El festival fue impresionante, más del 80% de los titulares de la AUH tienen deudas por créditos
POR MIGUEL FERNÁNDEZ PASTOR
Hace muchos años le pregunte a un ex CEO de distintos bancos por qué en los resúmenes bancarios aparecen distintos ítems por los que se descuentan unos pocos pesos de la cuenta que, si bien el titular no sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de dicho descuento, por lo general no son reclamados atento lo insignificante de su monto. Recibí una respuesta que me desconcertó. Me dijo que, cuando por alguna razón los bancos tienen que hacer un ajuste en el balance, o cuando los quebrantos del período podían poner en zona de riesgo a la entidad, se sumaba aquello que se necesitaba para cubrir los quebrantos, más un pequeño, porcentaje, dividiendo esa suma por los clientes del banco y, si el monto era pequeño se ponía todo en un solo mes. Por el contrario, si el monto era elevado, se lo subdividía en dos o tres meses y se les cargaba en los resúmenes a los clientes. Luego, si alguno efectuaba algún reclamo, rápidamente le informaban que fue por error que le habían descontado esa cifra, se lo devolvían y a otra cosa. Solo un pequeño número de clientes hacía un reclamo. Por ello le incorporaban a la suma total ese pequeño porcentaje, para cubrir los reclamos. Cuando le comenté que eso era un delito, me contestó con esta ironía: “En la historia de la humanidad existieron dos grandes males: los piratas y los banqueros; los piratas no existen más”.
Lo curioso de la situación que comenté es que en ese tiempo se pretendía “bancarizar” el pago de todas las prestaciones de la seguridad social. Es decir, se iba a arrastrar a todos los jubilados, pensionados y a las personas más vulnerables dentro de un sistema tramposo y corrupto. Lo peor es que, efectivamente, eso ocurrió. Luego comenzó el escarnio, los bancos se disfrazaron de pequeñas mutuales, cuya única actividad era esquilmar mediante créditos a tasas usurarias a los beneficiarios. Rápidamente estalló el escándalo, porque esas mutuales/financieras no dejaban de hacer chanchullos. Les cobraban cuota de asociación, impuestos inexistentes, tasas esotéricas, más cuotas que las acordadas, etc. Se dictaron todo tipo de medidas para contener la ola de corruptelas, pero todo fue en vano, siempre encontraron un resquicio para la usura y el apriete. Cuando se creó la tarjeta Argenta y ANSES empezó a dar créditos en forma directa, a tasas razonables y con base en jubilaciones dignas, pareció que el problema se desvanecía ya que la gente empezó a usar los créditos de ANSES y a desprenderse de las mutuales.
Pero luego llegó la crisis macrista y el ingreso ya no alcanzaba. Para colmo, ANSES promocionó hasta el cansancio el otorgamiento de créditos a los beneficiarios, pero obviamente a tasas que dejaron de ser razonables. El festival de créditos fue impresionante, más del 80% de los titulares de la AUH tienen deudas por créditos. Las tasas para los créditos que en 2015 alcanzaban el 24% con una movilidad jubilatoria del 36%, pasaron a ser en 2018 del 50% con una movilidad jubilatoria del 29,3%. Cuando alguien toma un crédito, la cuota que tiene que pagar no puede superar el 30% del haber, ya que ese porcentaje marca el límite legal. Pero la situación económica empeoraba para todos aquellos que vivían de sus prestaciones, y la necesidad de dinero más la usura macrista hicieron que ese límite no se considerara, otorgando créditos que implicaron una reducción de los haberes de los beneficiarios de hasta el 70% de lo que deberían percibir. Hay que recordar que para ese tiempo el poder adquisitivo de los ingresos de los beneficiarios había descendido estrepitosamente, los precios de los medicamentos se disparaban sin límite, los servicios que presta el PAMI se achicaban diariamente y el aumento de la tarifas públicas hicieron que la necesidad de dinero creciera día a día. ¿Cómo llenaron ese hueco? Con las viejas y conocidas financieras, que no tuvieron empacho en volver a las andadas: descontar por encima del 30% autorizado, a tasas usurarias y varias otras trapisondas.
Por tal motivo, una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue prorrogar los vencimientos (hasta junio) de los créditos ANSES como fueron rebautizados por el macrismo. Resta saber cómo se resolverá la cuestión central de este tipo de créditos, que es que si no se cobran esos créditos el que pierde es el FGS que es de todos los beneficiarios y si se pretende que se paguen en las condiciones actuales, la inmensa mayoría no podrá hacerlo. En consecuencia, el resultado será que todos pierden, configurando un último regalito del neoliberalismo.
El martes circuló un informe de prensa desde la Casa Rosada titulado “Denuncia penal a FinTechs por estafa y usura crediticia”. Las FinTechs son empresas de finanzas más tecnología. Esto quiere decir que usando las nuevas tecnologías intentan optimizar ganancias y siempre hay algún banco tras estas supermodernas empresas, pero con las viejas mañas de siempre, esquilmar a los que menos tienen.
La denuncia aclara que los principales damnificados son los jubilados y pensionados y beneficiarios de la AUH. Y el delito cometido abarcaría, en principio, que estas viejas mutuales disfrazadas de FinTechs realizan débitos indebidos, deducen gastos que no corresponden y cobran tasas abusivas. Ni más ni menos que todo lo conocido.
Estas empresas no bancarias —aunque insisto, los bancos privados siempre están detrás— fueron denunciadas penalmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas y privadas. El tema de la venta de bases es muy recurrente en nuestro país y en el mundo, y se ha transformado en un negocio clandestino inmenso que nos complica la vida cada día más. Seguramente al lector le habrá llamado la atención cómo llegan a llamarnos a nuestros teléfonos celulares, por nuestros nombres, proveedores de todo tipo, en particular empresas de servicios, que poseen todos nuestros datos. Es muy simple, alguien vendió una base de datos en la que estábamos incluidos. También le sorprenderá la enorme cantidad de “cadenas” que nos invitan a circular, porque supuestamente así ayudamos a alguien muy necesitado que salvaremos si logra miles o millones de adherentes. En este caso, y más allá de sus intenciones filantrópicas, bueno es saber que de esta forma se comen nuestros datos y luego los venden en forma de bases que los empresarios inescrupulosos no dudan en usar. El tema es patético cuando esa metodología se aplica a quienes no tienen experiencia en las nuevas tecnologías y con la candidez de la persona sencilla, le cree al estafador tecnológico o telefónico.
Las denuncias recayeron sobre Smart Cash S.A., Punto Click, Patagonia Cred S.A., Efectivo Urgente, Wenance S.A. Wenance Credit S.A. y Wenance Inversiones AAGI S.A. Estas empresas realizaron débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, dedujeron “sellados», “carpetas» o “gastos administrativos» que no correspondían y aplicaron tasas abusivas que, en muchos casos, superan el 1500% + IVA de CFT (es el indicador clave cuando se evalúa un financiamiento en cuotas y dista mucho de la tasa que suele mostrar la tarjeta de crédito, o en este caso, las empresas dadoras de créditos). También incurrieron en incumplimiento o cambios unilaterales de los contratos, modificaron las condiciones de pago y, en su mayoría, se basaron en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas.
Los grandes perjudicados, como siempre, fueron los jubilados y beneficiarios de la AUH, a los que se les adjudicaron contrataciones que nunca solicitaron. También, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron. Para consumar el delito se presentan como si poseyeran el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el BCRA, lo que es falso en casi la totalidad de los casos.
La denuncia fue realizada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en colaboración con otros organismos como BCRA e IGJ, coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde la Secretaría de Comercio Interior, con el objeto de proteger el derecho de las y los usuarios y consumidores en todo el territorio argentino a través de la aplicación de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor. Las gestiones permitieron identificar conductas abusivas sistemáticas y fraudulentas, en ocasiones de índole masiva. Si algún lector tiene alguna denuncia al respecto, puede hacerla por correo electrónico a consultas@consumidor,gob.ar, o por Twitter a @DNDConsumidor. Además, el BCRA emitió la comunicación A 6909 donde establece un procedimiento para este tipo de créditos a partir del 19/2/2020, en la articulación de los débitos en las cuentas bancarias.
Lo insólito es que muchas de estas denuncias fueron efectuadas durante los años 2018 y 2019, pero el gobierno anterior hacía simples conciliaciones para arreglar el tema entre el denunciante y las financieras. Es decir, con la misma metodología que me contó el ex CEO bancario, le dicen al denunciante que fue un error, le devuelven lo mal habido y como en el fútbol, “siga, siga”, o en términos delictivos, como “zona liberada”. Ahora esta situación cambió, el Estado realizó la denuncia penal donde se demuestra un mecanismo sistemático para defraudar a los consumidores, ya que con el procedimiento anterior, haciendo arreglos individuales, no sólo el delito continuaba sino que estas conciliaciones les servían a las empresas para blanquear sus procedimientos y mostrarle al Estado “buena voluntad” para corregir “un error” cuando les era reclamado, por supuesto, sin tomar en cuenta que era un proceder sistemático y delictivo. Esto era muy simple de detectar, ya que con solo sistematizar las denuncias resultaba claro que no era un error, sino una estafa.
Reiteradamente me he manifestado en contra de que el pago de las prestaciones de la seguridad social estuviera en manos de la banca privada. El derecho de la seguridad social es un derecho protectorio, donde la responsabilidad del Estado es superlativa. Los Bancos privados son empresas a las que lo único que les importa es la rentabilidad y, por lo tanto, juegan con el dinero de los más necesitados para hacer negocios y si tienen que robarle a la gente no van a dudar en hacerlo. Creo que la Argentina tiene una magnífica red de bancos nacionales y provinciales que bien pueden hacerse cargo del pago de los beneficios y cuidar que nadie se aproveche de la necesidad de los más vulnerables.
Muchos se preguntarán qué es lo que motiva a los viejos y a la gente más humilde a tomar estos créditos sabiendo que cuantos más créditos tomen más pequeño queda su beneficio. Para que ello ocurra hay que tener en cuenta no sólo una cuestión económica de necesidad –que es real e importante— sino también una cuestión cultural, ya que los viejos y las personas humildes, cuando alguien les llama por teléfono o les manda un mail o ven una nota televisiva, no se permiten dudar sobre la veracidad de lo que le dicen. Si quien les habla los llama por su nombre, de manera pausada y sensible, y les “aconseja” que pidan un crédito lo hacen sin dudarlo. Siempre hay una necesidad que cubrir así que mansamente van al cadalso y cuando se dan cuenta que fueron estafados, la vergüenza les impide denunciar. Sobre estas cuestiones cabalgan los inescrupulosos.
Siempre sostuve que hay una seguridad social macro que es la de los grandes números, que es la que se discute en los medios, sobre la que hablan los economistas y la cual quiere ajustar todo organismo internacional que se precie de tal. Pero existe otra seguridad social, la “micro” que se vincula con lo que le pasa al hombre y a la mujer del común, a sus necesidades, a las cuestiones propias de la edad, a lo cultural, la vulnerabilidad estructural, etc. Creo que los redactores del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eleva a la condición de derecho humano a la seguridad social, se refirieron a la protección de esta seguridad social, a la micro. También creo que hay que cortar de raíz que estas, u otras empresas, usen a los sectores más vulnerables y a las estructuras del Estado para hacer un negocio a todas luces contrario a la ética.
Es imprescindible poner toda la energía en proteger esa seguridad social micro en la convicción de que es el camino de la esperanza. Conformar una alianza indestructible con los sectores populares, repudiando las políticas abusivas de los dueños del dinero, porque como dice el historiador y periodista Rutger Bergman, «todo aquel que se considera progresista debería irradiar no solo energía, sino ideas, no solo indignación sino esperanza, con una mezcla de ética y persuasión en partes iguales… La convicción de que de verdad existe un camino mejor. Que la utopía esta realmente a nuestro alcance”.
Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/la-estafa-perfecta/
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