25 noviembre, 2019
Todo parece indicar que la mira de la Justicia apunta a dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. El primero tiene varias investigaciones en marcha por distintas causas, mientras que el caso de quien lidera la OA es por no realizar su trabajo con idoneidad.
Dos semanas antes de los comicios generales que ratificaron la victoria del Frente de Todos, Dietrich fue denunciado penalmente por la abogada Stella Maris Ageitos bajo la carátula de “comisión y/o tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la nueva concesión del Puerto de Buenos Aires”. En definitiva, la acusación sostiene una serie de irregularidades para beneficiar por los próximos 50 años a un viejo conocido, Nicolás Caputo, quien actualmente es cónsul en Singapur.
Además, el ministro está en el ojo de la tormenta en la llamada causa de los peajes, donde se investigan responsabilidades por certificados de obras por un monto de $ 30 mil millones.
En la renovación de licencias se favoreció a la empresa AUSOL SA, de estrechos vínculos con Macri. Pero las sospechas también recaen sobre la obra del Paseo del Bajo, un emblema de la gestión Cambiemos, donde la empresa IECSA, que era propiedad del primo presidencial Ángelo Calcaterra, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra por el que presupuestó $3.183 millones, pero el Gobierno terminó abonando $4.480 millones.
En cuanto a la titular de la Oficina Anticorrupción, está apuntada por la Justicia por negarse a brindar información sobre su gestión. De hecho, la Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó a la dependencia por haber ocultado datos a la Auditoría General de la Nación en reiteradas oportunidades.
De todas maneras, las sospechas en torno al desempeño de Laura Alonso al frente de la OA vienen de larga data. Es que durante su mandato hizo caso omiso a las distintas denuncias en contra de funcionarios del gobierno nacional. Incluso, llegó a admitir que no era querellante en las causas para que no duden de su “imparcialidad”.
La situación de la cuestionada funcionaria la pone en la mira de un presunto encubrimiento, teniendo en cuenta que ante reiteradas presentaciones de conflictos de intereses no tomó cartas en el asunto. Pero además, porque esta actitud contrasta fuertemente con la posición tomada frente a los funcionarios del gobierno anterior.
Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda que el propio Mauricio Macri mantiene con el Correo Argentino S.A sobre la que quiso concretar una quita de $ 70 mil millones. Por este caso ya fue denunciada.
Como respuesta a la acusación esgrimió en su momento que “para investigar al presidente están la Justicia y el Congreso”.
También está apuntada en la misma causa en la que citaron a indagatoria al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber encabezado esa cartera cuando todavía tenía acciones de la petrolera Shell, a la que debía controlar. Allí, sospechan que Alonso encubrió la situación desde su inacción.
Justamente, la presentación de Alonso ante la Justicia será apenas ocho días después de la de Aranguren. Si bien ni Alonso ni Aranguren son los primeros macristas en quedar involucrados en causas judiciales, los tiempos de sus convocatorias parecen demostrar que los plazos comienzan a acortarse a la hora de rendir explicaciones.
En Cambiemos ya hay un primer ex funcionario procesado (Luis María Blaquier) y varios otros comprometidos por distintas imputaciones. Entre ellos están el presidente Macri, parte de su familia y Alonso, así como los ex ministros Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Guillermo Dietrich, entre otros.
A la vez que se acumulan carátulas por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Bajo la lupa están gran parte de los negocios de la familia Macri, como Autopistas, Correo Argentino, Parques Eólicos y Avianca. También hay frentes por el Paseo del Bajo y hasta por los vuelos a Malvinas.
Por el momento hay cautela en Comodoro Py cuando se los consulta por los nuevos alcances de las prisiones preventivas y las exigencias para hacerlas efectivas. Consultados sobre si creían que esto podría ser una suerte de “paraguas” para los funcionarios que se preparan para dejar el poder, la mayoría sostuvo que sí, pero se apuraban en aclarar que eran escenarios eventuales y, por ahora, lejanos.
De todos modos, la cautela se extiende en todos los sentidos. Afirman que hay muchos frentes en los que, cuando reciban información de distintos organismos que están hoy en manos oficialistas, podrían cambiar las situaciones. En ese caso, tener los nuevos lineamientos de las prisiones preventivas sí podría jugar a favor de los macristas.
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https://info135.com.ar/2019/11/25/fin-de-la-impunidad-para-laura-alonso-la-justicia-la-espera-y-el-miercoles-arranca-su-desfile-en-tribunales/
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