aclaró la testigo estuvo centrado en la demora de algunas de las obras investigadas y las supuestas sospechas por las redeterminaciones de precios. Según explicó –en sintonía con lo que declaró en su indagatoria el ex Administrador de Vialidad, Nelson Periotti– primero se licitaba y luego se iniciaba el proceso de liberación de la traza, que implica las expropiaciones de los inmuebles que estén en el terreno donde debía construirse la ruta. Hindie detalló que el proceso de expropiación en varios casos tardó entre cinco o seis años, “inclusos algunos siguen en juicio”. Ese tiempo transcurrido –explicó- provocaba las lógicas redeterminaciones de precios que se le otorgaba a las empresas en cada caso. Para la acusación, dicho mecanismo fue utilizado para pagar por arriba del valor de mercado. Otra de las hipótesis que fue derribada por la testigo en la audiencia de este martes.
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