La verdad jurídica que se juega por fuera de tribunales
Lo más jugoso que deja el documental sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman no es la puesta en evidencia de que se trató de un suicidio y no de un asesinato, algo obvio a casi cinco años del hecho no existiendo una sola prueba homicida y quedando margen apenas para investigar si acaso hubo alguien que indujera al difunto a su decisión final. Lo resonante de la serie es que, hacia su cierre, personal tanto de la CIA como del FBI reconocen que la pista iraní, la única que se ha investigado durante el cuarto de siglo de vida que tiene la causa AMIA, no podría sostenerse ante un tribunal. Esto supone un giro de ciento ochenta grados para un expediente cuyo guión ha sido ése desde que aún no se habían levantado los escombros del edificio de la calle Pasteur. Quienes se han atrevido a cuestionarlo, fueron perseguidos de las peores maneras imaginables. Así les pasó a la vicepresidenta CFK y a quien fuera canciller durante cinco de los ocho años de su gobierno, Héctor Timerman.
En efecto, Cristina, que nunca compró aquella versión (sostenida política y publicitariamente, y no sobre bases jurídicas), impulsó el Memorándum para destrabar el trámite del expediente, hoy en vía muerta ante la imposibilidad de tomarles indagatorias a los procesados iraníes. A eso se le llamó intento de encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué --podrá preguntar ella por estas horas--, si desde las dos agencias de inteligencia y seguridad más poderosas de EEUU (nada menos) se afirma, no que no hay delito, sino siquiera una acusación presentable?
La indagatoria habría desnudado el relato. El terror de Nisman a dicha instancia era idéntico al que le tenía a enfrentar a los diputados kirchneristas que prometían salirle al cruce aquel lunes que nunca llegaría: su trabajo no resistía un mínimo intercambio argumentativo serio.
Semejantes conclusiones terminan de enterrar la ya muy liviana última denuncia que Nisman hiciera en vida contra la entonces presidenta y su ministro de Relaciones Exteriores, entre otros; y, por supuesto, cualquier móvil homicida que ella pudiera tener contra quien de veras se encargó durante doce años de impedir que se llegue a la verdad acerca de la voladura de AMIA. Ninguna de ambas imputaciones se sostuvo jamás, pero en una época en la que la verdad jurídica se juega por fuera de tribunales, no son poca cosa estos testimonios.
El nerviosismo de la tropa troll, que es lo único que quedó activo del ala dura del gobierno anterior, es otro dato curioso de los días posteriores a la subida del documental a la plataforma Netflix. Esa intranquilidad hace juego con la confesión de Laura Alonso en alguno de sus capítulos, en el que involuntariamente reconoce haber asumido el rol de divulgadora de hipótesis sobre las que no tenía elemento alguno. Es importante poner en claro estas conexiones mientras el país camina al borde del default provocado por la gestión que ella integró, que en buena medida existió gracias al escándalo que se generó en torno a estos asuntos allá por el verano de 2015. La cesación de pagos tuvo como indiscutible punto de partida el pago a los fondos buitre de 2016, lazos que a Nisman no le eran ajenos, pues de allí salía el dinero que pagaba el alto precio que el ex fiscal cobraba por incumplir su función.
Con los servicios (mano de obra de todos estos enchastres) puestos en la mira en la asunción de Alberto Fernández como nunca antes se lo había hecho en un discurso presidencial, tal vez la causa AMIA, tras la cual subyace el capital financiero que una vez más ha puesto de rodillas a Argentina, sirva como ordenador de una síntesis política robusta que empuje el nunca más al neoliberalismo que el país se debe a cuatro décadas de recuperada la democracia.
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https://diagonales.com/contenido/nisman-el-documental-y-la-posibilidad-de-un-futuro-para-argentina/18470
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