En diálogo con Página/12, el fiscal aseguró que no se dedicará a perseguir opositores y que no piensa darles instrucciones a los abogados de la OA que están llevando adelante juicios.
Por Sofía Caram
Con más de treinta años de recorrido en el Poder Judicial, Félix Crous se prepara para ser el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción. Mientras aguarda que se oficialice su designación, Crous prometió que no se dedicará a perseguir a nadie y que no habrá ningún cambio en la estrategia de las querellas en las causas por corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas. “No tengo pensado darle ninguna instrucción especial a los abogados de la OA que están llevando los juicios adelante”, afirmó en diálogo con Página/12. El sucesor de Laura Alonso calificó, además, como un avance el decreto que jerarquizó y le dio autonomía a la OA. Al asegurar que será imparcial expresó que su afinidad ideológica con el Gobierno Nacional no afectará su independencia. “Es un deber de lealtad que tenemos que tener los funcionarios públicos el hecho de no disfrazarnos de asépticos o neutrales”, expresó. Y adelantó que su gestión estará enfocada sobre todo en la prevención.
--Alberto Fernández dijo que usted no se va a enamorar de él ¿Es verdad?
--(Se ríe) Fue una chanza. La razón es evidente. Y no, no me voy a enamorar de Alberto. No he tenido sensaciones de ese tipo con él.
--Más allá de la humorada, hay una evidente afinidad ideológica entre usted y el Gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué garantiza que no va a ser el nuevo Laura Alonso?
--No voy a abrir ningún tipo de consideración sobre Alonso, ni sobre su estilo ni sobre sus palabras.
--Lo que sucede es que Alonso no sólo se dedicó a querellar y pedir encarcelar a ex funcionarios, sino que además deliberadamente no impulsó ninguna investigación sobre el Gobierno de Mauricio Macri. Incluso está procesada por el delito de encubrimiento en una causa que investiga si Juan José Aranguren benefició a la empresa Shell desde el Ministerio de Energía...
--Cada uno tendrá su criterio. Mi tarea no es ser auditor de su gestión, más allá de que cuando llegue a la Oficina haré una evaluación de lo que reciba, eso es lo natural. Lo que sí veo es que cuando los funcionarios de cualquier cargo hacemos públicas nuestras preferencias ideológicas, nuestras militancias históricas, es un gran beneficio social. Y en esto incluyo a jueces, por ejemplo, que son presentados como neutrales y asépticos en general. Porque la sociedad puede controlar mejor y estar más atenta a de qué modo se puede para un funcionario frente a un conflicto, en donde puede estar involucrada gente con ideas afines o en las antípodas. Ideas y posiciones tenemos todos. Es un deber de lealtad que tenemos que tener los funcionarios públicos el hecho de no disfrazarnos de asépticos o neutrales, porque eso es una mentira. Y si no es una mentira es peligrosísimo.
--¿Pero la afinidad ideológica no podría interferir en su imparcialidad necesaria en este caso?
--Esa es una prevención que pueden tener algunos. Yo respondo con mi trayectoria. Entiendo que los melones se muestran andando. Habrá que observar cuál es mi conducta y cada uno hará sus consideraciones. Creo que la impronta personal en la gestión es determinante, aun cuando estén dadas las mejores condiciones de independencia. Pensá en los jueces, por ejemplo. Mejores condiciones de independencia que las que tienen institucionalmente los jueces no hay. Y ya vemos cómo está el estado de calidad del sistema judicial.
--¿Qué va a pasar con las querellas que hoy encarna la Oficina Anticorrupción en las causas que involucran, incluso por ejemplo a la Vicepresidenta del Gobierno que lo acaba de designar a usted?
--Yo no tengo pensado darle ninguna instrucción especial a los abogados de la OA que están llevando los juicios adelante. Ellos tienen sus estrategias, son abogados, son profesionales, tienen su responsabilidad como tales, su prestigio en juego, así que seguirán haciendo su trabajo en cada juicio particular.
--¿O sea que ratifica que no se van a cambiar los abogados ni va a haber una orden para un viraje en la estrategia de las querellas en los casos por corrupción?
--No, ninguna.
--¿Qué implica en concreto el cambio que se oficializó el pasado sábado sobre de las facultades de la Oficina Anticorrupción?
--La Oficina funciona como una suerte de auditoría interna para mejorar el funcionamiento del Estado. Ahora se la jerarquizó, tiene rango de ministerio, pero con más niveles de autonomía. Pero no es una cartera de un Presidente, no está subordinado a las órdenes del Presidente. El Presidente ha auto limitado sus propias facultades. Hay quienes piden más autonomía aún, eso requiere cambios constitucionales. Y este ya es un avance importante. Es una institución joven en términos históricos, que no ha terminado de encontrar todavía su fisonomía institucional. Pero este ya es un gran avance.
Este lunes, ese decreto tuvo su primer impacto directo en Tribunales cuando las defensas de todos los imputados en el juicio por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz reclamaron el desplazamiento de la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción. Los abogados de todos los imputados, incluyendo a Cristina Kirchner, argumentaron que a partir de las modificaciones la OA ya no tiene legitimidad para encarar la acusación. Consultado sobre este punto, Crous rehusó responder al explicar que no puede opinar ni accionar al respecto ya que aún no fue oficializado en el cargo.
--¿Qué le dijo el Presidente en la reunión donde confirmó su designación?
--Alberto me dijo cuáles eran sus ideas de la Oficina que él pensaba. Básicamente que no superponga sus tareas con las de la procuraduría de investigación del Ministerio Público. Dejó muy claro enfáticamente que él no pensaba en una Oficina destinada a perseguir a nadie, ni mucho menos a perseguir opositores. La idea es reforzar la fase preventiva y en educación en valores. Tanto el Presidente como yo somos abogados penalistas. Como tales, sabemos que el derecho penal es una demostración del fracaso de la sociedad. Cuando vos llegás al derecho penal es porque la sociedad fracasó. Y las reparaciones del derecho penal son siempre tardías y a veces son sólo simbólicas. Lo que hay que hacer es trabajar los aspectos preventivos, educativos y en el control. Esas son facultades propias que tiene la OA y hay que potenciarlas.
--Se suele señalar al Peronismo y a los sectores progresistas de la Argentina y de América Latina, como espacios políticos que no tienen en la agenda de prioridades la lucha contra la corrupción. ¿Piensa que la gestión de Fernández puede implicar un cambio en ese sentido?
--Ojalá así sea. Estas decisiones sobre la OA, transformándola en una secretaría de Estado y con rango de ministerio es un primer paso auspicioso en ese sentido.
La trayectoria de Crous en la Justicia tiene un recorrido de más de treinta años, de los cuales veintiséis los ejerció como fiscal, sobre todo en casos de delitos de lesa humanidad. Abogado recibido en la UBA, fue miembro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y director de Política Criminal de la Procuración. Su último puesto fue en la titularidad de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), de la que fue desplazado por el macrismo.
--Usted siempre dijo que debe haber cambios profundos en la administración de Justicia. ¿Qué modificaciones debería hacer el Gobierno Nacional, sobre todo en la Justicia Federal?
--Creo que el enfoque sobre la implementación del nuevo sistema acusatorio es un paso imprescindible, que seguramente se dará. No es nada revolucionario, es simplemente una reforma atrasadísima que se detuvo en 2016 y que hay que ponerla en marcha. De todas maneras eso no forma parte de mis facultades. Es la Cartera de Justicia la que deberá encarar esos cambios.
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