Y cuando decimos el rey, decimos el Poder Judicial argentino
Por Graciana Peñafort
A Gastón Aita lo conocí sin conocerlo en la casa de mi amigo Pablo Slonimsqui. Marichu, su mujer, abrió la puerta que conduce a las escaleras infinitas de su casa y en uno de los primeros escalones había una hermosa y extraña escultura, con un hombre caricatura con pico de pájaro. Fue amor.
La casa de Pablo es además de una inmensa y adorable biblioteca, el refugio amoroso de un número indeterminado de perros y gatos, y también la galería no oficial de la obra de Gastón Aita. Tan bellas como perturbadoras, sus esculturas, nacida de cosas que la gente desecha, personajes que recuerdan a los goblins de Laberinto, esa genial película de los ’80. Me impacta cómo Aita trabaja la piel de sus esculturas. Son pieles mórbidas, correosas, grisáceas, que le dan el toque de decadencia que representan sus personajes. Son piezas grotescamente hermosas.
Tan decadentes y grotescas como las imágenes que vemos desfilar desde el Poder Judicial argentino. Pero estas no tienen belleza alguna. Y tampoco gracia.
Empiezo a escribir esta nota antes que concluya la declaración de Carlos Stornelli ante el juez Ramos Padilla, en Dolores. No es que me guste escribir sin que los hechos estén consumados, pero mi némesis personal, Horacio Verbitsky, me ha pedido que entregue las notas con un margen razonable de tiempo, que sea compatible con la vida –sobre todo la de Horacio y la del santo de Marcelo Figueras—, así que aquí estoy: no precisamente feliz, pero sí haciendo algo que me gusta mucho, como es escribir estas notas. Dios te da, Dios te quita.
Entiendo que la decisión de Carlos Stornelli de presentarse a brindar su declaración indagatoria es correcta. Sé que no es la que hubiese deseado el fiscal, pero una serie de eventos desafortunados terminaron de convencerlo. Creo que el más determinante es aún desconocido a los ojos de buena parte de la opinión publica.
El 10 de noviembre de este año el periodista Raul Kollman públicó la noticia respecto a que el fiscal expresó su voluntad de concurrir a declarar el “día en que se enteró que tres de los cinco fiscales que componen el consejo evaluador votarían por aconsejar el inicio de un proceso de destitución. No se trataba de un dictamen vinculante, pero al procurador ya no le quedaría margen para manipular las cosas”.
Después de un prolongado proceso, cuyos plazos se extendieron hasta el absurdo, a principios de noviembre se supo que a decisión de los fiscales era promover la destitución de Stornelli debido a su rebeldía contumaz. Pero no fue esa la explicación del fiscal. Como señaló la periodista Catalina D´Elia,“la explicación formal de por qué después de seis llamados a indagatoria Stornelli aceptará ahora recorrer los 200 kilómetros que lo separan de Dolores para volver de allí con un más que probable procesamiento es que la Causa Cuadernos está a salvo”.
Lo que la periodista no dice y el fiscal tampoco, es a salvo de qué exactamente. En efecto, tramos importantes de la causa N° 9608/2018, conocida como Cuadernos, se encuentra elevada ya a juicio oral. Quedan aún en etapa de instrucción capítulos interesantes, como por ejemplo la nunca concretada declaración de Eskenazi, que fuese reclamada a Bonadío en diciembre de 2018 por la Cámara de Apelaciones, y la situación de los arrepentidos de Techint, milagrosamente salvados por la Cámara de Apelaciones. Es precisamente por esta circunstancia que los abogados defensores, en el marco de esta causa, seguimos recusando a Stornelli.,
También parece prudente señalar que no entiendo de qué modo la elevación a juicio oral pondría a salvo la causa. En una incomprensible sentencia que me notificaron hace horas, Bonadío señala que “cabe destacar que para dictar un auto de procesamiento no es necesario comprobar con certeza plena la materialidad de un hecho y su autoría penalmente responsable, sino la existencia de los presupuestos que justifiquen la realización de un juicio”. Entonces vuelvo a preguntar: si no hay certeza, ¿qué es lo que estaría a salvo ahora que la causa se elevó a juicio, que no estaba hace nueve meses cuando Stornelli entro en rebeldía?
En lo legal visible, absolutamente nada. Pero sí voy a arriesgar como hipótesis que en estos meses de rebeldía Stornelli intentó arreglar las cosas, para sobrevivir a las consecuencias de sus propios actos. Porque se ha dispuesto la libertad de la mayoría de los detenidos en la causa Cuadernos, que a decir verdad solo continúa con dos detenidos en complejos penitenciarios: Julio De Vido y Roberto Baratta. Al resto, sea por vía de excarcelación o por vía de detención domiciliaria, se los ha sacado de la cárcel. Control de daños, que le dicen. También y en la misma lógica se ha dispuesto que respecto a algunos personajes importantes se dicte la falta de mérito, es decir no sujetos al juicio oral en lo inmediato.
Los pasillos de Py dan cuenta además de reuniones celebradas bajo el auspicio de un juez de instrucción, entre Stornelli y abogados que intervienen en la causa Cuadernos, a los fines de acercar posiciones. No puedo mencionar con quiénes se reunió, porque no son más que rumores. Pero cuando analizo la conducta de los abogados, los rumores cobran verosimilitud.
Hace no mucho le pregunté a un juez, al que por cierto estimo, por qué seguían en Comodoro Py sosteniendo la insostenible situación de Stornelli. Me miró raro —no supe leer lo que me decían sus gestos— y contestó: “Porque nos da lástima”. Yo le pregunté si no le daban lástima los detenidos arbitrariamente. No me contestó y con enorme habilidad cambió de tema. Supe que no debía insistir, pero aun hoy espero que Comodoro Py me dé una respuesta. En estas épocas tan horribles que hemos vivido, mi escala de pretensiones se ha degradado mucho. Sigo pidiendo justicia y aplicación de las leyes, pero tengo plena conciencia de que no serán los jueces de instrucción de Comodoro Py quienes ordenen el desastre que ellos mismos hicieron. De los jueces de instrucción sólo espero dos cosas a esta altura. Una es que no vuelvan a hacer lo mismo a nadie más. La segunda es una respuesta. Y voy a seguir esperándola hasta el ultimo día de mi vida. Porque lo que hicieron me resulta tan inhumano como incomprensible.
Y mientras yo espero una respuesta, Cristina Fernández de Kirchner se apronta a darlas en el juicio de Obra Pública. Al que llamaría, en tono jocoso: “El extraordinario y misterioso caso del juicio sin pruebas”. Pero de chistoso no tiene nada. Como tampoco tiene pruebas, porque el tribunal se ha negado a permitir que la defensa las produzca. Una vez, ese animal mitológico que llamamos Corte Suprema casi ordenó – dicen— que se autorizase la producción de pruebas de la defensa. Unicornios azules como los que perdió Silvio.
Me acuerdo del apuro que tenían en hacer el juicio de obra pública. El trémulo rubor de excitación casi sexual que demostraban algunos periodistas al imaginar a Cristina sentada como acusada. Incluso me resulta inolvidable la imagen de un programa que armó una escenificación del juicio con maquetas con las caras de los acusados. El juicio avanza, un poco manco y un bastante sin pruebas, y este lunes brindará su declaración como acusada la hoy Vicepresidenta electa de la Argentina.
La defensa de Cristina pidió que la declaración fuese televisada. Creo que nadie discutirá que es un tema de evidente interés público. La dos veces Presidenta del país y recientemente electa como Vicepresidenta, declara como imputada por delitos que le son imputados en el ejercicio de la función pública. Pero el tribunal, con su ya conocida costumbre de a negarse a todo lo que pidan las defensas, contestó que no autorizaría tal televisación.
Mas allá de toda consideración que uno pudiese hacer, al leer la noticia me acordé de algo que pasó en agosto del 2013. A finales de ese agosto, la Corte Suprema dispuso la realización de audiencias publicas en un tema que revestía también interés público, esto es la discusión entre el Grupo Clarín y el Estado Nacional, respecto a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En aquella oportunidad, la Corte dispuso no sólo su transmisión en circuito cerrado a través del sistema del CIJ (Centro de Información Judicial), tal como sucederá el lunes cuando declare Cristina, sino que además autorizó la televisación y transmisión en directo de esa audiencia.
Las dos jornadas de audiencias por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se transmitieron completas, sin cortes ni ediciones ni recortes ni manipulación alguna de sus contenidos. Y entonces la sociedad pudo ver de modo completo cuándo y cómo se discutían cuestiones como la concentración de medios de comunicación, su impacto en la democracia y la verificación de prácticas anticompetitivas por parte del mayor grupo de medios del país. Hasta esa fecha y más allá del debate público que se había dado durante esos años, la discusión había tenido mas de intercambio de slogans que de debate de fondo. Y cuando en el marco del debate ante la Corte desaparecieron los slogans, aparecieron los argumentos: los de verdad, los que se pueden enunciar, los que no se maquillan ni son manipulados.
El resultado final fue un fallo en el que la Corte Suprema determinó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era constitucional. Y lo fue hasta que en los últimos días de diciembre de 2015, un recién asumido Mauricio Macri abrogó buena parte de las cláusulas constitucionales de la ley con un decreto de necesidad y urgencia. Pero en agosto de 2013 aún faltaba mucho tiempo para que Macri ganase las elecciones y la discusión por la necesidad de un sector audiovisual desconcentrado fue posible y, además de posible, fue pública y televisada.
Fue esa discusión publica lo que determinó que la Corte Suprema actuase conforme a derecho y no bajo las presiones de los grupos mediáticos. Fue la televisación lo que no solo protegió a la ley de posibles tergiversaciones nacidas en oscuros despachos y caros hoteles, sino que además protegió a los jueces para que fueran libres de decidir conforme argumentos y no conforme editoriales de los diarios y los canales de TV. Porque cada vez que alguno de estos editoriales aparecía, estaban las imágenes de las respuestas o de su ausencia en cada uno de los puntos discutidos en esa audiencia pública.
Incluso recuerdo un maravilloso libro que publicó Fabian Rodríguez Simón, entonces abogado vinculado al Grupo Clarín y luego ungido como miembro de gobierno de Macri. Pero mucho antes de ser funcionario de Macri ya era lo que siempre fue, un operador judicial con cómoda llegada a los despachos de los jueces, inclusive de los supremos. El libro que publicó Pepín —tal es el cariñoso sobrenombre de Rodríguez Simón— era un manual de instrucciones respecto a cómo la Corte Suprema debía resolver el caso Clarín. Fue la apuesta final de sectores del poder para disciplinar a la Corte. Afortunadamente no funcionó, porque la Corte estaba blindada por lo que la sociedad había visto en las audiencias públicas, sin ediciones, ni recortes, ni trucos de magia. Y sin operaciones. Porque donde entra la conciencia de una sociedad cuya opinión no es manipulada, lo que sale de juego es la posibilidad de presionar y operar, un poco a escondidas, sobre los resortes del poder y sobre los jueces.
La información pública tiene ese efecto: hace fuertes a las sociedades que opinan y deciden con información. Información que no está manipulada. Información que la sociedad recibe sin intermediarios.
Hace años que la opinión pública es bombardeada con información tergiversada, editada y expuesta de modo tendencioso para convencer a la sociedad de que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de delitos. “Ze dobadon todo», gritan con más voluntad que pruebas los fariseos de la información. Como pasó con el libro de Pepín, muchos libros se han escrito para argumentar cómo y por cuáles delitos debería ser condenada la actual Vicepresidenta electa. Sin vergüenza, pero sobre todo sin disimulo, se presiona a jueces y fiscales para que sigan con atención el libreto de la culpabilidad ya escrita y declamada desde las tribunas donde desangran sin piedad a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a defensa.
No me sorprendió que el tribunal que juzga a CFK se negase a permitir la televisación de la declaración indagatoria de Cristina. Esos jueces tienen miedo de que Cristina pueda hacer lo único que no quieren que haga. Que cuente su verdad y que relate detalladamente cada una de las violaciones a sus derechos y garantías que se han verificado en ese juicio y que han hecho desde ese tribunal y desde otros tribunales. Que hable de la prueba que no existe, de los arrepentidos a la fuerza o a la conveniencia. Que hable sin que la editen o tergiversen. Que hable.
El Poder Judicial esta desnudo señores, está desnudo aun cuando no quieran decirlo y no quieran verlo. Desnudo de excusas y de pretextos. Desnudo aun cuando encubran a los Stornelli sin más argumentos que la lástima y sin mejores respuestas. Desnudo aun cuando no dejen que los acusados hablen de cara a los jueces, pero también de cara a la sociedad. Desnudo cada vez que se vulneran garantías procesales. Desnudo de pruebas, aun cuando mientan. No son los libros, ni las editoriales furibundas ni las presiones solapadas las que pueden vestir al Poder Judicial, desnudo de todo cuanto debería protegerlo para que pueda ejercer la misión que le acuerda la Constitución.
El Poder Judicial esta desnudo de Justicia y de humanidad, señores. Y lo estamos diciendo.
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