A 11 días de dejar el gobierno, el macrismo apuró el decreto para que los arrepentidos no queden bajo control exclusivo y directo de las nuevas autoridades. Se crea un ente autárquico con un consejo consultivo que presidirá el titular de Casación. Se busca obstaculizar el acceso a la forma en la que se direccionaron las declaraciones.
por Raúl Kollmann
A las apuradas y con desesperación, a once días de dejar la Casa Rosada, la administración de Mauricio Macri emitió este viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia para que los arrepentidos no queden bajo la órbita directa del gobierno de Alberto Fernández. O sea que Macri armó un ejército de arrepentidos, los usó contra los ex funcionarios del kirchnerismo, los tuvo bajo su control e influencia durante 1449 días y quedándole apenas once jornadas en el poder, decidió que está mal que dependan del Ejecutivo, por lo cual creo una Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico, con un consejo consultivo que presidirá el titular de la Cámara de Casación. Aun así, Macri tuvo que cambiar el proyecto original y terminó haciendo un mix en el cual el Ejecutivo tiene potestad, pero no tan directa como hasta ahora. Un ejemplo notorio fue que el ministro de Justicia, Germán Garavano, hasta se reunió con un arrepentido, Leonardo Fariña , e incidió en su declaración.
La urgencia de la Casa Rosada tiene que ver con que el macrismo no quiere que los arrepentidos que creó queden bajo control exclusivo y directo de las nuevas autoridades. El peligro evidente que ven es que se devele la forma en que armaron las declaraciones de esos arrepentidos, direccionándolas políticamente y sirviendo de base para meter en la cárcel a decenas de personas. Las maniobras fueron denunciadas en forma reiterada: apretaron a los imputados, los presionaron a declarar contra los ex funcionarios y ni siquiera se preocuparon por verificar lo que decían los arrepentidos ni acumular pruebas que ratificaran los testimonios. A cambio de las declaraciones les dieron vivienda, dinero y, sobre todo, libertad.
El Programa de Protección de Testigos (PPT) maneja a más de 200 imputados o testigos que declararon contra otras personas (casos de narcotráfico, derechos humanos, crimen organizado) y, supuestamente, corren algún riesgo por esas declaraciones. De todas maneras, la administración Macri produce la apurada maniobra preocupado sólo por unos pocos: el chofer Oscar Centeno, clave en la causa de las fotocopias de los cuadernos; el ex secretario José López, que pretendió mezclar a Cristina Fernández de Kirchner con los nueve millones de dólares que se le encontraron cuando los tiraba en el convento; el contador Víctor Manzanares, también declarante contra CFK; el ex ejecutivo Alejandro Vandenbroele, testigo contra Amado Boudou, y su ex esposa, Laura Muñoz, que también fue decisiva contra el ex vicepresidente, aunque quedó claro que mintió.
El que se quiso curar en salud fue el arrepentido estrella, Fariña, que la semana pasada se corrió del PPT, después de haber declarado en todas las causas en que se necesitaba un arrepentido y de haber vivido del estado durante tres años.
Para que estos arrepentidos no queden en manos de la administración Fernández, para que no cuenten la verdad de cómo se armaron las declaraciones, el gobierno saliente esquivó al Congreso y armó la nueva estructura con un decreto de necesidad y urgencia, pese a que está claro que no hay necesidad ni urgencia.
En el DNU conocido ayer, la Casa Rosada tuvo que amortiguar sus intenciones. La idea original era pasar el PPT al Poder Judicial, lejos de Fernández--Fernández. Pero hubo un fuerte rechazo en Comodoro Py y también en la Corte Suprema, que no quería hacerse cargo de una bomba de tiempo. El decreto conocido ayer, en cambio, cumple con el objetivo de sacarlo de la órbita directa y cotidiana del Ejecutivo, pero crea un ente autárquico, con un Director, que debe ser propuesto al ministro de Justicia. O sea que el Ejecutivo sigue teniendo la última palabra en la persona del titular de Justicia, aunque el nombre debe surgir de un Consejo Consultivo que estará presidido por el presidente de la Cámara de Casación, y lo integrarán el Procurador o alguien designado por él, y el secretario de Seguridad de la Nación.
Es evidente que se diluyó hasta cierto punto el objetivo inicial del gobierno de Macri de no dejarle el control a Fernández--Fernández, pero también es cierto que a once días de irse, el gobierno consideró importantísimo hacer la modificación. Parece evidente que, como sea, tratan de esquivar que salgan a la luz las oscuras maniobras que se hicieron con los arrepentidos.
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