Amenaza de los jueces a Fernández: “que nadie toque nuestras jubilaciones”, por "Info135" del 23-12-19

23 diciembre, 2019 


De pronto, la batalla por limpiar definitivamente Comodoro Py se complicó cuando  el gobierno de Alberto Fernández anunció la conformación de una comisión para estudiar el régimen de privilegio de la Justicia Argentina, donde los jueces no pagan ganancias y además perciben jubilaciones millonarias.

El gobierno intervino la AFI para cortar de cuajo el vínculo de los espías con los jueces federales y trabaja rápidamente para instalar  al juez Rafecas como Procurador de la Nación. Paralelamente se estudia sumar a los 12 jueces de Comodoro Py el Fuero Penal Económico, con lo cual se ampliaría a 23 juzgados, cuatro salas de cámara y 12 tribunales orales.

Mientras el gobierno de Fernández analiza los cambios en la justicia contaminada por el macrismo se le abrió un nuevo frente, esta vez con todos los jueces del país. Luego de la presión de la oposición y los medios hegemónicos sobre qué el gobierno castigaba a los pobres y no ‘tocaba’  a lo jueces, el presidente convocó “a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales…”.

Los jueces, luego de la noticia del gobierno nacional, entraron en un fin de semana de furia. Avisaron que “no pasará” ninguna reforma y que ya tienen preparados los amparos y cuentan con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Los mensajes fueron claros y contundentes: si un amparo de un jubilado tarda dos años en llegar a la Corte, en este caso llegaría en tiempo récord.

Mientras que la comisión analizará la modificación del régimen, el gobierno de Alberto Fernández analiza un DNU donde fijará una contribución del 21% a las jubilaciones de privilegio de los jueces y los embajadores,  y los que superen los 100 mil pesos de haberes un aporte adicional de 7%.

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