por HORACIO VERBITSKY
Las investigaciones que avanzan en distintos juzgados y en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia apuntan a Susana Martinengo, una persona de quien nada se sabía hasta ahora, pero cuya estrecha relación con el ex Presidente Maurizio Macrì la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019. Además, ayer por la tarde fue detenido en su domicilio de Merlo el director de Operaciones Especiales de la AFI de Macrì, Alan Flavio Ruiz, quien por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández de Kirchner en 2018. Martinengo remite a Macrì; Ruiz a Silvia Majdalani y Patricia Bullrich .
Esta es la indagatoria a los agentes de la AFI y el pedido de detención del responsable, Alan Flavio Ruiz.
Alan Flavio Ruiz
Ruiz, izquierda, en actitud desafiante
Ruiz, muy divertido, con el zapatófono del Super Agente 86. Más trágico que comico
La respuesta de los dirigentes de Pro es forzar la confrontación con el gobierno nacional, acelerando la operación de acoso y derribo que se describió aquí el 10 de mayo. Contribuye a ese objetivo la insuficiente abogacía con que el gobierno dispuso la intervención de Vicentin, a cuenta de una expropiación cuyo proyecto no se había presentado, la ausencia de articulación política, gremial y empresarial en apoyo de la medida y la falta de una estrategia de comunicación, que favorecieron la decisión del juez provincial de reponer a los administradores del concurso y limitar a la intervención al rol de veedores controladores. Por otra parte, mientras el impuesto a las grandes fortunas cuenta con el apoyo de un 70% de la población, el planteo inicial sobre la cerealera santafesina reproducía aproximadamente los porcentajes de la elección presidencial de 2019. La épica de la derrota digna no es lo más aconsejable en el día 90 de la cuarentena.
Hacer bandera, en Córdoba.
Los argumentos del magistrado son simétricos a los del Poder Ejecutivo: tanto el gobierno nacional como el juez Fabián Lorenzini se declaran interesados en la preservación de la empresa en crisis, de su patrimonio, su continuidad operativa y de los intereses de acreedores, proveedores y empleados. Pero difieren sobre cuál es la forma de garantizarlo. La inconstitucionalidad del decreto presidencial reclamada por los Nardelli y Alberto Padoan, y sobre la que Lorenzini se declaró incompetente por tratarse de materia federal, se ha convertido en una cuestión abstracta, ya que la simultánea medida cautelar concedida por el juez ratifica al directorio desplazado por el Poder Ejecutivo. Lorenzini no explicita cuál es la norma que le permitiría tomar esa decisión. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acudió al rescate del Presidente Alberto Fernández con un pedido de la Inspección Santafesina de Personas Jurídicas al juez Lorenzini, para que la intervención sea designada en su expediente concursal y que no dure dos meses sino hasta la finalización del concurso de acreedores. Además de los dos interventores designados por el gobierno nacional, Perotti agregó un tercero, de la zona. El gobernador reveló desde Olivos que trabajó este proyecto junto con «el equipo del Presidente», en respuesta al pedido que Fernández había hecho hace diez días, de que le presentaran una propuesta superadora, distinta a la expropiación pero que excluya a la actual administración de Nardelli y Padoan, cuyo único diálogo posible es con un juez penal. El propio Fernández narró ese proceso ayer, en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape.
El gobierno tuvo la flexibilidad necesaria para no empantanarse en una batalla sin destino. Quedan tres años y medio del primer mandato presidencial para planificar, con tiempo y conocimientos por parte de especialistas, las imprescindibles reformas al comercio interno e internacional de granos, la producción de alimentos y la correcta liquidación de las exportaciones, asuntos demasiado serios para tratarlos a los trompicones. La solicitada que firmaron los dirigentes de todas las centrales y agrupamientos sindicales, por primera vez juntos en varias décadas, muestra un apoyo a la decisión del gobierno muy superior a la oposición del ridículo banderazo, en defensa de la propiedad privada (que los Nardelli y Padoan saquearon) y en contra de la cuarentena (mientras Brasil superó el millón de infectados y ronda los 50.000 muertos). Pero no implica verdadera organización popular. Nadie de ninguna línea interna del gobierno participó en su génesis, que recayó en la iniciativa de algunos líderes, como Héctor Daer, de la CGT, o Hugo Yasky, de la CTA, que superaron muchos recelos con otras centrales y otros dirigentes en función de un propósito superior. Entre los hombres de negocios hay algunos reproches hacia la Unión Industrial por no pronunciarse con mayor virulencia en contra del gobierno. Pero de aquí tampoco se desprenden conclusiones alentadoras: ocurre que el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, es directivo de Aceitera General Deheza (AGD), y cuñado de su principal accionista, el ex senador del Frente de Todos, Roberto Urquía. Desde hace tres años, alertada por los desmanejos de los Nardelli y Padoan, AGD vigila los balances de Vicentin, al acecho de rapiñar parte de los escombros del derrumbe anunciado.
El nexo entre las investigaciones sobre el espionaje, la intervención a Vicentin y la compleja negociación con los acreedores externos es inocultable. Incluso, el más duro de los fondos de inversión que negocian con el Ministerio de Economía, BlackRock, tiene interés directo en Vicentin, a través de Glencore, socio mayoritario de la cerealera local en Renova. Tampoco es casual que quien planteó convertir la resistencia a la expropiación de Vicentin en una 126 haya sido Patricia Bullrich, cuya situación es muy comprometida en las investigaciones por el espionaje.
La persona de confianza
Desde 2007, Susana Martinengo ha sido una de las personas más próximas a Macrì y de su mayor confianza. Entre 2018 y 2019 quedaron registradas doce audiencias que concedió en la Casa Rosada a tres agentes de la policía porteña asignados a la AFI, que son investigados por el espionaje ilegal (Leandro Araque, Jorge Sáez y Facundo Melo). Ellos admitieron que además de esas visitas a la sede presidencial, donde a veces se quedaron a almorzar, se encontraban con ella en otros sitios e incluso en el domicilio de la funcionaria.
Ella misma explica la índole de su relación con Macrì en estos audios, tomados de una complaciente entrevista que le realizó el 15 de marzo de 2019 una radio en internet con pocos centenares de seguidores. Sus afirmaciones no dejan duda sobre la relación institucional con Macrì y la confianza política que él le dispensa. El entrevistador es José Luis Merlino, quien se presenta como amigo de Martinengo. Ella se refiere con admiración y afecto a Macrì, a Juliana Awada, Carolina Stanley y María E. Vidal.
Entre otras cosas, la mujer dice:
Sobre todo tenemos mucho cuidado en aquello que le tiene que llegar al Presidente.
Es un trabajo que vengo haciendo desde 2007, como jefa de despacho cuando el Presidente era jefe de gobierno.
Es un honor acompañarlo, nos deja libertad para trabajar, pero después tenés que rendir examen. Es un gran estadista, que te marca y te controla. Todo tiene un informe. Yo mensualmente le hago una estadística de lo que pasa.
Todo lo que hago es a pedido de él. Cuando él me da una directiva, hay que cumplirla.
Es una persona que te deja trabajar con total libertad, pero es muy exigente.
El Secretario General Fernando de Andreis anualmente me pide a mí como a todas las direcciones que dependen de él, un informe de lo que ha sucedido. Yo recibo todos los mails que llegan a presidencia por las distintas áreas.
Para mí es un placer que confíen, porque vos tenés que tener personas de confianza a tu alrededor.
Es un honor, creo en este proyecto, creo en el Presidente. Es un estadista.
Voy a defender más que nada al Presidente, porque lo conozco, sé quién es, su don de gente. A veces uno lo ve, cansado, canoso, y conociendo todo lo que se conoce de su vida, uno dice: ¿para qué lo hace? Tiene pasión por hacer.
Yo fui en otras gestiones la primera mujer directora de seguridad en la provincia de Buenos Aires. En un rol social. Si bien trabajaba con la policía de la provincia, con la Federal, el mío fue un rol más desde lo social, en el municipio. Eso me enseñó muchísimo.
Yo acompaño al Presidente. Donde el Presidente considere que soy útil, voy a estar. Todos estamos acompañando un proceso. Acá el único es el Presidente. Lo que él decida se va a hacer y los demás vamos a acompañarlo.
Susana Martinengo con Jorge Macri
Semana non sancta
De 65 años, Martinengo estuvo casada con el capitán del Ejército Juan Jorge Ferreyra, uno de los alzados con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987. Ambos fueron militantes del MODIN, el partido de Rico, del que Ferreyra se alejó en 1996 denunciando “personalismos arcaicos y retrocesos ideológicos», y se acercó al PJ por medio de Octavio Frigerio, hijo y padre de Rogelio Frigerio. El desempeño de Martinengo en Seguridad fue en el municipio de San Martín, con el intendente vecinalista de origen radical Ricardo Ivoskus.
La relación de los espías de la AFI con Susana Martinengo no fue revelada por ninguno de ellos, sino por el abogado defensor de CFK, Alberto Beraldi, quien a su vez fue secretario de seguridad bonaerense durante la gestión ministerial de Carlos Arslanian. Araque y Facundo Melo fueron identificados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a partir de las declaraciones del narco de la zona sur del conurbano Verdura Rodríguez. En el teléfono celular de Araque, el juez encontró mensajes, grabaciones, fotos y videos que dan cuenta de las tareas ilegales de espionaje que se realizaban desde la AFI.
Araque, Melo y Jorge Sáez declararon ante la Comisión Bicameral. Los dos primeros recusaron al juez Villena, quien les negó la eximición de prisión que habían pedido. También lo recusaron, pero el juez rechazó la presentación, sobre la que ahora debe decidir la Cámara Federal de La Plata. En el otro juzgado federal de Lomas se tramita una causa paralela por espionaje a periodistas y académicos en ocasión de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Villena se excusó de llevarla, porque él fue quien ordenó la investigación, que la AFI usó como pretexto para espiar a CFK y el Instituto Patria. Se hizo cargo entonces el juez interino Juan Pablo Augé, quien delegó la instrucción en la fiscal Cecilia Incardona, quien el viernes tomó declaración a los agentes de la AFI que desde un auto vigilaban los movimientos de Cristina, cuya identidad fue reservada, y ayer solicitó la detención de Alan Ruiz, quien dependía en forma directa de Silvia Majdalani, la subjefa de la AFI. El jefe, Gustavo Arribas, quien reportaba al entonces Presidente Maurizio Macrì, estaba al tanto de la ilegalidad del procedimiento. La directiva que recibieron los agentes era detectar si había movimientos de bolsos, valijas o dinero en el Instituto Patria y en el domicilio de la ex Presidenta, mientras lo que se informó a la comisión bicameral y a la justicia es que se trataba de prevenir posibles atentados en ocasión de la reunión del G20 y los juegos olímpicos de la juventud.
Alan Ruiz es otro personaje clave en esta historia. Colaborador del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich hizo que lo designaran en la AFI para encargarse de las tareas ilegales sobre dirigentes políticos de la oposición de entonces, pero también sobre líneas internas del oficialismo que no eran de la plena confianza de Macrì (como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Cristian Ritondo). En el celular de Araque constan horas de audios en los que Ruiz habla con asombroso desenfado de esas tareas, que lo incriminan. Sus tareas y relaciones parecen un calco de las de Marcelo Sebastián D’Alessio, otro alfil de la dama del PRO.
Martinengo también aparece mencionada en la investigación del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, sobre el espionaje al obispo Jorge Lugones y al ex intendente de La Plata Pablo Bruera, quien es sobrino del eclesiástico. Araque le informa al encargado de municipios de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, que estuvo con Susana y trataron temas que pueden interesarle. Y luego ambos juntos viajan a La Plata para transmitirle la información de modo directo a Campbell:
Los legisladores del oficialismo en la Bicameral (Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés, Martin Doñate, Rodo Tailhade) inquirieron a los espías por su relación con Martinengo. El representante del PRO, Cristian Ritondo, orientó los interrogatorios a establecer que los agentes no habían recibido directivas de Macrì, de Gustavo Arribas ni de Silvia Majdalani, como si la línea de ilegalidades se cortara en Alan Ruiz.
Araque dijo que le enviaban informes a la secretaria de documentación presidencial, en algunos casos realizados a pedido de la propia Martinengo, en otros por indicación de Alan Ruiz. Cuando se reunían con Martinengo hablaban de política, agregó. Moreau le preguntó si ella dejó entrever que esos informes eran para Macrì. Araque asintió. “Dijo que a él podían interesarle”. Fue más vago cuando dijo que Susana Martinengo estaba al tanto de que “había problemas internos entre Macrì y Santilli”.
Facundo Melo dijo que sólo había visto un par de veces a Martinengo, quien era amiga personal de Sáez y de su esposa. En cambio, abundó en detalles sobre la relación de Alan Ruiz con Silvia Majdalani, que era su superior directa, y con Patricia Bullrich, quien lo hizo entrar en la AFI. También contó que le hicieron escuchar a Santilli el audio en el que Alan Ruiz se refiere a su manejo de dinero, a la infiltración de una persona en la casa de su suegra y al seguimiento que le realizaron. El vicejefe de gobierno agradeció, porque de no contar con elementos de prueba, Majdalani, Arribas o Macrì negarían los hechos sin que él pudiera argüir nada. El nexo entre Santilli y Melo fue Daniel Llermanos, el abogado de Pablo y Hugo Moyano. Melo perdió su empleo en la AFI cuando denunció que Alan Ruiz le había pedido que orientara la declaración de uno de sus clientes, barra brava de Independiente, en contra de los camioneros. No sólo se negó, sino que lo denunció a la Justicia.
El más elusivo del trío acerca de Martinengo fue Sáez. Pretendió que las constantes visitas a la Casa de Gobierno sólo obedecían a su amistad personal con ella y que nunca se habló de nada importante. Pero respecto de Santilli contó que Alan Ruiz ordenó seguirlo «porque es un narcotraficante” y agregó que habia gastado 200 lucas en una comida en Miami. Añadió que Ruiz era amigo del exposo de la mujer de Santilli, Martín Terra. Es ostensible la semejanza entre este episodio y el que protagonizó D’Alessio, investigando a pedido de Carlos Stornelli al piloto peruano-estadounidense Jorge Christian Castañón, porque era el exposo de la pareja del fiscal. Sáez también sostuvo que la orden de seguir al entonces ministro de Seguridad porteño se la dio Majdalani porque «dijo que a Santilli le había bajado el pulgar el uno, que para él era Macri; el Cinco, que era Gustavo Arribas; y la Ocho», es decir Majdalani. Afirmó que Ruiz tenía preparadas las celdas para Hugo y Pablo Moyano y que les pidió que le hicieran contacto con Omar Pérez, Manguera, quien esperaba que asumiera la conducción de Camioneros luego de la detención de los Moyano. Ruiz planteó que él, Majdalani, Arribas y Marcos Peña se reunirían con Manguera Pérez, a quien ”le vamos a ofrecer todo para que no nos paren todas las rutas y no nos bloqueen todos los puentes. A él lo vamos a empoderar y el día de mañana lo tenemos debajo de nuestro brazo”. Esto coincide con la denuncia del juez Luis Carzoglio, en abril de 2019, de que recibió la visita de los jefes de Legales y de Finanzas de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, quienes le dijeron que Macri ordenaba la detención de los Moyano y luego le hicieron llegar la orden de detención ya redactada. También es congruente con las declaraciones del Presidente en junio contra lo que llamó «la patota del transporte», que elevaba el costo de la logística y resentía la competitividad de la economía.
Pablo Moyano y Omar Manguera Pérez, debajo del camión.
Stornelli, Santilli & Cia. Bajas pasiones.
Florencia Macri y Salvatore Pica, salpicaduras.
Tanto Melo como Sáez refirieron el espionaje que debieron realizar a la hermana del Presidente, Florencia Macrì, y su pareja, Salvador Pica. Ambos señalaron la preocupación directa del Presidente, quien temía ser salpicado por una causa que los involucraba. Por contrabando, dijo Melo. Por narcotráfico, corrigió Sáez.
No hubo preguntas sobre la relación de estos espías con el doctor Glock, quien los utilizó como fuerza de prevención para el allanamiento a la casa de Cristina en Calafate, donde no corresponde que actúe la Policía porteña a la que pertenecían.
Líneas internas
Algo que se delinea con nitidez es la confrontación entre opuestas líneas internas en la agencia de espionaje, que explican la hiperactividad de algunas personas, tanto entre los funcionarios como por parte del personal judicial que les daba cobertura. Los espías que apuntan contra Alan Ruiz presentan como contracara a Diego Dalmau Pereyra, quien sucedió al ingeniero Antonio Horacio Stiuso al frente de Contrainteligencia. Dalmau, dicen, no admitía el espionaje político que reclamaba Gustavo Arribas y por eso salió del país. Al mismo tiempo, Marcelo Sebastián D’Alessio comenzó a direccionar su tarea hacia causas de corrupción, que derivan en la Encuadernadora Glock, a partir de la causa del Gas Natural Licuado.
Oficial del Ejército, hoy de 54 años, Dalmau fue el egresado con el mejor promedio de la Escuela de Inteligencia de Ejército. Como premio, lo enviaron por dos años a perfeccionarse en la Escuela de Inteligencia de Colombia. Pero no llegó a viajar. Según su propio relato, mientras esperaba para viajar a Bogotá, lo destinaron al edificio de la calle Viamonte, al lado del entonces Batallón de Inteligencia 601, donde funcionaba el espionaje interno prohibido por la ley. “Si sigo y me voy, cuando vuelva me van a hacer hacer cosas ilegales y terminaré preso», dice que pensó. Por eso pidió el retiro, estudió comunicación y consiguió entrar a la SIDE. Stiuso lo tenía entre ojos y lo mandó a guardar por años a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), como profesor de Inteligencia Estratégica. Tanto sus compañeros en la ENI como en la Escuela de Defensa Nacional (EDENA) afirman que era brillante. Un ex profesor de la EDENA afirma que deslumbró a todo el curso con una descripción de la plurinacionalidad boliviana. Odiado por Stiuso, fue protegido desde la Comisión Bicameral de Inteligencia por Silvia Majdalani, quien al asumir como subdirectora en 2016, lo convocó para suplantar a Stiuso.
Su salida de allí contradice tantas loas. Dalmau fue remitido a la embajada argentina en Chile como delegado de inteligencia a raíz del fracaso de la operación para que Ibar Pérez Corradi incriminara a Aníbal Fernández en el tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez, que no es una tarea muy limpia. En una entrevista telefónica desde la cárcel de Marcos Paz, con Carla Pelliza de El Destape, Pérez Corradi dijo que Dalmau Pereyra fue el enviado por el gobierno nacional a Asunción, donde estaba detenido, para negociar las condiciones de su extradición. A cambio de beneficios en su lugar de detención en la Argentina debía incriminar a Fernández, con datos que le suministraría la AFI.
Es posible que Alan Ruiz fuera menos escrupuloso que Dalmau y que emprendiera con mayor entusiasmo las tareas ilegales que Bullrich le indicaba, tanto a él como a Marcelo Sebastián D’Alessio. Bullrich propuso la transacción que rechazó Pérez Corradi, quien se negó a incriminar a Fernández, y en su lugar mencionó al artífice de PRO, el radical Ernesto Sáenz. El rol de Dalmau Pereyra en este caso fue similar al de D’Alessio en el del ejecutivo uruguayo de Pedevesa, Gonzalo Brusa Dovat, y explicita la cara oculta de un gobierno que pregonaba transparencia desde las cloacas.
Por entonces, Bullrich también se encargó de poner en caja por cuenta de Macrì a su antigua aliada Elisa Carrió, quien presentó una denuncia ante el doctor Glock, por la consulta que la Policía Federal hizo vía Interpol con las autoridades mexicanas en febrero de 2019 acerca de la presunta detención de un hijo de la heroína cívica libertadora en México, con armas y drogas. Luego del chequeo oficial, con participación del entonces canciller Jorge Faurie, la conclusión fue que no había ninguna causa contra el hijo de la diputada y que no había sido detenido.
La misma versión había circulado por internet a principios de 2017. En abril de ese año, en un programa de la actriz Mirtha Legrand, Carrió había acusado por ello a Ritondo, al entonces diputado de PRO Mauricio Longin Dalessandro y al editor del sitio de extorsiones SEPRIN, Héctor Alderete. Según Carrió, eso ocurrió en represalia por haber denunciado que el jefe de la policía bonaerense Pablo Bressi protegía al narcotráfico. El Hada Buena lo respaldó, pero al mes siguiente de la aparición televisiva de Carrió, lo cesanteó. En aquel programa le preguntaron por qué Macrì no la defendía.
—Esa es la pregunta del millón —respondió Carrió ante el estupor de sus contertulios.
Añadió que se había cansado de que los que había mencionado se beneficiaran por la imagen de lucha contra la corrupción que ella había instalado, y que ella se quedara sola ante denuncias en su contra, que atribuyó a represalias de monseñor Lorenzetti y del ministro Garavano.
En otra aparición fulgurante, en octubre de 2018, Carrió agregó durante un acto en la Universidad de Derecho de Corrientes que Macrì debía elegir entre ella y Angelici.
Angelici “son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos, Moyano, Nosiglia. Yo defiendo la gobernabilidad”. Si no elige, Macrì cae, porque “la Argentina va a luchar”. También dijo que había perdido la confianza en que Macrì luchara contra la corrupción, frase bastante más comprensible que otra que solía repetir, que apoyaba a Macrì para luchar contra la corrupción.
Publicado en:
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